Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Sala Constitucional2012-02-08PY/JUR/24/2012
Carátula
Asunción, febrero 8 de 2012
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?
Opinión
Fretes
El Dr. Fretes dijo: El Procurador Adjunto de la República, Arnaldo Manuel Acosta Insfran, plantea acción de inconstitucionalidad contra el punto 7 de la SD N° 74 de fecha 12 de septiembre de 2006 dictado por el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Caaguazú y San Pedro en la causa “Ministerio Público c. Nicanor Paredes Caballero s/ Homicidio culposo en Coronel Oviedo” así como contra los arts. 262, 265 y 266 del CPP, alegando la vulneración del art. 106 de la CN.
La parte atacada de la resolución dispone: “Costas al Estado Paraguayo”.
Las disposiciones impugnadas establecen: “262: Exención. Los representantes del Ministerio Público no serán condenados en costas, salvo los casos en que hayan incurrido en mal desempeño de sus funciones y sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que incurran”.
Tales disposiciones resultan pertinentes en base al planteamiento del accionante y en forma particular al artículo constitucional que denuncia violentado cual es el 106 y que reza: “De la responsabilidad del funcionario y del Empleado Público. Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal concepto”.
El accionante expone como una injusticia el hecho de que a las resultas de un proceso penal se impongan las costas al Estado considerando en su argumentación que en caso de estarse ante un mal desempeño por parte del agente fiscal, debería ser éste quien cargase con los gastos del juicio. En sustento de tal idea realiza un extenso análisis de la actuación de la representante del Ministerio Público en el juicio de referencia. Así, en atención a los precedentes se concluye lo siguiente. Primeramente en cuanto a la sentencia atacada, vemos que los argumentos esgrimidos no hacen relación a la misma en forma siquiera directa siendo que el accionante centra su exposición en el articulado y en la labor desarrollada por la representante fiscal. No obstante ello, el pronunciamiento definitivo sobre el punto acaecerá lógicamente luego del análisis respecto de las disposiciones atacadas, ello en atención a lo que dispone el CPC en su art. 556: “Acción contra resoluciones judiciales. La acción procederá contra resoluciones de los jueces o tribunales cuando: a) por sí mismas sean violatorias de la Constitución: o b) se funden en una Ley, Decreto, Reglamento u otro acto normativo de autoridad, contrarios a la Constitución en los términos del art. 550”.
Lo que sucede en la aplicación de las disposiciones atacadas es que en caso de una labor deficiente por parte del Ministerio Público los jueces impondrán las costas del proceso al Estado paraguayo, mas esta situación no resulta definitiva como emerge de la propia Ley Fundamental, ya que en caso de encontrarse ante una labor mal llevada por parte del Agente Fiscal, éste soportará el proceso por tal hecho ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado, el que podrá declarar la existencia efectiva del mal desempeño lo que dará nacimiento al derecho del Estado de reclamar la reintegración total del pago que haya realizado por su culpa en el proceso principal. Probablemente tal situación se considere un tanto burocrática, mas debe recordarse primeramente que no es función de esta instancia la solución o simplificación de las políticas administrativas del Estado y por otro lado, luego de la lectura y análisis de las disposiciones en contraste con el plexo constitucional, vemos que el articulado atacado no contradice ninguno de los preceptos de aquel, sino que reglamenta la aplicación del mismo, reiteramos quizá algo engorroso en su tramitación, mas no inconstitucional.
Finalmente y retomando la cuestión referente a la acción contra la SD N° 74 de fecha 12 de septiembre de 2006 y en la hipótesis prevista en el art. 556 del CPC ya transcripta, se concluye que al no ser declarados inconstitucionales los artículos impugnados, lógicamente tampoco corresponde hacerlo respecto de la sentencia, ello por lo expresado en el inc. “b” del artículo mencionado. Y en el caso del inc. “a”, “por si mismas sean violatorias de la Constitución”, tampoco resulta procedente ya que el accionante no ha apuntado su demanda contra los argumentos o fundamentos del juzgador al momento de imponerle las costas, situación que debiera de darse a efectos de anular la sentencia por lo prescripto en el inciso transcripto.
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las disposiciones legales mencionadas y sus concordantes y visto el parecer del Ministerio Público, considero que la presente acción no puede prosperar. Es mi voto.
Bareiro de Módica
La Dra. Bareiro de Módica manifestó: La característica primordial de la impugnación de inconstitucionalidad a través de la Acción es que es un Recurso paliativo contra actos o resoluciones que vulneran derechos. En cambio la de la vía de la excepción es un medio de defensa preventivo, utilizado ante la posibilidad de aplicación de norma o precepto inconstitucional, es decir, la primera se interpone contra resoluciones judiciales, cuyo fin sería revocar, o anular, los efectos de una decisión judicial; y la segunda se interpone contra una norma a los efectos de evitar su aplicación.
Adhesión
Núñez Rodríguez
El Dr. Núñez Rodríguez manifestó: Adherirse al voto del Ministro preopinante, Dr. Fretes, por los mismos fundamentos.
Resuelve
Por los méritos del Acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: No hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad. Anotar, registrar y notificar.- Antonio Fretes.- Gladys E. Bareiro de Módica.- Victo M. Núñez Rodríguez.- Sec.: Héctor Fabián Escobar Díaz.-
265.- “Absolución: cuando se haya demostrado fehacientemente la inocencia del imputado en una sentencia, las costas serán soportadas por el Estado”.
266.- “Sobreseimiento definitivo y extinción de la acción penal: Para los casos de sobreseimiento definitivo y declaración de extinción de la acción penal regirá, analógicamente, el artículo anterior, salvo cuando la decisión se funde en la extinción de la acción por causa sobreviviente a la persecución ya iniciada, en cuyo caso el Tribunal fijará los porcentajes que correspondan a los imputados y al Estado”.
Previamente a cualquier análisis sobre el fondo de la cuestión planteada corresponde la verificación de los supuestos que hacen a la forma de una demanda de constitucionalidad. En este sentido, tal y como se señala en líneas anteriores, la presente acción fue presentada simultáneamente contra una resolución y contra actos normativos, ello a su vez, dentro de un proceso de regulación tal y como lo señala el Procurador Adjunto a fs. 9 cuando refiere que “en fecha 29 de febrero del presente año, la Procuraduría fue notificada de un proyecto de Liquidación dentro de una Regulación de Honorarios Profesionales solicitada por el Abog. Gustavo Rodas Romero en la causa penal caratulada: “Ministerio Público c. Nicanor Paredes Caballero s/ Homicidio Culposo en Coronel Oviedo” (sic). En base a tal circunstancia, no puede desconocerse en consecuencia que la parte actora lo que pretende en puridad es que en el proceso regulatorio no se resuelva en aplicación de las disposiciones que hoy impugna por considerarlas contrarias a nuestra Ley Fundamental.
No puede desconocerse que la cuestión planteada resulta repetitiva en nuestros tribunales. Es constante el reclamo tanto por parte de la Procuraduría como de otros sectores respecto de la aplicación de los preceptos a efectos de la atribución de una responsabilidad con la consecuente carga económica en los procesos penales. Así, abocándonos a una solución acorde a derecho resulta conveniente adelantar algunos aspectos que hacen a la solución del conflicto sometido a consideración de esta Sala. En esta idea corresponde entonces primeramente traer a colación algunas disposiciones de la Ley N° 1084/97 “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de Magistrados” y que expresa: “Art. 11.- Compete al Jurado, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ley, el enjuiciamiento de los miembros de los Tribunales de Apelación de cualquier fuero o jurisdicción, de los demás Jueces y de quienes ejercen el Ministerio Público como Agentes y Procuradores Fiscales”.
“Art. 12.- Son causales de enjuiciamiento la comisión de delitos o el mal desempeño de las funciones definidas en la presente Ley”.
Ahora bien, en lo tocante al art. 262 del CPP y en base a las transcripciones realizadas se colige con facilidad la existencia de la posibilidad de atribución de responsabilidad con sus consecuencias al agente fiscal, aunque el texto legal condiciona tal situación a la comprobación de un mal desempeño en sus funciones. Ahora, en términos legales, no es el Juez, ni las partes, ni el Procurador de la República quien juzga la presencia de tales falencias, sino el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ello en virtud de la Ley N° 1084/97 ya parcialmente transcripta, ello equivale a decir que la imposición de costas por tal argumento (mal desempeño) será efectivizable una vez que el órgano encargado haya constatado tal extremo, por el simple hecho de ser el único detentador de tal atribución en aplicación directa de la CN en su art. 253, primera parte, cuando refiere: “Del enjuiciamiento y de la remoción de los magistrados. Los magistrados judiciales sólo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos, o por mal desempeño de sus funciones definido en la Ley, por decisión de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”. Si bien, las reglamentaciones hacen a una sanción mucho más dura, surge innegable la conclusión de que las labores de los agentes fiscales, entre otros, serán evaluadas por el órgano constitucional y que de su decisorio emergerá la obligación posterior y fundamentada de cargar con las costas del proceso en que actuara de manera negligente.
En lo tocante a las restantes disposiciones, esto es, la que dispone la imposición de costas al Estado en caso de inocencia demostrada en sentencia y los casos de sobreseimiento definitivo y extinción de la acción penal vemos que ambas se complementan con lo expresado por el art. 106 de la CN arriba transcripto cuando dispone “sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal concepto”.
El art. 550 del CPC, determina que: “Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por Leyes, Decretos, Reglamentos, Ordenanzas Municipales, Resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, los principios o promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este capítulo...”.
En este aspecto la interposición de la presente Acción ya requiere detenimiento analítico formal, a fin de determinar la correspondencia de su estudio.
El Procurador Adjunto interpone Acción de Inconstitucionalidad contra tres artículos del Código Procesal Penal, que a su criterio son inconstitucionales, pretendiendo con ello revocar, o anular la Resolución judicial que se basó en ellos; interponiendo la acción al momento en que fue notificado de la SD N° 47 de fecha 12 de septiembre de 2006, dictada en la causa: “M.P. c. Nicanor Paredes Caballero s/ Homicidio Culposo en Coronel Oviedo”, medio de impugnación de la resolución, pero requiriendo que sean impuestas las costas al Ministerio Público. Confundiendo en sí ambos tipos de petitoria.
El recurrente tenía otros resortes procesales para objetar dicha imposición. No se agotaron los recursos ordinarios. (art. 561 del CPC).
Además de lo señalado, el art. 562 del CPC, determina: “Imposibilidad de interponer la acción si no se hubiese deducido la excepción. Si no se hubiese opuesto ¡a excepción de inconstitucionalidad en la oportunidad establecida por el art. 538 y el Juez o Tribunal resolviere la cuestión aplicando la Ley invocada por la contraparte, no podrá impugnarse la resolución por vía de la acción de inconstitucionalidad”.
En síntesis la pretensión del impugnante sería revocar la imposición de costas al Estado, e imponerlas al Ministerio Público, pero plantea Acción contra artículos normativos y no simultáneamente contra la sentencia que los invoca.
Confunde la característica de la Excepción, su objeto, evitar la aplicación de normas inconstitucionales, con la Acción cuya característica principal es rever decisiones basadas en normas inconstitucionales. Lo que torna a la presentación improcedente.
Además el accionante hace un relatorio extenso sobre la “mala o deficiente actuación” del representante del Ministerio Público, solicitando que las costas le sean impuestas por este motivo, no argumentando la real violación de las normas constitucionales. El proceso para declarar el mal desempeño del Ministerio Público, y en consecuencia atribuirle las responsabilidades que derivan del proceso deficiente es distinto. El accionante pretende por vía de la acción determinar una competencia que no corresponde a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, modificando así no solo el procedimiento, sino también una resolución judicial que no fue atacada como tal, sino a través de los artículos atacados.
Corresponde el rechazo de la Acción interpuesta por el Abog. Arnaldo Manuel Acosta Insfran, Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República, contra los arts. 262, 265 y 266 del CPP. Es mi voto.