Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: L., L. F. s/ Reconocimiento de filiación. (AI N° 2684)

Considerando: Que, el art. 557 del CPC dispone: “Citará (el actor) además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haber infringido, fundando en términos claros y concretos su petición... En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más tramite la acción”.

Que, el art. 12 de la Ley N° 609/95 establece: “No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la Ley, acto normativo, sentencia definitiva interlocutoria”.

Que, el accionante funda su pretensión en las disposiciones contenidas en los arts. 33, 54 y 60 de la CN y sostiene entre otras cosas que: “... El derecho de un niño, de cualquier niño debe ser prevalente. No obstante a ello el a quo y el Tribunal desconociendo este derecho prevaleciente y en forma inconstitucional e ilegal, fundan su fallo erróneamente en cuestiones meramente procesales como lo es la bilateralidad y el control de prueba... se ha violentado groseramente el principio constitucional de la defensa en juicio y donde hay indefensión hay utilidad...”.

Que, las irregularidades señaladas por el recurrente, únicamente denotan su discrepancia con la apreciación del Juzgado y el Tribunal de Apelación en cuanto a la forma de realización de la prueba pericial de ADN y extracción sanguínea. Conforme se desprende de los argumentos esgrimidos, el impugnante pretende convertir a esta Corte indebidamente en una tercera instancia, al plantear cuestiones que ya han sido debidamente consideradas y estudiadas en las instancias inferiores, en el marco de un proceso de filiación en pleno trámite y pendiente de prueba. Además los fundamentos expuestos no acreditan fehacientemente las conculcaciones de los principios constitucionales que sostiene haberse infringido. Asimismo, debe agregarse que la lesión señalada por el accionante se basa exclusivamente en la interpretación efectuada en las decisiones judiciales, sin embargo esto no constituye en absoluto una justificación concreta de una trasgresión constitucional.

Que, el impugnante podrá discrepar con los fundamentos de los fallos atacados, pero mientras en estos no se aprecian transgresiones de normas legales, dicha situación resulta insuficiente para sustentar una acción de esta naturaleza. La proposición constitucional debe ser clara y precisa.

Que, al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por las disposiciones citadas con anterioridad, corresponde el rechazo de la acción sin más trámite.