Excepción de Inconstitucionalidad en la causa: Villalba Ayala, Osvaldo y Cristaldo Mieres, Manuel s/ Privación de libertad, secuestro, tentativa de homicidio, robo agravado y asociación criminal en Kurusu de Hierro. (Ac. y Sent. N° 225)

Durante el proceso penal no se podrán otorgar medidas alternativas, ni la prisión preventiva decretada podrá ser modificada por una medida sustitutiva cuando el hecho sea tipificado como crimen que lleve aparejado la vulneración de la vida o la integridad de la persona como resultado de una conducta dolosa; tampoco se podrá modificar la prisión preventiva cuando el imputado esté incurso en los presupuestos previstos en el numeral tercero del art. 75 del CP; o, cuando el sindicado esté imputado en otras causas, por la comisión de crímenes que lleven aparejados la vulneración de la vida o la integridad de las personas, como resultado de una conducta dolosa".

3.- La excepción debe ser rechazada.

El Estado, como garante de la seguridad de los ciudadanos y la paz social, tiene el deber y la facultad de dictar normas hacia dicho fin, restringiendo, de modo razonable, los derechos de los procesados, a fin de preservar la efectiva realización de la justicia. El Estado debe perseguir el ilícito para dar cumplimiento a su obligación de "garantizar el derecho a la justicia de las víctimas", como un corolario necesario de la garantía de obtener una investigación judicial a cargo de un Tribunal competente, imparcial e independiente.

Del sistema constitucional (Constitución y tratados internacionales) pueden extraerse las condiciones a que debe ajustarse cualquier programa elemental de política criminal, de manera de equilibrar las restricciones a los derechos, sin que ellas constituyan mayor desvalor que el perseguido. Por un lado, ese sistema establece valores y bienes individuales o sociales que reconoce como tales, a la vez que dispone las formas de su tutela, dándole contenido y límites a los poderes que a tal fin instituye, a fin de garantizar la vigencia de los derechos que reconoce a los ciudadanos, preservándolo de que concurran o se repitan los comportamientos dañinos a sus derechos tanto privados, como públicos, que prohíbe por disvaliosos y perjudiciales para sí mismos como para la convivencia social.

Dentro de este marco de intenciones de preservar la armoniosa convivencia social, el Estado, a través del Poder Legislativo, dictó la Ley N° 2493/2004, que modifica el art. 245 del CPP, en el sentido de que: "... no se podrán otorgar medidas alternativas, ni la prisión preventiva decretada podrá ser modificada por una medida sustitutiva cuando el hecho sea tipificado como crimen que lleve aparejado la vulneración de la vida o la integridad de la persona como resultado de una conducta dolosa...", que si bien constituye una restricción a la figura de la prisión preventiva, no pretende, en sí misma, agravar la situación del procesado, sino garantizar su efectiva comparecencia a juicio y devolver la paz y seguridad que a raíz del hecho ilícito se vio alterada. Medidas como la regulada por la Ley N° 2493/2004, es producto de la ponderación de dos valores: la libertad personal y la seguridad social, y la determinación política de inclinar la balanza hacia la paz social y la seguridad ciudadana.

Dicho lo cual, la Ley N° 2493/2004, no puede ser considerada inconstitucional, pues es el resultado de una política criminal tendiente a garantizar la armonía y seguridad social y el efectivo ejercicio de la justicia, a través del proceso y el posterior juicio oral, donde se determinaran las responsabilidades de los supuestos infractores.

Que en suma, no encuentro fundamentos suficientes que autoricen a suponer la inconstitucionalidad de la Ley N° 2493/2004, pues el mismo lejos de ser una violación de garantías y principios de rango constitucional, son una materialización de derechos fundamentales reconocidos a por nuestra Carta Magna y demás Tratados y Pactos Internacionales sobre la materia. En consecuencia, voto por el rechazo de la excepción de inconstitucionalidad intentada, por los fundamentos expuestos precedentemente. Es mi voto.

La Dra. Bareiro de Módica manifestó: De las constancias remitidas por el Juez de Garantías de Horqueta, Abog. Hernán Centurión G., los representantes de la defensa técnica, Abogs. J. A. M., M. J. D. y A. R., en oportunidad de la realización de la audiencia prevista en el art. 242 del CPP, luego de realizar algunas consideraciones respecto al acta de imputación formulado contra Estela Agüero de Meza, Zonia Ignacia Muños de Peres, Juan Simón Ovelar Irala, Sindulfo Agüero Insaurralde, Sixto Sánchez y Antonio Ramón Bernal Maíz manifestando que dicha Ley viola los arts. 46 y 19 de la CN, alegando que la citada Ley 2493/04 contradice el art. 19 de la CN que establece los presupuestos fácticos y jurídicos por el cual se puede aplicar prisión preventiva, igualmente el art. 46 de la igualdad de las personas que establece que todos los habitantes de la República somos iguales en dignidad y derechos. Siguen refiriendo que la ruptura del principio de igualdad se basa en la imposibilidad de que personas en iguales situaciones en este caso procesadas por un hecho punible sea imposibilitada de acceder a medidas menos gravosas que la prisión preventiva por el solo hecho de la atribución de un crimen.

Comparto la posición de los ilustres Ministros que me antecedieron, en el sentido que la presente Excepción de Inconstitucionalidad debe ser rechazada; sin embargo, disiento en los motivos de la improcedencia de dicha excepción opuesta, por cuanto sigue:

De la integra lectura de los argumentos contenidos en las respectivas actas labradas en oportunidad de la audiencia prevista en el art. 242 del CPP, las cuales concuerdan íntegramente en lo que se refiere a los alegatos en que se sustenta el recurrente para atacar de Inconstitucional la Ley 2493/04, al momento de ser oídos cada uno de los imputados; se puede inferir que la Excepción de Inconstitucionalidad opuesta no se encuentra debidamente fundada, pues resulta insostenible: 1. que se vea afectado el principio de igualdad de las personas por la imposibilidad de acceder a medidas menos gravosas que la prisión preventiva, por aplicación de la Ley 2493/04, por el solo hecho de la atribución de un crimen; 2. que se vea vulnerado el art. 19 de la CN por deficiencias del Requerimiento Fiscal, cuyas deficiencias fundamenten la inaplicabilidad del auto de prisión y a la vez sean alegados como fundamento de la Excepción opuesta.

La simple mención de las normas constitucionales supuestamente infringidas contrastadas con los argumentos del recurrente no resisten al menor análisis, resultando insuficientes a los efectos del conocimiento y comprensión de la justificación de los extremos alegados, todo ello sumado al hecho que fueron opuestas antes de la efectiva aplicación de la Ley cuestionada y como forma de impedir el pronunciamiento del Juez de Garantías respecto a las medidas cautelares.

Que es criterio de esta Alta Magistratura que al momento de la oposición de la Excepción de Inconstitucionalidad, ésta debe satisfacer los mismos requerimientos establecidos en el art. 557 del CPC para la promoción de una Acción de Inconstitucionalidad, claro está, adaptados al caso. En otras palabras, se debe individualizar el instrumento normativo cuestionado, el juicio en el cual se lo pretende aplicar, citar la norma constitucional violada fundando en términos claros y concretos la petición de manera a conocer las razones específicas, debiendo igualmente ser coherentes y aprehensibles a los sujetos procesales, e interponer la excepción en el plazo fijado de nueve días, por lo que la omisión de uno de los requisitos, torna inviable la pretensión.

La posición adoptada por esta Ministra fue compartida por el Fiscal Adjunto Abog. Patricio Gaona Franco, a través del Dictamen N° 145 del 12.02.2010, solicitó se declare inadmisible la Excepción de Inconstitucionalidad opuesta por la defensa de los imputados Estela Agüero de Meza, Zonia Ignacia Muños de Péres, Juan Simón Ovelar Irala, Sindulfo Agüero Insaurralde, Sixto Sánchez y Antonio Ramón Bernal Maíz, sin examinar el fondo de la cuestión planteada, alegando que el abogado excepcionante incumplió con la carga que le atañe de justificar debidamente la lesión concreta que le ocasiona la aplicación de la Ley cuya inconstitucionalidad pretende.

Finalmente, al observarse que el excepcionante no expuso debidamente con fundamentos razonables y coherentes con el diseño constitucional y normas procesales que reglamentan el sistema de enjuiciamiento penal, que determinarían un control de constitucionalidad de la Ley 2493/04 que la tornarían inaplicable en dicho proceso, voto por el rechazo de la presente Excepción de Inconstitucionalidad, planteada por la Defensa técnica, por los fundamentos esgrimidos precedentemente. Es mi voto.

El Dr. Fretes manifestó: Adherirse al voto del Ministro preopinante, Dr. Núñez Rodríguez, por los mismos fundamentos.

Por los méritos del Acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: No hacer lugar a la excepción de inconstitucionalidad promovida. Anotar, registrar y notificar.- Víctor M. Núñez Rodríguez.- Gladys E. Bareiro de Módiga.- Antonio Fretes.- Sec.: Héctor Fabián Escobar Díaz.-