Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: Faria Ferreira, Edgar Manuel c. Las firmas EMG y/o COYOTE Disco Pub y/o FLOYD S.A. y/o Responsable s/ Cobro de guaraníes en diversos conceptos. (Ac. y Sent. N° 1233)

El Dr. Núñez Rodríguez manifestó: Que disiente respetuosamente de la Ministra preopinante y manifiesta: Se presenta ante esta Corte el Sr. Edgar Manuel Faria Ferreira, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogados, e impugna por vía de la inconstitucionalidad el AI N° 327 de fecha 7 de setiembre de 2010, dictado por el Tribunal de Apelación Laboral, Segunda Sala de esta capital.

1. En virtud a la resolución ut supra mencionada, el Tribunal ad quem, resolvió revocar con costas, la resolución apelada y en consecuencia declarar operada la perención de instancia en el presente juicio.

2. Alega la parte accionante –actora del juicio principal- que la resolución impugnada ha sido dictada en violación directa del art. 256 de la CN, que consagra la forma de los juicios y dispone la sujeción del juez a la constitución y la Ley y así también contraviene lo dispuesto por el art. 94 de la CN, privando a un trabajador del derecho a una indemnización por el despido injustificado.

3. Se nos plantea un caso en el que el Tribunal ad quem –cuya resolución es atacada- consideró que en el presente juicio operó la perención de instancia ya estimó que hubo inactividad procesal desde la providencia de fecha 9 de octubre de 2009, hasta la interposición del incidente de perención en fecha 24 de febrero de 2010. En concreto lo que estaba pendiente era el informe del actuario, sobre el cierre del periodo probatorio, solicitado por una de las partes. Su principal argumento fue la consideración de que el supuesto previsto en la norma del art. 218 2ª parte del CPT, “No se producirá la caducidad de la instancia por el transcurso del termino señalado por este Código... cuando el juicio estuviese pendiente de alguna resolución y la demora en dictarla fuese imputable al Juez o Tribunal...”, refiere a una resolución que decida alguna cuestión incidental en el proceso que requiera de un pronunciamiento previo para la prosecución del juicio no a una providencia de mero trámite, como lo es la del cierre del periodo probatorio.

4. Que examinadas las constancias de los autos principales aprecio que no hay razón para tal declaración –perención de instancia-, pues por un lado se tiene que el expediente en cuestión, ciertamente se encontraba pendiente de una resolución judicial –providencia de informe del actuario- sobre el cierre del periodo probatorio y por el otro no se puede hablar estrictamente de que haya mediado negligencia de la parte actora, ya que como se constata en el expediente a fs. 187 bis, se encuentra agregado un pedido de urgimiento de su parte, y aunque ha sido cuestionado por la contraria, opino que no puede ser este acto procesal, con este argumento dejado del lado totalmente. Además es jurisprudencia constante en el fuero laboral que la perención debe aplicar excepcionalmente cuando la inactividad de la parte o el incumplimiento de la carga procesal que ella tiene de impulsar el juicio, impidiere al Tribunal proseguir con la sustanciación del litigio. Su interpretación claramente debe ser restrictiva.

5. En conclusión, es harto sabido que en una acción de inconstitucionalidad, básicamente cuanto se estudia es la observancia o no de las garantías del debido proceso legal, representadas por observancia de las oportunidades de defensa en juicio, de los principios de contradicción, bilateralidad y cumplimiento de las formas y solemnidades prescriptas en la Ley procesal.

5.1. En el caso que nos ocupa, con las resoluciones impugnadas, se privó al trabajador de garantías constitucionales como el derecho a la defensa y al debido proceso. Es cierto que ordinariamente cuestiones meramente procesale3s no constituyen materia de pronunciamiento en acciones de inconstitucionalidad. Pero estas razones ceden cuando nos encontramos con decisiones que exhiben la notoria arbitrariedad del apartamiento de las constancias de los autos o el marginamiento de claras disposiciones legales, como el art. 221 del CPL, que estipula que no se producirá la caducidad de la instancia por el transcurso del termino señalado en la Ley, en los casos en que en el juicio estuviese pendiente de alguna resolución y la demora en dictarla fue imputable al Juez o Tribunal.

5.2. En el caso de autos, no cabe duda que solicitando el cierre probatorio, el impulso procesal hasta el dictamiento de la resolución que lo ordene, correspondía al Juzgado y la elaboración del informe al actuario. La indefensión aquí denunciada es palmaria.

6. Por las razones expuestas y en coincidencia con el Dictamen Fiscal, opino que en el caso analizado, corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad por tanto declarar la nulidad AI N° 327 de fecha 7 de setiembre de 2010, dictado por el Tribunal de Apelación Laboral, Segunda Sala de esta capital. Consecuentemente, los autos deberán ser remitidos al Tribunal que le sigue en orden de turno para su nuevo juzgamiento, en virtud al art. 560 del CPC. Costas a la perdidosa. Es mi voto.

El Dr. Fretes manifestó: Adherirse al voto del Ministro, Dr. Núñez Rodríguez, por los mismos fundamentos.

Por los méritos del acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: Hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la nulidad del AI N° 327 de fecha 7 de setiembre de 2010, dictado por el Tribunal de Apelación Laboral, Segunda Sala de la Capital. Remitir estos autos al Tribunal que le sigue en orden de turno para su nuevo juzgamiento, en virtud al art. 560 del CPC. Anotar, registrar y notificar.- Gladys Bareiro de Módica.- Víctor M. Núñez Rodríguez.- Antonio Fretes.- Sec.: Arnaldo Levera.-