Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: "Ledesma, Norma Isabel c/ González, Catalina s/ Indemnización de daños y perjuicios". (Ac. y Sent. N° 2124)

En ese sentido, surge que el Tribunal de Alzada entendió que la providencia de fecha 27 de febrero de 2007, por la cual el a quo había ordenado la apertura a prueba del incidente de nulidad deducido por la parte demandada y que este proveído fue notificado a la parte actora el 11 de mayo de 2007, casi tres meses después de su dictamiento fundamentado sobre este marco de tiempo la negligencia de la incidentista por la excesiva dilación entre una y otra actuación procesal, este fundamento es la base de la Cámara de Apelaciones para denegar el otorgamiento de la suspensión pretendida.

En primer lugar corresponde analizar en el presente caso si hubo o no negligencia por parte de la incidentista en lo que respecta a la reproducción de la prueba de reconocimiento judicial. De los autos traídos a la vista se colige que por providencia de fecha 17 de mayo de 2007, el a quo señaló como fecha para la citada prueba el día 24 de mayo de 2007. Con posterioridad el incidentista solicitó la constitución del Actuario a dicho efecto (fs. 158 de autos), pedido que fuera providenciado en fecha 24 de mayo de 2007 (fs. 158 vlto). Asimismo se observa que a fs. 158 vlto. en virtud de la nota de fecha 25 de mayo de 2007, el Actuario Abog. Gustavo Martínez hizo saber a las partes que el día 6 de junio de 2007 se constituiría en el domicilio indicado, a fin de dar cumplimiento al proveído de fecha 24 de mayo de 2007. Dicha nota fue notificada a la parte incidentada en fecha 31 de mayo de 2007, de conformidad a la cédula de notificación que obra a fs. 169 de los autos principales. Ante el pedido formulado por la parte incidentada del cierre del periodo probatorio, la adversa solicitó al Juzgado la suspensión de la etapa procesal siguiente, a fin de producir la prueba de reconocimiento judicial, la cual se encontraba pendiente, conforme se deduce del escrito obrante a fs. 171.

El a quo hizo lugar, con costas, al pedido de suspensión de la etapa procesal siguiente por un plazo de diez (10) días a fin de producir la prueba de reconocimiento judicial (AI N° 1769 de fecha 27 de agosto de 2007, fs. 178), lo que motivó la interposición del recurso de apelación de la parte actora y fue resuelto por el ad quem en el fallo impugnado en la presente acción de inconstitucionalidad.

Concluido el relato de los hechos fácticos, corresponde el análisis del art. 267 del CPC que dispone: “Suspensión del plazo. La parte que hubiese mostrado diligencia en el ofrecimiento y producción de sus pruebas. podrá solicitar dentro del tercero día de notificada la providencia que declaró cerrado el periodo de prueba, la suspensión de la etapa procesal siguiente, por un plazo máximo de veinte días en el proceso de conocimiento ordinario y de diez días en los procesos especiales e incidentes, afín de producir las pruebas pendientes”.

Del análisis de las constancias de autos y de la norma transcripta no se observa que exista negligencia o desidia en el actuar de la parte incidentista, como lo afirmo el Tribunal de Alzada, en la producción de la prueba de reconocimiento judicial solicitada por su parte.

Máxime cuando los hechos denunciados por la demandada y que provocaron el incidente de nulidad de actuaciones revisten una gravedad tal de que de modo directo afectan el derecho a la defensa en juicio de las personas (art. 16 CN) y que amerite que el juzgado cuente con pruebas suficientes para su resolución; y entre ellos su resolución; y entre ellos la Constitución del juzgado constituye una prueba esencial y definitorio para corroborar y constatar el domicilio de la demandada con el que figura en las notificaciones realizadas.

La doctrina nos ilustra que para la procedencia de la declaración de la actitud negligente se requiere que el litigante por desidia, culpa o dolo, no haya activado la medida pendiente de producción... además se exige que el incumplimiento le sea imputable... la inacción de la parte interesada debe incidir en la indebida prolongación de la causa judicial (Vide: Fenochietto, Carlos Eduardo y ARAZI, Roland; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado, 2ª Reimpresión, Buenos Aires, Edit, Astrea, Tomo 2, p. 348).

En el caso, la parte incidentista ha mostrado diligencia en la producción de la prueba citada, impulsando su diligenciamiento, y en consecuencia, se le ha cercenado el derecho a la defensa contemplado en el art. 16 de la CN a fin de demostrar que el domicilio de la demandada, en el que habían sido practicadas las notificaciones no le pertenecía. La doctrina de la arbitrariedad consiste en proteger a quien acuden a los estrados judiciales ante decisiones que no tienen otro fundamento que la voluntad de quienes las suscriben, no pudiendo ser consideradas verdaderas sentencias judiciales. El sustento de la declaración de arbitrariedad está en la gravedad de la lesión al servicio de justicia por la magnitud del desacierto de la decisión. Toda resolución judicial debe ser una derivación razonada que respete los hechos y el derecho debatidos en la causa. Es una obligación fundamental en un sistema jurisdiccional democrático; la motivación adecuada de los fallos es la mayor garantía de que la administración de justicia cumple con los postulados del Estado de Derecho. La doctrina de la arbitrariedad tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las resoluciones de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. El derecho a la defensa en juicio supone que el justiciable tenga la posibilidad de recurrir ante los órganos jurisdiccionales en procura de justicia es decir, para alegar y demostrar sus derechos.

En conclusión, por las consideraciones vertidas considero que la resolución impugnada por esta vía arbitraria e incompatible con el debido proceso y con el derecho a la defensa enjuicio, en contraposición a lo dispuesto en el art. 16, 17 y 256 de nuestra Carta Magna. En consecuencia, considero que la acción de inconstitucionalidad debe prosperar y debe ser declarada la nulidad del AI N° 176 de fecha 5 de marzo de 2008, emanado del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, en los autos caratulados: “Norma Isabel Ledesma c. Catalina González s/ Indemnización de Daños y Perjuicios” y de conformidad a lo dispuesto en el art. 560 del CPC se deberá remitir el juicio al Tribunal que le sigue en orden de turno, con imposición de costas a la perdidosa en anuencia con el art. 192 del CPC. Es mi voto.

La Dra. Bareiro de Módica manifestó: Del estudio de los fundamentos del recurrente y del análisis de la resolución recurrida, surge que la acción debe ser admitida.

En efecto, la valoración de los hechos realizada en la segunda instancia no se ajusta a la realidad, ya que no hubo negligencia en la producción de la prueba de reconocimiento judicial, por lo que la no admisión del pedido de suspensión del plazo para alegar, para producir dicha prueba, resulta violatoria del derecho a la defensa en juicio y de derechos procesales consagrados en nuestra CN.

Por lo manifestado precedentemente considero que la acción de inconstitucionalidad debe ser admitida y, en consecuencia, debe declararse nulo el AI N° 176 del 5 de marzo de 2008, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, de Asunción. El expediente debe seguir el trámite previsto en el art. 560 del CPC. Costas a la perdidosa.

El Dr. Fretes manifestó: Adherirse al voto del Ministro preopinante, Dr. Núñez Rodríguez, por los mismos fundamentos.

Por los méritos del Acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: Hacer lugar a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la nulidad del AI N° 176 de fecha 5 de marzo de 2008, emanado del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, en los autos caratulados: “Norma Isabel Ledesma c. Catalina González s/ Indemnización de Daños y Perjuicios” y de conformidad a lo dispuesto en el art. 560 del CPC se deberá remitir el juicio al Tribunal que le sigue en orden de turno. Costas a la perdidosa. Anotar, registrar y notificar.- Víctor M. Núñez Rodríguez.- Gladys E. Bareiro de Módica.- Antonio Fretes.- Sec.: Héctor Fabián Escobar Díaz.-