Willigs Villalba, Juan Emilio c. Res. N° 932 de fecha 11 de octubre de 2005, y la Res. N° 220 de fecha 13 de mayo de 2008, dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda. (Ac. y Sent. N° 28)

Como ya es criterio sostenido por esta Sala Penal, a partir del precedente Transporte “Fluvial Paraguayo SACI c. Res. N° 139 de fecha 21 de febrero de 2011, dictada por la Dirección Nacional de Aduana” los derechos procesales, emanados de la norma jurídica de grado supremo en el ordenamiento positivo interno de un país, instituidos por el Constituyente, pueden ser resumidos en un principio procesal básico, doctrinariamente conocido por “principio de bilateralidad”, que al tener raigambre constitucional, rige para todas las demás ramas del ámbito procesal y que en el sumario administrativo recaído ante la Sub Secretaría de Estado de Tributación, no puede resultar excepción a dicha regla.

De los numerales apuntados del art. 17 de la Carta Magna, supra enunciados, podemos válidamente concluir que el contribuyente sumariado fue privado de poder resultar participe de cierta actuación procesal determinada en el procedimiento sumarial que lo involucró por ante la S.S.E.T. -la toma de razón de una prueba pericial propuesta por la autoridad tributaria- pese a que el sujeto administrado contaba con el derecho de una eventual impugnación más que a dicha prueba pericial, al resultado de la misma, situación procesal que resulta contraria al mandato constitucional.

El Tribunal de grado, omitió expedirse respecto a la alegación de la parte recurrente, pese a hacer mención, pero sin resolver la cuestión planteada respecto a la regularidad de la prueba pericial dispuesta en el sumario administrativo llevado a cabo como actos preparatorios para la presente demanda contencioso administrativa, sin resolver si la misma debió o no ver participación o al menos oportunidad de intervención respecto a la materia peritable, conforme lo decidiera unilateralmente la autoridad administrativa tributaria.

La situación alegada por la parte demandante e impetrante en el presente juicio contencioso administrativo, resulta una sobrada causal de nulidad al fallo puesto en crisis, conforme al literal d) del art. 15 del CPC, sancionado con la nulidad del pronunciamiento judicial, conforme al último párrafo del ya referido artículo, dada la posible consecuencia que pudo emerger (sanción al sumariado) lo que lo enmarca a la previsión del art. 17 de la Súper Ley del año 1992, por lo que doy mi voto por la declaración de nulidad del Ac. y Sent. N° 117 de fecha 30 de marzo de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Las costas, deberán ser soportadas por la parte demandada, en virtud al art. 408 del CPC, dada la oposición de la misma a la declaración de nulidad planteada por la parte impetrante. Es mi voto.

Resuelta la procedencia de la nulidad, el art. 406 del Código de ritos, obliga a esta Sala Penal, que entiende la presente cuestión a resolver la cuestión de fondo.

Respecto a la previsión del art. 196 de la Ley 125, la presunción de legitimidad de los actos administrativos, fue sostenido que la legitimidad de los actos emanados de la administración en el ejercicio de sus funciones goza de una presunción “juris tantum”, por resultar principio consagrado en la normativa vigente, pero debe ser tenido igualmente en cuenta que las mismas pueden resultar desvirtuadas cuando se indiquen fundadamente causales que la invaliden, como resulta del propio texto del articulado citado.

Reviviendo el tema en debate, sabemos que resulta la impugnación de los actos sucesivos a la providencia N° 229/2005, ordenada por el Juez Instructor, para ser elevar a la Coordinación de Pericia Contable de la SSET las instrumentales presentadas en el sumariado administrativo investigado, para posteriormente desembocar en el dictado de la Res. N° 932/05, de la SSET.

En el caso en estudio, dada la ausencia de procedimiento específico distinto al art. 225 de la Ley 125, respecto al diligenciamiento de las medidas de mejor proveer, resulta aplicable de manera supletoria a dicha etapa procedimental el art. 345 del CPC, cuerpo procesal invocado igualmente por la propia autoridad tributaria al realizar su descargo por ante esta alzada al asimilar las atribuciones del Juez sumariante con el Magistrado judicial, artículo que dispone: “Traslado. Del escrito a que se refiere el artículo anterior, se correrá traslado por tres días a la otra parte. Esta al contestarlo, deberá manifestar si se adhiere o se opone a la prueba, o que no tiene interés en ella”. Incumplido el traslado referido al sumariado, respecto a los puntos objetivos de la pericia a ser considerados, toda la actuación posterior resulta procesalmente inválida.

Dicho vicio procesal no fue subsanado, por lo que el acto administrativo anulable a raíz de la omisión de dar noticiamiento al sumariado de la pericia decidida su inserción, no fue convalidado, sino contrariamente, la administración sumariante en todo momento se limitó a negar la situación de indefensión, ni la existencia de daño irreparable ya que el resultado de la pericia resultaba coincidente a la denuncia formulada contra el contribuyente, para finalizar que tal inserción probatoria resulta potestad de la administración pública.

La suscripción del acta de intervención por parte del contribuyente sumariado, fue al inicio del procedimiento sumarial y el acto cuestionado como viciado, resulta entre las últimas de las actuaciones procedimentales cumplidas, previa al estado de resolución, por lo que no puede ser considerado como depurador de anomalías o vicios, resultando un argumento invalido para el presente caso.

El vicio procesal referido, que posteriormente desembocó en el pronunciamiento de la Res. N° 932 de fecha 11 de octubre de 2005, y su confirmatoria, la Res. N° 220 de fecha 13 de mayo de 2008, dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda, torna a ambos actos administrativos en irregulares, porque la anomalía presentada en el procedimiento -la que afectó a nada menos que a una prueba- transforma en viciadas a las consecuencias finales resultantes del sumario administrativo.

Por lo expuesto, mi voto es por la procedencia de la pretensión actora, con la revocación de los actos administrativos atacados, la Res. N° 932 de fecha 11 de octubre de 2005, y su confirmatoria, la Res. N° 220 de fecha 13 de mayo de 2008, dicadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda, con imposición de las costas a la parte vencida, en virtud de la teoría del riesgo objetivo, prevista en el art. 192 del CPC. Es mi voto.

Los Dres. Benítez Riera y Pucheta de Correa manifestaron: Adherirse al voto que antecede por los mismos fundamentos.

Por los méritos del Acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Resuelve: Declarar la nulidad del Ac. y Sent. N° 117 de fecha 30 de marzo de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala conforme quedó dicho en el exordio de la presente resolución. Hacer lugar a la pretensión de la actora, disponiendo la revocación de la Res. N° 932 de fecha 11 de octubre de 2005, y su confirmatoria, la Res. N° 220 de fecha 13 de mayo de 2008, dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda, conforme a lo expuesto en el considerando de la presente resolución judicial. Imponer las costas a la parte vencida, el Ministerio de Hacienda. Anotar, registrar y notificar.- Sindulfo Blanco.- Luis María Benítez Riera.- Alicia Pucheta de Correa.- Sec.: Norma Domínguez V.-