Acción de Inconstitucionalidad: González Gadea, Evaristo Lauro c. González Rocha, Patricia s/ Autorización judicial para enajenar bienes y tercería de dominio. (Ac. y Sent. N° 1634)

Por su parte, el Agente Fiscal adjunto mediante el Dictamen N° 186 del 8 de marzo de 2012 contestó la vista corrídale refiriendo que los juzgadores del alzada han fallado dentro del margen de discrecionalidad que la Ley les otorga, en base a elementos de juicio y a la normativa legal. Menciona que de la lectura del escrito de promoción de la presente acción surge que lo pretendido por la parte impugnante es poner en tela de juicio el razonamiento realizado por los juzgadores en la consideración de la causa, trayendo a colación argumentos ya expuestos y debatidos en las instancias ordinarias. Refiere que una de las características de las medidas cautelares es su mutabilidad, de ahí la posibilidad de pedir su ampliación, su mejora o substitución por lo que es jurisprudencia el denegar las acciones que se traten de medidas cautelares. En cuanto a los agravios del accionante vinculados a la violación del art. 390 del CPC manifiesta que tanto el proveído del 15 de junio de 2010 como el fechado 6 de septiembre de 2010 fueron dictados ante el juzgado donde se inició y tramitó el juicio, por lo que los agravios expuestos de manera alguna sustenta la acción intentada, aspectos que le inducen a aconsejar el rechazo de la acción intentada.

El accionante pretende la nulidad del fallo de segunda instancia sustentado principalmente en una arbitrariedad normativa, a saber una resolución que interpreta equivocadamente la norma aplicable.

Al respecto, el actor ha aludido una interpretación impropia de los arts. 390 y 693 inc. c) del CPC.

En el presente caso, el Sr. Evaristo Lauro González Gadea ha deducido un incidente de tercería de dominio y/o de mejor derecho sustentado en una cesión de derechos sobre unas mejoras introducidas en dos predios municipales situados en el Distrito de Capitán Bado, predios donde alega residir con su familia. El pedido lo realiza ante la autorización judicial decretada a favor de la Sra. Felicita González Gadea de Torres de enajenar el citado bien inmueble, dispuesta por AI N° 158 del 9 de abril de 2010 dictado en el marco de un incidente de autorización judicial de enajenar bienes deducido en la sucesión de Ramao Roaldo Rocha. Al tiempo de deducir la incidencia, pidió se decrete la prohibición de innovar sobre los citados lotes.

Por providencia del 15 de junio de 2010, el Juez entre otros, decretó la medida cautelar de prohibición de innovar sobre los lotes citados, bajo caución juratoria del solicitante. Esta medida fue repuesta por la adversa quien asimismo interpuso concomitantemente recurso de apelación. Ante este pedido, por proveído del 6 de septiembre de 2010, la jueza de primera instancia revocó la medida otorgada y el hoy accionante apeló esta decisión.

El Tribunal de alzada consideró que el peticionante de la medida no otorgó contracautela suficiente o idónea para garantizar el pago de las costas y del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida requerida, conforme lo requiere el art. 693 del CPC.

Como primer punto, el actor se agravia de la revocatoria de la medida cautelar decretada por vía de un recurso de reposición, pues quien interinaba la administración de justicia de un juzgado admitió su pretensión, empero la jueza natural hizo lugar a un recurso de reposición y en consecuencia, revocó por contrario imperio la medida cautelar solicitada. Sin embargo, no ha cuestionado esta providencia ante esta instancia. Ello hace improcedente el estudio de lo cuestionado, empero cabe acotar lo siguiente. Recordemos que el art. 390 del Código de Forma autoriza a la magistratura quien dictó la providencia o el interlocutorio repuesta/o a rever lo decidido y en su caso, decida revocarla/o por contrario imperio o no. En el presente caso, el accionante pretende una interpretación antojadiza de la frase “el mismo Juez o Tribunal que los hubiese dictado” y propone sea entendido en el sentido que la misma persona física que dictó la decisión repuesta, sea ineludiblemente quien resuelva su revocatoria. En principio, ello podría entenderse como un cuestionamiento respecto de la competencia de quien revocó la medida. Sabido es que las cuestiones de competencia son de orden público y por ende, improrrogables. Ya el art. 16 de la CN garantiza que toda persona sea juzgada por tribunales y jueces competentes; es así que los jueces y los tribunales ejercen su jurisdicción dentro de los límites de su competencia. Empero, el actor aclara esta situación expresando que siendo el Juez Perfecto Orrego quien dictó la medida cautelar es el único quien debe rever su decisión. Entonces, es notorio que el mismo cuestiona la competencia dada a la persona encargada de administrar justicia y no al órgano, que fuera desempeñado por el juez/a interino/a y el/la natural; empero los argumentos que centran su objeción no versan sobre transgresiones en la designación del substituto en ausencia del reemplazado o en el impropio ejercicio del cargo ni una contravención en las normas de legislan sobre la competencia; sino en una irrazonable interpretación del art. 390 del CPC, pues de admitir lo propuesto por el mismo traería el absurdo de considerar que en el caso que un/a magistrado/a -que luego renunciara- dictare una medida y éste sea objeto de reposición sería imposible que quien lo/a reemplace la revea y por ende, el recurso quedaría sin decisión sine die y constituiría una verdadera negación de justicia. En efecto, considero que el aquí accionante pretende una interpretación insensata de las normas del código de forma adecuándola a sus intereses, a fin de obtener una resolución que lo favorezca, lo cual es notoriamente improcedente. Por tanto, es patenta la inexistencia una interpretación equivocada del art. 390, conforme lo pretende el accionante.

Luego, se ha argüido una interpretación impropia del art. 693 inc. c) del CPC dado que se ha denegado una medida cautelar pues no se ha otorgado una contracautela suficiente para garantizar la medida peticionada. El actor refiere que en este caso no es necesario ofrecer contracautela alguna pues su parte es interesada con derechos adquiridos y en atención a que reside en el inmueble objeto de pretensión. El Tribunal de alzada ha tomado en consideración que la verosimilitud de derecho no está dada pues la cesión de derechos que sustenta su pretensión se trata de un documento privado y en consecuencia, fueron de opinión que la contracautela idónea para otorgar la medida es la real o personal. Del análisis de la cuestión suscitada, puede advertirse que la magistratura juzgadora no se ha cruzado los límites en la ponderación del derecho aplicable al caso concreto ni una tergiversación del alcance de mismo que ameriten una declaración de nulidad del fallo impugnado. En efecto, una sentencia no puede ser tildada de arbitraria cuando los agravios del recurrente versan sobre su discrepancia con los puntos de vista jurídicos. Sabido es que el criterio interpretativo con que cuenta la magistratura es parte de la facultad discrecional que le confiere el plexo normativo, siempre y cuando ella no exceda de los límites o de la elasticidad que posee la propia norma que rige el caso específico. En este caso, no se observan disonancias entre la ratio que le da el contenido a la norma aplicada y la dirección interpretativa dada a la misma. En consecuencia, la resolución dictada no puede ser considerada como arbitraria.

Por último, debe advertirse que en otras ocasiones esta Sala ya ha descartado como medio idóneo de impugnación de resoluciones, la acción interpuesta contra las que decidan respecto de las medidas decretadas, levantadas o modificadas que tenga por objeto garantizar la operatividad efectiva de la sentencia a ser dictada en el juicio principal. En efecto, como no nos encontramos ante una decisión definitiva, los potenciales perjuicios que pudiera irrogar al accionante pueden ser normalmente reparados por las vías ordinarias a ser aplicadas al proceso principal.

En consecuencia, no cabe más que el rechazo de la pretensión intentada por improcedente. Costas a la parte vencida. Es mi voto.

La Dra. Bareiro de Módica manifestó: En el examen del AI N° 05 del 17 de febrero de 2011, dictado por el Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Amambay, objeto de la acción de inconstitucionalidad, puede constatarse que confirma la resolución de primera instancia que ordena el levantamiento de una medida cautelar.

El Tribunal de Apelaciones funda su resolución en que la verosimilitud del derecho del peticionante de la medida cautelar no se encuentra debidamente acreditada porque se basa en un instrumento privado y que la caución juratoria otorgada como contracautela resulta insuficiente.

La resolución accionada se encuentra debidamente fundada y no es arbitraria, porque los juzgadores estudiaron el caso y lo resolvieron aplicando las normas dentro del límite de sus atribuciones.

Por otra parte, la resolución accionada al decidir acerca de una medida cautelar no tiene el carácter de disposición definitiva, ya que puede ser modificada, si se dan las condiciones para ello.

No se han conculcado normas de rango constitucional en la resolución objeto de esta acción de inconstitucionalidad.

El accionante, en desacuerdo con la interpretación de las normas que hacen los juzgadores, busca la apertura de una nueva instancia y un nuevo análisis de los hechos, lo que no corresponde porque la acción de inconstitucionalidad es una acción autónoma y no constituye una instancia más de revisión de los procesos.

Por lo manifestado precedentemente considero que la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada, con costas al actor. Es mi voto.

El Dr. Núñez Rodríguez manifestó: Adherirse al voto del Ministro preopinante, Dr. Fretes, por los mismos fundamentos.

Por los méritos del Acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: No hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida. Costas a la parte vencida. Anotar, registrar y notificar.- Antonio Fretes.- Gladys Bareiro de Módica.- Víctor M. Núñez Rodríguez.- Sec.: Arnaldo Levera.-