Acción de Inconstitucionalidad c. el Dec. N° 6780/11 “Por el cual se reglamenta el Capítulo IV de la Ley N° 1328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos. (Ac. y Sent. N° 700)

Asunción, julio 8 de 2013

¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?

El Dr. Núñez Rodríguez dijo: 1.- Se presentan ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los Abogs. L. E. S. y J. A. C. G. en nombre y representación de las firmas Paraná Importaciones S.A., Amanecer Representaciones, Michigan S.A., Vancouver S.A., Acqua Importaciones S.A., Giro S.A., G.G.R. S.A., Bambu Inc S.A., Dimadi S.A., Challenger S.A., ZX S.A., Grupo Cell Motion S.A., Real Service Import E.I.R.L, La Roma S.R.L., Orel S.R.L., Sota S.R.L., Paraguay Informática S.A., Bak Internacional S.A., Libertadora S.A., We Buy S.A., Roble Corp. S.A., Neynor S.A., España Informática S.A., Tigers del Este S.A., Rigstar S.A., Eclipse Group S.A., Monaco Trading S.R.L. y Austin Center S.A., bajo patrocinio del Abog. J. F. e impugna por vía de la inconstitucionalidad, el Dec. N° 6780/11 “Por el cual se reglamenta el Capítulo IV de la Ley N° 1328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos”.

2.- Alegan como fundamento de su pretensión, que las disposiciones mencionadas son notoriamente contrarias a lo establecido en la Constitución Nacional violando abiertamente los arts. 9 (de la libertad y seguridad de las personas), 34 (de la inviolabilidad de los recintos privados), 44 (de los tributos), 46 (de la igualdad), 108 (de la libre circulación de los productos), 110 (de los derechos de autor y propiedad intelectual) y 179 (de la creación de tributos) de la CN.

3.- Sostienen entre los defectos de forma, que el citado Decreto, a través de una supuesta reglamentación crea solapadamente un impuesto o tributo aduanero del 0,50 % a ser destinado a una Sociedad de Gestión Colectiva, lo que configura un atentado contra el orden constitucional y una desfiguración de la facultad constitucional conferida al Poder Ejecutivo. Afirma que todo tributo, en este caso aduanero, solo puede ser establecido por Ley; por tanto al crearse un nuevo impuesto por un Decreto es inconstitucional. Entre los defectos de fondo, señala que establece partidas arancelarias que serán afectadas al pago de la remuneración compensatoria y que aún sin publicaciones en forma gráfica, videogramas o en fonogramas para la reproducción de las obras protegidas, se hallan gravadas con el impuesto creado, porque podrían ser utilizados para grabar o reproducir. En este sentido, resalta que no puede gravarse con un impuesto la eventualidad. Refiere que el decreto impugnado viola el principio de presunción de inocencia y el de razonabilidad al partir de la premisa que se presume que todo consumidor de un equipo, aparato o soporte digital realizará actos de reproducción ilegales o clandestinos.

Art. 3.- De conformidad con lo previsto en el art. 36 de la Ley N° 1328/98, y de conformidad con la propia decisión de las entidades de Gestión Colectiva reconocidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se harán efectivas la recaudación y distribución de los montos debidos en concepto de Derechos de Remuneración Compensatoria por copia privada, a través de la Sociedad de Gestión Colectiva Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE Paraguay), hasta tanto se cree el ente recaudador con personería propia para el efecto.

Art. 4.- Estarán obligados al pago de la Remuneración Compensatoria por copia privada, el fabricante nacional o importador de equipos y soportes contemplados en el siguiente artículo.

Los mismos deberán inscribirse en el Registro de Importadores de Soportes Magnéticos y Ópticos y Materias Primas para su Producción (RISMOMPP) de la Dirección General de la Propiedad Intelectual.

Art. 5.- Los equipos y soportes sujetos al pago establecido en el artículo anterior son los siguientes, clasificados según las partidas arancelarias que correspondan:

Art. 6.- La tasa o alícuota de la Remuneración Compensatoria será del cero coma cincuenta por ciento (0,50 %) determinado de la misma manera que para el Impuesto Selectivo al Consumo.

Art. 7.- Los equipos y soportes de fabricación nacional tendrán un descuento del veinticinco por ciento (25 %).

Art. 8.- Quedan exentos del pago de la remuneración compensatoria, los equipos y soportes que sean utilizados por los productores de obras audiovisuales, de fonogramas y los editores, o sus respectivos licenciatarios, así como los estudios de fijación de sonido o de sincronización de sonidos e imágenes, y las empresas que trabajen por encargo de cualquiera de ellos, para la producción o reproducción legítima de las obras, interpretaciones o ejecuciones y producciones de aquellos, siempre que tales equipos o soportes sean destinados exclusivamente para esas actividades y así haya sido justificado por los mismos ante la Sociedad de Gestión encargada de la cobranza o ante el ente recaudador que, en su caso, se constituya, la cual deberá expedir, con carácter previo, un certificado acreditativo de tal utilización.

Art. 13. - La distribución de los montos recaudados en concepto de compensación por copia privada de conformidad con lo establecido en el art. 3 de este Decreto se hará conforme a lo siguiente:

a) 10 % del monto total recaudado que será destinado a la promoción y respeto de los derechos de propiedad intelectual y la lucha contra la piratería:

b) Un tercio para cada una de las tres Sociedades de Gestión Colectiva reconocidas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, previa deducción de los gastos que ocasione la recaudación y administración, debidamente justificados ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Art. 14.- La Dirección General de la Propiedad Intelectual podrá verificar, las veces que considere necesarias, la documentación referente a la importación y/o fabricación de los productos mencionados en el art. 3, así como podrá verificar las mercaderías dentro del predio de Aduanas, o en los depósitos de las empresas fabricantes.

Art. 15.- En virtud de los dispuesto en el art. 33 de la Ley N° 1328/98, que establece: “Ninguna autoridad ni persona física o moral podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra producción protegida por esta Ley, o prestar su apoyo a dicha utilización, si el usuario no cuenta con la autorización previa y expresa del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de excepción previstos por la Ley. En caso de incumplimiento, será solidariamente responsable”, en concordancia con el art. 154 de la misma, las autoridades administrativas no autorizarán el despacho de importación de los soportes y equipos ni la circulación de los soportes y equipos fabricados localmente y contemplados en el presente decreto, sin la constancia fehaciente de pago de la remuneración compensatoria por copia privada aplicable a tales equipos y soportes, en los términos y montos establecidos en el presente Decreto.

El Poder Ejecutivo estableció mediante el citado decreto la imposición de un gravamen de aplicación general para beneficio de los autores, productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes agrupados en las sociedades de gestión colectiva reconocidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor: Autores Paraguayos Asociados (A.P.A), Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) y Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (A.I.E. Paraguay), imponiendo una tasa o alícuota en concepto de “Remuneración Compensatoria” equivalente al 0,50 %, estableciendo el pago a quienes la Ley no obliga, en una cantidad o monto que la Ley no establece, en base a productos indeterminados, arrogándose el Poder Ejecutivo a través del citado Decreto facultades que competen a otro poder del Estado (Poder Legislativo).

Es decir, el quid de nuestro análisis gira en torno a la puesta en vigencia de la denominada “remuneración compensatoria por copia privada”, más conocida como “canon digital”. El canon digital es una tasa aplicada sobre todos los soportes utilizables para registrar materiales digitalizados supuestamente sujetos a derechos de autor. El pretendido gravamen intenta “compensar” a los autores por el ejercicio del derecho a la copia privada por parte de los usuarios.

Por la reglamentación del “canon digital”, puesto en vigencia en virtud del Dec. N° 6780/2011, el MIC pretende que la remuneración compensatoria se determine en función de los equipos, aparatos y materiales para realizar la reproducción, donde el pago se acreditará a través de una identificación en el equipo de grabación o reproducción y en los soportes materiales utilizados para la duplicación, cuando corresponda. El Dec. N° 6780/11, que establece una “remuneración compensatoria” a favor de músicos nacionales, encarecerá los precios al consumidor final, de manera indiscriminada.

La Ley busca compensar de algún modo a los autores y titulares de derechos de autor, y sin embargo, el Decreto crea un nuevo pago de tributo a la importación de cualquier soporte que pueda almacenar obras de la creación, que incluye teléfonos móviles, grabadoras, memorvcards y hasta cualquier CD, tengan o no como finalidad copiar obras protegidas: lo cual es inconstitucional e ilegal. La Ley dice “tienen derecho a” y el Decreto grava la importación, sin que exista relación directa e inequívoca entre el objeto del derecho que se pretende reconocer y la materia tributaria; creando una suerte de extorción para el importador, quien debe abonar previamente el impuesto para el retiro de sus mercaderías, sin que haya existido aun la posibilidad de perjudicar o menoscabar los derechos autorales de los titulares de derechos.

Además, el Decreto, crea los sujetos obligados al pago del tributo, contraviniendo el principio de legalidad tributaria, ya que el gravamen, el objeto y los sujetos tributarios solo pueden ser establecidos por Ley; por tanto, estamos ante una clara extralimitación de las funciones del Poder Ejecutivo. Al ampliar el hecho generador previstos en la legislación vigente, subrogando con ello facultades propias del Poder Legislativo y violando los principios constitucionales establecidos en los arts. 179 (legalidad tributaria) y 137

(prelación del orden jurídico constitucional).

En efecto el art. 179 de la CN establece: “Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la Ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Es también privativo de la Ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario”. Ello concuerda con el art. 202 num. 4) de la misma Constitución, según el cual es competencia del Congreso, “... legislar sobre materia tributaria”.

Si bien es cierto no se debe confundir la figura de “tributo” y la de “remuneración compensatoria”, trayendo a colación lo mencionado por el Fiscal Adjunto Marco Antonio Alcaraz, en el Dictamen N° 1139 de fecha 28 de setiembre de 2011 (fs. 80/82), en el que establece que “Lo Remuneración Compensatoria no debe ser confundida con un tributo, pues presenta características propias: 1. Si la remuneración compensatoria tuviese carácter tributario, obviamente su naturaleza misma, su recaudación y su distribución, deberían tener carácter “público”, es decir, sería recaudado por el Estado y estaría dirigida a subvenir necesidades de carácter colectivo, dirigidas al conjunto de los ciudadanos y a los diferentes servicios y necesidades en las cuales es el Estado el organizador de dichas erogaciones. 2. De conformidad a lo dispuesto en el art. 34 de la Ley N° 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos, otorga este derecho a los titulares de los derechos sobre las obras y el propio art. 36 establece cómo se llevará a cabo la distribución y recaudación de la remuneración, no a través del Estado y para fines públicos sino a través de los propios titulares y de sus sociedades de gestión. Es decir, se trata de una obligación de carácter civil o privado, cuyo acreedor es el titular del derecho y deriva de relaciones jurídicos- patrimoniales privadas o civiles. En ningún caso son públicas. Por consiguiente, remuneración compensatoria y tributo no son sinónimos...” surge la siguiente cuestión: Si realmente la “remuneración compensatoria” es una obligación generada entre particulares, por qué interviene el Estado mediante el dictamiento de un Decreto del Poder Ejecutivo? Si es una relación jurídico-patrimonial entre personas privadas o civiles, el Estado no tuvo por qué intervenir, pues al dictar el Decreto es evidente la intervención estatal. Y por consiguiente, si existe intervención estatal corresponde la aplicación del art. 179 CN “Todo tributo cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la Ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Es también privativo de la Ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario”. En concordancia con el art. 202 num. 4) de la misma CN, según el cual es competencia del Congreso, “... legislar sobre materia tributaria”.

Es más el propio Poder Ejecutivo, a través del Dec. N° 4911 de fecha 16 de agosto de 2010, crea la Comisión Presidencial para la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al Sistema Educativo Nacional, como instancia impulsora para la implementación de políticas públicas que garanticen el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y desarrollen acciones tendientes a la disminución de la brecha digital. Es decir, el Dec. N° 6780/11 “Por el cual se reglamenta el Capítulo IV de la Ley N° 1328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos”, además de ser ilegítima e inconstitucional, contradice lo establecido por el Dec. N° 4911 del 16/08/2010 dictado por el mismo Poder Ejecutivo.

Además de lo mencionado, considero que el citado decreto trasgrede la división de los poderes del Estado, establecido en el art. 3, teniendo en cuenta el sistema de distribución de poderes y funciones establecidos en nuestra Constitución. No pocas veces el Poder Ejecutivo reglamenta las leyes dictadas por el Congreso en materia tributaria. Entonces es que surge la convivencia entre leyes y normas administrativas que pudieran llegar a confundirse, sin embargo, es aquí donde los principios de Reserva de Ley y de Primacía de la Ley toman juego como elementos importantes que forman parte del Principio de Legalidad, toda vez que las normas de carácter administrativo se encuentran supeditadas a las leyes y por ningún motivo podrían exceder el contenido de éstas últimas. “Nullum Tributum sine Lege” es el aforismo latino que sintetiza el principio de legalidad tributaria contenido en el art. 179 de la CN.

De lo mencionado, se puede ya afirmar inequívocamente que el Dec. N° 6780/11 del Poder Ejecutivo contiene en su texto disposiciones contrarias a los arts. 44, 137, 179 y 202 de la CN, no importando su denominación o género, puesto que precisamente por ello, la Carta Magna dispone que “todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la Ley...” y que “Es también privativo de la Ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario”. Asimismo vulnera el Principio de Libertad previsto en el art. 9 de la CN, que establece que nadie está obligado a hacer lo que la Ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe.

El Dr. Bajac Albertini manifestó: Se presentan ante esta Corte los Abogs. L. A. E. S. y J. A. C. G., bajo patrocinio del Dr. Julio Fernández, en representación de las firmas: Paraná Importaciones S.A., Amanecer Representaciones, Michigan S.A., Vancouver S.A., Acqua Importaciones S.A., Giro S.A., G.G.R. S.A., Bambu Inc S.A., Dimadi S.A., Challenger S.A., ZX S.A., Grupo Cell Motion S.A., Real Service Import E.I.R.L, La Roma S.R.L., OREL S.R.L., SOTA S.R.L, Paraguay Informática S.A., Bak Internacional S.A., Libertadora S.A., We Buy S.A., Roble Corp. S.A., Neynor S.A., España Informática S.A., Tigers del Este S.A., Rigstar S.A., Eclipse Group S.A., Mónaco Trading S.R.L. y Austin Center S.A., a promover acción de inconstitucionalidad contra el Dec. N° 6780/11 “Por el cual se reglamenta el Capítulo IV de la Ley 1328/98 de Derechos de autor y derechos conexos”, emanado del Poder Ejecutivo.

Alegan los representantes de las firmas anteriormente mencionadas, entre otras cuestiones lo que sigue: “... se reglamenta en art. 44 la excepción de la realización de una copia para uso exclusivamente personal...; este artículo legaliza la realización de una copia de la obra para uso exclusivamente persona, previo pago de una remuneración compensatoria...; ahora bien, el mismo artículo señala que la copia privada está condicionada a la satisfacción de una remuneración compensatoria de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, Título IV de la Ley...; la Ley del Derecho de autor establece que el autor y los titulares de derechos conexos tienen derecho a una “remuneración compensatoria” por las reproducciones de sus obras o producciones efectuadas exclusivamente para uso personal; el artículo establece igualmente que la remuneración se determinará en función de los equipos, aparatos y materiales idóneas para realizar la reproducción...; la misma Ley, preceptúa en el art. 37 que el Poder Ejecutivo a propuesta de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, determinará los titulares a quienes corresponda dicha remuneración y reglamentará el procedimiento para determinar los equipos y soportes sujetos a la misma, su importe y los sistemas de recaudación y distribución. Igualmente deberá determinar las exoneraciones que correspondan y podrá ampliar la responsabilidad del pago de la remuneración a los que distribuyan al público los objetos señalados...; el Decreto establece en su art. 4 que estarán obligados al pago de la remuneración compensatoria por copia privada, el fabricante nacional o importador de equipos y soportes, es decir que la remuneración compensatoria, por una eventual copia realizada por el usuario final de los soportes debe ser abonada por los fabricantes y distribuidores, mientras que la Ley 1328 en su capítulo IV no dispone eso en forma alguna...; Es decir que este decreto en abierta violación del art. 9 de la CN y sin sustento legal alguno pretende gravar la actividad comercial de nuestros mandantes y afectarlas con procesos y tramites que no están prescriptos en ninguna Ley...; mediante un decreto no se puede crear ningún tributo...; la naturaleza de la remuneración, hasta parecería tributaria, más aun, cuando no se está ante un servicio de solicitud voluntaria, por lo que no puede considerarse un precio, tampoco es una utilización de servicio público, por lo que no puede considerarse una tasa, sin embargo, se asemeja al impuesto que es una prestación obligatoria...; el mecanismo que el Poder Ejecutivo, está impetrando, contra los particulares, está imponiendo un “tributo por decreto” para pagar derechos autorales de personas de derecho privado...; es inconcebible que mediante un decreto, se pretenda imponer un gravamen con alcances de un tributo, para un destino distinto de las arcas del Estado...; El Dec. N° 6780/2011 es absolutamente inconstitucional, por violar varios preceptos constitucionales básicos que hacen a los fundamentos mismos de nuestro Estado de Derecho. Genera un gravamen de aplicación general para beneficio de los autores, imponiendo el pago a quienes la Ley no obliga, en una cantidad o monto que la Ley no establece, en base a productos indeterminados generando un caos jurídico, y minando gravemente el estado de seguridad jurídica, que requieren todos los gobernados para conocer que deben o no hacer, de qué manera y en qué cantidad. Esta situación es sumamente grave, pues demuestra un actuar contradictorio e ilegal del poder administrador, que se arroga facultades de otro poder del Estado (el poder legislativo) para imponer a la población una situación de mayor gravamen, que la autorizada por Ley...”.

A fs. 80/82 de autos, contesta la vista corrídole el Fiscal Adjunto Encargado de la Atención de expedientes y vistas dirigidas a la Fiscalía General del Estado Abog. Marco Antonio Alcaraz, manifestando que: “... en cuanto a la remuneración compensatoria impuesta por la Ley a los fabricantes nacionales e importadores de equipos susceptibles de realizar copias, cabe apuntar que tiene su origen en el art. 9.2 de la Convención de Berna de 1886 para la protección de obras literarias o artísticas (Acta de Estocolmo de 1967), el cual ha sido ratificado por nuestro país por Ley N° 12 del 23 de agosto de 1991...; la remuneración compensatoria no debe ser confundida con un tributo, pues presenta características propias... se trata de una obligación de carácter civil o privado, cuyo acreedor es el titular del derecho y deriva de relaciones jurídico- patrimoniales privadas o civiles. En ningún caso son públicas. Por consiguiente, remuneración compensatoria y tributo no son sinónimos...; considera esta representación fiscal, que la determinación de una remuneración compensatoria encuentra respaldo constitucional en el art. 110 de la Carta Magna...; en conclusión, el decreto cuestionado no excede los parámetros contemplados en la Ley N° 1328/98, en el sentido de que el citado acto ejecuta una previsión contemplada por ella para lograr el resguardo de los derechos de autor compensando los derechos de autor por la reproducción de sus obras en equipos y soportes contemplados en el art. 5 del Decreto...”.

Pero partamos de otra hipótesis: que por inadvertencia la Corte hubiera decretado la inconstitucionalidad del decreto mencionado, sin hacer referencia alguna sobre la validez constitucional de la Ley en los artículos citados, en cuyo supuesto se mantendría el eventual error de “legislar” por vía de decretos, hasta si se quiere de modo perenne, sabiendo que el Ejecutivo sencillamente dictaría otro decreto y otros decretos necesarios con tal de lograr la pretendida “reglamentación” que promete la norma principal, con lo cual nunca habría tranquilidad jurídica para los sectores que reivindican el derecho a ser retribuidos por sus obras artísticas o literarias. Es decir, el nudo bordiano del tema está posiblemente en la Ley y no en el o los eventuales o numerosos decretos.

Por estos aspectos formales la reducción de la pretensión deducida en la demanda a una sola tacha legal, que es el decreto citado, carece de objeto al no haberse acumulado con ella el pedido de la revisión jurídica constitucional de los términos respectivos contenidos en la Ley que le da vida y sustento al decreto, motivo por el cual mi voto es por el rechazo de la demanda debiendo imponerse las costas en el orden causado por tratarse de un caso atípico relativo a interpretación de normas legales.

A simple título ilustrativo para quien esbozó pretendidamente alguna justificación de que el decreto cuestionado resultaba inconstitucional por violación del principio de legalidad en la tributación, cabría preguntarse antes de opinar definitivamente sobre este novedoso caso, algunas cuestiones puntuales pero muy importantes y que son:

1.) Siendo que la Ley N° 1328/98 “De derechos de autor y derechos conexos” en sus arts. 34 y 35 determina que el monto recaudado en concepto de “remuneración compensatoria” estará destinado a retribuir a los autores de las obras artísticas y que de la recaudación se efectivizará a través de las “entidades de gestión colectiva”: a) ¿Puede una entidad privada (... de gestión colectiva) recibir de la Ley de la nación la delegación de la facultad de determinar el hecho imponible, los sujetos obligados, la base de imposición, la cuantía del tributo y multas eventuales?; b) Lo recaudado por ministerio de la Ley de modo compulsorio debe tener siempre destino público porque todo tributo “responderá a principios económicos y sociales justos y a programas que favorezcan el desarrollo nacional”; c) ¿Admite “la lógica razonable del tributo” diverso orden?; d) ¿Se ha tenido en cuenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso: “Liga Paraguaya de Fútbol c. Decreto del Poder Ejecutivo”, que incrementó en 5 % el impuesto al consumo de los alcoholes “para favorecer la participación de la selección paraguaya de fútbol en el mundial de México”?, resolución que había concluido afirmando la inconstitucionalidad del gravamen por no tener destino público.

Concluyendo, digo que la presente demanda debe ser rechazada por la notoria omisión formal de no haber realizado, el recurrente, cuestionamiento jurídico alguno a la norma de superior jerarquía en la pirámide de Kelsen, que es la Ley citada, y que es la razón de ser de su consecuencia, que es el decreto que nos ocupa. Es mi voto.

El Dr. Blanco manifestó: Coincidir con la medulosa opinión del Ministro Prof. Dr. Víctor Manuel Núñez en relación con las conclusiones logradas respecto de la validez constitucional del Dec. 6780/11, creando la “remuneración compensatoria” en el ámbito de los derechos de autor, pero, agrego;

1. La “remuneración compensatoria” está instituida por Ley 1328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos y sería la retribución de quien disfruta de la obra artística a favor del autor propietario de las mismas. Dicho derecho, a percibir por la creación artística, se materializa en el campo del Derecho Privado y no en el sector del Derecho Público, distinción demasiado importante, para la solución del caso en estudio:

a- Porque, si es negocio privado, lo pagará quien voluntariamente acceda a utilizar la obra artística de otro, es decir, pagará “precio privado”, que como se sabe, su monto surge luego del ejercicio recíproco del derecho de la autonomía de la voluntad, porque en ese señalado mundo, “nadie está obligado a hacer lo que la Ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Lo toma o lo deja, según su particular interés y nivel económico. Derivación de todo esto, constituye el llamado “precio público” percibido, por empresas del Estado prestadora de servicios, cuyo uso no resulta obligatorio, por existir sucedáneos (la vela, frente al foco, etc.).

c. Un aporte compulsorio nunca puede ser establecido por decreto, y mucho menos, a favor de una entidad privada como lo constituyen las de gestión colectiva. Ya la Corte Suprema de Justicia, en época del Dr. Luis María Argaña, declaró inconstitucional el incremento del Impuesto Selectivo al Consumo, cuya recaudación no era para el erario público, sino a favor de la entonces Liga Paraguaya de Fútbol con vistas a sufragar gastos que demanden “la actuación de la selección paraguaya de fútbol”, en el mundial de México, ver caso Cervecería Paraguaya contra Decreto del Poder Ejecutivo.

4. Este decreto, por cierto, ofrece peligro y consiste en el vicio de no responsabilizar a nadie, cuando por acaso durante la ejecución las entidades de gestión colectiva pretendan percibir, de modo compulsivo, en todas las etapas de la circulación económica de los equipos y medios.

5. En cuanto a la eventual “distribución” de la recaudación, tampoco, la norma impugnada garantiza seguridad jurídica, desde que la asignación de beneficios no será racionalmente proporcional a la obra ejecutada, sino, según el exclusivo criterio subjetivo de quienes estén al frente de la entidad colectiva. Los recurrentes han puntualizado correctamente en cada una de las normas constitucionales infligidas o violadas cuyo pormenorizado análisis ya lo realizara el ilustre colega Prof. Dr. Víctor Manuel Núñez.

6. Pareciera, que la tacha de inconstitucionalidad formulada contra el decreto (norma secundaria), no debiera tener atendimiento ante la ausencia de impugnación de la Ley 1328/98 (norma principal) pero, después de leer y releer los términos del decreto; se llega a la conclusión de que el mismo pretende legislar donde no debe, hecho que de por sí es razón suficiente para el atendimiento y solución de la causa, sin necesidad de considerar a la causa principal. Entonces, no está mal, desde el punto de vista jurídico, que la Ley reconozca un derecho, pero es incorrecto que el o los vacíos legales se pretenda solucionar a través de un Decreto que no aparece como “reglamentario” sino como “ampliatorio” del que es su causa eficiente, la Ley de Derecho de Autor.

Por consiguiente, mi voto es también por la procedencia de la acción de inconstitucionalidad.

Por los méritos del Acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: Hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Dec. N° 6780/2011 “Por el cual se reglamenta el Capítulo IV de la Ley N° 1328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos”, en relación con las firmas accionantes, con el alcance previsto en el art. 555 del CPC. Anotar, registrar y notificar.- Víctor M. Núñez Rodríguez.- Miguel Oscar Bajac Albertini.- Sindulfo Blanco.- Sec.: Arnaldo Levera.-