M., A. y otros s/ Tentativa de homicidio. (Ac. y Sent. Nº 1875)

2. El querellante adhesivo Sr. A. A. Z., bajo patrocinio de Abogado y la Agente fiscal interviniente Abog. J. P. interpusieron Recursos de Casación contra la referida resolución del Tribunal de Apelaciones.

B. Análisis de Admisibilidad

1. Presupuestos

1. Respecto al objeto del recurso de casación se observa que los recurrentes utilizan este medio de impugnación contra una decisión de un Tribunal de Apelaciones que pone fin al procedimiento y extingue la acción penal. El art. 477 CPP dispone “Sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del Tribunal de apelaciones o contra aquéllas decisiones de ese Tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”. En este contexto, el objeto de casación se adecúa a los presupuestos del art. 477 CPP.

2. Con referencia al derecho a recurrir se tiene que los impugnantes tienen reconocida su intervención legal en el presente expediente. Conforme al art. 449 segundo párrafo primera oración CPP “El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado”, se puede sostener que esta exigencia normativa procesal está cumplida.

3. La resolución objeto de la presente casación fue notificada al querellante adhesivo en fecha 16 de diciembre de 2014 (véase oficio de fs. 426); en tanto el Ministerio Público en fecha 19 de diciembre de 2014 (véase cédula de fs. 429). Los impugnantes interpusieron ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación el 30 de diciembre de 2014 y el 6 de enero de 2015, respectivamente. Según el art. 480 segunda oración CPP “El recurso extraordinario de casación se interpondrá ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para el trámite y la resolución de este recurso serán aplicables, analógicamente, las disposiciones relativas al recurso de apelación de la sentencia [...]”. Por otro lado, el art. 468 primer párrafo CPP dispone: “El recurso de apelación se interpondrá ante el Juez o Tribunal que dictó la sentencia, en el término de diez días luego de notificada, y por escrito fundado [...]”. Conforme a las constancias de la causa, las circunstancias fácticas referentes al plazo y forma de interposición, se adecúan a todos los presupuestos legales mencionados.

4. Los recurrentes invocaron como motivo de agravio lo previsto en el art. 478 num. 3) CPP. El art. 449 primer párrafo CPP establece que las resoluciones judiciales son recurribles siempre que causen agravio al recurrente. También el art. 450 CPP exige que los recursos se interpongan con indicación específica de los puntos de la resolución impugnada. Y, además, se requiere la expresión concreta y separada de cada motivo del recurso y la solución que se pretende (art. 468 párrafo primero CPP). En este entorno, según los términos de los escritos de casación presentados, se deduce que las presentaciones recursivas cumplen con las exigencias legales explicitadas.

2. Conclusión

Bajo el examen efectuado y de acuerdo a los presupuestos legales expresados, cabe declarar admisibles los recursos de casación interpuestos. Es mi voto.

4. La representante del Ministerio Público además enuncia como agravio principal que los fiscales intervinientes en esta causa nunca fueron notificados de la resolución que ordena el sobreseimiento provisional. En cambio, se solicitó la reapertura de la investigación dentro del año de haberse dictado esta resolución y ese día el Ministerio Público se dio por notificado. Por ende, no transcurrió ningún plazo hasta el día de la solicitud de reapertura de la causa en relación al imputado E. A. C.

5. Del mismo modo alega la agente fiscal que el Tribunal de Apelaciones omitió referirse a esta situación principal de la falta de notificación, por lo que se denota la carencia total de motivación.

B. Postura de la Fiscalía General del Estado

1. La Fiscal Adjunta María Soledad Machuca Vidal, al contestar el traslado de la casación interpuesta por el querellante -según los términos del Dictamen N° 1206, del 20 de agosto de 2015 (fs. 469 y ss.)- afirmó que la fundamentación de la resolución cuestionada es aparente e incompleta.

2. La representante de la Fiscalía General también sostuvo que la Alzada no realizó un estudio pormenorizado respecto a las circunstancias de la presente causa, pues si bien se expidió sobre la aplicación del art. 25 inc. 11 CPP, no se refirió a la falta de notificación; es decir no consideró que justamente el plazo de un año establecido en dicha norma aún no había transcurrido al momento de la solicitud de reapertura de la causa, pues el Ministerio Público se notificó de la resolución que otorgó el sobreseimiento provisional en la misma fecha en la cual requirió la reapertura.

3. Por consiguiente, solicitó la anulación de la resolución cuestionada y la confirmación de la resolución de primera instancia.

C. Postura de la defensa

Conforme al informe de la actuaría de fs. 468, el Abog. Defensor D. D. M. G. no contestó los traslados de los recursos de casación.

D. Análisis

1. Según se ha expuesto más arriba, la pretensión de los impugnantes radica en que se han lesionado normas jurídicas procesales que conllevan a que la sentencia -objeto de la casación- constituya una decisión manifiestamente infundada (véase más arriba punto A.2. de la presente cuestión).

3. Este defecto de la sentencia constituye el de mayor gravedad. A este respecto el legislador constituye -en el art. 403 num. 4) CPP- un catálogo de vicios de la sentencia que se caracterizan por poseer cierta graduación. El más grave es la carencia de fundamentación. Le siguen la insuficiencia y la contradicción. Bajo estos presupuestos legales, cabe sostener -de forma afirmativa- que lo nuclear y central es si las razones que fundamentan las decisiones están expresadas y son controlables racionalmente. A contrario sensu una decisión es tan indefinida, imprecisa, indeterminada, que no se puede saber si la adscripción, es decir, la subsunción seria correcta.

4. Es de deber cognitivo del Tribunal expresar el análisis de subsunción. De este mismo modo, las normas que consagran el deber de fundamentación de las resoluciones judiciales, art. 256 de la CN de la República, en concordancia con el art. 125 del CPP, impone a los jueces la obligación de fundar sus decisiones, expresando las razones que los llevaron a resolver la cuestión de un determinado modo y no de otro. En ese sentido, esta Sala ya ha sostenido que una sentencia carece de fundamentación cuando no expresa los motivos que justifican la convicción del juez en cuanto a su decisión y las razones jurídicas que la determinan, comprendiendo todas las cuestiones sometidas a decisión. Por ende, una resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.

5. La condición de especificidad respecto a la obligación de fundamentación de una sentencia se satisface con una fundamentación ostensiva, es decir aquella que permita o muestra claramente el control del procedimiento de subsunción. Ahora bien, ¿cuál es la medida o grado de especificidad acerca de la exigencia de motivación?; es decir, en qué medida tiene que estar especificado o tiene que cumplirse con la condición de especificidad. En este sentido, debe partirse de lo mínimo requerido. Efectivamente, a fin de cumplir con el requisito de especificidad de las decisiones judiciales, se ha sostenido que a través de la sentencia, el órgano jurisdiccional debe brindar respuesta a todas las cuestiones que los intervinientes del proceso han planteado, a los argumentos y razones que ellos le han sometido a consideración y decisión. Por lo tanto, no pueden cancelar per se las razones de los intervinientes procesales; pueden sí, considerarlas no atendibles, pero dando motivación, es decir, cuenta del por qué, previa realización de un examen crítico, que permita de esta manera el control de su racionalidad.

6. Respecto a todo lo anterior y en el marco expuesto más arriba en el acápite “A” de “antecedentes”, se observa que el Tribunal de Apelaciones consideró que el plazo de un año del art. 362 in fine CPP se computa inmediatamente después de haberse dictado la resolución. Con base en esto, este Tribunal resolvió el sobreseimiento definitivo por extinción de la acción bajo el contexto de la ley más benigna: el art. 25 inc. 11 CPP por encima del art. 362 in fine CPP.

10. En este escenario se tiene, por axioma, que cuando concurren varias normas de la misma jerarquía, solo una de ellas puede aplicarse, es decir una de las normas le desplaza a la otra o bien le consume a la otra. Esto se conoce como concurso consuntivo de normas, (véase Wienbracke, Juristische Methodenlehre, 2013 C.F. Müller, p. 19 y ss.). Conforme a esto, sobresale aquí el criterio de especialidad, es decir, el principio de lex specialis derogat legi generali. Esta pauta afirma que la norma especial (lex specialis) que regula un supuesto de hecho de manera más concreta tiene preferencia de aplicación sobre la norma más general (lex generalis). Ahondando esta postura axiomática se sigue que, una norma es especial frente a la otra cuando: 1) respecto a los elementos del tipo penal material o procesal, la regla jurídica general contiene varios elementos del tipo que son abarcados propiamente por la regla jurídica especial, y esta última incluye además otros presupuestos del tipo; y 2) respecto a la consecuencia jurídica, las dos reglas jurídicas se excluyen recíprocamente mediante la “especialidad lógica”, es decir, solo el resultado jurídico de la norma especial debe deducirse (véase Zippelius, Juristiche Methodenlehre, 11. Aufl. C.H. Beck 2012, p. 30 y ss).

11. En síntesis: la norma general es subsidiaria frente a la ley especial. En este contexto, se observa que el art. 362 del CPP constituye una lex specialis porque hace una distinción específica respecto al espacio temporal atendiendo la naturaleza del hecho punible.

12. Ahora bien, en un aspecto teleológico, el art. 362 in fine CPP -en interconexión con el art. 13 CP-, tiene por finalidad distinguir el desarrollo temporal del ejercicio de la persecución penal bajo consideraciones de prevención general. En este contexto, se trata de un aspecto de proporcionalidad con el interés de la generalidad en una efectiva persecución penal dirigida al esclarecimiento y sanción de conductas punibles.

13. En un escenario procesal, la aplicación de la “lex mitior” (ley más favorable al imputado) solo es admisible en caso de duda, conforme lo prescribe el art. 5 CPP. Y esta duda se refiere y se limita a la incertidumbre sobre los hechos y no sobre la aplicación de normas jurídicas. Otra es la situación cuando se debate sobre el ámbito de validez temporal de la ley penal material. Para esto último, rige la ley más favorable al encausado, siempre y cuando se den los presupuestos del art. 5 inc. 3º CP.

2. En estos lineamientos, y bajo los componentes normativos del art. 474 del CPP, y a la luz de los principios de celeridad y economía procesales, cabe confirmar por decisión directa el AI N° 287 de fecha 14 de marzo de 2014 del Juez Penal de Garantías N° 2 de Ciudad del Este.

3. Las costas deben imponerse a la parte perdidosa, como lo establece el art. 261 del CPP. Es mi voto.

Que al haber revocado la determinación del inferior los miembros del Tribunal de Apelación dieron por cerrada la causa al disponer la extinción de la acción en virtud al art. 25 inc. 11 del CPP, conclusión a la que han llegado con voto en mayoría, al sostener que, esta es la norma más favorable al encausado y al haber contradicción -según los mismos- entre lo dispuesto en la normativa mencionada y el art. 362 del CPP, se debe optar por aplicar la primera.

Para resolver el presente conflicto se deben establecer claramente los parámetros de aplicación tanto del art. 362 como así también el art. 25 inc. 11 del CPP para los casos de crímenes y delitos.

En este orden, la Cámara hace una análisis del problema refiriendo que arribas normas son contradictorias, por lo que no pueden ser aplicadas indistintamente para cada caso en particular, debiendo optarse en todos los procesos por la más favorable al encausado -art. 25 inc. 11 del CPP- aunque el hecho por el cual sea investigado este previsto como crimen.

Haciendo un análisis de las normativas citadas con anterioridad son perfectamente aplicables para cada caso en particular -crimen o delito-; en ese sentido el art. 362 del CPP, hace la distinción específica de los plazos para la aplicación de la extinción de la acción luego de dictado el sobreseimiento provisional -de un año para los delitos y de tres años para los crímenes- que no tropiezan ni son contradictorias a la disposición contenida en el inc. 11 del art. 25 del CPP, que claramente es referente a los delitos.

Esto es así pues la propia norma -art. 362 del CPP- lo define claramente al disponer que “... el plazo se extenderá a tres años cuando se trate de crímenes...”.

Vemos así que la expresión “se extenderá” es determinante al momento de la definición del plazo. Así, según el diccionario de la real academia española, extender significa: esparcir, dispersar, alargar, estirar, desplegar, prolongar, ampliar, acrecentar, agrandar, aumentar, ensanchar.

Por lo dicho, es perfectamente entendible pensar que el legislador ha previsto que el marco de aplicación del plazo sea de un año en delitos y la complementación a la norma para “aumentar” dicho plazo a tres años es que el hecho punible investigado sea un crimen, al prever que el agente encargado de la investigación necesitaría indefectiblemente más tiempo para la investigación en los hechos tipificados como crímenes porque, generalmente, éstos muestran mayor complejidad al momento de reunir las pruebas.

Al haber definido que no existe contradicción alguna entre los arts. 25 inc. 11 del CPP y 362 del mismo cuerpo legal sólo resta decir que el Tribunal de Apelación ha cometido un error al interpretar y aplicar la norma, pues en el presente caso, el hecho punible investigado -según imputación fs. 28 de autos- es el de Homicidio Doloso en grado de tentativa -art. 105 en concordancia con el art. 29 y 27, todos del CP, y de conformidad al art. 13 del mismo cuerpo legal está previsto como crimen, por lo que no se debió hacer lugar a la extinción de la acción en la presente causa en favor de A. M.

Por lo expuesto, doy mi voto por la nulidad del auto apelado y en estricta aplicación del art. 474 del CPP, confirmar el AI 287 del 14 de marzo de 2014.