Núñez Velázquez, Aurelio y Núñez Velázquez, Clemente s/ Homicidio Doloso. (Ac. y Sent. N° 16)

CS, Paraguay, Sala Penal, 2012/02/01. Núñez Velázquez, Aurelio y Núñez Velázquez, Clemente s/ Homicidio Doloso. (Ac. y Sent. N° 16).

Asunción, febrero 1 de 2012

1ª) ¿Es admisible para su estudio el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto?

2ª) En su caso, ¿resulta procedente?

1ª cuestión: La Dra. Pucheta de Correa dijo: El Abog. R. O., por los condenados en autos, interpone Recurso Extraordinario de Casación contra el fallo más arriba individualizado, confirmatorio de la sentencia dictada en primera instancia.

Por SD N° 40 del 23 de mayo de 2008, el Tribunal de Sentencias dispuso, en lo pertinente, tener por comprobada la existencia del tipo punible de homicidio doloso, la autoría de los condenados recurrentes y condenar a los mismos a sufrir penas privativas de libertad de doce años respectivamente.

En primer término corresponde efectuar el análisis de admisibilidad del pedido de casación: En cuanto a la impugnabilidad objetiva: Los recurrentes plantean sus recursos de casación en fecha 28 de mayo de 2010, estando dicha presentación planteada en tiempo, ya que la notificación a los condenados, confeccionadas personalmente, fue dada en fecha 11 de mayo de 2010, por lo que se hallan los recursos dentro del plazo establecido por el art. 468 del CPP.

Los Dres. Blanco y Benítez Riera manifestaron: Adherirse al voto de la Ministra preopinante, por los mismos fundamentos.

2ª cuestión: La Dra. Pucheta de Correa dijo: Se debe analizar previamente la naturaleza del recurso de casación. Este recurso es extraordinario, y por medio del mismo la Corte Suprema de Justicia debe corregir la aplicación del Derecho en un proceso judicial, comprobando la correcta aplicación de la norma penal al hecho declarado probado; la Corte Suprema de Justicia puede hacer esto sin salir de los marcos previstos por el art. 478 del CPP. Así, los motivos aceptados para fundar la casación en el presente juicio son violaciones constitucionales y sentencias manifiestamente infundada, debiéndose analizar si la misma cae dentro de dichos errores.

En dicho juicio las cuestiones a ser estudiadas están bien definidas, ya que los agravios de la defensa son por cuestiones procesales. Las mismas se refieren a 1) violación e incumplimiento del art. 350 del CPP; 2) violación de la Ley del Ministerio Público, ya que la acusación fue firmada por otro agente fiscal y; 3) mala admisión de los recursos especiales interpuestos por la acusación en contra de los recursos especiales interpuestos por la acusación en contra de la sentencia de primera instancia, por ser extemporáneos.

La frase legal “oportunidad suficiente” indica que debe darse al reo una posibilidad de prestar su declaración indagatoria, bastando solo una de ellas; no es necesario que se le esté requiriendo varias veces sus declaración, sino solo una, pero esta única oportunidad suficiente debe ser válida legalmente hablando, no puede estar viciada de ningún tipo de nulidad, y mucho menos si es que la oportunidad suficiente se concreta en la presentación física del imputado para declarar, transformándose ya dicha oportunidad en la declaración indagatoria, acto procesal revestido otra vez de mayores formalidades legales.

Al no hallarse otro acto que supla al defectuoso de las declaraciones indagatorias, se constata que no se cumplió el art. 350 del CPP, siendo así imposible que se haya presentado acusación fiscal.

No queda más ahora que dar la absolución a los imputados en este hecho debido a que no es posible, tampoco, retrotraer la causa a etapas precluidas en contra de los imputados, porque la nulidad detectada lleva el juicio a la etapa preliminar, lo cual es inviable por nuestro Derecho Procesal Penal.

Por todas estas consideraciones, el recurso de los recurrentes deben ser aceptados y consecuentemente debe ser anulado el Ac. y Sent. N° 13 de fecha 30 de abril de 2010, dictado por el Tribunal de Apelación de Caaguazú.

Las costas se impondrán a la parte perdidosa como lo dice el art. 261 del CPP. Es mi voto.

El Dr. Blanco manifestó: Compartir el voto emitido por la ilustre Ministra Primer Opinante, que declaro admisible el recurso de casación intentado por la defensa técnica de los encausados Aurelio Núñez y Clemente Núñez.

Respecto a la procedencia del recurso, formula su voto en los siguientes términos: Como ya se ha señalado, el agravio central del recurrente consiste en que sus defendidos Aurelio Núñez y Clemente Núñez, han sido acusados sin habérseles dado oportunidad suficiente para prestar declaración indagatoria previa a la acusación, conforme lo establece el art. 350 del CPP y con ello se ha afectado el derecho a la defensa. En razón de ello manifiesta que: “... teniendo en cuenta que se ha condenado a 12 años de pena privativa de libertad a mis defendidos por SD N° 40 de fecha 23 de mayo de 2008, que ha privado a los mismos de un derecho constitucional y legal que es el derecho a la defensa... No se ha cumplido con lo que exige el art. 350 del CPP y esto acarrea la nulidad absoluta de todas las actuaciones posteriores a la misma y en consecuencia trae aparejada la nulidad de todo el procedimiento... produciéndose una cantidad innumerables de violaciones a las normas penales de fondo y de forma y así también las Garantías Constitucionales que establecen el Debido Proceso... (sic)”.

Sobre esta hipótesis versa el objeto de la impugnación, el recurrente invoco como sustento legal de su pretensión el art. 478, incs. 1° y 3° del CPP, lo cual ha sido fundado por el peticionante, por lo que en primer término nos avocaremos a la constatación del supuesto previsto en el art. 478, inc. 1° del CPP.

En ese sentido, de las constancias del expediente judicial y de la copia del cuaderno de investigación fiscal, surge que los encausados han comparecido en tres ocasiones ante el representante del Ministerio Público, a fin de prestar declaración indagatoria, en fechas 3 de enero de 2005 (actas de fs. 76 y 77 exp. Jud.), 9 de febrero de 2006 (fs. 207/208 carp. Fiscal) y 3 de abril de 2006 (fs. 234/235 carp. Fiscal) de la simple lectura de las mismas puede advertirse que los actos se llevaron a cabo con el incumplimiento de las formalidades exigidas por la Ley para su realización. No consta la firma de Abogado Defensor. Solo se observan las firmas del Agente Fiscal y en las dos últimas comparecencias además de aquel, las firmas de los encausados y de la Asistente Fiscal. Se advierte además que en todas las ocasiones los procesados han manifestado que tiene designado un abogado defensor individualizándolo debidamente, pero sin constatarse la presencia del mismo en ninguno de los actos, por lo que en tales condiciones, puede afirmarse que no se ha brindado a los incoados la oportunidad de expedirse sobre los hechos que les fueron atribuidos, pues, no consta en el documento que se le haya brindado dicha oportunidad. De las constancias de autos, tampoco se advierte que el Representante del Ministerio Publico haya impulsado algún mecanismo (notificación por cédula, personal al abogado defensor) que tienda a resguardar el cumplimiento de la norma procesal prevista en el art. 350 del CPP, la cual se erige en un imperativo legal para el funcionario encargado de la persecución penal. La citada disposición, prescribe: “Indagatoria previa. En ningún caso el Ministerio Público podrá formular acusación, si antes no se dio oportunidad suficiente para la declaración indagatoria del imputado, en la forma prevista por este Código”.

Se ha señalado que la declaración indagatoria consiste en el acto por el cual el imputado voluntariamente depone sobre las circunstancias que lo favorecen, niega la pretensión represiva hecha valer contra él, o reconoce una de menor entidad o, finalmente, brinda la información que estima conveniente. Se trata de un acto esencial y voluntario, como también resulta voluntaria su abstención, constituye un acto de defensa material, no de investigación y por ello, el imputado debe tener la más amplia libertad de manifestar cuanto estime conveniente a sus derechos. Su realización, debe seguir las disposiciones procesales que la regulan, previstas en el art. 84 y ss del CPP, en cumplimiento al art. 17, 7), de la CN.

Resulta evidente que la disposición contenida en el art. 350 del CPP, no es más que la reglamentación del art. 17, num. 7) de la CN, que consagra como un derecho de la defensa y del debido proceso “... la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación”.

Así se sostiene que: “En el procedimiento penal se establece recaudos severos para verificar que el imputado ha tenido oportunidad suficiente de audiencia: él debe comparecer en persona ante el Tribunal, que el intimara o comunicara con precisión el hecho imputado y le permitirá ejercer posteriormente su defensa material; aunque el imputado está facultado a abstenerse de declarar, se verifica materialmente que conoce lo que se le imputa y que se le concedió la oportunidad de ser oído... En el procedimiento civil, en cambio, basta con que se otorgue al demandado una oportunidad razonable para ser oído, para controlar la prueba del adversario y producir la propia... pero no es necesario que el Tribunal verifique, de cuerpo presente, que el demandado fue colocado en la situación de poder aprovechar, realmente, las oportunidades que se le brinda. Conforme a ello, el Derecho procesal civil admite y regula el procedimiento en rebeldía... Nuestro derecho procesal penal, en cambio, no tolera el procedimiento en rebeldía... relativo a la defensa material, no se extrae tampoco las mismas consecuencias de la cláusula que impide obligar a otro a declarar contra sí mismo (art. 17 CN) que solo rige en toda su extensión para el procedimiento penal. En él no se conoce el régimen de absolución de posiciones, vigente para el procedimiento civil, con sus consecuencias, la confesión ficta por falta de respuesta (ausencia o negativa a contestar). Julio B. J. Maier. Derecho Procesal Penal. Fundamentos. P. 541/542.

Esta afirmación encuentra su basamento, en la condición de “sujeto esencial de la relación procesal” que hoy día reviste el imputado en el sistema procesal penal. En ese sentido, la exposición de motivos del Anteproyecto del Código Procesal Penal, señala: “... La historia del derecho procesal penal, revela que el imputado fue muchas veces objeto del proceso y, como consecuencia, sus derechos fueron anulados o restringidos, privándosele de la posibilidad de rechazar la pretensión punitiva del Estado... la presencia del imputado en el proceso es indispensable para perfeccionar la relación procesal y para que pueda ejercer sus derechos a través de las garantías establecidas en la Ley. Es por ello que la Ley establece que no podrá realizarse la acusación, sin que se haya identificado al imputado, o sin que se haya recibido declaración indagatoria o conste su negativa a declarar. En consecuencia el derecho a la defensa es de orden público, por cuanto el Estado se interesa en que el imputado sea defendido con todas las garantías de la Constitución y de la Ley, colocándolo en un plano de igualdad con la pretensión represiva del Estado. Se trata de una actividad esencial, puesto que según la Constitución Nacional, nadie puede ser condenado sin ser oído y sin ejercer su derecho a la defensa en todas las etapas del proceso”. Exposición de Motivos del Anteproyecto del Código Procesal Penal para la República del Paraguay. P. 28/30.

De lo expuesto, se concluye que la falta de indagatoria previa del imputado o la ausencia de elementos que demuestren el otorgamiento de oportunidad suficiente para declarar, constituye un defecto que por su entidad lleva aparejada la afectación de principios fundamentales, en las que se hallan involucradas reglas de orden público y del ejercicio de la defensa en juicio. Y en esa corriente nuestro sistema procesal ha sistematizado un método que fija claramente en que supuestos la irregularidad o la omisión de los actos procesales debe acarrear la declaración de nulidad y su exclusión del proceso.

El Dr. Benítez Riera manifestó: En primer término del escrito pertinente de fs. 72/80 de autos, se percibe que la causal invocada es la prevista en los arts. 478 inc. 1 y 3 del CPP; exponiéndose seguidamente los agravios, proponiendo finalmente se declare nulo todo el proceso.

En lo que hace al tiempo y forma de interposición, el recurso ha sido presentado dentro del plazo previsto en la Ley; por escrito y ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, cabe recordar que el art. 468 del CPP, aplicable al caso por remisión expresa ordenada por el art. 480 del citado cuerpo legal, establece: “El recurso... se interpondrá..., y por escrito fundado, en el que se expresara, concreta y separadamente, cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende...”, concepto que concuerda con lo dispuesto en el art. 450 del CPP, que dispone cuanto sigue: “Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este código, con indicación especifica de los puntos de la resolución impugnados”.

Posteriormente el fiscal imputo a Aurelio Núñez y Clemente Núñez por el hecho punible de homicidio doloso y una vez aprehendidos los mismos fueron llamados inmediatamente a comparecer ante el Juez, haciéndole saber una vez más la causa de su detención y procesamiento; que le asiste el derecho de nombrar un abogado defensor etc., dándose por notificado y nombrando en ese acto a los profesionales mencionados anteriormente.

En estas circunstancias es imposible negar, que se le ha dado la “oportunidad suficiente” a los imputados para que presten declaración indagatoria, al haberlos citado en varias oportunidades y hacerle saber, en dicha ocasión, el motivo de su procesamiento.

Por ese motivo, se debe hacer especial mención en el hecho de que los mismos aun teniendo ya designado abogados para que ejerzan su defensa no han declarado o brindado su versión de los hechos por su propia decisión, pues consideraron que no lo debían hacerlo en ese momento, y, nunca por el motivo de negársele dicho derecho (art. 84 del CPP).

Este artículo otorga al imputado los derechos de declarar y abstenerse “... como también el de declarar cuantas veces quiera...”; luego la norma hace referencia a las oportunidades que tiene el mismo de prestar declaración: “Durante la investigación... ante el fiscal...”; Durante la etapa intermedia... en la audiencia preliminar...” y “... Durante el juicio...”; concluye: “... En todos los casos, la declaración del imputado solo tendrá validez si la hace en presencia de un abogado defensor...”.

Haciendo una interpretación de la norma, debemos admitir que cuando el legislador ha incorporado la frase “... En todos los casos...”, se ha referido a los momentos previstos en la disposición citada en que los imputados deben declarar -vg. Ante el fiscal; en la audiencia preliminar y en el juicio-, en cuanto a la última parte del artículo, que exige la presencia del abogado defensor y condiciona la validez de la declaración del imputado -“... En todos los casos, la declaración del imputado solo tendrá validez si la hace en presencia de un abogado defensor...”, esta se refiere a cuando el mismo ha decidido hacer uso de su derecho de declarar- “... en todos los casos la declaración del imputado...” exigencia que tiene su excepción cuando, por el contrario, ha hecho uso del derecho que tiene de abstenerse.

En el caso puesto a nuestra consideración, habiendo sido citados los imputados para prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público, se han abstenido, no haciendo uso de su derecho, y como lo dijimos anteriormente no han producido efecto alguno de nulidad el hecho de la no presencia de su representante convencional, pues los mismos no hicieron uso de su derecho de declarar.

No obstante, se los ha requerido nuevamente en fecha 10 de enero de 2005, -acta de audiencia a fs. 33/34- en la que inclusive se le advierte de los derechos consagrados a su favor previstos en la CN art. 17 incs. 5° y 7° y los mismos ya habían designado anteriormente a sus abogados, que suponemos por estrategia no se presentaron a pedir que sus defendidos puedan declarar libremente.

Por ello, los fundamentos de la defensa “... que los acusados no tuvieron la oportunidad suficiente de declarar o que los mismos no tenían conocimiento de la causa por la que son procesados...”, por si mismos, no son suficientes para proclamar que hubo indefensión y que a su vez sea motivo de la declaración de nulidad decretada por mayoría, porque, aun en estas circunstancias, los mismos han hecho uso de uno de los derechos que le acuerda la Ley y han optado por no declarar.

Debemos concluir, en consecuencia, que el Ministerio Público ha formulado la acusación dándole antes a los imputados, “la oportunidad suficiente”, para prestar declaración, por tanto, la afirmación de que ha existido indefensión de los mismos en el proceso, constituye una interpretación equivocada de los hechos.

Dicha audiencia señalada para su indagatoria, ante su decisión de no declarar, se ha convertido en un acto informativo, en el que el juzgado le ha comunicado los prevenidos sobre la causa de su detención y de otros derechos que les son inalienables.

Por otro lado, se puede notar claramente según constancias de autos que, los imputados fueron aprehendidos, como resultado de las investigaciones, de declaraciones de testigos presenciales, en la que surgió que los mismos han cometido el hecho punible de homicidio doloso e inclusive se los ha reconocido a través de dichos testimonios.

Se debe tener presente además de todo esto que los mismos “fueron declarados en rebeldía en dos oportunidades”, por lo cual resulta sumamente riesgoso e injustificado dejar prácticamente impune los hechos investigados en autos, por motivos inexistentes.

Por los méritos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Resuelve: Declarar la admisibilidad del Recurso Extraordinario de Casación, planteado por la defensa de Aurelio Núñez Velázquez y Clemente Núñez Velázquez. Hacer lugar al Recurso Extraordinario de Casación planteado contra el Ac. y Sent. N° 13 de fecha 30 de abril de 2010, dictado por el Tribunal de Apelación de Caaguazú, por las razones arriba vertidas. Absolver de reproche y pena a los imputados Aurelio Núñez Velázquez y Clemente Núñez Velázquez a causa del error procesal arriba detectado. Remitir copias de la presente resolución a la Fiscalía General del Estado, a los efectos pertinentes. Imponer las costas a las perdidosas. Anotar, registrar y notificar.- Alicia Pucheta de Correa.- Sindulfo Blanco.- Luis María Benítez Riera.- Sec.: Karinna Penoni de Bellassai.-

Citas

(1) Código Procesal de la Providencia de Córdoba, Comentado, Anotado... Clemente, José Luis. T. II, p. 319 y ss.