Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: González Martínez, Wildo Luis c. Valiente, Juan s/ Acción preparatoria de Juicio Ejecutivo. (Ac. y Sent. N° 1178)

Adicionalmente a cuanto llevo expresado, debo expresar que esta acción versa sobre cuestiones de interpretación recaídas en un juicio especial, como lo es toda ejecución, y que, por lo mismo, puede ser objeto de un discusión más amplia en un juicio ordinario posterior. Al respecto, destacada doctrina nos enseña: “El juicio que nos ocupa, de naturaleza ejecutiva, es aquel que puede ser objeto de un juicio ordinario posterior, en razón de que sus fallos no hacen cosa juzgada material sino formal, por lo que el accionante dispone de otras vías a las cuales puede recurrir para hacer valer sus derechos, si así lo creyere conveniente. Si al accionante le queda otra vía jurídica para solucionar el agravio derivado de la sentencia ejecutiva, el carril extraordinario no queda habilitado” (Vide: Sagúes, Néstor Pedro; Derecho Procesal Constitucional. Recurso extraordinario, 4ta. Edic. actualizada y ampliada, Edit. Astrea, Buenos Aires, 2002, T. I. P. 337).

7) Por las consideraciones que anteceden y en coincidencia con el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que la resolución impugnada no viola normas constitucionales, correspondiendo el rechazo, con costas, de la presente acción de inconstitucionalidad. Es mi voto.

El Dr. Bajac Albertini manifestó: Se presenta ante esta Corte Suprema el Sr. Juan Valiente, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado e impugna por vía de la inconstitucionalidad el AI N° 570 de fecha 6 de setiembre de 2013, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, por el cual se resuelve: “'Tenerlos, por desistidos del recurso de nulidad interpuesto. Revocar, el AI N° 2244 de fecha 21 de diciembre de 2012, conforme los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución. Imponer las costas a la parte perdidosa. Anotar...”.

Que, el Sr. Juan Valiente manifiesta que la resolución atacada de inconstitucionalidad es arbitraria, contraria a la justicia, a la razón y a las leyes, contra toda lógica y además aberrante y fundamenta su acción en los arts. 132, 256, 260 y demás concordantes de la CN y los arts. 550, 556, 559 y demás concordantes del CPC.

Que, al contestar el traslado el Sr. Wildo Luis González, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, manifiesta: Todas las alegaciones dadas por el accionante para fundar esta acción de inconstitucionalidad constituyen agravios contra una resolución de segunda instancia. No invoca el ninguna violación a garantías constitucionales, ninguna violación de derecho a la defensa, ni a la reglas del debido proceso. Solo intenta atacar e impugnar el criterio de los juzgadores, que se fundaron en in constancias expresas del expediente y en el texto de la ley. Solicitando el rechazo de la acción de inconstitucionalidad.

Que, el representante del Ministerio Publico, por Dictamen N° 962 de fecha 23 de julio del año en curso, es del parecer que corresponde el rechazo de la presente acción de institucionalidad, pues no se advierte la violación de principios, derechos ni garantías constitucionalidad a ser reparados por esta vía.

En el expediente en cuestión se discute la autenticidad de la firma del demandado, Juan Valiente al pie del pagaré obrante en autos. Negando la firma del pagaré que se le atribuye. Esta manifestación hace lugar a la producción de la prueba pericial caligráfica de tres peritos nombrados por el a quo, Lic. Darío Vázquez Piatti, Lic. Ángel María Vargas Arnold y Lic. Roberto Zarate Peña.

Que, a fs. 179/223 de autos, radica el Dictamen del Lic. Darío Vázquez Piatti, que en la conclusión dice: “... La firma dubitada estampada en el pagare a la orden por U$S 600.000 (Dólares Americanos Seiscientos Mil) de fecha 9 de mayo de 2009, cuya copia se halla agregada a fs. 5 de autos; a Tribuida al Sr. Juan Valiente, no pertenece ni corresponde a su puño y letra, es decir, es una firma falsificada...”.

Que, igualmente tenemos a fs. 223/266 de autos, radica el Dictamen del Lic. Ángel María Vargas Arnold, que en su conclusión dice: “... Basado en las indiscutibles coincidencias escritúrales de fondo y forma demostradas gráfica y analíticamente en este informe, de acuerdo a mi leal saber y entender profesional llego a la inequívoca conclusión de que la firma dubitada atribuida al Sr. Juan Valiente, le corresponde a su puño y letra, es decir, es una firma autenticada”.

Que, finalmente radica a fs. 267/325 de autos, el Dictamen del Lic. Roberto Zarate Peña, que dice: “... Que la firma dubitada, dudosa o cuestionada analizada y que se encuentra estampada en el documento objeto del presente análisis pagare por U$S. 600.000- no es coincidente para con las indubitadas del Sr. Juan Valiente...”.

Antes de entrar a analizar los principios constitucionales quebrantados por el AI N° 570, de fecha 6 de setiembre de 2013, del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Capital, es importante considerar lo preceptuado en el art. 446 del CPC, y dice: Desconocimiento de la firma. Si la firma fuere negada, el Juez, a pedido de parte, previo dictamen de uno o tres peritos, designados de oficio, según el monto del juicio, declarará si la firma es auténtica. Si lo fuere, se procederá ejecutivamente y se impondrá al ejecutado una multa a favor de la otra parte equivalente al treinta por ciento del monto de la deuda. Así mismo el art. 360 del citado Código de Forma, dice: Fuerza probatoria del Dictamen Pericial. La fuerza probatoria del dictamen pericial será apreciada por el Juez, teniendo en consideración la competencia de los peritos, la conformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funden y las demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca.

Así mismo, es dable mencionar, las disposiciones contenidas en el art. 249. Carga de la prueba. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el Juez o Tribunal no tengan el deber de conocer. Los hechos notorios no necesitan ser probados; la calificación de los mismos corresponde al Juez.

Ahora bien, teniendo esto en consideración, vemos que el Tribunal de Alzada ha centrado su atención en otro aspecto dejando de lado una grave conculcación al Derecho a la Defensa de una de las partes, apartándose de las constancias de autos y de las alegaciones de una de las partes, viciando así lo resuelto por el ad quem. Esto es clasificado por Néstor Sagües en su obra Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario, Tomo II, como Arbitrariedad Fáctica, y en la p. 258 expresa sobre ello: “La doctrina de la Corte, en este punto, incorpora al catálogo de las sentencias arbitrarias a aquellas que se dictan sin considerar constancias o pruebas disponibles que asuman la condición de decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso, y cuya valoración puede ser significativa para alterar el resultado del pleito”.

Y teniendo en cuenta la doctrina que considera que la declaración de nulidad del acto jurídico, será el último medio del Tribunal, tendiente a expulsar el acto viciado o defectuoso, siempre por auto fundado.

Que, por eso que la Constitución Nacional establece los principios fundamentales del ordenamiento jurídico, es decir, los presupuestos jurídicos del “ius puniendi” del Estado y como límite, los derechos procesales y las garantías del debido proceso.

En tal sentido el principio de igualdad ante la Ley, es un derecho fundamental del ser humano, y es un deber la aplicación del mismo en los procesos, derivado del principio genérico de la igualdad de las personas, como lo establecen los arts. 46 y 47 de la CN, son la base de los criterios específicos de igualdad procesal.

Por último se debe dejar en claro que los derechos y garantías procesales contenidos en la Constitución, los adoptados por ratificación de los instrumentos internacionales, son verdaderos límites al uso arbitrario del poder juzgador, por lo tanto, no pueden hacerse valer en perjuicio de los sujetos de tales derechos. Esto es lo que conocemos como “derecho constitucional aplicado” que posee el derecho procesal.

Es decir que podemos concluir que el AI N° 570 de fecha 6 de setiembre de 2013 viola los principios constitucionales establecidos en los arts. 256 (principio de Legalidad); 46 (principio de Igualdad); 47 (De las garantías de Igualdad), por tal motivo debe ser declarado inaplicable para el presente caso, haciéndose lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada, con costas a la vencida. Es mi voto.

El Dr. Blanco manifestó: Adherirse al voto del Ministro, Dr. Bajac Albertini, por los mismos fundamentos.

Por los méritos del acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: Hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la nulidad del AI N° 570 de fecha 6 de septiembre de 2013, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala de la Capital. Imponer las costas a la perdidosa. Anotar, registrar y notificar.- Gladys Bareiro de Módica.- Miguel Oscar Bajac Albertini.- Sindulfo Blanco.- Sec.: Arnaldo Levera.-