Reconstitución del Expediente: Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: Villalba González, Oscar Aparicio c. Velázquez Lovera, Guillermo Antonio s/ Desalojo. (Ac. y Sent. N° 50)

5) Opino que no procede la acción de inconstitucionalidad planteada.

De la lectura de las resoluciones impugnadas surge que las mismas han sido dictadas tras un examen detenido y razonado de los extremos fácticos y legales del caso, sin que se observe en ellas violaciones a principios o derechos de jerarquía constitucional. En efecto, ambas decisiones se encuentran suficientemente motivadas y fundadas, siendo producto de una interpretación razonable de las leyes pertinentes y de una valoración también razonable de los hechos acreditados en autos.

El objeto de estudio en el caso particular, se circunscribe para esta Corte, a determinar si se ha quebrantado o no la garantía constitucional enunciada en el art. 256, 2ª parte, referente al deber que tienen los magistrados de fundar sus resoluciones de acuerdo con sus disposiciones y con la Ley.

Cabe recordar que, en principio, la acción de inconstitucionalidad no puede ser utilizada para cuestionar la interpretación y valoración realizadas por los magistrados inferiores siempre que dichas tareas se encuadren dentro de ciertos parámetros razonables que impidan calificarlas de arbitrarias.

La Sala Constitucional no puede ligeramente anular una resolución judicial, salvo que resulte evidente en ella transgresiones de orden constitucional que justifiquen una decisión en ese sentido, las cuales no son advertidas en el presente caso.

De los autos traídos a la vista de esta Corte para su estudio, se colige que las resoluciones impugnadas no violan ni contravienen normas constitucionales, por el contrario, las mismas fueron dictadas razonablemente y fundadas en las disposiciones legales vigentes. En efecto, los magistrados consideraron lo siguiente: en cuanto a la excepción de falta de acción, deviene claro que la parte actora detenta el título de propiedad del inmueble objeto de la demanda de desalojo. Respecto a la excepción de defecto legal expresa el preopinante que la demanda instaurada por el Sr. Oscar Aparicio Villalba en contra de Guillermo Velázquez en ningún momento ocasionó algún tipo de confusión, ya que si hubiera tenido alguna duda en cuanto a la persona que lo demanda así como respecto a la cosa demandada o a la causa que la motivara, el mismo ya lo hubiera manifestado al momento de contestar la demanda. En cuanto al argumento sostenido por el demandado que la vía procesal correcta para reclamar el inmueble objeto de la presente demanda de desalojo era la reivindicación, en este caso rige el principio procesal “tantum apelatum quantum devolutum”, es decir, lo que en primera instancia no se estudió en segunda instancia no corresponde hacerlo.

La apertura de esta instancia constitucional es sólo y exclusivamente una vía extraordinaria, excepcional, prevista para corregir la conculcación a normas de máximo rango. No es una instancia ordinaria, o una tercera instancia de revisión de las decisiones judiciales que se estimen equivocadas o injustas. La discrepancia con el criterio sustentado por los juzgadores, no constituye argumento suficiente para la procedencia de una acción de la naturaleza en estudio, y menos aun cuando dicha interpretación no resulta antojadiza, o basada en el sólo parecer de los magistrados.

5.1) Del análisis de los fundamentos del recurrente, surge la pretensión del accionante que esta Sala Constitucional actúe como un Tribunal de Tercera Instancia, revisando cuestiones que ya fueron objeto de debate y decisión en las instancias inferiores. En este sentido, numerosos fallos emanados de esta instancia, han sostenido que la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto precautelar los principios, derechos y garantías contenidos en la norma fundamental, y esto no implica revisión de sentencias, si las mismas han sido dictadas en virtud de los principios de bilateralidad, contradicción de ambas partes, del debido proceso y las facultades discrecionales que la Ley otorga a los Jueces, lo que verificadamente se ha dado en el presente caso.

6) Las causas generalmente admitidas para declarar una sentencia como arbitraria son: a) que decida en contra de la Ley; b) que omita exponer y desarrollar el fundamento en que se basa; c) que aplique normas que no tienen relación con el caso y no se refieren a él; d) que omita resolver una o más pretensiones articuladas por las partes; e) que resuelva pretensiones que no forman parte del objeto del proceso porque no fueron articuladas por las partes; f) que de por probado algo que no está probado en el juicio; g) que omita considerar y valorar pruebas conducentes a la solución del caso; h) que incurra en grave violación del debido proceso (Vide: Bidart Campos, Germán J.; Compendio de Derecho Constitucional, Ediar, 2004. P. 434).

6.1) No debemos perder de vista que jurisprudencialmente se tiene establecido que una sentencia es arbitraria cuando se sustenta en afirmaciones dogmáticas o en fundamentos sólo aparentes, así como cuando no constituye una derivación razonada del derecho vigente, sino que es producto de la voluntad individual de los jueces, de una interpretación antojadiza de los mismos, apartándose de las prescripciones legales; sin embargo tales circunstancias no se dan en el fallo impugnado.

7) Corresponde mencionar que la acción de inconstitucionalidad constituye una vía de carácter excepcional, que se encuentra prevista para salvaguardar los principios y derechos consagrados en la Constitución Nacional, no así para ventilar cuestiones de fondo y de forma que tienen su ámbito natural de dilucidación en las instancias adecuadas. Este alto Tribunal ha sostenido en reiterados fallos que resulta imposible someter nuevamente un juicio a consideración de la Corte, sin apartarse de los principios sentados jurisprudencialmente que impiden cuestionar las tareas de valoración e interpretación de los magistrados inferiores, mientras éstas sean el resultado de criterios de razonabilidad y de encontrarse ajustadas a normas constitucionales y legales. Así lo entendió el Ac. y Sent. N° 186 del 16 de julio de 1998, dictado por esta Corte, que señala: “La acción de inconstitucionalidad es una acción autónoma cuya finalidad esencial es la de cuidar la vigencia del orden constitucional que pudiera verse afectado por cualquier norma o decisión. Pero de ninguna manera puede sustituir a los órganos jurisdiccionales ordinarios, toda vez que éstos no configuren decisiones arbitrarias o aberrantes...”.

8) Por las consideraciones que anteceden y en coincidencia con el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que las resoluciones impugnadas no violan normas constitucionales, en consecuencia corresponde el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad. Las costas deberán ser soportadas por la parte vencida. Es mi voto.

Los Dres. Núñez rodríguez y Bareiro de Módica manifestaron: Adherirse al voto del Ministro preopinante, Dr. Fretes, por los mismos fundamentos.

Por los méritos del Acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: No hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad. Costas a la parte vencida Anotar, registrar y notificar.- Antonio Fretes.- Víctor M. Núñez Rodríguez.- Gladys Bareiro de Módica.- Sec.: Héctor Fabián Escobar Díaz.-