Garay, Silvano c. ANDE s/ Indemnización de daños y perjuicios. (Ac. y Sent. N° 381)

Asunción, junio 1 de 2015

1ª) ¿Es nula la Sentencia apelada?

2ª) En caso contrario, ¿está ella ajustada a Derecho?

1ª cuestión: El Dr. Garay dijo: No se ha interpuesto ese Recurso. Además, no se advierten vicios o faltas que ameriten pronunciamiento de oficio, en los términos del art. 113 del CPC, razón por la que corresponde desestimar el Recurso. Es mi voto.

El Dr. Torres Kirmser manifestó: Recurso de nulidad: El recurrente no fundó el recurso de nulidad, por lo que correspondería que este sea declarado desierto. Sin embargo, en aplicación de lo dispuesto por los arts. 420 y 113 del CPC, corresponde el estudio oficioso de los vicios que afecten la resolución sometida a la competencia de esta magistratura.

En este sentido, debe destacarse que uno de los agravios expresados por la propia recurrente al momento de fundar el recurso de apelación ante esta instancia, se basó en que la condena a su parte al pago en una sola prestación del monto total al que fue condenada constituirla un enriquecimiento para la demandada, quien recibirla por adelantado sumas de dinero por gastos que deberá realizar en un futuro indeterminado y tendrá la posibilidad de realizar especulaciones financieras con dichas sumas: “Los gastos de la víctima que se pretende cubrir de este modo, se generan periódicamente en tanto que el millonario monto de condena al ser- abonado en un solo pago, constituye un importante capital que permite su inversión de parte del actor y su familia en actividades productivas o simplemente en bancos o financieras de plaza, lo cual le generarla a favor de estos, un intereses puro que deviene a su vez en fuente de indebido beneficio económico adicional a costa de la demandada” (sic) (fs. 691).

Por lo tanto, corresponde declarar la nulidad parcial de la sentencia recurrida, en cuanto dispuso una condena distinta a lo requerido por la demandante para la reparación de los daños de producción continuada, de conformidad con lo dispuesto por el art. 15, in fine, del CPC: “La infracción de los deberes enunciados en los incs. b), c), d) y e) de este artículo, causará la nulidad de las resoluciones y actuaciones”. Este pronunciamiento no afecta cuanto fuera resuelto por el Tribunal en lo referente a los gastos médicos, los que ya fueron confirmados por dos instancias, y respecto del rubro de daño moral, materia respecto de la cual se tratará en ocasión del recurso de apelación también interpuesto.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 406 del CPC, corresponde resolver sobre el fondo de la cuestión respecto de la cual se ha declarado la nulidad, es decir, respecto de la reparación de los daños permanentes o continuados sufridos como consecuencia del accidente por la víctima.

Nuestro derecho positivo tomó una postura definitiva respecto de una discusión que ocupó la atención de la comunidad jurídica internacional, en épocas recientes, cual es determinar cuál sea la mejor forma de reparar daños que se dan en forma continuada en el tiempo, como consecuencia de un único hecho generador. En este sentido: “No es tan claro el modo en que deberá efectuarse ese resarcimiento; es aquí donde comienza a vislumbrarse la importancia de la indemnización en forma de renta, con la cual se procura reparar los daños a medida que se van concretando [...] Todas las legislaciones modernas admiten la reparación pecuniaria de los daños causados a la persona; s.in embargo es posible observar -como ya hemos dicho- que el resarcimiento puede efectuarse de dos maneras diferentes: o bien se entrega un ‘capital’ (suma global), apto para generar réditos a quien disponga de él; o se establece una renta periódica a da víctima, que irá cubriendo los daños de carácter continuado en el momento en que éstos realmente se hacen efectivos, y tal renta puede ser vitalicia o temporal, según la naturaleza y duración de los efectos dañosos” (Luis Moisset de Espanés. La reparación de los daños continuados o permanentes. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artreparaciondanoscontinuados).

Como se dijera, nuestro derecho adoptó una solución imperativa y definitiva al establecer: “Si la aptitud de trabajo del damnificado resultare anulada o perjudicada, o le sobreviniere un aumento de sus necesidades, la indemnización comprenderá este daño y consistirá en una renta en dinero” (art. 1859 del CC). En este punto, debe indicarse que el Código Civil no regula en detalle la figura de la renta vitalicia como medio para la reparación de daños de carácter permanente. Por ello, para determinar la duración de la prestación y la vigencia de la suma establecida como renta, es necesario recurrir a otras disposiciones normativas, a los efectos de llenar la laguna apuntada y de conformidad a lo dispuesto por el art. 6 del CC, como se verá más adelante.

Para establecer el monto a cargo del sujeto obligado a responder en concepto de renta vitalicia para la reparación de daños permanentes, es necesario primeramente establecer cuáles son los daños y necesidades de carácter permanente que deba satisfacer la víctima para su subsistencia. A este respecto, debe quedar absolutamente claro que la norma, cuando habla de aumento de las necesidades del perjudicado, contempla una función reparatoria del lucro cesante desde el momento en que las necesidades vitales del damnificado aumentan, y la propia norma pone el parámetro de la duración de la vida del perjudicado como espacio temporal en el que debe operar el resarcimiento. Nos hallamos así ante una deuda de valor, por cuanto la suma en dinero no es debida por sí misma, sino “es medida de valor de otras cosas o servicios respecto de los cuales el dinero funciona como equivalente o sustitutivo. Son fundamentalmente deudas restitutorias, compensatorias o indemnizatorias” (Diez-Picazo, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Navarra, Thomson Civitas, 6ª ed., 2008, tomo II, p. 294). Queda claro que la suma de dinero debe permitir a la víctima afrontar las necesidades que el accidente le ocasionó, entonces el dinero no está dado como mercancía en sí mismo sino como valor de cambio, como medio de medir el alcance de la indemnización debida.

En el caso de autos, no puede haber duda de que el perjuicio se halla plenamente probado a partir del momento en que el demandante vio disminuidas sus capacidades motrices al punto de imposibilitarlo de ganarse su propio sustento y no solo ello, sino que es un hecho indiscutible que, como consecuencia de las lesiones sufridas, el demandante necesitará de asistencia y terapias específicas. La propia parte demandada reconoce que el monto del sueldo mínimo constituye un parámetro idóneo para establecer, a falta de pruebas, la entidad de cuánto sería necesario para afrontar los gastos normales de subsistencia y manutención de una persona y su familia. Sin embargo, esta suma, la del sueldo mínimo, no fue tiene en consideración necesidades excepcionales, como el cuidado y tratamientos específicos que son consecuencia de las lesiones producidas en el hecho que motivó la presente demanda. Por ello, parece más que adecuada la suma de G. 3.000.000 (Tres millones de Guaraníes) mensuales, desde que a estos gastos normales de manutención, deben sumarse todas aquellas necesidades particulares que surgen como consecuencia de las lesiones sufridas por la víctima y que deben ser satisfechas. Debe indicarse que en nuestro derecho no hay, limitación de tipo cuantitativo ni cualitativo a la facultad del órgano jurisdiccional de determinar el monto correspondiente a reparación de daños, cuando la existencia del perjuicio hubiere sido probada pero no lo haya sido su valoración pecuniaria. En efecto, el art. 452 del CC simplemente establece: “Cuando se hubiese justificado la existencia del perjuicio, pero no fuese posible determinar su monto, la indemnización será fijada por el Juez”. Por lo que esta magistratura, en virtud del arbitrio que le es reconocido por el derecho positivo nacional, estima adecuada la fijación de la vitalicia en el monto señalado más arriba, en forma mensual, para la satisfacción del daño generado como consecuencia de la pérdida de aptitud para el trabajo por parte de la víctima y de las demás necesidades sobrevenidas por causa del evento dañoso.

Esta necesidad de una revisión periódica del monto establecido en concepto de renta vitalicia para la reparación de daños ha sido expresamente reconocida por el derecho comparado: “Por eso, con mucho acierto, algunos Códigos modernos -como el de Portugal de 1967- han previsto para hipótesis como ésta que la indemnización se pague en forma de una renta vitalicia, que compensa los lucros cesantes a medida que se van convirtiendo en daño efectivo (20), y si las circunstancias cambiasen, sea porque se agrava la incapacidad de la víctima, y por tanto aumenta el monto del lucro cesante o, por el contrario, se recupera de los perjuicios, lo que disminuye el daño, podrá pedirse la modificación de la renta o pensión” (ver Luis Moisset de Espanés, obra citada). Por tanto, corresponde establecer que el monto establecido en concepto de renta vitalicia se ajuste en proporción a la modificación del sueldo mínimo y cada vez que se produzca una variación del mismo, a los efectos de evitar incertidumbre sobre qué parámetros tomar en consideración para la revisión de la cuota establecida en concepto de renta. Como se verá, esta solución también es acogida por el art. 189 del CNA, norma a la que se recurre en virtud de lo dispuesto por el art. 6 del CC, por analogía, ya que concurren los mismos fundamentos para su aplicación, de acuerdo a lo reseñado; lo que también coincide con el art. 264 del CC, que también advierte, inequívocamente, .sobre la calidad de deuda de valor de la prestación alimentaria, al prever claramente otros medios de satisfacción distintos del pago en dinero.

Cabe agregar que el pago se debe efectuar en forma periódica tan solo respecto de las mensualidades aún pendientes de vencimiento, no así respecto de aquellas que respondan a la satisfacción de daños y necesidades materializados con anterioridad a la presente resolución, debidos desde la fecha del evento, 5 de julio de 2007 -momento histórico que marca el inicio de los daños cuya reparación nos ocupa-, y deben ser satisfechos en un solo pago hasta la mensualidad correspondiente al mes de enero de 2013, lo que totaliza la suma de G. 201.000.000 (Doscientos un millones de Guaraníes). La renta correspondiente a mensualidades posteriores debe ser abonada dentro de los primeros cinco días calendarios del mes.

La Dra. Pucheta de Correa manifestó: Adherirse al voto del Ministro Raúl Torres Kirmser por sus mismos fundamentos.

2ª cuestión: El Dr. Garay dijo: Por SD N° 1041, del 28 de diciembre de 2010, se resolvió: “Desestimar, el incidente de redargución de falsedad promovida por los Abogs. M. E. I. G. y A. J. B. Q., bajo patrocinio de la Abog. S. S. L., representantes convencional de la parte demandada, de conformidad al exordio de la presente resolución; II. Hacer lugar, con costas a la presente demanda promovida por el Abog. M. M. A. J., en nombre y representación del Sr. Silvano Garay contra la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por Indemnización de daños y perjuicios, y en consecuencia, condenar a la parte demandada a abonar la suma de Guaraníes ochocientos sesenta y cuatro millones seiscientos sesenta mil cuarenta y siete (Gs. 864.660.047) en el plazo de (10) días una vez firme y ejecutoriada la presente resolución, de conformidad al exordio de la presente resolución; III. Imponer, las costas a la parte perdidosa; IV. Anotar...” (fs. 626/35).

Esa Resolución fue modificada por el Fallo impugnado que dispuso: “Remover las fotografías insertas en el escrito de agravios obrante a fs. 640/649; declarar desierto el recurso de nulidad interpuesto por la parte actora; declarar desierto el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada; modificar el ap. 2° de la sentencia apelada en cuanto al monto de la condena, estableciéndola en la suma de mil quinientos cincuenta y un millones trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos diez y ocho guaraníes (Gs. 1.551.343.418) conforme con el exordio de la presente resolución; Imponer las costas, en esta instancia, en una proporción de un 51,3 % a la actora y en un 48,7 % para la demandada; Anótese, regístrese...” (fs. 670/680).

La recurrente solicitó modificación parcial de dicha resolución, en los términos del escrito de “expresión de agravios”, obrante a fs. 689/92. Esgrimió que el monto fijado en concepto de daño emergente era injusto, pues fue otorgado sin acreditación alguna, ignorando el factor de la capitalización que resulta del monto global. Señaló que se ignoró que los gastos de la víctima se generaban periódicamente, en tanto que el millonario monto de la condena debía ser abonado en un solo pago, circunstancia que convertía a la indemnización en un capital capaz de generar otros ingresos adicionales que con creces superarla el aludido gasto mensual que se pretende indemnizar. Afirmó que el importe fijado duplicaba el previsto para la manutención integral de una persona y su Familia. Asimismo, solicitó reducción de la condena por daño moral, afirmando que dicho rubro debía ser resarcitorio y no punitivo.

Como dijimos, fue en dos Instancias confirmada la responsabilidad civil de la A.N.D.E., en el accidente ocurrido en la Localidad GuayaquiCua, segunda línea, del Distrito Caaguazú, el día 5 de julio de 2007, en el cual resultó victima Silvano Garay, por electrocución. El accionante solicitó la suma de Gs. 86.660.047, en concepto de daño emergente, por gastos médicos de internación en la Unidad de Terapia Intensiva y adquisición de medicamentos. Esa suma fue otorgada en Primera Instancia y confirmada en Segunda Instancia, por no ser motivo de Recurso. Asimismo, solicitó la suma de Gs. 4.000.000 mensuales por el resto de su vida, en concepto de indemnización por nulidad absoluta de la aptitud para el trabajo, monto que -según él- representaba el cuarenta por ciento del ingreso mensual que percibía. Ese rubro fue rechazado en Primera Instancia. Sin embargo, el Tribunal de Apelación lo concedió, dejándolo establecido en Gs. 669.000.000, resultante del cálculo de Gs. 3.000.000 mensuales por 223 meses de vida (teniendo como parámetro la edad de la víctima y la expectativa de vida de 70 años). El ad quem refirió que ese rubro no constituía renta vitalicia sino que estaba relacionado al daño emergente, que consistía en gastos por rehabilitación, medicamentos, gastos de personal para el cuidado del mismo, gastos de traslado, modificaciones estructurales que deben realizar en la casa, etc.

La recurrente no controvirtió la aplicación del Principio iura novit curia que encuadró el rubro renta vitalicia al de daño emergente, ni que sea pagado de una sola vez. Sin embargo, solicitó su disminución considerando que fue establecido según el art. 452 del CC; que el salario mínimo es de Gs. 1.658.232; que el monto debía ser pagado por adelantado.

Coincidimos en la apreciación del ad quem al considerar que el concepto de renta vitalicia se encuentra equivocado, según se constata con la serena lectura integral del escrito de demanda y los hechos que ahí se narran. Conforme se esgrimiera es un caso del Principio iura novit curia que impone al Juzgador el deber de dar a los hechos narrados por el accionante y acreditados en la Causa, el encuadramiento jurídico adecuado.

En efecto, el rubro reclamado por el actor hace al daño emergente futuro, el que es admisible conforme así lo entendiera la más autorizada Jurisprudencia al decir: “Procede otorgar una indemnización en concepto de daño emergente futuro a la víctima de un accidente de tránsito, toda vez que se acreditó que, como consecuencia del suceso, se vio disminuida su capacidad física” (AR/JUR/57760/2010).

Se aprecia, pues, que a consecuencia de la electrocución, el accionante ha disminuido en 95 % su capacidad de valerse por sí mismo. Esa limitación tiene indudablemente valor económico porque al padecer la victima de esa incapacidad no puede cubrir necesidades básicas. En efecto, debido a su incapacidad ha perdido su autonomía personal y económica, circunstancia que hace que necesite asistencia de otras personas en forma permanente, para que lo atiendan dentro y fuera de la casa, asi como la estructuración de la vivienda a fin que sea más funcional para él. La más sólida Jurisprudencia ha señalado: “La reparación de la discapacidad no implica la mera restitución de los ingresos percibidos por el damnificado antes del hecho dañoso, sino que deben sistematizarse los costos que regularmente le suscita su incapacidad, contemplándose el caso de las grandes discapacidades motrices, la reparación del hogar, la adquisición de silla de rueda, cama especial, ya que la casa debe permitirle al individuo, sea cual fuere su incapacidad, moverse dentro de ella con la máxima comodidad y el menor esfuerzo” (AR/JUR/73/2005).

Considerando la entidad de la lesión sufrida (paraplejia definitiva, parálisis de ambas manos, pérdida del hueso frontal), resulta incuestionable que el accionante requerirá tratamiento médico, farmacológico y kinesiológico de por vida, asistencia de persona que lo cuide, ayuda permanente en su vida para poder sobrevivir con un mínimo de dignidad. Además de ser transportado en medio de locomoción especial, para desarrollar su relación externa. En base a esas consideraciones, resulta justa, ecuánime y equitativa la suma fijada por el ad quem, por lo que corresponde ser confirmada.

Respecto al daño moral, cabe señalar que el ad quem ha modificado la suma fijada por el a quo (Gs. 100.000.000), estableciendo Gs. 500.000.000, razón por la cual el recurrente solicito su disminución.

De constancias procesales surge que la actora solicitó la suma de Gs. 500.000.000 en dicho concepto, afirmando que la paraplejia definitiva produjo resquebrajamiento en la unidad familiar y la pérdida de todo el entorno de amigos, produciéndole dependencia de por vida para sus necesidades fisiológicas y psicomotriz.

Conforme hemos señalado en Fallos anteriores, para acreditar la existencia del daño moral se principia con presunción de hecho, que el agravio moral es el efecto natural del hecho dañoso; luego, no requiere demostración. “Basta la prueba de la conducta antijurídica, el daño moral se prueba in re ipsa, o sea, que su demostración surge de la existencia de la violación de algunos de los derechos de la personalidad de la víctima” (Brebbia, El daño moral, Rosario, 1967, p. 336).

Las Costas fijadas, en Segunda Instancia, deben ser confirmadas, pues no han sido recurridas por ninguna de las Partes.

En cuanto a las Costas en esta Instancia, corresponden serán impuestas por su orden, al haber razón probable para litigar, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 193 y 205 del CPC. Así voto.

El Dr. Torres Kirmser manifestó: Recurso de Apelación: Conforme puede leerse en la parte resolutiva del AI N° 908, del 18 de octubre de 2011, el recurso ante esta Instancia tan solo ha sido concedido respecto de lo resuelto en los aps. 4° y 6° del Ac. y Sent. N° 104, de 15 de septiembre de 2011 -ambas resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala.

Sin embargo, vista la forma en que fue resuelto el recurso de nulidad, en materia de apelación tan solo corresponde el estudio sobre la entidad de la indemnización en concepto de daño moral, puesto que los demás agravios ya han sido objeto de pronunciamiento en la cuestión previa. Cabe agregar que lo establecido en concepto daño emergente en primera instancia -G. 86.660.047 (Ochenta y seis millones seiscientos sesenta mil cuarenta y siete Guaraníes)- ya pasó a fuerza de cosa juzgada por el doble juzgamiento y que lo establecido por el Tribunal como pérdida de chance -G. 295.683.371 (Doscientos noventa y cinco millones seiscientos ochenta y tres mil trescientos setenta y uno)- no fue objeto de agravios en esta instancia.

En este sentido, el recurrente indicó que el monto establecido por el Tribunal en concepto de daño moral tendría ya un carácter punitivo, excediendo el fin resarcitorio propio de las indemnizaciones por daño moral.

En resoluciones anteriores, esta magistratura ha conceptuado a la figura del daño moral como “la afectación disvaliosa y negativa en la intimidad de la persona, que provoca en ella un cambio negativo en la forma de percibir e interactuar con su entorno” (SD N° 246, 17 de abril de 2012, Sala Civil, Corte Suprema de Justicia).

La Dra. Pucheta de Correa manifestó: Adherirse al voto del Ministro Raúl Torres Kirmser por sus mismos fundamentos.

Por los méritos del Acuerdo que antecede, la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial. Resuelve: Declarar la Nulidad parcial del Ac. y Sent. N° 104, del 15 de septiembre de 2011, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala. Modificar el ap. 4° del Ac. y Sent. N° 104, del 15 de septiembre de 2011, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, en cuanto al monto de la condena, estableciéndola en la suma de Gs. 1.083.343.418 (Guaraníes un mil ochenta y tres millones trescientos cuarenta tres mil cuatrocientos diez y ocho), más el pago vitalicio de una renta mensual de Gs. 3.000.000 (Guaraníes tres millones), desde el mes de febrero de 2013, conforme a lo explicitado en el exordio. Imponer Costas del Juicio en el orden causado de conformidad a los arts. 193 y 205 del CPC. Anotar, registrar y notificar.- Cesar Antonio Garay.- Raúl Torres Kirmser.- Alicia Pucheta de Correa.- Sec.: Alejandro Cuevas Cáceres.-