LEY 827/1996

Artículo 1º. - Actividades comprendidas. El ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en cualquier lugar del territorio de la República está sometido al régimen de la presente Ley y al control de la autoridad creada por ella.

Art. 2º.- Alcance de la expresión "seguro". Cuando en esta Ley se hace referencia al seguro, se entiende comprendida cualquier forma o modalidad de la actividad aseguradora, conforme a su definición en el inc. c) del Capítulo Único, incluido el reaseguro.

Art. 3º.- Empresas que puedan operar. Sólo pueden realizar operaciones de seguros:

a) Las Sociedades Anónimas; y,

b) Las Sucursales de Sociedades Extranjeras.

Art. 4º.- Autorización Previa. La existencia o la creación de las sociedades y sucursales indicadas en este capítulo no las habilita para operar en seguro hasta su autorización por la Autoridad de Control.

Art. 5º.- Inclusión dentro del régimen de la Ley. La Autoridad de Control incluirá en el régimen de esta Ley y estarán sometidos a ella quienes realicen operaciones asimilables al seguro cuando su naturaleza o alcance lo justifique.

Art. 6º.- Sociedades extranjeras. Las sucursales a las que se refiere el artículo 3 inciso b), serán autorizadas a ejercer la actividad aseguradora en las mismas condiciones establecidas por esta Ley para las sociedades anónimas constituidas en el país.

Art. 7º.- Sucursales en el país y en el exterior. Previa comunicación a la Autoridad de Control, las aseguradoras autorizadas podrán abrir o cerrar sucursales en el país y en el extranjero.

Art. 8º.- Requisitos para la autorización. Las empresas a que se refiere el artículo 3º serán autorizadas a operar en seguros cuando reúnan las siguientes condiciones:

a) Constitución legal: que se hayan constituido de acuerdo con las leyes generales y las disposiciones específicas de esta Ley;

b) Objeto exclusivo: que tengan por objeto exclusivo efectuar operaciones de seguro, pudiendo en la realización de ese objeto disponer y administrar su capital y reservas conforme con esta Ley. Podrán otorgar fianzas o garantizar obligaciones de terceros cuando configuren económica y técnicamente operaciones de seguros;

c) Capital mínimo: que demuestren la integración total del capital mínimo a que se refieren los artículos 18 y 19;

d) Que los organizadores y autoridades de la entidad por constituirse no tengan inhabilidades legales;

e) Planes: que se ajusten sus planes de seguros a lo establecido en los artículos 11 y siguientes; y,

f) Sociedades extranjeras: que además de las condiciones exigidas en el presente artículo, deberán acompañar los balances de los últimos cinco ejercicios de la casa matriz, de los cuales surja cuando menos márgenes de solvencia iguales a los exigidos para las entidades de seguros nacionales.

Cumplidos estos requisitos, la autoridad de control se expedirá dentro de los noventa días. Transcurridos los cuales sin su objeción, quedarán automáticamente autorizadas.

Contractuales

Art. 9º.- Ramas de seguros. Los aseguradores no podrán operar en ninguna rama del seguro sin estar expresamente autorizados para ello. Asimismo deberán reasegurar con empresas nacionales o extranjeras los excedentes de sus retenciones.

Art. 10.- Planes y elementos técnicos contractuales. Los planes de seguro, así como sus elementos técnicos y contractuales, deben ser registrados por la Autoridad de Control antes de su aplicación, salvo que se trate de pólizas con cláusulas de riesgos muy específicos, las que podrán ser registradas luego de la emisión.

Art. 11.- Normas Generales. Los planes de seguro, además de los elementos que requiere la Autoridad de Control de acuerdo con las características de cada uno de ellos, deben contener:

a) El texto de la propuesta de seguro y el de la póliza; y,

b) Las primas y sus fundamentos técnicos para la rama vida.

Art. 12.- Reglas especiales para la rama vida. Los planes de seguros de la rama vida contendrán además:

a) El texto de los cuestionarios a utilizarse;

b) Los principios y las bases técnicas para el cálculo de las primas y de las reservas puras, debiendo indicarse cuando se trate de seguros con participación en las utilidades de la rama o con fondos de acumulación, los derechos que se concedan a los asegurados, los justificativos del plan y el procedimiento a utilizarse en la formación de dicho fondo;

c) Las bases para el cálculo de los valores de rescate de los seguros saldados y de los préstamos a los asegurados; y,

d) Las utilidades de los seguros de la rama vida con participación se determinarán y pagarán anualmente, pudiendo también ser imputadas a primas futuras o acreditadas en una cuenta que gozará de un interés del mercado aplicadas al otorgamiento de beneficios adicionales.

Art. 13. - Planes prohibidos. Están prohibidos:

a) Los planes denominados tontinarios, de derrama y los que influyan sorteos; y,

b) La cobertura de caución de riesgos provenientes de operaciones de crédito financiero puro.

Art. 14. -Pólizas. El texto de la póliza deberá ajustarse a los artículos pertinentes del Código Civil.

Las pólizas de seguros estarán redactadas en forma clara y fácilmente legible, en idioma español, excepción hecha de las pólizas de seguro marítimo o aéreo, u otras que la Autoridad de Control autorice sean redactadas en otro idioma.

Art. 15. -Tarifas de prima. Los aseguradores establecerán libremente las tarifas de primas que le resulten suficientes para cumplir con las obligaciones que asuman y su necesaria capacitación económica financiera.

La autoridad de control observará las primas que resulten insuficientes, abusivas o arbitrariamente discriminatorias.

Únicamente por resolución fundada, la autoridad de control podrá establecer primas mínimas uniformes netas de comisiones cuando se halle afectada la estabilidad del mercado.

Art. 16.- Capital de las empresas. El capital de las empresas de seguros se establecerá conforme al tipo de operaciones que realice, dividiéndose en dos grupos:

a) Al primer grupo pertenecerán las empresas que aseguren los riesgos de pérdida o deterioro de las cosas, pudiendo además cubrir los de garantía y los riesgos de las personas con coberturas que no requieran la constitución de reservas matemáticas; y,

b) Al segundo grupo, las que cubren los riesgos de las personas, garantizando a éstas, dentro o al término de un plazo, un capital, una póliza saldada o una renta para el asegurado o sus beneficiarios.

No obstante lo dispuesto precedentemente, las empresas aseguradoras de uno u otro grupo podrán cubrir los riesgos de accidentes personales y los de salud.

Art. 17.- El capital mínimo requerido para las empresas de seguros, será el equivalente en Guaraníes a US$ 500.000 (Quinientos mil dólares americanos) por cada grupo.

Art. 18.- La integración de capitales se hará únicamente en efectivo y sus reajustes en moneda nacional se harán conforme a las variaciones del tipo de cambio del dólar norteamericano. Si durante el funcionamiento de la empresa el capital mínimo se redujese a una cantidad inferior a la establecida, la empresa estará obligada a complementario conforme lo dispone el artículo 35, dentro de los ciento ochenta días corridos a contar del momento en que la reducción tuvo lugar.

Si así no lo hiciere, se le revocará su autorización de operar.

Art. 19.- Provisiones técnicas y reservas matemáticas. Las empresas aseguradoras y reaseguradoras establecidas en el país deberán constituir, de acuerdo a las normas que fijará la autoridad de control:

1) Provisiones para riesgos en curso por las obligaciones de la empresa con los asegurados y tienen por objeto hacer frente a los riesgos que permanecen en vigor al cierre contable de un ejercicio económico;

2) Provisiones para siniestros pendientes de liquidación o pago por importe equivalente al monto aproximado de los siniestros declarados y aún no indemnizados;

3) Provisiones para siniestros pendientes de declaración, para hacer frente a los siniestros ocurridos y aún no comunicados antes del cierre de las cuentas del ejercicio de dicho año; y

4) Reservas matemáticas, que son exclusivas del ramo vida y están destinadas a conseguir un equilibrio futuro entre primas y riesgos. Estas reservas se constituirán de acuerdo con los procedimientos, tablas de mortalidad, tasas de interés técnico y otros aspectos que fije la Autoridad de Control, mediante normas de carácter general.

La modificación o reemplazo de las normas que regulan estas provisiones técnicas y reservas matemáticas deberá comunicarse a las empresas con ciento veinte días de anticipación, por lo menos.

Art. 20.- Operaciones prohibidas. Los aseguradores no podrán:

a) Tener bienes en condominio, sin previa autorización de la Autoridad de Control;

b) Gravar sus bienes con derechos reales, a menos que se trate del saldo del precio de adquisición de bienes inmuebles adquiridos en las condiciones que establezca la Autoridad de Control y con conocimiento de ésta;

c) Emitir debentures ni librar para su colocación letras y pagarés;

d) Descontar los documentos a cobrar de asegurados o terceros, ni negociar los cheques que reciban, salvo que estos últimos se transfieran mediante endoso a favor de persona determinada;

e) Hacer frente a sus obligaciones con los asegurados mediante letras o pagarés propios o de terceros;

f) Efectuar sus pagos mediante cheques al portador, salvo lo que pudiese disponer la Autoridad de Control respecto del manejo del denominado "Fondo fijo";

g) Recurrir al crédito bancario por cualquier causa, salvo cuando lo sea para edificar inmuebles para alquiler o venta, previa autorización en cada caso de la Autoridad de Control;

h) Otorgar fianzas o garantizar obligaciones de terceros, salvo lo dispuesto en el artículo 8, inciso b); e

i) Integrar otras sociedades, salvo lo previsto en el artículo 22 de esta Ley.

Art. 21.- Gastos de instalación u organización. Los gastos de instalación u organización de una entidad aseguradora serán amortizados dentro de los cinco años y en una proporción no menor del veinte por ciento anual.

Art. 22.- Inversiones. Las empresas de seguros invertirán preferentemente en el país su capital, sus reservas matemáticas, provisiones para riesgos en curso y demás reservas correspondientes a los compromisos con los asegurados, prefiriéndose para ello las que supongan mayor liquidez y suficiente rentabilidad y garantía.

Las inversiones se notificarán a la autoridad de control y podrá realizarse en los siguientes bienes:

a) Títulos públicos o garantizados por el Estado;

b) Cédulas hipotecarias y otros valores emitidos por bancos y demás entidades financieras autorizadas;

c) Acciones y otros valores cotizables en el mercado o en la bolsa emitidos por sociedades anónimas nacionales, excepto las de seguros y capitalización;

d) Inmuebles situados en el país;

e) Préstamos hipotecarios de primer rango sobre inmuebles situados en el país;

f) Acciones de empresas de similar naturaleza en el exterior, previa autorización de la Autoridad de Control;

g) Préstamos sobre la póliza en la medida reclamada por sus asegurados de vida y de acuerdo con las estipulaciones de las mismas; y,

h) Otros tipos de inversiones aceptadas por la Autoridad de Control.

La Autoridad de Control podrá impugnar las inversiones hechas en bienes que no reúnan las características de liquidez, rentabilidad y garantía, o cuyo precio de adquisición sea superior a su valor de realización. En este último caso, la Superintendencia de Seguros dispondrá las medidas conducentes a que dicha inversión registre en el balance un valor equivalente al de su realización según el precio corriente en el mercado.

Art. 23.- Las empresas de seguros especificarán en un libro rubricado, del cual presentarán copia jurada a la Autoridad de Control, cuales son los bienes que corresponden:

a) A las reservas matemáticas netas de gastos de adquisición por amortizar y fondos de acumulación de beneficios correspondientes a los seguros de vida y de rentas vitalicias a la fecha; y

b) A las provisiones de riesgos en curso y demás reservas establecidas por esta ley correspondientes a los seguros patrimoniales.

Los informes serán presentados mensualmente para los que corresponden al inciso a) y trimestral mente para los del inciso b).

Las empresas de seguros no podrán constituir sobre los bienes indicados en el inc. a) de este artículo derecho real alguno y deberán mantenerlos libres de todo gravamen y restricción de dominio.

Si las inversiones representativas de las reservas técnicas se vieren afectadas en la forma señalada precedentemente, no podrán ser consideradas como representativas de reservas técnicas.

Los activos correspondientes al ramo vida, quedan en virtud de esta ley afectados con un privilegio especial para responder en primer término al derecho de los respectivos asegurados.

Para disponer de los activos correspondientes a las reservas del ramo vida la empresa comunicará a la Autoridad de Control el destino de los mismos, salvo que se refieran a operaciones inherentes a los contratos suscritos.

Art. 24.- La Autoridad de Control estará facultada para dictar, si lo estima procedente para la protección de los intereses de los asegurados, normas de custodia de los títulos y valores mobiliarios que respalden las reservas técnicas.

Art. 25.- Margen de Solvencia. Las empresas de seguros, sin excepción, mantendrán y acreditarán ante la Autoridad de Control, como margen de solvencia, un patrimonio técnico equivalente, como mínimo, a los montos establecidos por dicho organismo.

La Autoridad de Control reglamentará, dentro de los sesenta días de promulgada esta ley, las normas a que deberán ajustarse los aseguradores.

La Autoridad de Control dispondrá el plazo de regularización para aquellas entidades cuyo margen de solvencia no alcance el mínimo requerido, conforme a las prescripciones del artículo 35 de esta ley.

Art. 26.- Fondo de Garantía. Las empresas de seguro constituirán un fondo de garantía, que no podrá ser inferior a un treinta por ciento del patrimonio propio no comprometido.

Art. 27.- Tasa de interés. En los seguros de vida, las reservas matemáticas y los préstamos sobre la póliza se calcularán a tasas de interés de mercado.

Art. 28.- Informe sobre el estado del Asegurador. Los aseguradores pondrán a disposición de los asegurados y de cualquier interesado que lo solicite, la memoria, el balance general, la cuenta de resultados de ganancias y pérdidas e informe de los síndicos.

Art. 29.- Sistema de contabilidad e informaciones. La Autoridad de Control dispondrá la adopción de un sistema claro y uniforme de contabilidad e informaciones y fijará normas para la evaluación y amortización de los bienes de las aseguradoras, de modo que el activo y el pasivo reflejen los valores verdaderos y que la cuenta "Pérdidas y Ganancias" evidencie los resultados exactos de la explotación.

Las empresas de seguros que operan en el país deberán llevar su contabilidad legal en idioma español, así como también la documentación completa de sus operaciones.

Deben conservar la documentación pertinente por un plazo mínimo de cinco años vencidos, salvo aquellos documentos que instrumenten obligaciones por mayor tiempo, en cuyo caso deberán conservarlos por un plazo de diez años.

Art. 30. -Informes trimestrales. Las empresas de seguros remitirán trimestralmente a la Autoridad de Control, dentro de los primeros veinte días del mes siguiente, un estado detallado de sus operaciones, en la forma prescrita por la Autoridad de Control y suministrarán además cualquier información aclaratoria o ampliatoria que se les requiriese. Estos informes serán firmados por las personas de las empresas de seguros debidamente autorizadas para el efecto.

Art. 31.- Ejercicio Financiero. El ejercicio financiero anual de las empresas de seguros será cerrado el 30 de junio de cada año. La asamblea general ordinaria respectiva se celebrará dentro de los cuatro meses siguientes.

Art. 32.- Balance anual de las empresas. Las empresas de seguros sometidas a esta ley presentarán anualmente a la Autoridad de Control, con una anticipación no menor de treinta días a la celebración de la asamblea, en los formularios que aquella prescriba, la memoria, balance general, cuenta de pérdidas y ganancias, e informe del sindico, acompañados de dictamen de un auditor externo, sin relación de dependencia y debidamente inscripto en el registro que llevará la Autoridad de Control.

Las sucursales de las empresas extranjeras presentarán además anualmente a la Autoridad de Control copia autenticada de la memoria, balance general y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias de su casa matriz, mostrando las operaciones de la empresa en su conjunto.

Art. 33.- Objeciones al balance. La Autoridad de Control podrá objetar el balance. Cuando las observaciones tengan por resultado suprimir o disminuir las utilidades del ejercicio, podrá disponer hasta cinco días antes de la realización de la asamblea que se suspenda o limite correlativamente su distribución.

Art. 34.- Publicación de los balances. La Autoridad de Control dictará las normas a las cuales las empresas de seguros deberán ajustarse para la publicación de sus balances.

Las empresas de seguros quedan obligados a remitir a la Autoridad de Control un ejemplar del diario que contenga el balance publicado, dentro del término de siete días hábiles de su publicación.

Art. 35.- Pérdida parcial del patrimonio propio. La Autoridad de Control vigilará el mantenimiento del patrimonio propio de las empresas de seguros, en relación a lo exigido por el margen de solvencia. A este efecto, la Autoridad de Control reglamentará la periodicidad de la remisión de los datos pertinentes por las empresas de seguros.

Cuando la pérdida parcial alcance el treinta por ciento del patrimonio propio exigido por el margen de solvencia, la Autoridad de Control deberá disponer la suspensión de emisión de pólizas, hasta que sea reintegrado el mismo, en un plazo que no podrá exceder de ciento ochenta días corridos. Vencido el plazo sin que la empresa dé cumplimiento a la restitución del patrimonio propio exigido, la autoridad de control le retirará la autorización para operar.

Art. 36.- Fusión. La fusión de dos o más empresas de seguros podrá realizarse:

a) Por disolución sin liquidación de cada una de ellas para formar una nueva, a la que se transferirá el patrimonio de todas haciéndose cargo de sus derechos y obligaciones; o

b) Por incorporación de una o más empresas a otra existente, a la que se transferirá la totalidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas.

Art. 37.- Las empresas de seguros presentarán a la Autoridad de Control una solicitud conjunta de fusión, acompañando los siguientes recaudos:

a) Copias de las resoluciones de las respectivas asambleas de accionistas acordando la fusión;

b) Proyecto de escritura de fusión y estatutos; y.

c) Plan financiero de fusión, que incluirá las bases de los activos, pasivos, capital y reservas de la nueva empresa o la que subsista.

La autoridad de control podrá requerir los datos e informaciones complementarios que juzgue necesarios.

La Autoridad de Control autorizará o denegará la fusión dentro del plazo de sesenta días, transcurridos los cuales sin objeción, ella quedará automáticamente aprobada.

Art. 38.- Las empresas comprendidas en la fusión están obligadas a publicar con suficiente destaque en uno de los diarios de mayor circulación de la capital, la autorización expresa o tácita de la fusión dentro de los quince días siguientes. Las fusiones estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado y a los Actos y Documentos.

Art. 39.- Transferencia de cartera. Las empresas de seguros podrán transferir total o parcialmente su cartera, con la autorización previa de la Autoridad de Control. A este efecto, las empresas interesadas deberán presentar a la Autoridad de Control el convenio proyectado, así como sus estados financieros más recientes y los demás datos adicionales que les sean solicitados por dicha autoridad. Las transferencias de carteras estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado y a los Actos y Documentos.

Art. 40.- La empresa receptora de la cartera debe estar autorizada a operar en la sección o las secciones de seguros de cuya transferencia se hará cargo, tener capacidad financiera y reunir las condiciones técnicas necesarias, incluyendo la aceptación del o los reaseguradores.

Asimismo, debe constituir las reservas correspondientes a los contratos de seguros que hubieren asumido a partir de la fecha estipulada en el convenio de transferencia.

Art. 41.- Las empresas interesadas en la transferencia de cartera, pondrán en conocimiento de los asegurados el convenio proyectado, mediante la publicación de avisos con suficiente destaque en un diario de gran circulación de la Capital por quince veces en el plazo de treinta días. Los asegurados deberán manifestar su disconformidad con la transferencia dentro del término de diez días posteriores a la última publicación.

Los asegurados disconformes con la transferencia de cartera que hubiesen formulado oposición en término, tendrán derecho a rescindir el contrato, exigiendo cuando se trate de seguros del ramo de vida, la devolución de las reservas matemáticas calculadas al día de la rescisión y de la participación de las utilidades y/o en los fondos de acumulación, si correspondiere.

Cuando se trate de seguros de renta vitalicia, el asegurado podrá optar por la transferencia de dicha cobertura a otra empresa de su elección. En los seguros elementales, el asegurado tendrá derecho a exigir la devolución de la parte de la prima proporcional al tiempo o riesgo no corrido, conforme a las prescripciones del Código Civil.

Art. 42.- Autorizado el convenio de transferencia por la Autoridad de Control, sus estipulaciones obligarán a las empresas de seguros afectadas y a los asegurados que no hayan manifestado disconformidad.

Art. 43. -Intervención. Si de las resultas de un sumario administrativo se comprobasen graves irregularidades en las operaciones de una empresa aseguradora, la Autoridad, de Control dispondrá de inmediato y por resolución fundada, la intervención de la misma, a fin de regularizar la causa que le dio origen.

La intervención cesará, mediando resolución expresa, una vez que esas causas desaparezcan. Los interventores serán funcionarios de la Autoridad de Control y serán responsables por los actos que realicen en el uso de sus facultades.

La empresa intervenida deberá designar ante la intervención un representante, para tomar conocimiento de los actos que realicen los interventores.

Art. 44.- Liquidación voluntaria. Las empresas de seguros, excepto aquellas que tengan contratos de seguros cuyas obligaciones consistan en el pago de prestaciones periódicas futuras y mientras subsistan dichas obligaciones emanadas de sus contratos, podrán solicitar de la Autoridad de Control la autorización correspondiente para proceder a su liquidación voluntaria.

Para el efecto, acompañarán a la constancia del acuerdo adoptado por las autoridades competentes de la empresa aseguradora el proyecto de liquidación voluntaria.

No podrán ser autorizadas por la Autoridad de Control aquellas empresas que se hallen en situación de intervención, de liquidación forzosa, convocatoria de acreedores o quiebra:

Art. 45.- Concedida la autorización, la Autoridad de Control designará un fiscalizador de entre sus funcionarios, quien supervisará, bajo su responsabilidad, la actuación del o de los liquidadores nombrados por la empresa en liquidación.

Art. 46.- La liquidación voluntaria será publicada obligatoriamente por la empresa en liquidación con suficiente destaque, en uno de los diarios de mayor circulación de la Capital durante los quince días siguientes a la fecha de la autorización.

Art. 47.- Concluida la liquidación voluntaria de la empresa, la Autoridad de Control solicitará el retiro de la Personería Jurídica si se trata de uña empresa nacional, o revocará la autorización para operar en el país, si se trata de uña sucursal de empresa extranjera.

Art. 48.- Liquidación forzosa. Las empresas de seguros no podrán solicitar su convocatoria de acreedores ni su quiebra, ni los terceros podrán pedirla, sino a través de la Autoridad de Control, por el procedimiento aquí previsto.

La liquidación forzosa tendrá lugar en los casos previstos en el Código Civil, en la Ley de Quiebras, o cuando a criterio de la Autoridad de Control sea imposible restablecer su normal funcionamiento, debido a su insolvencia.

Art. 49.- Revelada su insolvencia la Autoridad de Control:

a) Comunicará la situación al Juez de Quiebras, quien deberá dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Nº 154 del 13 de diciembre de 1969 "Que sanciona la Ley de Quiebras"; y

b) Designará liquidador o liquidadores, quienes conjuntamente con el Síndico designado tendrán facultades suficientes para realizar todos los actos jurídicos que se requieran a tal fin. En uso de sus atribuciones él o los liquidadores, con autorización del juez, podrán promover las acciones civiles o penales que correspondan a la empresa en liquidación forzosa.

El o los liquidadores serán funcionarios de la Autoridad de Control y no percibirán remuneración extraordinaria por esas funciones.

Art. 50.- Los acreedores serán citados por edictos, conforme a las disposiciones de la Ley de Quiebras, y los liquidadores fiscalizarán la validez de los créditos, conforme a las constancias obrantes en los archivos y documentos de la empresa.

A los efectos de la liquidación, previa autorización del Juez, los liquidadores podrán enajenar los bienes de la empresa en liquidación forzosa.

Art. 51.- Si durante el procedimiento de liquidación forzosa se comprobara la existencia de irregularidades que presuntivamente constituyan delito, el Juez interviniente, de oficio o a petición de la Autoridad de Control, remitirá los antecedentes del caso a las autoridades judiciales competentes.

Art. 52.- Se presumirá que la quiebra es culpable si las provisiones técnicas y el patrimonio propio de riesgo de la empresa no se hubieren constituido conforme a las normas legales y las instrucciones impartidas por la Autoridad de Control, o en los casos que estando debidamente constituidas, las inversiones representativas de estas reservas no se hubieren valorizado conforme a las normas impartidas por la Autoridad de Control, siempre que a consecuencia de este hecho se determine que, a la fecha de la quiebra, no habría podido satisfacer el cumplimiento de las obligaciones provenientes de los contratos de seguros respectivos. El liquidador deberá expresar esta circunstancia en el proceso de calificación.

Art. 53.- En la quiebra o liquidación de una empresa del segundo grupo, que en su cartera tenga contratos de seguros cuyas obligaciones consistan en el pago de prestaciones periódicas futuras ya reconocidas o que se reconozcan, el liquidador podrá pagar dichas prestaciones, sin necesidad de verificación previa en su caso, con cargo a las inversiones que respalden las reservas técnicas hasta un período de doce meses, contados desde la fecha que asumió la liquidación.

El total de las reservas matemáticas y de siniestros remanentes luego de practicada la liquidación, será distribuido en forma proporcional a dichos contratos, deduciéndose los pagos ya realizados por el liquidador en concepto de las mencionadas prestaciones.

Las remesas por siniestros provenientes de reaseguros beneficiarán a los asegurados cuyos créditos por esos siniestros se pagan y tendrán preferencia sobre cualesquiera otros que se ejercieren en contra del asegurador, sin perjuicio de contribuir a los gastos de administración de la liquidación o quiebra.

En cada uno de los procedimientos contemplados, las autoridades judiciales o administrativas deberán velar fundamentalmente por los intereses de los asegurados.

Art. 54.- Concluida la liquidación forzosa de la empresa, la Autoridad de Control solicitará del Poder Ejecutivo el retiro de la personería jurídica, si se trata de una empresa nacional o revocará la autorización para operar en el país si se trata de una sucursal de empresa extranjera.

Art. 55.- La liquidación forzosa de una empresa de seguros deberá ser publicada en dos diarios de gran circulación de la Capital, conforme a los términos y plazos que se establezcan en la resolución judicial.

Art. 56. Superintendencia de Seguros. Créase la Superintendencia de Seguros como autoridad de control de todos los entes de seguros y reaseguros, la que se organizará y tendrá las atribuciones que determina esta ley.

La Superintendencia de Seguros dependerá del Directorio del Banco Central del Paraguay, pero gozará de autonomía funcional y administrativa en el ejercicio de sus funciones.

Art. 57.- Superintendente de Seguros. La Superintendencia de Seguros actuará bajo la dirección del Superintendente de Seguros, quien será designado por el Poder Ejecutivo de una terna de candidatos surgidos de un concurso de méritos y aptitudes presentados por el directorio del Banco Central del Paraguay. Durará cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelecto por un período más.

Art. 58.- El Superintendente de Seguros deberá ser paraguayo, mayor de treinta años de edad, de reconocida honorabilidad, con título universitario y de probada idoneidad en materia de seguros.

Art. 59.- Cesantía. El Superintendente de Seguros cesará en su cargo:

a) Por expiración del período de su designación;

b) Por renuncia presentada al Poder Ejecutivo con comunicación al directorio del Banco Central del Paraguay; y,

c) Por decisión del Poder Ejecutivo. previa petición del directorio del Banco Central del Paraguay fundada en:

1) Mal desempeño de sus funciones, o

2) Comisión de delitos comunes.

Art. 60. -Incompatibilidades. Rigen para este funcionario las mismas condiciones establecidas e incompatibilidades enumeradas en la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay para el Superintendente de Bancos, salvo las excepciones establecidas por ley o cuando deriven de su calidad de asegurado. Le está prohibido igualmente tener interés directo o indirecto en las actividades o remuneraciones de los auxiliares de seguros.

Art. 61.- Obligaciones y atribuciones. El Superintendente de Seguros tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones, sin perjuicio de otras que estipule la ley:

a) Ejercer las funciones de inspección y supervisión que esta ley y las resoluciones dictadas por el directorio del Banco Central del Paraguay asignan a la autoridad de control;

b) Dictar las resoluciones de carácter general en los casos previstos por esta ley y las que sean necesarias para su aplicación;

c) Fiscalizar las empresas de seguros, hacer arqueos, pedir la ejecución y presentación de balances y otros estados financieros e informes en las fechas que estime conveniente, revisar sus libros y sus carteras y en general, solicitar todos los datos y antecedentes que le permitan interiorizarse de su estado, desarrollo y solvencia y de la forma en que cumplen las prescripciones de esta y de las demás leyes vigentes;

d) Clasificar las empresas de seguro en base a parámetros que surjan del análisis del margen de solvencia de cada una de ellas, y publicar esa clasificación inexcusablemente en forma bimestral en dos diarios de gran circulación de la capital;

e) Fiscalizar, con exclusividad, conforme lo expresa el artículo 31 de la Ley Nº 489 del Banco Central del Paraguay, el cumplimiento de las leyes de carácter impositivo por parte de las empresas de seguros;

f) El Superintendente, por sí o por delegados, podrá asistir a las Asambleas de Accionistas de las empresas de seguros, en la que tendrá voz;

9) Asumir la función de Interventor de una empresa de seguro en los casos previstos en esta ley y, especialmente, cuando de conformidad con lo dispuesto en los incisos c) y d), del artículo 108 se decrete su suspensión o le sea revocada la autorización para operar en el país;

La intervención podrá ser delegada por el Superintendente en uno o más funcionarios de la planta directiva, profesional o técnica de la Autoridad de Control;

h) Mantener un registro de uso público en el que se disponga de los modelos de los textos de las pólizas, las modificaciones y cláusulas adicionales que se contraten en el mercado, no pudiendo las empresas aseguradoras contratar con modelos que no hubieren sido previamente registrados en la Autoridad de Control, salvo que se trate de pólizas con cláusulas de riesgos muy específicos, las que podrán ser registradas luego de la emisión. La Autoridad de Control podrá rechazar los modelos a ella remitidos dentro de los treinta días hábiles y no los inscribirá en su registro, cuando contengan cláusulas que se opongan a las prescripciones legales o induzcan a error a los asegurados. Del mismo modo, mediante resolución fundada, podrá eliminar de sus registros los modelos ya inscriptos o disponer su modificación.

La Autoridad de Control podrá fijar, mediante norma de aplicación general, las disposiciones mínimas que deberán contener las pólizas;

i) Comprobar la exactitud de las provisiones técnicas constituidas por las empresas, de acuerdo con las normas de carácter general que dicte la Autoridad de Control, como asimismo, la exactitud de los balances, otros estados financieros, sus cuentas componentes y demás antecedentes solicitados por ésta, de conformidad con los estatutos, leyes y reglamentos vigentes, aprobándolos, disponiendo su rectificación inmediata u ordenando las modificaciones que fueren necesarias incorporar en los próximos balances, estados financieros o informes;

j) Mantener un registro de los auxiliares de seguros en el que deberán inscribirse quienes deseen desarrollar la actividad de agente de seguros, de corredor de seguros o de liquidador de siniestros;

k) Establecer, mediante normas de carácter general, disposiciones sobre la información que las empresas deberán proporcionar al público respecto de la situación de sus activos y pasivos, en lo referente al plazo, reajustabilidad y tipo de moneda en que éstos se encuentran y cualquier otra información;

l) Realizar anualmente la estadística consolidada de las operaciones de seguros y reaseguros que efectúen las empresas, confeccionar las listas de los corredores de seguros y reaseguros, de los liquidadores de siniestros y de las empresas de seguros y de reaseguros autorizadas a operar en el país;

m) Establecer mediante normas de carácter general, las exigencias técnicas y patrimoniales que deberán cumplir tanto los intermediarios de seguros y reaseguros, como los liquidadores de siniestros para desempeñarse como tales, dictando asimismo, las normas por las cuales deben regirse la intermediación y la contratación de seguros y la liquidación de siniestros;

n) Preparan el Anteproyecto de Presupuesto anual de gastos de la Superintendencia de Seguros, el cual deberá ser aprobado por el Directorio del Banco Central del Paraguay y que formará parte del presupuesto anual del mencionado Banco;

La rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria de la Superintendencia de Seguros se realizará al Directorio del Banco Central del Paraguay;

ñ) Proponen al Directorio del Banco Central del Paraguay, de conformidad con las normas de contratación del personal, el nombramiento, promoción, remoción o traslado del personal necesario para el desempeño de sus funciones y aplican las penas disciplinarias de acuerdo con el estatuto del personal;

o) Llevar un registro de profesionales autorizados para actuar en carácter de auditores externos;

p) Instruir sumarios y llevan un registro de sanciones en el que se consignarán las que se apliquen de conformidad con el régimen previsto en el artículo 108 y siguientes;

q) Cuando a juicio de la Autoridad de Control existan fundados indicios de que cualquier persona natural o jurídica actúe en contravención a lo dispuesto por esta ley y sus reglamentaciones, iniciará de oficio las averiguaciones del caso, a cuyo efecto podrá solicitan autorización judicial para inspeccionar los registros contables, documentos, papeles y recaudos que guarden relación con la investigación;

r) Informar al Directorio del Banco Central del Paraguay, en el más breve plazo sobre cualquier irregularidad observada y de las medidas adoptadas para subsanarlas;

s) Informar por escrito a las personas jurídicas o naturales supervisadas, el resultado de las inspecciones practicadas, puntualizando las irregularidades, deficiencias o incorrecciones verificadas, requiriéndolos formalmente a promover la adopción de las medidas correctivas para la regularización correspondiente, en los plazos y condiciones que estime convenientes;

t) Fijar normas de contabilidad y valoración a utilizar y los requisitos mínimos de información financiera a terceros por parte de los administradores de las entidades sometidas a su supervisión y los requerimientos de información a remitir periódica o esporádicamente a la Autoridad de Control;

u) Ejercer las demás funciones y facultades, de conformidad a las disposiciones legales pertinentes y a las resoluciones del Banco Central del Paraguay; y,

v) Estudiar las condiciones económicas del país en relación con la actividad aseguradora y poner en conocimiento del Poder Ejecutivo y organismos estatales competentes, los informes obtenidos, sus conclusiones y recomendaciones.

Art. 62.- Composición y funciones. Créase el Consejo Consultivo del Seguro integrado por cuatro consejeros titulares y cuatro suplentes designados a saber: dos por la(s) asociación(es) de empresas de seguros, uno por la(s) asociación(es) de agentes productores y corredores de seguros y uno por la(s) asociación(es) de liquidadores de siniestros. El Consejo Consultivo del Seguro tendrá las siguientes atribuciones:

a) Emitir opinión sobre los siguientes asuntos que le sean consultados por la Autoridad de Control, salvo las de carácter urgente. Estas últimas deberán ser puestas luego en conocimiento del Consejo, para que éste dé su opinión al respecto:

1) Proyectos de leyes, decretos o resoluciones generales aplicables a las empresas aseguradoras o los auxiliares del seguro;

2) Normas para la determinación del sistema de contabilidad, modelos de balances y estadísticas; y,

3) Cuestiones de orden general que se susciten y respecto de las cuales sea conveniente, a juicio de la Autoridad de Control, conocer su criterio.

b) Someter a la consideración de la Autoridad de Control, iniciativas tendientes a promover el perfeccionamiento del seguro en sus diversos aspectos.

Art. 63.- Designación. En la oportunidad que corresponda, la Autoridad de Control designará para integrar el Consejo Consultivo del Seguro a las personas propuestas por las organizaciones representativas de las empresas de seguros, de los corredores de seguros y de los liquidadores de siniestros. La falta de designación de consejeros, porque sus respectivas organizaciones omitieran proponerlos, no impedirá el funcionamiento del Consejo Consultivo del Seguro.

Art. 64.- Requisitos. Para ser miembro del Consejo Consultivo del Seguro se requiere ser persona de conocida experiencia y conocimientos en el ámbito el ramo o sector a quien representa y estar vinculado al ejercicio de las actividades asegurativas.

Los cargos de los Consejeros titulares y suplentes son honorarios.

Art. 65.- Duración en el cargo. El período de mandato de los Consejeros se inicia el primero de julio del año que corresponda y ellos durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por un período más.

Art. 66.- Funcionamiento. El Consejo Consultivo del Seguro se reunirá ordinariamente los días y horas que fije, debiendo hacerlo además cuando la Autoridad de Control lo considere necesario o cuando lo solicite la mayoría de sus miembros.

Las reuniones se realizarán en la sede de la Autoridad de Control con la presencia de por lo menos tres consejeros titulares y el Superintendente. Un resumen de las manifestaciones o juicios emitidos durante la reunión serán asentados en las actas y se considerarán como opiniones del Consejo cuando la mayoría de los consejeros presentes se hubiera expresado en un mismo sentido.

En los anteproyectos de leyes o decretos que la Autoridad de Control eleve para la consideración del Poder Ejecutivo, se hará constar la opinión que al respecto hubiese dado el Consejo Consultivo del Seguro.

Art. 67.- Para el cumplimiento de sus funciones, La Autoridad de Control podrá requerir órdenes judiciales de allanamiento, de auxilio de la fuerza pública y de secuestro de documentos que juzgue conducentes para el cumplimiento de sus tareas de fiscalización, labrándose un acta con la relación de los documentos secuestrados.

Art. 68.- Informaciones periódicas. Además de las informaciones periódicas previstas por esta ley, que las entidades sujetas a su control deben suministrar, la Autoridad de Control puede requerir otras que juzgue necesarias para el cumplimiento de su cometido.

Art. 69.- Secreto de las actuaciones. Los funcionarios y empleados de la Autoridad de Control están obligados a conservar, dentro y fuera del desempeño de sus funciones, el secreto de las actuaciones.

Art. 70.- La intermediación en la contratación de seguros, a excepción de los seguros directos, sólo podrá ser ejercida por los agentes y corredores de seguros matriculados en el registro que llevará la Autoridad de control.

Art. 71.- Podrán matricularse como agentes de seguros las personas naturales que demuestren idoneidad para el ejercicio de sus funciones de intermediación, en la forma que determine la Autoridad de Control.

Art. 72.- Podrán matricularse como corredores de seguros las personas jurídicas cuyos administradores y representantes legales demuestren idoneidad para el ejercicio de sus funciones de intermediación, en la forma que determine la Autoridad de Control.

Art. 73.- La matrícula habilitante indicará los ramos de seguros en que se los autoriza a intermediar, la que se mantendrá en vigencia conforme a los reglamentos de esta ley.

Art. 74.- No podrán ejercer la función de agentes o corredores de seguros:

a) Los funcionarios o empleados de la Autoridad de Control

b) Los funcionarios o empleados públicos o de instituciones descentralizadas dependientes del Estado o sus organismos;

c) Los síndicos, los miembros del directorio, los inspectores de riesgos e inspectores de siniestros, de las empresas aseguradoras del país;

d) Los extranjeros no residentes en el país;

e) Los liquidadores de siniestros; y,

f) En general, cualquier persona natural o jurídica, incursa en inhabilidades legales para ejercen el comercio y los sancionados por la Autoridad de Control con la cancelación de su inscripción en alguno de los registros que ésta lleva o los que hayan sido administradores, directores o representantes legales de una persona jurídica sancionada de igual forma, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en la forma que prescribe la ley o acrediten no haber tenido participación en los actos que la motivaron.

Art. 75.- Queda prohibido a los agentes y corredores de seguros hacer todo acto, exposición o sugestión destinado a engañar o extraviar el criterio de un contratante, sobre las condiciones y modalidades de la póliza que ofrece, o sobre la empresa emisora, como así también todo examen o comparación incompleto entre dos o más pólizas.

Queda igualmente prohibida toda maniobra que induzca o pueda inducir a error a un contratante con el objeto de que anule, abandone, ceda por efectivo, por seguro saldado o a término, o en cualquier otra forma provoque la caducidad de su póliza, a fin de celebran un nuevo contrato.

Art. 76.- El agente o el corredor de seguros debe proponen por escrito, bajo su firma; las operaciones de seguros en que intermedie, entregando la propuesta, que formará parte de la póliza, a la empresa aseguradora.

Les está prohibido completar sus propuestas con apéndices o anexos que no hayan firmado.

Art. 77.- Los agentes y corredores de seguros no responderán ni podrán constituirse en responsables de la solvencia de los contratantes.

Art. 78.- Remuneraciones. Los agentes y los corredores de seguros percibirán las remuneraciones que acuerden con el asegurador.

Art. 79.- Derecho a percibir la comisión. El derecho de los agentes y corredores de seguros a cobrar la comisión se adquiere cuando la empresa aseguradora perciba efectivamente el importe de la prima. En caso de modificación o rescisión del contrato de seguros que de lugar a devoluciones de prima, corresponderá la devolución proporcional de la comisión percibida por el agente o el corredor de seguros. Se asimila el pago efectivo de la prima a la compensación de obligaciones existentes entre la empresa aseguradora y el asegurado. No se considerará pago efectivo la entrega de pagarés y cualquier otra promesa u orden de pago hasta tanto las primas no hayan sido canceladas.

Art. 80.- Las comisiones que correspondan a los agentes de seguros y corredores de seguros por su intermediación en la contratación de seguros, ya sean de primer año o de renovación, son intransferibles, salvo autorización expresa de los mismos.

El agente de seguros y el corredor de seguros podrá dejar de percibir sus comisiones cuando lo pida en forma expresa el asegurado porque éste desee cambiar de intermediario, o contratar el seguro con otra empresa aseguradora.

El pago de estas comisiones se regirá por contrato privado entre las empresas aseguradoras y los intermediarios, y si existiesen disposiciones generales de la Autoridad de Control sobre pago de comisiones, dichos contratos deberán adecuarse.

Art. 81.- Las empresas de seguros remitirán a la Autoridad de Control, en la forma que ella prescriba, una nómina de los agentes y corredores de seguros que operen con ellas, indicando el número de operaciones de seguros intermediados por cada uno de ellos, el correspondiente capital asegurado por secciones de seguro, la prima y el monto de las comisiones que les correspondan a los corredores de seguros.

Art. 82.- Personas no inscriptas. Les personas no registradas en la Autoridad de Control como agentes de seguros o corredores de seguros no tendrán derecho a percibir comisión alguna por sus gestiones de intermediación en la contratación de seguros.

Art. 83.- Derechos, obligaciones y prohibiciones. La liquidación de los siniestros amparados por un seguro podrán practicarla las empresas directamente o encomendaría a un liquidador registrado en la Superintendencia, salvo las excepciones legales. Sin embargo, el asegurado o beneficiario del seguro podrá pedir, en la forma y plazo que establezca él reglamento, que la liquidación la realice un liquidador registrado.

La liquidación del siniestro tiene por fin básicamente determinan la ocurrencia del siniestro, sí el riesgo está bajo cobertura de una empresa determinada y el monto de la indemnización a pagar; todo ello de conformidad con el procedimiento que establezca el reglamento.

Art. 84.- Para inscribirse como liquidador de siniestros se requiere:

a) Reunir los requisitos descritos en el artículo 70, y no encontrarse en las circunstancias señaladas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 74;

b) Deberán acreditar la contratación de una póliza de seguro de fianza, por un monto que determine la Autoridad de Control, para responder del correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones inherentes a su actividad;

c) No ser martillero público, agente de aduanas, corredor de seguros, director, gerente, apoderado o trabajador de alguno de éstos o de una empresa aseguradora o reaseguradora; y,

d) Tratándose de personas jurídicas, haberse constituido legalmente en el país con este objeto específico y reunir sus administradores y representantes legales los requisitos exigidos para los demás liquidadores.

Art. 85.- Son obligaciones de los liquidadores:

a) Investigar las circunstancias del siniestro;

b) Determinar el valor del objeto asegurado a la época del siniestro, el monto de los perjuicios y la suma que eventualmente corresponda indemnizar, informando fundadamente al asegurador y al asegurado la procedencia o rechazo de la indemnización;

c) Proponer a las partes las medidas urgentes que se deban adoptar para evitar que se aumenten los daños y llevarlas a cabo previa autorización escrita del propietario o responsable de los bienes siniestrados, sin perjuicio de las obligaciones del asegurado; y,

d) Las demás que establezca el reglamento.

En el cumplimiento de sus obligaciones los Liquidadores responderán hasta de la culpa leve.

Art. 86.- A los liquidadores les queda prohibido:

a) Practicar liquidaciones en las cuales tengan interés en razón de parentesco o de su relación con las personas afectadas o con la propiedad de los bienes siniestrados, de acuerdo al reglamento; y,

b) Percibir directa o indirectamente beneficios económicos del asegurador, del asegurado o de terceros, distintos de sus honorarios profesionales.

Tampoco podrá retener para sí o adjudicar a terceras personas, salvo autorización expresa, los bienes o productos del recupero que hubieren practicado.

Art. 87.- El pago de honorarios a los liquidadores de siniestros será pactado libremente por las partes.

Art. 88.- Los liquidadores de siniestros del exterior designados para intervenir en la verificación y liquidación de siniestros ocurridos en el país, deberán consorciarse con uno de sus pares nacionales, autorizado por la Autoridad de Control, bajo pena de nulidad de lo actuado.

Art. 89.- Los liquidadores de siniestros remitirán a la Autoridad de Control, en la forma prescrita por ella, un detalle de los peritajes realizados, indicando el número de ellos, las empresas de seguros afectadas, el monto del siniestro y el monto de sus honorarios.

Art. 90.- Personas no inscriptas. Las personas naturales y jurídicas no matriculadas en el registro de la Autoridad de Control como liquidadores de siniestros, no tienen derecho a percibir honorarios o remuneración alguna por sus tareas de peritaje. Queda prohibido a las empresas aseguradoras el pago de honorarios o cualquier otra retribución a dichas personas.

Art. 91.- Constitución de empresas reaseguradoras. Las empresas que tengan por objeto dedicarse al reaseguro podrán constituirse en el país conforme a la reglamentación que para el efecto establecerá la Autoridad de Control. Las empresas sólo podrán reasegurar riesgos del ramo en el cual están autorizadas a operar.

Art. 92.- Las empresas reaseguradoras nacionales deberán integrar y mantener un patrimonio no inferior al equivalente de US$ 2.500.000 (Dos millones quinientos mil dólares americanos) para cada uno de los grupos en que operen. Si durante el funcionamiento de dicho patrimonio se redujese a una cantidad inferior, la entidad está obligada a completarlo conforme a lo dispuesto en el artículo 35.

Art. 93.- El reaseguro no altera en nada el contrato celebrado entre el asegurador directo y el asegurado, y en caso de siniestro, no podrá diferirse el pago se pretexto del reaseguro.

Art. 94.- Las cuestiones litigiosas que se susciten con motivo de los contratos de seguros directos y reaseguros sujetos a esta Ley, serán sometidas a la jurisdicción paraguaya siendo nulo todo pacto en contrario, salvo estipulación diferente de Convenios o Tratados Internacionales.

Art. 95.- Todos los contratos de reaseguros que celebren las empresas de seguros se registrarán por ante la Autoridad de Control y será obligación de ésta controlar la idoneidad y solvencia de las reaseguradoras. La Autoridad de Control llevará un registro de las reaseguradoras, incluso las del exterior que operen en el país.

Art. 96.- Derecho y obligaciones de los corredores de reaseguros. Corredor de reaseguros es la persona natural o jurídica debidamente autorizada que actúa en los negocios y contratos de reaseguros como intermediario, entre las empresas aseguradoras y reaseguradoras, percibiendo una comisión por sus servicios.

Art. 97.- El corredor de reaseguros prestará asesoramiento técnico a sus clientes, obtendrá coberturas adecuadas a los intereses de los mismos y actuará dentro de las normas legales y éticas que regulan el funcionamiento del reaseguro.

No podrá hacer retención alguna por cuenta propia y expedirá notas de coberturas certificando la colocación y distribución de los riesgos objeto del reaseguro.

Guardará la mayor reserva profesional sobre las negociaciones en que intervenga.

Art. 98.- Los corredores de reaseguros, para actuar como tales, deberán acreditar la contratación de una póliza de seguro de fianza, por un monto que determine la Autoridad de Control y que estará en relación a los contratos de reaseguros celebrados por su intermedio en el país, para responder de sus errores u omisiones y del correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones inherentes a su actividad.

Art. 99.- La Autoridad de Control queda facultada a reglamentar los requisitos para la inscripción e investigar la seriedad y responsabilidad de los corredores de reaseguros y podrá retirar la autorización para intermediar en las operaciones o contratos de reaseguros, en caso de que no reúnan las condiciones necesarias.

Art. 100.- La instrucción del sumario será ordenada por el Superintendente de Seguros, El sumario será iniciado en escrito fundado que deberá contener una relación completa de los hechos, actos u omisiones que se imputen. Con dicho escrito deberán acompañarse todas las copias para el traslado.

Art. 101.- El sumario administrativo deberá ser instruido por un Juez, funcionario de la Autoridad de Control, con título de abogado, designado al efecto y con intervención del inculpado o su representante legal. El inculpado tendrá derecho a recusar al Juez sin expresión de causa, por una sola vez.

Art. 102. -Notificación. La instrucción del sumario será notificada directamente al interesado con la firma del mismo en el expediente, o por cédula en la forma establecida en la ley procesal civil o por telegrama colacionado, en cuyo caso se tendrá por hecha la notificación en la fecha que se firme la notificación, se reciba el aviso o la colación, debiendo agregarse al expediente las respectivas constancias.

En caso de que se ignore el domicilio del sumariado y que éste no tuviera mandatario registrado en la Dirección General de Registros Públicos, se le citará a la parte interesada por edictos, que se publicarán cinco días en dos diarios de gran difusión, bajo apercibimiento de que, en caso de no comparecer dentro del plazo de treinta días a contar de la última publicación, proseguirá el procedimiento en rebeldía.

Art. 103. -Contestación. El sumariado o los sumariados dispondrán de un plazo de diez días hábiles para presentar su escrito de defensa, acompañado de la documentación pertinente y proponiendo las pruebas que hagan a su derecho.

Art. 104. -Prueba. Las pruebas serán diligenciadas en una audiencia que el juez instructor fijará dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo para presentan el escrito de defensa. No siendo posible producir todas las pruebas en dicha audiencia, el juez instructor prorrogará la audiencia para el día siguiente hábil y así sucesivamente hasta que ellas produzcan íntegramente.

Art. 105.- Alegatos. Cerrado el término probatorio, el inculpado o inculpados, tendrán cinco días hábiles para presentar un memorial sobre el mérito de las pruebas producidas y su situación jurídica en general.

Art. 106. -Resolución. En todos los casos, la resolución final será dictada en el sumario por el Superintendente de Seguros, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que quedó firme la providencia de autos.

Art. 107.- Sobreseimiento tácito. Si transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior no se dicta resolución, se considerará sobreseído el sumario.

Art. 108.- Plazos. En los sumarios administrativos todos los plazos serán perentorios y se computarán sólo los días hábiles. Aquellos plazos que no estuvieren expresamente determinados serán de cinco días hábiles. Los plazos empezarán a correr desde el día siguiente al de la notificación.

Art. 109.- Gradación. Las empresas aseguradoras responsables de contravenciones a la presente ley o los reglamentos que dicte la Autoridad de Control, serán países de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento por escrito;

b) Multa, de acuerdo con la gravedad de la falta, hasta un máximo de un mil jornales mínimos diarios para las actividades diversas no especificadas en la Capital, establecido por el Ministerio de Justicia y Trabajo;

c) Suspensión hasta un año; y,

d) Revocatoria de la Autorización para operar en el país.

Art. 110.- Iniciación ilegal de las operaciones. Los directores y representantes legales de empresas aseguradoras o reaseguradoras que, sin hallarse habilitadas legalmente, inicien directa o indirectamente sus operaciones, serán pasibles: cada uno de ellos, de una multa que será fijada por la Autoridad de Control.

En la misma pena incurrirán las empresas de seguros o reaseguros que inicien operaciones de seguros en secciones o ramos distintos de los autorizados.

Art. 111.-Incumplimiento de las obligaciones. Cuando una empresa de seguros no cumpla sus obligaciones legales o las reglamentarias dictadas por la Autoridad de Control, de acuerdo a la gravedad, ésta le aplicará las sanciones previstas en el artículo 109 de esta Ley.

En caso de la revocatoria de autorización para operar en el país a una empresa aseguradora, la Autoridad de Control solicitará el retiro de la personería jurídica, si se trata de una empresa nacional, o de la autorización para establecerse en el país, si se trata de una Sucursal de empresa extranjera.

Art. 112.- Operaciones con modelos de pólizas no autorizados. Cuando una empresa de seguros haya operado con modelos de pólizas no registradas, será, salvo en los casos previstos en el artículo 61, inciso h), pasible de las sanciones que la Autoridad de Control le aplique, conforme a lo establecido en el artículo 109.

Art. 113.-Informaciones incompletas o falsas. Toda ocultación maliciosa o información incompleta o falsa suministrada a la Autoridad de Control, hará pasible a los directores, representantes o funcionarios de la empresa, responsables de ello, de una multa que será fijada por la Autoridad de Control.

Art. 114.-Reincidencia. En caso de reiteradas transgresiones por parte de una empresa aseguradora a las obligaciones que le son impuestas por esta ley y sus reglamentaciones, la Autoridad de Control podrá:

a) Revocarle la autorización para operar y solicitar el retiro de su personería jurídica si se trata de una empresa nacional; o,

b) Retirarle la autorización para operar en el país, si se trata de una sucursal de empresa extranjera.

Art. 115.- Responsabilidad solidaria de las empresas. Las empresas de seguros responden solidariamente por el importe de las multas que se apliquen a sus directores, representantes, funcionarios o empleados en general.

Art. 116. -Procedimiento. Las sanciones previstas en esta ley serán impuestas por la Autoridad de Control, graduadas conforme a la gravedad de la infracción. A excepción de la pena de apercibimiento, las demás deberán aplicarse previo sumario administrativo, en el que se dará intervención al denunciado.

Art. 117.- Las resoluciones sobre sanciones dictadas por la Autoridad de Control serán recurribles ante el Directorio del Banco Central del Paraguay sin perjuicio de la ulterior acción contencioso-administrativa en los plazos establecidos por la ley.

Art. 118.- Depósito de las multas. El importe de las multas se depositará en una cuenta habilitada para el efecto en el Banco Central del Paraguay, dentro de un plazo máximo de quince días a contar de la fecha de la notificación de la resolución correspondiente o desde que la sentencia del tribunal contencioso administrativa quede firme y ejecutoriada.