Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: Administración Nacional de Electricidad (ANDE) c. Cooperativa Multiactiva Agroindustrial de Producción, Ahorro, Créditos y Servicios Los Cedrales Ltda. s/ Preparación de acción ejecutiva. (Ac. y Sent. N° 1383)

5.2) Ello es así pues durante la feria judicial, que transcurre en el mes de enero, no es posible realizar ningún tipo de actividad jurisdiccional, incluso instarse el procedimiento y el proceso, al estar paralizado por esta razón, se encuentra suspendido, así como los plazos procesales. De igual forma, resulta pertinente referirse a la improcedencia de la caducidad de instancia en el marco de un proceso de ejecución como el presente, conforme a lo dispuesto en el art. 176 inc. a) del CPC que dispone su improcedencia en procedimientos de ejecución o cumplimiento de sentencia.

6) Al no haber transcurrido el plazo de seis meses contemplado en la Ley para la operatividad de la caducidad de instancia, debe ser declarada la inconstitucionalidad de las resoluciones impugnadas, atendiendo a que resultan violatorias del art. 256 de la CN.

6.1) Resulta pertinente señalar que esta Corte, atendiendo a su integración, así como los Juzgados y los Tribunales de Apelación han venido sosteniendo, con disparidad de criterio la inclusión del mes de enero a los efectos del cómputo para la aplicación de lo dispuesto en el art. 172 del CPC, referente a la Caducidad de Instancia, para lo cual urge una reforma legislativa para la uniformidad de criterio de interpretación de dicha norma. Sobre el punto cabe destacar que esta Corte ha remitido al Congreso un proyecto de Ley que modifica el art. 173 del CPC, excluyendo al mes de Enero, correspondiente a la Feria Judicial, a los efectos del cómputo de la Caducidad de Instancia.

7) Atenta a las consideraciones vertidas, considero que las resoluciones impugnadas por esta vía son inconstitucionales, por contravenir el art. 256, 2° párr. de la Carta Magna. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad del AI N° 258 del 2 de junio de 2005, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Tutelar del Menor del Tercer Turno de Ciudad del Este, del AI N° 61 del 31 de marzo de 2006, y del AI N° 225 del 7 de agosto de 2006, ambos dictados por el Tribunal de Apelaciones, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, y conforme a lo dispuesto en el art. 560 del CPC se deberá remitir el juicio al Juzgado que sigue en orden de turno. Las costas deben ser impuestas a la parte vencida. Es mi voto.

El Dr. Núñez Rodríguez manifestó: Adherirse al voto de la Ministra Preopinante en el sentido de hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad en relación a la resolución de Primera Instancia y su confirmatoria de Segunda Instancia, que declaración operadas la caducidad de la instancia en el presente juicio, por ser violatorias del art. 256 de la CN.

En relación al pronunciamiento del Superior, coincido con los argumentos esgrimidos por quien me precedió en el voto, en el sentido de que esta Sala en fallos anteriores, con su integración natural, ya ha sentado su postura en relación a la no inclusión del mes de enero correspondiente a la feria judicial, a los efectos del cómputo del plazo de caducidad.

Ahora bien, en cuanto al fallo del a quo, considero que el quid de la cuestión no versó en torno al cómputo o no del mes de feria para la caducidad, sino más bien sobre una cuestión procedimental que hace a la violación de la garantía del debido proceso legal.

Antes que nada, es menester dejar en claro que en el marco de un juicio ejecutivo, iniciado sobre la base de pagarés -documentos privados que ameritan previa preparación- y en donde no ha 'recaído aún sentencia de remate, es susceptible de caducar como cualquier proceso. En efecto, hay que distinguir la hipótesis del juicio ejecutivo, en la fase anterior al dictado de la sentencia, de los supuestos de improcedencia contemplados en el art. 176 inc. a) del CPC, que hace referencia puntualmente: 1- al proceso de ejecución de sentencia, sobre la base de títulos ejecutorios, regulado en el Título V del Libro III del Código Procesal Civil (arts. 519/537) y 2- los procesos ejecutivos en la fase de cumplimiento de sentencia, posterior al dictado de la sentencia firme y ejecutoriada (regulado en el Capítulo

V, Título I, Libro III del mismo cuerpo legal (arts. 475/502 del CPC).

Por otro lado, el juzgador de Primera Instancia al hacer el estudio y valoración de las actuaciones recaídas en el juicio ejecutivo en cuanto a su virtualidad interruptiva del plazo de caducidad, se vislumbra que efectivamente se apartó de las normas procedimentales aplicables al caso y que hacen referencia a la estructura misma del proceso ejecutivo y a los trámites esenciales e irrenunciables. En este sentido, soslayó que el diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago y embargo ejecutivo, que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2003, según acta labrada por el Oficial de Justicia obrante a fs. 28 de autos, constituye una actuación idónea para impulsar el procedimiento, por tratarse de un trámite esencial sin el cual, no se puede pasar a la siguiente etapa correspondiente a la citación a oponer excepciones. Es así que hasta la presentación, si bien tardía del mandamiento diligenciado, en fecha 21 de junio de 2004, aún no había transcurrido el plazo legal de seis meses- esto es sin computar el mes de enero.

A lo antedicho se suma el criterio rector que debe primar en esta materia, y que tampoco fue tenido en cuenta por los juzgadores, según el cual, en la apreciación sobre una eventual caducidad, debe mediar siempre un criterio restrictivo, por tratarse de una medida de excepción, y siendo que la caducidad más bien es un disvalor, que no tiene un fin en sí mismo, en tanto que en realidad nada soluciona.

Por las razones precedentemente expuestas, considero que ambos fallos trasuntan una conculcación de la garantía del debido proceso legal, y por ende, devienen inconstitucionales. Es mi voto.

El Dr. Fretes manifestó: Adherirse al voto del Ministro, Dr. Núñez Rodríguez, por los mismos fundamentos.

Por los méritos del Acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: Hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida, y en consecuencia, declarar la nulidad del AI N° 258 del 2 de junio de 2005, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Tutelar del Menor del Tercer Turno de Ciudad del Este, del AI N° 61 del 31 de marzo de 2006 dictado por el Tribunal de Apelaciones, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. Imponer costas a la parte vencida. Remitir estos autos al Juzgado que sigue en orden de turno, conforme a lo dispuesto en el art. 560 del CPC. Anotar, registrar y notificar.- Gladys Bareiro de Módica.- Víctor M. Núñez Rodríguez.- Antonio Fretes.- Sec.: Arnaldo Levera.-