Gamarra Morínigo, Jorge y otros s/ Producción de riesgos comunes. (Ac. y Sent. N° 335)

Asunción, mayo 20 de 2015

1ª) ¿Son admisibles para su estudio los recursos y adhesiones interpuestas?

2ª) En su caso, ¿resulta procedentes?

1ª cuestión: El Dr. Blanco dijo: Del expediente que hoy nos ocupa, constatamos la presentación de un recurso de casación interpuesto por los representantes del encausado Rodrigo Marcelino Castillo Fracchia y, a su vez, las presentaciones formuladas por los representantes de Jesús María Jiménez Insaurralde y Jorge Gamarra Morínigo. Cabe aclarar que la sentencia de condena que pesa sobre los citados, fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones.

Todos los recurrentes que se presentan ante esta Sala impugnan el Ac. y Sent. N° 60, por lo que corresponde someter a los recursos a un examen de admisibilidad, a fin de verificar si cumplen con los requisitos formales para avanzar en el estudio de la segunda cuestión.

Primeramente, debe traerse a colación lo preceptuado por el art. 477 del CPP, que dispone, en relación al objeto del recurso: “Solo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencia definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquellas decisiones de ese Tribunal que pongan fin al procedimiento, extinga la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.

Los Dres. Bajac y Ojeda manifestaron: Adherirse al voto del Ministro Primer opinante, por los mismos fundamentos.

2ª cuestión: El Dr. Blanco dijo: El Ac. y Sent. N° 60, del 9 de setiembre de 2009, dispuso: “1) Declarar la admisibilidad de los recursos de Apelación Especial interpuestos...; 2) Confirmar la SD N° 415 del 19 de diciembre de 2008, dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los Jueces Abogs. Miguel Said Bobadilla, Mesalina Fernández y Víctor Hugo Alfieri; 3) Imponer las costas de esta instancia a la parte perdidosa; 4) Anotar...”.

El pronunciamiento que antecede, es impugnado por todos los representantes de la defensa, quienes a más de señalar que la decisión resulta contradictoria con otros fallos, alegaron su deficiente fundamentación. Además, constatamos igualmente que uno de los puntos neurálgicos de la cuestión, tiene que ver con la postura de que la causa penal que involucra a sus defendidos, se halla prescripta. Naturalmente que la cuestión en torno a la vigencia de la acción penal en el tiempo, debe ser resuelta como una cuestión previa a los demás reclamos efectuados en el recurso, por cuanto que su contenido entraña cuestiones de orden público, directamente relacionadas a la persecución penal. Como lo tiene sentado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuestiones relativas al cumplimiento del plazo razonable desde un punto de vista procesal, así como el control de la prescripción de la acción desde un punto de vista sustantivo deben ser estudiados, como regla general en primer término y aún de oficio dado que ello apareja cuestiones de orden público. En tal sentido, la doctrina señala que; “... por ser la prescripción penal -instituto de derecho material- una cuestión de orden público que por ende opera de pleno derecho, debe ser declarada -incluso de oficio- en cualquier estado y grado de la causa, aun durante el trámite recursivo si se dan las situaciones que la ley prevé”. La Prescripción en el proceso penal Maximiliano Hairabedián, Federico Zurueta. Editorial Mediterránea. P. 60.

Siguió manifestando que: “... antes de analizar la prescripción de la sanción penal del delito atribuido al Sr. Rodrigo Marcelino Castillo, se debe precisar el grado de participación del citado en la comisión del mismo, conforme a la plataforma fáctica fijada por el Tribunal de Sentencia”.

En realidad corresponde, partir el análisis de los hechos debidamente acreditados por el Tribunal de Sentencia para determinar el cómputo de la prescripción, tal como lo señala la Fiscalía adjunta. Sin embargo, el grado de participación -calificación jurídica del modo de realizar la conducta de cada participante medida en base a su aporte al hecho- a estos efectos no resuelta relevante, porque lo que debe analizarse es el transcurso del tiempo y, en ese menester, es fundamental precisar el “momento del hecho” a fin de conocer el instante a partir del cual comenzó a transcurrir el plazo para la prescripción y, en tal caso, verificar si se produjeron actos suspensivos o interruptivos, que pudieran haber tenido incidencia en el cómputo del mismo que indica la ley para que se produzca la extinción.

El imputado Rodrigo Marcelino Castillo Fracchia, fue condenado por el hecho punible de Producción de Riesgos Comunes. Concretamente, la conducta del acusado fue subsumida en las disposiciones del art. 203, inc. 4º) del CP, que estatuye: “El que mediante una conducta dolosa o culposa causara una situación de peligro presente de que se realice un resultado señalado en el Inc. 1o, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”. Tal como pudimos observar del análisis de la sentencia de mérito, también fue considerada la disposición del art. 15 mismo cuerpo legal, es decir, el comportamiento punible que se le atribuyó fue la violación de una regla de mandato, que el acusado omitió cumplir existiendo un imperativo legal que lo obligada a evitar la producción de la situación de peligro presente para el bien jurídico que este tipo penal protege, la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos.

Con relación al rechazo de la prescripción, el Tribunal de Sentencia sostuvo: “El hecho de que el Sr. Rodrigo Castillo haya dejado de pertenecer al cuerpo de empleados municipales desde febrero de 2002 no determina la desaparición de la situación de peligro generada por su conducta en caso de que ella eventualmente pudiera ser comprobada al realizar el análisis de la existencia del hecho punible y si solo determina la continuación del peligro ya creado y como los corredores en las postas la inclusión del siguiente que la sustituyera. Pues está dada la circunstancia táctica de que varias personas pueden ser generadoras de conductas que entrañen hechos punibles de peligro. En lo demás deberá verse si tas que lo sustituyeron también generaron una situación de peligro”.

Sin embargo, lo reseñado por el Tribunal no resulta acorde a la disposición del art. 10 del CP, disposición legal que con relación al tiempo del hecho, establece: “El hecho se tendrá por realizado en el momento en que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción o, en caso de omisión, en el que hubiera debido ejecutar la acción. A estos efectos el momento de la producción del resultado no será tomado en consideración”.

De lo expuesto, surge que el lapso de tiempo, durante el cual estuvo vigente aquella obligación por parte del encausado, encuentra su razón de ser en la vinculación del mismo con la entidad Municipal. Empero, esta circunstancia -relevante para el análisis- no fue considerada en el razonamiento del Tribunal de Mérito, al momento de examinarse la vigencia de la acción penal. De ella surge, que por Res. N° 133, del 13 de febrero de 2002, la Municipalidad de Asunción dio por terminada las funciones del Sr. Rodrigo Castillo Fracchia. En tales condiciones, si analizáramos retrospectivamente la relevancia de su comportamiento a la luz del derecho penal material, tendríamos que la conducta que le fue atribuida y que se lo reprocha en esta causa, resulta de sus obligaciones como responsables de la Fiscalización de Obras, vale decir, el “mandato jurídico” requerido por el art. 15 del CP, se mantuvo vigente hasta el momento que el imputado dejó de pertenecer a la Institución, acontecido en el año 2002, como se dijo más arriba e igualmente como sostienen la Fiscalía Adjunta en la contestación.

En dicho contexto, si partimos de la tesis de que el hecho punible por el que se condenó a Rodrigo Castillo Fracchia, constituye una categoría autónoma, la pena prevista es de hasta tres años de privación de libertad o de multa, hallándose regulada la prescripción del hecho por la disposición del art. 102, inc. 1°), num. 2, que dispone: “Los hechos punibles prescriben en: ...2) Tres años, cuando el imite máximo del marco penal previsto sea de pena privativa de libertad de hasta tres años o pena de multa”.

El mismo artículo dispone que en el plazo correrá desde el momento en que termine la conducta punible, no requiriéndose para el inicio del cómputo del plazo de la prescripción la producción de algún resultado, porque el tipo penal en estudio, no contiene como uno de los elementos objetivos del hecho punible el acaecimiento de algún resultado, en razón de que se trata de un hecho punible de peligro, en el que se sanciona la sola producción del riego concreto de que se produzca algún resultado, con independencia de su ocurrencia.

Por lo tanto, el plazo de prescripción comenzó a correr desde el año 2002 y, de esta manera, ha transcurrido a la fecha de esta resolución, el doble del plazo de prescripción, vale decir, más de seis (6) años. En función a este análisis, ya ni siquiera resulta necesario referirnos a la producción de algún acto suspensivo o interruptivo en el recurso del término que fija la ley, debido a que el art. 104, inc. 2º) del CP, establece que “Después de cada interrupción, la prescripción correrá de nuevo. Sin embargo, operará la prescripción, independientemente de las interrupciones, una vez transcurrido el doble del plazo de la prescripción”.

Siguiendo el presente razonamiento, necesariamente se concluye que ha operado la prescripción del hecho punible de Producción de Riesgos Comunes, para perseguir la sanción penal contra el acusado Rodrigo Marcelino Castillo Fracchia y, en consecuencia, corresponde desvincular al citado de este proceso penal, como consecuencia del transcurso del tiempo establecido en la ley, sin formular consideraciones sobre el cumplimiento de los presupuestos del tipo penal, en la persona del encausado.

A la vez, en atención a lo resuelto con relación a la extinción del plazo para la prescripción, ya no resulta necesario formular correcciones con relación al grado de participación que le fue atribuido al encausado Rodrigo Marcelino Fracchia, dejándose sí expresa constancia de que su desvinculación del procedimiento que se declara con este fallo no implica de manera alguna la absolución de reproche, ya que el mismo, en el caso concreto tiene que ver con la imposibilidad de proseguir el ejercicio de la acción penal y, consecuentemente, con la imposibilidad de llegar a una redefinición definitiva del conflicto por las parte de los órganos de punición del Estado. Dicho instituto, como bien se ha dicho, debe ser declarado, independientemente a toda interpretación valorativa debido a que por su naturaleza prescinde de ello y toma como base elemental el tiempo del proceso y que la situación del hoy involucrado no puede extenderse en demasía, en desmedro a sus derechos humanos fundamentales.

Ya sobre la materia analizada, es palpable que el Tribunal de Apelación, no respondió varios de los puntos elevados a su conocimiento como agravios, en ocasión del estudio del recurso de apelación especial, proyectando un estudio superficial y evacuando su pronunciamiento en base a meras formulaciones genéricas, a las que recurrió en estos términos: “Analizado desde el punto de vista de legalidad de la Sentencia recurrida y revisado los autos, se constata que las pruebas ofrecidas y producidas han sido realizadas en legal forma y en su oportunidad, y todas han sido valoradas en forma conjunta, orientada al objetivo de la pena, pues, el objeto de la ejecución de la pena privativa de libertad es promover la readaptación del condenado y la protección de la sociedad... se observa además, que para calificar la conducta de los condenados, el interior se basó en la regla de la Sana Crítica... y siendo la resolución impugnada producto de un correcto razonamiento, se puede concluir que la resolución recurrida, reúne los requisitos indispensables para desplegar su eficacia y conservar su validez...”. No obstante las conclusiones a las que arribó el Tribunal, no expresan en parte alguna, las razones de sus dichos, y es evidente que no resulta del producto del estudio de los agravios que le propusieron concretamente los recurrentes por medio de la apelación especial.

Ello nos conduce a señalar que la resolución impugnada se halla manifiestamente infundada y, como tal, los recursos interpuestos deben ser declarados procedentes, por la causal de casación prevista en el art. 478, inc. 3) del CPP.

A este respecto, la doctrina señaló: “la sentencia penal debe dar respuesta a todos y cada una de las pretensiones jurídicas sostenidas por las partes del enjuiciamiento. Su inobservancia da lugar a la denominada incongruencia omisiva o “fallo corto”, en la que el Tribunal de instancia dicta una sentencia incongruente con la solicitud de las partes, en definitiva, sin dispensar la tutela judicial efectiva proclamada en la Constitución que en su manifestación sobre el contenido de la sentencia exige que el Tribunal de una respuesta jurídica a las pretensiones deducidas estimándolos o no, pero siempre resolviendo lo solicitado por las partes”. (Andrés Martínez Arrieta. El Recurso de Casación penal. Segunda Edición. Editorial Comares, Granada 1996).

Por tanto, la decisión se halla viciada del defecto de falta de fundamentación y, ante la existencia del defecto, corresponde que esta Sala Penal, disponga la nulidad del Ac. y Sent. N° 60 del 9 de setiembre de 2009, dictada por el Tribunal de Apelaciones, en lo Criminal, Tercera Sala, y, en consecuencia, de conformidad al art. 473 del CPP, por la expresa remisión efectuada por el art. 480 del mismo cuerpo legal, corresponde disponer el reenvío de la presente causa a otro Tribunal de Apelaciones a fin de que proceda al estudio y resolución de la cuestión, con el alcance señalado en la presente resolución.

Los Dres. Bajac y Ojeda manifestaron: Compartir el voto emitido por el Ministro Preopinante por los mismos fundamentos.

Bajo las consideraciones expuestas precedentemente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Resuelve: Declarar admisibles los recursos de casación interpuesto por los Abogs. T. T. M. y A. C. I.; defensores técnicos de Rodrigo Galeano Delgadillo y María Leticia Bóbeda, quienes ejercen la defensa técnica de los encausados Jesús María Jiménez Insaurralde y Jorge Gamarra Morínigo, respectivamente, en contra del Ac. y Sent. N° 60, del 9 de setiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación, en lo Criminal, Tercera Sala de la Capital. Declarar la prescripción del hecho punible de Producción de Riesgos Comunes, previsto en el art. 203, inc. 4) del CP, por haber operado el doble del plazo previsto en el art. 104, inc. 2°) del mismo cuerpo legal, para perseguir la sanción penal en contra del acusado Rodrigo Marcelino Castillo Fracchia y, en consecuencia, disponer su desvinculación de este procedimiento, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. Hacer lugar a los Recursos de Casación interpuestos por los Abogs. R. G. D. y M. L. B., quienes ejercen la defensa técnica de los encausados Jesús María Jiménez Insaurralde y Jorge Gamarra Morínigo, respectivamente, en contra del Ac. y Sent. N° 60 del 9 de setiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación, en lo Criminal Tercera Sala de la Capital y en consecuencia casar el fallo individualizado en el apartado anterior, con los alcances y consideraciones vertidas en el exordio de la presente resolución, disponiéndose el reenvío de la presente causa al Tribunal de Apelaciones que sigue en orden de turno, en cumplimiento de las disposiciones de los arts. 473 y 480 del CPP. Imponer las costas procesales a la parte perdidosa, de conformidad a los arts. 261 y 269 del CPP. Anotar, registrar y notificar.- Sindulfo Blanco.- Miguel Oscar Bajac Albertini.- Rolando Ojeda.- Sec.: Karinna Penoni de Bellassai.-