Recurso de Casación en la causa: Detez Alfonso, Ramón s/ HP c. La vida (tentativa de homicidio). (Ac. y Sent. N° 924)

Asunción, diciembre 9 de 2011

1ª) ¿Es admisible el Recurso de Casación interpuesto?

2ª) En su caso, ¿resulta procedente?

1ª cuestión: El Dr. Blanco dijo: Por SD N° 04 de fecha 18 de enero de 2010, dictado por el Juez el Penal de Garantías de la ciudad de San Lorenzo, Abog. Fabriciano Villalba, fue condenado el Sr. Ramón Detez Alfonso a la pena privativa de libertad de dos años, luego de ser calificada su conducta dentro de las disposiciones del art. 105 inc. 3° en concordancia con el art. 29 inc. 1°, ambos del CP. Recurrida esta resolución ante el Tribunal de Alzada, se dictó el Ac. y Sent. N° 36 de fecha 23 de junio de 2010, por el cual se resolvió en lo medular: “... 3) Confirmar la SD N° 04 de fecha 18 de enero de 2010, dictada por el Juez el Penal de Garantías Abog. Fabriciano Villalba, por los fundamentos expuestos en el exordio de esta resolución”. (sic.)

Los Dres. Benítez Riera y Pucheta de Correa manifestaron: Adherirse al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

2ª cuestión: El Dr. Blanco dijo: El impetrante manifiesta que el fallo del Tribunal de Alzada carece de fundamentos, pues sus integrantes obviaron pronunciarse sobre los puntos apelados en su oportunidad, en ese sentido señalan: “... de la simple lectura e interpretación de todo el texto del Ac. y Sent. N° 36 recurrida, no se constata ningún razonamiento empleado en la solución del recurso ni consideración, pues se limitó a la trascripción de las proposiciones de las partes, para luego rematar trascribiendo la norma contenida en el art. 44 del CP, todo lo cual confirma la manifiesta ausencia de fundamentación de la resolución recurrida y debe ser anulado” (sic).

Como solución jurídica solicita hacer lugar al recurso interpuesto revocando las resoluciones dictadas en contra de su defendido.

La Fiscalía General del Estado, por Dictamen N° 1178 de fecha 30 de agosto de 2011, solicita que se haga lugar al recurso interpuesto y la consecuente nulidad del fallo de Alzada, en razón de lo solicitado manifiesta cuanto sigue: “es posible confirmar concretamente el error destacado por el casacionista en la decisión dictada por el ad quem, pues efectivamente, se constata palmariamente su denuncia. En ese sentido, se verifica a simple vista que en la decisión impugnada no puede encontrarse un solo razonamiento que proporcione respuestas a las pretensiones del apelante”. Asimismo por decisión directa, peticiona el estudio de los agravios expuestos de la defensa en su apelación general. En dicho sentido, manifiesta que los tres planteamientos presentado por la defensa del condenado con relación a la sentencia de primera instancia han sido plenamente confirmados. Por ello, también solicita la nulidad del fallo primario que, a su entender, contienen notorios errores de procedimiento.

Sobre el punto el ilustre autor Fernando de la Rúa en su obra “La Casación Penal” - El Recurso de Casación Penal en el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación”, señala con respecto a la motivación: “La motivación, a la vez que un requisito formal que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico. Es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el Juez apoya su decisión y que se consignan habitualmente en los “considerandos” de la sentencia. Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución...” (p. 105) “La sentencia, para ser válida, debe ser motivada. Esta exigencia constituye una garantía constitucional, no sólo para el acusado sino también para el Estado, en cuanto tiende asegurar la recta administración de justicia...” (p. 106).

Por otro lado, debe considerarse igualmente lo prescripto por la normativa legal, y al respecto el art. 125 del CPP señala: “Las sentencias definitivas y los autos interlocutorios contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. La fundamentación expresara los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones...”.

Ahora bien, en síntesis, tanto el casacionista como la Fiscalía General del Estado, señalan la falta de fundamentación del fallo de Alzada. Apuntan que dicho órgano jurisdiccional no se pronunció sobre los puntos apelados y sometidos a su consideración por la defensa.

En ese contexto y de la atenta lectura de la resolución impugnada, resulta fácil confirmar lo alegado por las partes. En tal sentido, resulta palmaria la orfandad jurídica del fallo en crisis, pues, no se vislumbra un razonamiento adecuado a los agravios del apelante, es decir, no ha dado respuesta jurisdiccional a los reclamos de la defensa contra la sentencia de primera instancia.

El defecto que se advierte en el fallo es constitutivo del vicio de incongruencia y, como tal, se ha vulnerado además de las prescripciones contenidas en el CPP en el art. 465 que expresa: “Resoluciones. La resolución del Tribunal de Apelaciones estará sujeta, en lo pertinente, a las formalidades previstas para los autos y las sentencias y, en todo caso, fundamentará sus decisiones” y en el art. 398, que consigna como requisito ineludible de la sentencia, el voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas, con la exposición de los motivos que lo fundan”. En tal sentido, el art. 456 del Código Ritual, al definir la competencia del Tribunal consagra el principio: “tantum apellatum quantum devolutum”, según el cual, los agravios del recurrente son lo que definen la competencia del Tribunal superior, que debe resolver sobre ellos y limitado a los aspectos contenidos en los mismos. Al obviar el estudio y pronunciamiento de todas las cuestiones impugnadas en segunda instancia, el Tribunal inobservó las disposiciones legales citadas precedentemente, que rigen el procedimiento en alzada, convirtiendo el fallo, en una decisión citra petita.

En esta tesitura, resulta igualmente acertado traer a colación lo dispuesto por el art. 403 inc. 4° del CPP, el cual, en concordancia con el art. 478 inc. 3° del referido cuerpo legal, establece: “Vicios de la sentencia. Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación y la casación, serán los siguientes: inc. 4 “que carezca, sea insuficiente o contradictoria la fundamentación de la mayoría del Tribunal. Se entenderá que la fundamentación es insuficiente cuando se utilicen formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias o se utilice, como fundamentación el simple relato de los hechos o cualquier otra forma de reemplazarla por relatos insustanciales. Se entenderá que es contradictoria la fundamentación cuando no se han observado en el fallo las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo...”.

Ahora bien, el art. 480 del CPP, al establecer lo procedente en cuanto al trámite y resolución del recurso extraordinario de casación, deriva a la aplicación analógica de las disposiciones relativas al recurso de apelación de la sentencia. De ahí que, remitidos a las exposiciones que reglan dicho recurso, nos encontramos con dos situaciones: 1) La propiciada por el art. 473 del CPP que dice: “Reenvío. Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación, el Tribunal de Apelaciones anulará totalmente o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio”; y 2) La reglada por el art. 474 del CPP, que establece: “Decisión directa: cuando de la correcta aplicación de la Ley resulte la absolución del procesado, la extinción de la acción penal, o sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, el Tribunal de Apelaciones podrá resolver, directamente, sin reenvío”. En el caso de autos corresponde optar por la segunda de las opciones, por lo que el análisis de la SD N° 04 de fecha 18 de enero de 2010, dictado por el Juez el Penal de Garantías de la ciudad de San Lorenzo, se realizará conforme a los agravios plasmados en el escrito de apelación general.

En tal sentido, el juicio abreviado procede en caso de confesión libre y llana del imputado, o su expresa conformidad con la acusación; requiere el acuerdo del fiscal, del querellante, el imputado y su defensor, y finalmente del juzgador sobre su procedencia. Este tipo de proceso, permite omitir el juicio oral y público, y fundamentar directamente la sentencia en las pruebas recibidas durante la investigación preparatoria (que se consideran idóneas para resolver el caso), no pudiendo imponerse -en el supuesto de condena- al imputado una sanción más grave que la pedida por el fiscal acusador, previamente acordada con aquél.

Cotejados los requisitos de este tipo de procedimiento especial, citados en los artículos precedentemente trascriptos en los párrafos anteriores, con lo denunciado por la defensa y conforme se corrobora en el acta de audiencia agregado a fs. 64 de autos, resulta que muy por el contrario a lo afirmado, al Sr. Ramón Detez Alfonso, se le ha dado la oportunidad de ser escuchado, ya que en dicha acta consta que, a la pregunta si admite los hechos y está de acuerdo con el procedimiento abreviado, el incoado manifiesta que: “si acepta los hechos y si está de acuerdo con la aplicación del procedimiento abreviado” (sic.), todo ello rubricado con su firma y la de su Abogado defensor.

Así expuesto y en dicho sentido, los supuestos errores formales que aqueja el procedimiento en cuestión, carecen de veracidad, dado que la resolución de Primera Instancia se encuentra investida de los requisitos indispensables para la aplicación de este tipo de proceso.

Sin embargo, la sentencia que se dicte deberá reunir las mismas exigencias que se requiere para ella en el juicio ordinario, estipuladas en el art. 398 del CPP y concordantes, aunque de un modo sucinto, y deberá fundarse en las pruebas recibidas en la investigación preliminar y en la coherente aceptación de responsabilidad del acusado.

La aceptación de los hechos acusados, no implica de manera alguna ignorar las pautas establecidas para la imposición de la condena, por más que se trate de un procedimiento especial donde su peculiaridad es de ser abreviado, no significa el cumplimiento de cualquier trámite en procura de establecer el quantum de la pena que acordaron las partes, sino está subordinado a un proceso intelectivo en base a normas específicamente establecidas para el efecto.

Por ello, a este órgano revisor le compete el estudio de la legalidad de la imposición de la sanción, si la misma ha sido determinada conforme a la Ley y a los principios de la lógica, lo cual debe constar debidamente en la resolución bajo la forma de sus fundamentos, conforme lo dispone el art. 256 de la CN.

En base a lo expuesto, se verifica la denuncia del recurrente en relación a la falta de fundamentación que sustente la sanción impuesta, consecuentemente corresponde acoger parcialmente el recurso interpuesto, en el sentido de anular los puntos 3), 4) y 5), de la SD N° 04 de fecha 18 de enero de 2010, dictado por el Juez Penal de Garantías de la ciudad de San Lorenzo, y reenviar estos autos al órgano jurisdiccional, quien deberá pronunciarse acerca de los puntos anulados de la citada resolución.

En lo atinente a los demás puntos de la resolución primaria, los mismos deben ser confirmados, dado que el Juez de la audiencia acepto aplicar el procedimiento propuesto por el Ministerio Público y el acusado, en estricto cumplimiento a las disposiciones formales contenidas en los 420 y 421 del CPP.

Por último, en cuanto a lo manifestado por el recurrente en relación a la denegatoria de la suspensión a prueba de la condena, no corresponde su estudio por cómo fue resuelta la causa. Es mi voto.

El Dr. Benítez Riera manifestó: En primer término el escrito pertinente de fs. 102/106 de autos, se percibe que la causal invocada es la prevista en los arts. 478 inc. 3 y 403 inc. 4 del CPP; esto es que el Acuerdo y Sentencia que impugna es manifiestamente infundado y que carece, es insuficiente o contradictoria su fundamentación; exponiéndose seguidamente los agravios, proponiendo finalmente la revocar las resoluciones impugnadas y si no fuere posible, disponer la Suspensión a Prueba de la Ejecución de la Condena de su defendido Ramón Detez Alfonso.

En lo que hace al tiempo y forma de interposición, el recurso ha sido presentado dentro del plazo previsto en la ley; por escrito y ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, caber recordar que el art. 468 del CPP, aplicable al caso por remisión expresa ordenada por el art. 480 del citado cuerpo legal, establece: “El recurso ...se interpondrá ..., y por escrito fundado, en el que se expresara, concreta y separadamente, cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende...”, concepto que concuerda con lo dispuesto en el art. 450 del CPP, que dispone cuanto sigue: “Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este código, con indicación especifica de los puntos de la resolución impugnados”.

La Dra. Pucheta de Correa manifestó: Adherirse al voto del Ministro Luis María Benítez Riera, por sus mismos fundamentos.

Por los méritos del Acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Resuelve: Declarar admisible para su estudio el recurso extraordinario de casación interpuesto contra el fallo del Tribunal de Apelación, interpuesto en estos autos. Hacer lugar al recurso extraordinario de casación interpuesto por el Abog. P. L. G., por la defensa técnica del Sr. Ramón Detez Alfonso, en contra del Ac. y Sent. N° 36 de fecha 23 de junio de 2010, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, de la Capital, consecuentemente declarar su nulidad, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. Reenviar estos autos a otro Tribunal de Apelación para que proceda nuevamente al estudio de la apelación interpuesta por la defensa. Anotar, notificar y registrar.- Sindulfo Blanco.- Luis María Benítez Riera.- Alicia Pucheta de Correa.- Sec.: Norma Domínguez V.-