Aquino Riveros, Orlando Juan Antonio

6) Que, el art. 105 del C.P.C., dispone: "Idioma. Designación de traductor o intérprete... Únicamente podrán agregarse a los autos documentos redactados en lengua extranjera cuando fueren vertidos al español por traductor público".

7) En cuanto a los documentos agregados por la parte codemandada, Financiera Parapití, a fs. 493/508 de autos, documentos idénticos a los agregados por la parte actora a fs. 77/83, 89/97 de autos, resulta manifiesto que no se ha violentado ninguno de los principios constitucionales mencionados por el accionante, atendiendo al principio de adquisición procesal.

8) El citado principio cumple dos funciones, identificadas por los doctrinarios como "función objetivadora" y "función expropiadora". La primera de estas funciones consiste en incorporar al proceso las resultas de ciertas actividades procedimentales (pruebas), sin tener en cuenta la parte que lo propuso. Así, las pruebas producidas pertenecen al proceso y no al proponente de la prueba.

9) Resulta irrelevante, en virtud a la adquisición procesal, ordenar el desglose de documentos idénticos a los presentados por el accionante. Además, no puede hablarse de que la agregación de estas pruebas documentales por el demandado violenta los principios constitucionales del debido proceso, defensa en juicio, independencia y legalidad, por el hecho de que no estén traducidos al idioma castellano, dado que los mismos documentos fueron agregados, en las mismas condiciones (idioma inglés), por el accionante.

10) En cuanto a los documentos agregados a fs. 515/518, la parte accionante no puede invocar agravio o supuesta violación a los principios constitucionales "ut supra" citados desde el momento que él mismo participó de su confección y elaboración. La buena fe (arts. 372, 714, 715 y concordantes del Código Civil) así como la teoría de los actos propios (art. 708 C.C.) son aspectos de fundamental peso que deben considerarse en la solución del presente caso. Por lo demás, el art. 15 de la C.N. dispone: "La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable...". Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el "debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial".

11) Al no negar el contenido del documento ni su firma, el hecho de que los documentos no estén traducidos al idioma español no priva al accionante de su derecho a la defensa en juicio, dado que los documentos impugnados no son ajenos a su conocimiento y entendimiento.

12) El art. 17 de la Carta Magna dispone: "De los derechos procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a:... 8) que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas; 9) que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas...".

13) Es sabido que el momento procesal en que se aprecia el material probatorio es al tiempo de dictar sentencia. El art. 269 del C.P.C. expresa: "Apreciación de las pruebas. Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción de conformidad con las reglas de la sana crítica. Deberán examinar y valorar en la sentencia todas las pruebas producidas, que sean esenciales y decisivas para el fallo de la causa. No están obligados a hacerlo respecto de aquellas que no lo fueren". Este es el momento (al dictar sentencia), donde el tribunal estimará el mérito o valor de las pruebas producidas, acogiendo aquellas esenciales y decisivas, y dejando de lado las innecesarias, superfluas o inconducentes.

14) En este entendimiento, al accionante no se le privó del derecho a ofrecer, practicar, controlar e impugnar pruebas, y, como tampoco existe aún apreciación del material probatorio, no puede hablarse de que se le han opuesto pruebas obtenidas en violación a normas jurídicas, que derivaron en una pena o sanción en su contra. En síntesis, no existe un gravamen real al accionante.

15) En otro orden de ideas, en lo concerniente al rechazo de las medidas cautelares solicitadas, es menester considerar lo dispuesto por el art. 12 de la Ley N° 609/95 que establece: "No se dará trámite a la demanda que no precisa la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la Ley, acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria", esto, en concordancia del art. 557 del C.P.C. que dispone: "Citará (el actor) además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos su petición".

16) El accionante, en su escrito de promoción no efectúa una adecuada fundamentación de la inconstitucionalidad de la resolución impugnada en la parte concerniente a las medidas cautelares, solo se limita a manifestar la supuesta violación del principio del debido proceso y la no sujeción a la Ley 1.034/83.

17) Además, la simple crítica a las apreciaciones de los juzgadores en lo que hace a la demostración de la verosimilitud del derecho invocado, presupuesto genérico de las medidas cautelares, no constituye motivo suficiente para la proposición constitucional.

Por tanto, atento a las manifestaciones que anteceden, en concordancia con el dictamen fiscal agregado, corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida, con costas.

El doctor Fretes dijo: El Dr. Roberto Ruiz Díaz Labrano, en nombre y representación de Orlando Juan Antonio Aquino, promovió acción de inconstitucionalidad contra el A.I. N° 612 del 14 de junio del 2005, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, quinta sala.

Analizadas las compulsas de los autos traídos a la vista de esta sala surge que la parte actora solicitó una medida cautelar, que le fue denegada por providencia del 26 de junio del 2003, fojas 543, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del cuarto turno. La misma representación procesal solicitó el desglose de documentos agregados por la demandada Financiera Parapití SAECA y agregados a fojas 493/508 y 515/518, que fueron proveídos favorablemente por el juzgado, el 25 de julio del 2003, a fojas 566 vuelto. Apeladas ambas providencias por las partes, el tribunal de apelación dictó el auto objeto de la presente acción, por el cual se confirmó el proveído del 26 de junio del 2003, se revocó el proveído del 25 de julio y se impuso las costas en el orden causado.

Argumenta el recurrente que el auto impugnado es violatorio de los principios del debido proceso legal, de la defensa en juicio y el de legalidad, cuando ordena la agregación de documentos que oportunamente su parte se opuso, en razón de que se apartaba de lo dispuesto por el art. 105 del Código Procesal Civil.

Del análisis de los argumentos expuestos por las partes, surge en primer lugar que el accionante no expresó agravio alguno referente al tema de la medida cautelar, por lo que su estudio no corresponde, conforme lo dispuesto por el art. 12 de la Ley N° 609/95. Ahora bien, en cuanto al agravio de la agregación de prueba documental ofrecida por la demandada, se puede notar que el tribunal de apelación revocó la providencia por la cual se dispuso el desglose de los documentos agregados por la parte demandada. Es importante hacer notar aquí que el tribunal de alzada se extralimitó en sus funciones, al disponer se agreguen las documentaciones presentadas por la Financiera Parapití SAECA, supuestamente en base al principio de igualdad. Lo que ocurrió fue que, si bien es cierto la actora presentó los mismos documentos con el escrito de demanda, la firma accionada no cuestionó dicha documentación aportada por la actora y la resolución del tribunal no hace otra cosa sino suplir la negligencia de la demandada, a la cual le precluyó el momento procesal para solicitar el desglose de los documentos de la actora.

Allí, entonces, queda configurada la violación del debido proceso legal y, además, el principio dispositivo que campea en la legislación procesal civil. En estas condiciones, al existir violación al art. 256 de la Constitución Nacional, no queda otra opción que la de admitir la presente proposición constitucional, solo en cuanto al punto tercero del A.I. N° 612 del 14 de junio del 2005, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, quinta sala. Costas a la perdidosa.

El doctor Núñez Rodríguez manifestó:

Que se adhiere al voto del ministro doctor Fretes, por los mismos fundamentos.

Asunción, febrero 17 del 2006.

Por los méritos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia, sala constitucional, resuelve: Hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad, y, en consecuencia, declarar la nulidad solo en cuanto al punto tercero del A.I. N° 612 del 14 de junio del 2005, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, quinta sala. Costas a la perdidosa. Anotar, registrar y notificar.- Víctor Núñez Rodríguez.- Antonio Fretes.- José V. Altamirano.- Sec.: Fabián Escobar Díaz.-