LEY 642/1995

Art. 2º.- Las disposiciones que reglamenten las telecomunicaciones, en sus distintas formas y modalidades, deberán asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso al aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

Art. 3º.- Corresponde al Estado el fomento, control y reglamentación de las telecomunicaciones; el cual implementará dichas funciones a través de una Comisión Nacional de Telecomunicaciones en el marco de una política integrada de servicios, prestadores, usuarios, tecnología e industria.

Art. 4º.- Toda persona física o jurídica tiene libre e igualitario derecho de acceso al uso y prestación de servicios de telecomunicaciones, con sujeción a la presente ley y demás disposiciones que regulan la materia.

Para el pleno ejercicio de este derecho se promoverá la integración de los lugares más apartados de los centros urbanos.

Art. 5º.- La instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones ubicados en el territorio nacional se realizarán conforme a las especificaciones técnicas que establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Art. 6º.- Créase la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, entidad autárquica con personería jurídica de derecho público, encargada de la regulación de las telecomunicaciones nacionales. Las relaciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con el Poder Ejecutivo se realizarán a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Art. 7º.- Ejercerá la dirección de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones un Directorio compuesto por cinco Miembros: un Presidente y cuatro Directores, todos ellos designados por el Poder Ejecutivo. En caso de vacancia de la presidencia o de ausencia temporaria del Presidente sin delegación del cargo, los Directores designarán un Presidente interino. El Presidente, o quien haga sus veces, tendrá doble voto en caso de empate.

El Poder Ejecutivo designará, asimismo, dos Directores Suplentes que reemplazarán a los Titulares en caso de impedimento por cualquier motivo.

El Presidente y los Directores Titulares gozarán de las retribuciones previstas en el presupuesto anual de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Los Directores Suplentes serán retribuidos por el tiempo efectivo que reemplacen a los Titulares de los cargos.

Art. 8º.- Los miembros del Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones permanecerán en el ejercicio de sus funciones por cinco años, a excepción del Presidente cuyo mandato coincidirá con el del Presidente de la República.

Para sesionar se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de integrantes del Directorio. Las resoluciones se adoptarán por el voto coincidente de tres de sus miembros, como mínimo.

Art. 9º.- Para ser miembro del Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se requiere:

1) Nacionalidad paraguaya;

2) Tener 25 (veinticinco) años cumplidos; y,

3) Solvencia moral e idoneidad en la materia.

Los miembros Titulares del Directorio se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva.

Art. 10.- No podrán ser designados, ni en su caso, ejercer el cargo de Miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones:

a) Las personas suspendidas en el ejercicio de la ciudadanía;

b) Las personas que sean entre sí parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

c) Los inhibidos de bienes, los concursados y los fallidos;

d) Los incapaces para ejercer el comercio y los declarados tales según las leyes;

e) Los condenados por delitos, con penas privativas de libertad; y,

f) Los condenados a inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Art. 11.- Los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones no podrán ser directores, gerentes, socios, accionistas o empleados de personas físicas o jurídicas, sujetas a la supervisión de dicha comisión.

Art. 12.- Los miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones cesarán en sus cargos por:

a) Expiración del término de su designación;

b) Renuncia presentada al Poder Ejecutivo; y,

c) Destitución por Decreto del Poder Ejecutivo por faltas graves debidamente comprobadas, previo sumario administrativo.

Art. 13.- Las normas reglamentarias de la presente ley determinarán la forma y condiciones de funcionamiento de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Art. 14.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones tendrá su domicilio en la ciudad de Asunción y ejercerá su competencia en toda la República.

Art. 15.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones tendrá a su cargo la regulación administrativa y técnica y la planificación, programación, control, fiscalización y verificación de las telecomunicaciones conforme a la normativa aplicable y las políticas del Gobierno para el sector.

La Comisión ejercerá sus funciones en forma exclusiva, sin que ellas puedan ser delegadas ni objeto de avocamiento por parte de otros organismos del Estado.

Art. 16.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ejercerá las siguientes funciones:

a) Dictar los reglamentos en materia de telecomunicaciones;

b) Aprobar las normas técnicas;

c) Elaborar y aplicar el Plan Nacional de Telecomunicaciones y el Plan Nacional de Frecuencias con el objeto de regular el libre acceso al aprovechamiento del espectro radioeléctrico;

d) Administrar el espectro radioeléctrico;

e) Regular y fiscalizar las condiciones de elegibilidad para las concesiones y el otorgamiento y cesión de las licencias y autorizaciones;

f) Aplicar las sanciones previstas en la ley y en los correspondientes contratos de concesión, licencias y autorizaciones;

g) Estudiar y proponer al Poder Ejecutivo los regímenes tarifarios, tasas, derechos y aranceles de los servicios de telecomunicaciones y fiscalizar su aplicación;

h) Proponer al Poder Ejecutivo el régimen de seguridad en los sistemas de telecomunicaciones en los casos en que se declare el estado de excepción, previsto en el artículo 288 de la Constitución;

i) Adoptar reglas para establecer estándares técnicos y procedimientos para la aprobación de redes y equipos que aseguren que la interconexión, el uso de terminales y otros equipos no dañarán las redes;

j) Establecer las bases a las que deberán ajustarse los contratos de interconexión, controlar su cumplimiento y oficiar de árbitro a petición de las partes, a fin de dirimir eventuales controversias;

k) Prevenir conductas anticompetitivas y discriminatorias y las bajas o alzas artificiales de precios y tarifas;

l) Controlar el cumplimiento de las condiciones que establezcan los prestadores de servicios de telecomunicaciones a sus usuarios;

m) Percibir las tasas, derechos y aranceles en materia de telecomunicaciones, con los cuales financiará su operatoria, y supervisar su cumplimiento;

n) Homologar los equipos y sistemas de telecomunicaciones que se instalen en el país;

ñ) Llevar el Registro Nacional de Servicios de Telecomunicaciones, el que deberá ser público;

o) Resolver en la instancia administrativa las acciones interpuestas por usuarios, prestadores de servicios de telecomunicaciones o terceros interesados;

p) Elaborar y administrar su presupuesto conforme a las asignaciones fijadas en la presente ley y sus reglamentos;

q) Crear y estructurar las dependencias necesarias dentro de la misma, establecer sus funciones y atribuciones y modificarlas. Ejercer la supervisión de las mismas;

r) Administrar el Fondo de Servicios Universales, de acuerdo con las disposiciones de esta ley y sus normas reglamentarias;

s) Asesorar al Poder Ejecutivo acerca del régimen de prestación de nuevos servicios que se introduzcan en el mercado. Los nuevos servicios se prestarán en régimen de exclusividad, sólo cuando ello sea técnica o económicamente imprescindible;

t) Proponer al Poder Ejecutivo la actualización de la legislación en materia de telecomunicaciones;

u) Fomentar la investigación y asistencia técnica para el progreso y perfeccionamiento de las telecomunicaciones, estimulando el crecimiento de la industria nacional en dicho rubro;

v) Aprobar los reglamentos de las entidades que presten servicios de telecomunicaciones cuando ellas se adecuen a las normas establecidas en la presente ley y sus reglamentaciones;

w) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y las demás disposiciones conexas;

x) Determinar las normas de selección de corresponsales en el exterior para la prestación de servicios internacionales; e,

y) Fijar la equivalencia del franco oro y de la unidad monetaria del Fondo Monetario Internacional en moneda paraguaya, para su utilización en los servicios internacionales que correspondan de conformidad con los tratados y convenios internacionales vigentes y las normas del Banco Central del Paraguay.

Art. 17.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones está exenta del impuesto a la renta y de todo tributo sobre los inmuebles, los muebles y útiles, así como respecto a las actividades y operaciones que efectúe.

Art. 18.- Los bienes importados directamente por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones estarán libres de impuestos; y sólo podrán ser enajenados con autorización del Poder Ejecutivo, previa justificación de que ya no son adecuados para el cumplimiento de los fines de la entidad.

Art. 19.- Las telecomunicaciones en la República del Paraguay se clasifican en:

1) Servicios Básicos:

1.1.) Local;

1.2.) De Larga Distancia Nacional; y,

1.3.) De Larga Distancia Internacional.

2) Servicios de Difusión.

3) Otros Servicios.

1.1.) Servicios de Valor Agregado;

1.2.) Servicios Privados;

1.3.) Radioafición;

1.4.) Servicios de Radiodifusión de pequeña cobertura; y,

1.5.) Servicios Reservados al Estado.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones podrá incluir dentro del marco de la clasificación general establecida aquellos servicios y modalidades no considerados expresamente en la ley y los que surjan en el futuro como consecuencia del avance tecnológico y científico.

Art. 20.- Los servicios básicos son servicios públicos que se prestan en régimen de concesión. Los servicios de difusión y los servicios de valor agregado se prestan en régimen de licencia. Los clasificados en esta ley como "Otros Servicios" se prestan en régimen de autorización.

Art. 21.- Servicio básico es el servicio telefónico conmutado punto a punto mediante el uso de cable o radio fija, utilizada como sustituto o extensión de la red de cableado.

Art. 22.- A los fines de la instalación y operación de sistemas de telecomunicaciones afectados a la prestación de servicios básicos se destinará en forma preferencial el uso del suelo, subsuelo, y del espacio aéreo del dominio público o privado, nacional, departamental o municipal, con carácter temporario o permanente, y conforme lo determine la reglamentación. Este uso estará exento de todo gravamen.

Art. 23.- Cuando para la realización de una obra sea necesario trasladar, remover o modificar instalaciones de servicios básicos de telecomunicaciones, emplazados en bienes del dominio público, el gasto que se origine será de cargo exclusivo del interesado en la ejecución de la obra.

Art. 24.- Los prestadores de servicios básicos tienen derecho a efectuar las instalaciones correspondientes en o a través de inmuebles pertenecientes a particulares. En todos los casos se buscará la conformidad de los propietarios; de no lograrse, el Estado podrá expropiarlos por causa de utilidad pública o imponer servidumbres forzosas para llevar a cabo la instalación de los servicios de acuerdo con las leyes vigentes en la materia.

Art. 25.- Para la conservación de las instalaciones de los servicios básicos, sus prestadores podrán acceder a los bienes del dominio público o privado del Estado y a la propiedad privada de los particulares, en la forma y condiciones que determine la reglamentación.

Art. 26.- Siempre que el retiro de apoyos o instalaciones en terrenos abiertos, construcciones o edificios privados sea indispensable por causa de demolición, ampliación o modificación, el propietario estará exento de pagar los gastos que se originen en consecuencia.

En esta situación, se requerirá que la solicitud se curse con una anticipación de tres meses al retiro de las instalaciones que obstaculicen la realización de la obra.

Art. 27.- La emisión y la propagación de señales de comunicación radioeléctrica son de dominio público del Estado.

Se asegurará, en igualdad de oportunidades, el libre acceso al aprovechamiento del espectro radioeléctrico, sin más límites que los impuestos por los convenios internacionales ratificados por la República del Paraguay, y las normas técnicas vigentes en la materia. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones administrará el empleo de las señales de comunicación radioeléctrica.

Art. 28.- Son servicios de difusión los servicios de telecomunicaciones, que permiten la transmisión o emisión de comunicaciones en un solo sentido a varios puntos de recepción simultáneamente. Se consideran servicios de difusión, entre otros, los de radiodifusión sonora, televisión, cablecomunicación, teledistribución, radiodistribución y cabledistribución. Los mismos podrán ser explotados por personas físicas o jurídicas titulares de licencias conforme lo determine la reglamentación.

Las disposiciones reglamentarias de la presente ley señalarán las modalidades de los servicios de difusión.

Art. 29.- Los servicios de difusión se prestarán en régimen de libre competencia.

Art. 30.- Es requisito previo e indispensable para la prestación de servicios de difusión, obtener la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de los correspondientes proyectos o propuestas técnicas de las instalaciones y de los reglamentos técnicos y de servicios.

Art. 31.- La prestación de servicios de difusión requerirá de licencia.

Art. 32.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones establecerá el número máximo de licencias por persona.

Art. 33.- Se garantiza el derecho de libre recepción. La recepción de emisiones de radiodifusión será gratuita. La recepción de las emisoras de teledistribución y de toda otra forma de telecomunicaciones destinada a la distribución de programas sonoros o de televisión a un número determinado de puntos, podrá ser onerosa.

Art. 34.- Los servicios de difusión se instalarán y operarán conforme al Plan Nacional de Frecuencias. Los licenciatarios determinarán el equipo técnico y las características edilicias de sus plantas. El Plan Nacional de Frecuencias recogerá, para su formación, las normas técnicas de los tratados internacionales ratificados por la República del Paraguay.

En el Plan Nacional de Frecuencias, se reservará al Estado:

a) Una frecuencia para la prestación de servicios de televisión con sus correspondientes estaciones repetidoras que cubran todos los departamentos del país; y,

b) Una frecuencia para radiodifusión sonora en amplitud modulada (AM) de cobertura nacional; una frecuencia para radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM) en cada departamento y frecuencias en ondas cortas.

Art. 35.- Créase el Consejo de Radiodifusión, órgano dependiente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que estará integrado por el Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien lo preside, y por cinco miembros titulares, que representarán a:

1) Un representante de los licenciatarios de las radios de la capital.

2) Un representante de los licenciatarios de las radios del interior.

3) Un representante de los licenciatarios de estaciones de televisión.

4) Un representante de los trabajadores de radio y televisión organizados.

5) Un representante de los licenciatarios de la televisión por cable y teledirigida.

Art. 36.- Los miembros del Consejo de Radiodifusión serán nombrados por el Poder Ejecutivo dentro de treinta días de ser nominados y recaerán en personas que propongan los sectores citados en el artículo anterior. En caso de que no existan nominados, el Poder Ejecutivo nombrará directamente a los miembros que integrarán este Consejo.

El Poder Ejecutivo designará, al mismo tiempo, cinco miembros suplentes, en igual forma que los titulares.

Art. 37.- Los Miembros del Consejo de Radiodifusión durarán cinco años en sus funciones pudiendo ser reelectos por un período más. En caso de vacancia por muerte, incapacidad, renuncia o remoción de uno o más miembros titulares, entrarán a reemplazar a los mismos los suplentes respectivos hasta completar el período del titular.

Art. 38.- En caso de ausencia temporal o impedimento del Presidente del Consejo de Radiodifusión o cuando el cargo quede vacante, asumirá las funciones del Presidente el Miembro del Consejo Nacional de Telecomunicaciones designado al efecto hasta que se restituya el titular o sea nombrado un nuevo Presidente.

Art. 39.- Para sesionar el Consejo de Radiodifusión se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple.

Art. 40.- El Presidente y los miembros del Consejo de Radiodifusión no gozarán de retribución alguna por el desempeño de dicho cargo.

Art. 41.- Para ser Miembro del Consejo de Radiodifusión se requiere:

1) Nacionalidad paraguaya;

2) Tener 25 (veinticinco) años cumplidos; y,

3) Solvencia moral e idoneidad en la materia.

Art. 42.- No podrán ser designados, ni en su caso, ejercer el cargo de Miembros del Consejo de Radiodifusión:

a) Las personas suspendidas en el ejercicio de la ciudadanía;

b) Las personas que sean entre sí parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

c) Los inhibidos de bienes, los concursados y los fallidos;

d) Los incapaces para ejercer el comercio y los declarados tales según las leyes;

e) Los condenados por delitos, con penas privativas de libertad; y,

f) Los condenados a inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Art. 43.- Los Miembros del Consejo de Radiodifusión cesarán en sus cargos por:

a) Expiración del término de su designación;

b) Renuncia presentada al Poder Ejecutivo; y,

c) Faltas graves debidamente comprobadas, previo sumario administrativo.

Art. 44.- Son funciones del Consejo de Radiodifusión:

a) Asesorar y aconsejar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones respecto de todas las propuestas y proyectos de adjudicación de frecuencias;

b) Participar en la elaboración, modificación o actualización del Reglamento de Radiodifusión; y,

c) Evacuar las consultas que le formule la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Deben ser fundadas las Resoluciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que no hagan lugar a la adjudicación de frecuencias recomendada por el Consejo de Radiodifusión.

Art. 45.- Las normas reglamentarias de la presente ley determinarán la forma y condiciones de funcionamiento del Consejo de Radiodifusión.

Art. 46.- Se consideran servicios de valor agregado, aquellos que utilizando como soporte servicios básicos o de difusión, añaden alguna característica o facilidad al servicio que le sirve de base. Son servicios de valor agregado, entre otros, el facsímil, el videotex, el teletexto, la teleacción, el telemando, la telealarma, el almacenamiento y retransmisión de datos, el teleproceso y la telefonía móvil celular.

Las disposiciones reglamentarias de esta ley determinarán los servicios de valor agregado y sus modalidades.

Art. 47.- Los servicios de valor agregado se prestarán en régimen de libre competencia.

Art. 48.- La explotación de los servicios de valor agregado podrá ser realizada por personas físicas o jurídicas, observando las regulaciones contenidas en la presente ley y sus disposiciones reglamentarias. Los prestadores de estos servicios se inscribirán en el Registro Nacional de Servicios de Telecomunicaciones.

Art. 49.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones determinará los servicios de valor agregado que requerirán de licencia y las condiciones y términos de explotación de los mismos.

Art. 50.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá suspender un servicio de valor agregado, en caso de que su operación cause perjuicio a la red de telecomunicaciones.

Art. 51.- Los servicios de valor agregado que requieran de redes propias de telecomunicaciones, distintas a las de los servicios básicos, deben obtener expresa autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Art. 52.- Se consideran servicios privados de telecomunicaciones aquellos servicios establecidos por una persona física o jurídica para satisfacer sus propias necesidades de comunicación dentro del territorio nacional.

A efectos de su clasificación como servicios privados se considerarán como una misma persona a los socios, filiales y subsidiarias de una misma persona jurídica que opere como un conjunto económico.

Estos servicios no pueden ser brindados a terceros, salvo que se trate del suministro de servicios de valor agregado para el cumplimiento de su objeto social.

Art. 53.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones orientará, fomentará e impulsará la actividad de radioafición.

Art. 54.- A los efectos de la presente ley, se reconocerá como radioaficionado a aquella persona debidamente autorizada que se interese en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal, sin fines de lucro.

Art. 55.- La estación de radioaficionados no podrá destinarse a otro uso que el específico. El contenido de cada radiocomunicación entre radioaficionados deberá ajustarse a la finalidad establecida en la presente ley y su reglamentación.

Art. 56.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones determinará los requisitos para el otorgamiento de autorizaciones por categorías, su duración, instalación de equipos, funcionamiento de las estaciones y las condiciones en que proceda conceder autorizaciones a radioaficionados extranjeros en tránsito o con residencia temporaria en el país, conforme con las normas nacionales e internacionales en la materia.

Art. 57.- Constitúyese el servicio de radiodifusión alternativa, que incluirá las radios comunitarias, educativas, asociativas y ciudadanas, de pequeña y mediana cobertura. Una reglamentación especial establecerá el alcance, la potencia y las características técnicas de las mismas.

Art. 58.- El objetivo de estos servicios consiste en emitir programas de carácter cultural, educativos, artísticos e informativos sin fines de lucro.

Art. 59.- Podrán ser prestadores de la radiodifusión alternativa, las organizaciones intermedias sin fines comerciales, legalmente constituidas en el país, que no sean subsidiarias o filiales de empresas nacionales o extranjeras.

Art. 60.- Los servicios de telecomunicaciones reservados al Estado, por gestión directa o por sus entes públicos, son los siguientes:

- Servicios radioeléctricos de ayuda a la meteorología;

- Servicios radioeléctricos de ayuda a la navegación aérea;

- Servicios radioeléctricos de ayuda a la navegación fluvial y marítima;

- Servicios radioeléctricos de navegación aeroespacial;

- Servicios radioeléctricos de radio astronomía;

- Servicios de socorro y seguridad de la vida humana en los ríos de la República y en alta mar;

- Servicios de telecomunicaciones, información y auxilio en carretera; y,

- Aquellos servicios que afecten la seguridad de la vida humana, o cuando por razones de interés público así lo establezca el Poder Ejecutivo.

El Estado podrá otorgar en concesión la prestación temporaria de estos servicios a particulares en las condiciones que se determinen en las respectivas normas legales, reglamentarias y contractuales.

Art. 61.- Quedan exceptuadas de la clasificación de servicios de la presente ley, las telecomunicaciones instaladas dentro de un mismo inmueble que no utilizan el espectro radioeléctrico y no tengan conexión con redes exteriores.

Art. 62.- Se denomina concesión el acto jurídico mediante el cual el Estado cede a una persona física o jurídica la facultad de prestar un servicio público, por un plazo determinado. La concesión se perfecciona mediante contrato escrito, aprobado por el Congreso Nacional.

Art. 63.- Se denomina licencia el acto jurídico por el cual el Estado faculta a una persona física o jurídica el establecimiento y explotación de servicios de telecomunicaciones, que no requieran de concesión.

Art. 64.- Se denomina autorización el acto jurídico por el cual el Estado faculta a una persona física o jurídica a instalar equipos de radiocomunicaciones para uso privado, en un lugar determinado.

Art. 65.- Las licencias y autorizaciones serán otorgadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Art. 66.- Los derechos otorgados por el Estado en los artículos anteriores son intransferibles, salvo previa autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. La inobservancia de esta condición produce la resolución de pleno derecho del contrato de concesión o la anulación automática de la autorización o licencia.

El incumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de telecomunicaciones será pasible de las sanciones previstas en la presente ley.

Art. 67.- Las licencias y autorizaciones se ajustarán estrictamente a los requisitos que establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Art. 68.- Las condiciones que deberán reunir los que se postulen para titulares de licencias y autorizaciones, serán definidas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en las reglamentaciones respectivas.

Art. 69.- Toda modificación estatutaria de las entidades adjudicatarias de concesiones, autorizaciones o licencias, así como el cambio de los directores, administradores o apoderados deberán ser notificados en el plazo de treinta días de su acaecimiento, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones adjuntando los recaudos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley. Toda modificación de la titularidad de las acciones nominativas de las entidades que presten servicios de telecomunicaciones, requerirá previa autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Art. 70.- Las concesiones, licencias y autorizaciones estarán sujetas al pago de un derecho, por única vez, que deberá verificarse en el plazo de sesenta días de su obtención. La explotación comercial de los servicios estará sujeta al pago de una tasa anual de hasta el uno por ciento de los ingresos brutos del prestador.

Art. 71.- Las concesiones, licencias y autorizaciones otorgadas conforme a la presente ley se extinguen:

a) Por el vencimiento del plazo de vigencia y renovación de las mismas;

b) Por resolución o revocación por causas justificadas de acuerdo a la presente ley, previo sumario administrativo;

c) Por incapacidad sobreviniente o inhabilitación judicial del titular de la concesión, licencia o autorización, o por quiebra, disolución social o renuncia del mismo;

d) Por fallecimiento del titular de la concesión, licencia o autorización. En este caso los herederos tendrán preferencia para el otorgamiento de una concesión, licencia o autorización en condiciones similares a terceros interesados; y,

e) Por todo hecho o acto que implique la pérdida o modificación de los requisitos legales, reglamentarios y técnicos que se tuvieron en cuenta al tiempo de otorgarlos.

Declarada la extinción, el destino de los bienes afectados a la explotación o prestación del servicio será el determinado por la concesión, autorización o licencia. En todos los casos, el prestador deberá mantener la continuidad y regularidad del servicio en las mismas condiciones, hasta tanto la autoridad de aplicación disponga el cese efectivo y/o nombre un administrador interino.

Art. 72.- Las concesiones, licencias y autorizaciones se prorrogarán precariamente en la forma y condiciones de otorgamiento hasta que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se pronuncie sobre la renovación de las mismas o su otorgamiento a distinto titular. El plazo de la prórroga no podrá exceder de noventa días, prorrogable por única vez por otros noventa días.

Art. 73.- Las concesiones, licencias y autorizaciones otorgadas de acuerdo a la presente ley tendrán un plazo máximo de:

a) Veinte años para los servicios públicos de telecomunicaciones, renovables, según los términos establecidos en el contrato de concesión;

b) Diez años para los servicios de difusión, renovables por igual período por única vez, conforme a los términos establecidos en la licencia; y,

c) Cinco años para los demás servicios, renovables a solicitud del interesado.

Art. 74.- Las instalaciones de telecomunicaciones están sujetas a la homologación, inspección y contralor que determine la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con el objeto de garantizar la integridad de la red de telecomunicaciones, del espectro de radio y la seguridad del usuario.

Los titulares de concesiones, autorizaciones o licencias y usuarios de las mismas están obligados a facilitar esa función, en la forma y condiciones que establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Art. 75.- La conexión total o parcial de equipos o aparatos de telecomunicaciones requerirá de homologación, salvo las excepciones que establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones dictará las normas reglamentarias relativas a la homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones, y aprobará y publicará una lista de marcas y modelos homologados. La inclusión en esta lista supone el cumplimiento automático del requisito que exige este artículo. Esta lista será permanentemente actualizada de oficio o a petición de parte. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones tendrá la obligación de pronunciarse sobre la homologación de equipos y aparatos en el plazo que fije la reglamentación de la presente ley, pero no superior a los noventa días.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones propondrá al Poder Ejecutivo el monto de las tasas aplicables en el proceso de obtención de la homologación, con la finalidad de absorber los costos de las pruebas que deben realizarse en las tareas de verificación.

Art. 76.- Se prohíbe la comercialización y operación de equipos y aparatos de telecomunicaciones que no hayan sido homologados, no se ajusten a las disposiciones de la presente ley o su reglamentación, o hayan sido alterados mecánica o electrónicamente después de su homologación, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley y los reglamentos correspondientes.

Art. 77.- La interconexión de las redes de los servicios públicos de telecomunicaciones entre sí es de interés público; y por tanto obligatoria. Está prohibida la interconexión de servicios privados entre sí, salvo las excepciones que establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y se hallen previstas en la reglamentación correspondiente.

Art. 78.- Los acuerdos de interconexión deben constar por escrito y estar en armonía con los principios de neutralidad, no discriminación e igualdad de acceso. Su ejecución debe realizarse en los términos y condiciones que establezca la reglamentación; los mismos serán revisados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la cual podrá introducir las modificaciones necesarias conforme a la presente ley y sus disposiciones reglamentarias.

La interconexión debe realizarse en términos, condiciones y tarifas iguales a las de ofrecimiento a subsidiarias y afiliadas para servicios similares. Cuando ella sea interna a la compañía o a través de una subsidiaria o afiliada, los métodos contables apropiados deben instrumentarse de modo a identificar el tipo y costo de la interconexión.

Art. 79.- Los prestadores de servicios permitirán, facilitarán y en su caso realizarán la interconexión a sus redes de servicios y sistemas, de otros operadores de telecomunicaciones, de acuerdo con las normas que la reglamentación establezca y con lo previsto en las respectivas concesiones, licencias y autorizaciones. En caso de que las partes interesadas en la interconexión no logren ponerse de acuerdo, cualquiera de ellas podrá someter la controversia a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la que resolverá directamente o requiriendo la intervención de terceros.

Art. 80.- La forma, modo y condiciones de intercambio interno de telecomunicaciones entre las distintas empresas prestadoras de servicios públicos, se establecerán por acuerdo de partes, los cuales para su validez deberán ser presentados a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Art. 81.- Sin perjuicio de los demás derechos que la presente ley y sus disposiciones reglamentarias consagren a favor de los abonados y usuarios, en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, las concesiones, autorizaciones y licencias establecerán y garantizarán el principio de igualdad de trato y sus titulares se obligarán a prestar los correspondientes servicios sobre una base justa y razonable, debiéndoseles otorgar idéntico tratamiento en iguales situaciones.

Art. 82.- El usuario tiene derecho a elegir el operador del servicio de telecomunicaciones que a su criterio le convenga. A tal efecto los prestadores de servicios de telecomunicaciones se abstendrán de realizar prácticas que impidan o distorsionen el derecho del usuario a la libre elección.

Art. 83.- Los titulares de concesiones y licencias someterán a consideración de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones los modelos de contratos de servicios necesarios y sus modificaciones, con la finalidad de obtener la aprobación de las condiciones de prestación de los mismos.

Art. 84.- Los titulares de concesiones y licencias establecerán mecanismos eficientes de recepción de quejas y reparación de fallas e informarán a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el número de quejas, el resultado de las reparaciones y el otorgamiento de compensaciones a los abonados derivados de la interrupción de los servicios.

Art. 85.- Los titulares de concesiones y licencias deberán establecer y mantener un eficiente servicio de atención a los abonados y usuarios, dentro de los parámetros que indiquen las disposiciones reglamentarias aplicables, no pudiendo hacer por motivo alguno discriminaciones injustas o no razonables dentro de cada una de las distintas categorías de abonados y usuarios.

Art. 86.- Los titulares de concesiones y licencias sólo podrán suspender la prestación de servicios, en los casos previstos en las disposiciones reglamentarias de la presente ley y sus respectivos contratos.

Art. 87.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones deberá realizar actuaciones destinadas a fiscalizar si los términos y condiciones de las concesiones, licencias y autorizaciones se cumplen y se adecuan a las normas de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias, ya sea de oficio o a petición de usuarios, o de terceros interesados. Las operaciones de fiscalización, salvo en caso de violaciones graves, evitarán perturbar la gestión del prestador.

Art. 88. Los titulares de la explotación de servicios de telecomunicaciones facilitarán a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el ejercicio de sus facultades de control. Asimismo deberán presentar balances y estados de cuenta en la forma y oportunidad que establezca dicha autoridad. Quedan excluidos de dicha obligación las personas que exploten servicios bajo autorización.

Art. 89.- Se establece la inviolabilidad del secreto de la correspondencia realizada por los servicios de telecomunicaciones y del patrimonio documental, salvo orden judicial. Esta disposición es aplicable tanto al personal de telecomunicaciones, como a toda persona o usuario que tenga conocimiento de la existencia o contenido de las mismas.

Art. 90.- La inviolabilidad del secreto de la correspondencia de telecomunicaciones importa la prohibición de abrir, sustraer, interferir, cambiar texto, desviar curso, publicar, usar, tratar de conocer o facilitar que persona ajena al destinatario tenga conocimiento de la existencia o el contenido de comunicaciones confiadas a prestadores de servicios y la de dar ocasión para cometer tales actos.

Art. 91.- Es obligación de los titulares de la explotación de servicios públicos de telecomunicaciones, publicar y distribuir en forma gratuita las guías y nóminas de sus respectivos usuarios abonados, de conformidad con las normas reglamentarias correspondientes. Los usuarios tendrán derecho a la no inclusión de sus nombres en dichas guías y nóminas.

Art. 92.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones establecerá la estructura y niveles tarifarios, así como los criterios para su determinación y los procedimientos para su modificación, conforme a las disposiciones reglamentarias de la presente ley y los siguientes principios:

a) Las tarifas de los servicios públicos se establecerán en base a un sistema de precios máximos;

b) Las tarifas de los demás servicios estarán sujetas al control de razonabilidad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones;

c) Las tasas y tarifas correspondientes a los servicios internacionales se regirán por las disposiciones que determine la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, considerando los convenios en los que el país sea parte y los principios y recomendaciones internacionales;

d) Los derechos y tasas para la utilización del espectro radioeléctrico se fijarán de acuerdo al régimen que establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta la cantidad y clase de estaciones, la naturaleza de los servicios, el consumo de frecuencias, las características de las emisiones, requerimientos, horarios y demás factores que incidan en el uso racional del espectro radioeléctrico; y,

e) En aquellas zonas en que no exista disponibilidad de servicios públicos de telecomunicaciones eficientes o imperen razones de interés público o social, de fomento y promoción regional, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones determinará con carácter temporal la aplicación de tarifas y tasas diferenciales reducidas.

Art. 93.- Las tarifas a fijarse por los prestadores de servicios de telecomunicaciones, se regirán por las siguientes pautas:

a) Deberá publicarse en dos diarios de gran circulación en la jurisdicción donde operan, dentro de los treinta días de entrada en vigencia de las respectivas concesiones, licencias o autorizaciones, la estructura general de sus tarifas con los valores expresados en una unidad no monetaria y el valor monetario de dicha unidad;

b) En lo sucesivo, deberán publicarse por los mismos medios indicados en el inciso precedente, el cambio de valor de la unidad utilizada y, en su caso, las modificaciones de la estructura antes de su aplicación;

c) Remitir, contemporáneamente a la referida publicación, copia firmada de la misma a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones;

d) Tener un ejemplar actualizado de las tarifas a disposición de los usuarios;

e) Las guías de abonados a ser suministradas a los usuarios, incluirán una síntesis de las tarifas en los aspectos que sean de mayor interés para dichos usuarios;

f) Proporcionar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones toda la información contable y de costos, que la misma oportunamente requiera; y,

g) Cumplir las demás condiciones que con respecto al régimen tarifario imponga la concesión, licencia o autorización respectiva.

Art. 94.- Las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones pueden establecer libremente las tarifas, siempre que no excedan los precios máximos fijados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Art. 95.- La fijación de tarifas de los demás servicios es libre y se regula por la oferta y la demanda, sujeta al control previsto en el artículo 92, inc. b) de esta ley. No obstante, la Comisión podrá establecer tarifas en mercados no suficientemente competitivos.

Art. 96.- Se prohíben las prácticas concertadas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.

Art. 97.- Créase el Fondo de Servicios Universales, que será administrado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con la finalidad de subsidiar a los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones en áreas que así lo justifiquen. La reglamentación de la presente ley establecerá los sujetos y condiciones de contribución a dicho Fondo y definirá dichas áreas.

Art. 98.- Los titulares de concesiones, licencias o autorizaciones y en general las personas físicas o jurídicas, sometidas a la supervisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, serán pasibles de las sanciones previstas en el presente capítulo, cuando infrinjan normas de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias.

El ejercicio de la potestad disciplinaria, a que se refiere este capítulo, corresponde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Las actuaciones judiciales que se lleven a cabo ante la eventual concurrencia de delitos o faltas sancionadas por el Código Penal, serán independientes de la actuación administrativa, como también lo serán las sanciones que en cada instancia se apliquen, las que pueden ser acumulativas.

Art. 99.- Se consideran normas de ordenación y disciplina de la actividad de telecomunicaciones, las leyes y disposiciones administrativas de carácter general que contengan preceptos específicos referentes a la materia y de obligada observancia para su cumplimiento. Se entienden especialmente comprendidas las resoluciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y las normas técnicas aprobadas en los términos de la presente ley.

Art. 100.- A efectos de la clausura provisional y de la incautación provisional de equipos la Comisión Nacional de Telecomunicaciones oficiará al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, para que por el solo mérito de dicho oficio y la transcripción de la resolución de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que autoriza la medida, disponga el diligenciamiento correspondiente, y el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario.

La prestación ilegal del servicio importará para quienes resulten responsables la inhabilitación por el término de cinco años duplicables en caso de reincidencia, contados desde la declaración de ilegalidad, para ser titulares, socios o miembros de órganos titulares de concesiones, licencias y autorizaciones de servicios de telecomunicaciones.

Art. 101.- Los titulares de concesiones, licencias y autorizaciones, responsables de contravenciones a la presente ley y sus disposiciones reglamentarias, serán pasibles de las siguientes sanciones:

a) Llamado de atención;

b) Apercibimiento;

c) Multa de 3 (tres) a 1.000 (un mil) salarios mínimos mensuales establecidos para trabajadores de actividades diversas no especificadas en la capital o hasta el ciento por ciento de la suma contravenida, de acuerdo a la gravedad de la infracción;

d) Suspensión de la concesión, licencia o autorización;

e) Cancelación de la concesión, licencia o autorización;

f) Decomiso o incautación; y,

g) Devolución de la tarifa y/o devolución a los usuarios.

Las sanciones se aplicarán:

a) Teniendo en cuenta las particulares características y gravedad de la falta; y,

b) Previo sumario administrativo en el que se dará intervención al inculpado o inculpados, garantizando el derecho a la defensa.

Las sanciones se aplicarán previo sumario administrativo en el que se dará intervención al inculpado o inculpados, garantizando el derecho a la defensa.

La sanción prevista en el apartado e) solamente podrá adoptarse por unanimidad de votos de los miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Art. 102.- Se consideran faltas las infracciones a las normas de ordenación y disciplina. Se clasificarán en graves y leves.

La tipificación de una acción u omisión como infracción de una determinada clase es absolutamente independiente de la concurrencia o no de circunstancias modificativas de la responsabilidad. La concurrencia de los mismos sólo es apreciable para la graduación de la sanción.

Art. 103.- Son infracciones leves aquellas acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de normas legales o técnicas de obligada observancia que la presente ley no califique como infracciones graves.

Son consideradas infracciones leves, en particular, las facturaciones mal efectuadas o mal aplicadas, y el no cumplimiento de las etapas de tramitación previstas en la reglamentación para atención de quejas de los usuarios.

Art. 104.- Constituye infracción grave:

a) La realización de actos sin previa autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en los casos que sea expresamente requerida, o con inobservancia de las condiciones básicas establecidas;

b) La simulación o fraude que desvirtúe los términos y alcance de la concesión, licencia o autorización;

c) No iniciar la prestación de servicios de telecomunicaciones regulares en el plazo y condiciones previstos en la ley, en la concesión, licencia o autorización;

d) El incumplimiento de las limitaciones o prohibiciones temporales impuestas a titulares de concesiones, licencias o autorizaciones como sanción por infracciones graves o leves;

e) Incumplir las normas técnicas en perjuicio directo o indirecto de los usuarios y de terceros;

f) La reincidencia en infracciones de carácter leve;

g) Ocultar información, o suministrar información falsa o distorsionada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o a cualquiera de sus reparticiones;

h) Las interrupciones totales o parciales del servicio; e,

i) El incumplimiento en la presentación en tiempo y forma de los documentos e información que estipule la concesión, licencia o autorización y las disposiciones reglamentarias de la presente ley.

Art. 105.- Además de las sanciones que corresponda imponer a los titulares de concesiones, licencias o autorizaciones, por la comisión de las infracciones mencionadas más arriba, se impondrán a cada uno de sus Directores, Gerentes y Administradores, en su caso, las siguientes sanciones:

Por infracciones graves:

a) Apercibimiento público;

b) Multa, equivalente de 10 (diez) a 100 (cien) salarios mínimos mensuales, establecidos para trabajadores de actividades diversas no especificadas de la capital de la República; y,

c) Remoción del cargo con inhabilitación, por un período de 3 (tres) a 10 (diez) años, para el ejercicio de cargos de director, gerente o administrador de entidades sometidas a la supervisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Por infracciones leves:

a) Apercibimiento privado; y,

b) Multa, equivalente de 1 (uno) a 20 (veinte) salarios mínimos mensuales, establecidos para trabajadores de actividades diversas no especificadas de la capital de la República.

Art. 106.- Las acciones derivadas de las infracciones graves prescriben a los tres años contados a partir de la fecha de la infracción.

Las acciones derivadas de las infracciones leves prescriben al año de la fecha de la infracción.

En caso de que la infracción consista en una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo del plazo de prescripción será la de la última actuación.

La prescripción se interrumpe por el inicio de sumario administrativo, y por las demás causas previstas en el Código Civil.

Art. 107.- Los titulares de concesiones, licencias o autorizaciones son responsables de las infracciones a las normas técnicas, de ordenación y disciplina cometidas por sus empleados o administradores. Ningún titular de concesión, licencia o autorización puede eximirse de responsabilidad por la actuación culposa o dolosa de sus administradores o empleados.

Art. 108.- Para la imposición de sanciones se atenderá a los siguientes criterios:

a) Naturaleza de la infracción;

b) Gravedad del peligro o perjuicio causado;

c) Beneficio obtenido como consecuencia de la infracción;

d) Subsanación de la infracción por propia iniciativa; y,

e) Conducta anterior del titular de la concesión, autorización o licencia, en relación con las normas de ordenación y disciplina, considerando sanciones firmes impuestas en los últimos cinco años.

Art. 109.- No serán pasibles de sanción:

1) El incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor.

2) Las deficiencias en las prestaciones, causadas por trabajos de ampliaciones y mejoras o por reparaciones de los sistemas e instalaciones afectados en cuanto se originen en los mismos, debiendo el concesionario o autorizado presentar la prueba pertinente de descargo.

Art. 110.- Las infracciones deben probarse en sumario administrativo, a instruirse por un juez sumariante, funcionario de la asesoría legal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con título de abogado y designado a ese efecto. Debe intervenir el inculpado, el defensor que él designe o un defensor de oficio.

Art. 111.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenará la instrucción de sumario, el que se iniciará con escrito fundado y bajo firma responsable, conteniendo la relación completa de los hechos, actos u omisiones que se le imputen al inculpado. Dicho escrito deberá acompañarse con la totalidad de la prueba documental pertinente. Deberán acompañarse a la notificación las copias para traslado.

Art. 112.- Los plazos son perentorios e improrrogables. Se computarán solamente los días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación respectiva. Los no expresamente determinados son de cinco días.

Art. 113.- Las notificaciones se practicarán conforme a las prescripciones establecidas en el Código Procesal Civil.

Art. 114.- El sumariado dispondrá de un plazo de nueve días para presentar su escrito de defensa, acompañado de la documentación pertinente, y de las pruebas que hagan a su derecho.

Art. 115.- Presentados los descargos, si procediese se abrirá un término de prueba de quince días, pudiendo el Juez sumariante ordenar de oficio o a petición de parte el cumplimiento de medidas de mejor proveer.

El número de testigos no podrá exceder de cuatro por cada parte.

Art. 116.- Vencido el plazo de prueba y en el término de cinco días, el interesado podrá presentar escrito alegando sobre el mérito de la prueba.

Art. 117.- Presentado el alegato o vencido el plazo de su presentación, el juez instructor del sumario producirá su dictamen y elevará el sumario a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que dicte resolución definitiva en el término de veinte días hábiles. Caso contrario el sumariado se considerará sobreseído.

Las resoluciones deben contener, bajo pena de nulidad, las siguientes constancias:

a) Lugar y fecha;

b) Individualización del órgano que dicta la resolución y de los sumariados;

c) Apreciación y valoración de los descargos y pruebas;

d) Fundamentos de hecho y derecho de la resolución;

e) Determinación de las infracciones y las sanciones aplicadas, en su caso;

f) Orden de que se notifique el acto de determinación; y,

g) Firma del funcionario competente.

Art. 118.- Contra la resolución definitiva dictada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones procederá el recurso de reconsideración en el término perentorio de cinco días hábiles desde la notificación de dicha resolución, debiendo el directorio de la Comisión expedirse en el plazo de diez días hábiles.

Art. 119.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior contra la resolución definitiva de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones puede plantearse acción contencioso-administrativa, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación de esa resolución definitiva o, en su caso, de la resolución que ella dicte en el recurso de reconsideración.