G. M., C. J. s/ Abuso sexual en niños. (Ac. y Sent. N° 50)

Asunción, febrero 16 de 2016

1ª) ¿Es admisible para su estudio el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto?

2ª) En su caso, ¿resulta procedente?

1ª cuestión: La Dra. Pucheta de Correa dijo: La agente fiscal de la causa interpone Recurso Extraordinario de Casación contra el fallo más arriba individualizado, confirmatorio de la sentencia dictada en primera instancia.

Por SD N° 24 de 13 de setiembre de 2012, el Tribunal de Sentencias dispuso tener por comprobado el hecho punible de Abuso Sexual en Niños, la autoría del acusado C. G. y condenar al mismo a la pena privativa de libertad de dos años.

En primer término corresponde efectuar el Análisis de Admisibilidad del pedido de casación: En cuanto a la impugnabilidad objetiva: La recurrente plantea su recurso de casación en fecha 24 de setiembre de 2013, estando dicha presentación planteada en tiempo, ya que la notificación a la agente fiscal fue realizada por cédula de notificación en fecha 10 de setiembre de 2013, por lo que se hallan dentro del plazo establecido por el art. 468 del CPP.

Los Dres. Blanco y Benítez Riera manifestaron: Adherirse al voto de la Ministra preopinante, por los mismos fundamentos.

2ª cuestión: La Dra. Pucheta de Correa dijo: Se debe analizar previamente la naturaleza del recurso de casación. Este recurso es extraordinario, y por medio del mismo la Corte Suprema de Justicia debe corregir la aplicación del Derecho en un proceso judicial, vigilando para que dentro del mismo se observen y se apliquen correctamente los preceptos legales; la Corte Suprema de Justicia puede hacer esto sin salir de los marcos previstos por el art. 478 del CPP. Así, el motivo aceptado como estudio de casación en el presente juicio es el de sentencia manifiestamente infundada.

La recurrente ha elevado ante esta Corte Suprema, - como agravios para ser estudiados por la misma, una situación que puede resumirse de la siguiente forma: el análisis de la Teoría del Delito fue mal desarrollado, ocurriendo así una mala utilización del art. 22 del CP, produciendo una pena mínima injustificable.

La agente fiscal, como fundamentos de este recurso, eleva un escrito muy bueno e interesante para desplegar el tema a ser analizado, e indica que el autor del hecho dijo que él no conocía la edad real de la víctima, pensando que ella tendría más de la mayoría de edad, cuando en realidad tenía menos de 18 años. Entonces, explica la agente, si era cierto lo manifestado por el condenado, habría ocurrido un error de tipo, art. 18 del CP, que excluye el dolo, y no una atenuación del mismo, según la teoría del error vencible del art. 22 del mismo cuerpo legal, siendo así patente entonces que no se aplicó correctamente la teoría del delito a la presente causa.

Y el último motivo por el cual considero que este recurso no puede prosperar, es porque entiendo que el trabajo, del tribunal de méritos, así como el control sobre el mismo efectuado por los revisionistas en apelación especial, es correcto. Efectivamente, la recurrente, en su intento de demostrar el mal estudio de la Teoría del Delito en esta causa, también cae en confusiones, en primer lugar porque se constata que el condenado en autos siempre ha dicho que no conocía la edad real de la víctima, y si la representante de la sociedad, con buen criterio, consideraba que esto se dirige contra la Tipicidad del tipo penal de abuso sexual en niños, entonces cabría preguntar el motivo de su acusación, fs. 48 en adelante, justamente por este hecho punible.

No le asiste la razón a la recurrente en cuanto manifiesta que el condenado fue mínimamente penado por el solo hecho de indicar que no conocía la edad de la víctima. Al condenado le asiste el Principio de Inocencia, que opera hasta antes de la sentencia de condena, y si él afirma que no conocía la edad de la víctima, era justamente al Ministerio Público a quien competía demostrar que esto era mentira, y si no lo lograba, pues entonces la solución jurídica para el incoado debería haber sido muy distinta.

Por último, siguiendo con este lineamiento, es correcto que el error sobre la edad sea estudiado dentro del ámbito de la reprochabilidad, pues así mismo lo precisa claramente el art. 22 del CP cuando dice: “No es reprochable...”. Entonces, está bien qué los jueces de méritos hayan analizado aquí el tópico. Lo que se denota fácilmente, es que los jueces entendieron la autoría y responsabilidad del condenado en autos, pero como no se pudo demostrar si verdaderamente sabía o no la edad de la víctima, concluyeron acertadamente, que de cualquier manera, dicha circunstancia era solucionable por el autor, y por ello la condena queda reducida de la manera de autos, siendo esto correctamente controlado por Cámara de Apelación, por lo que considero que este recurso de casación debe ser rechazado.

El Dr. Blanco manifestó: Respecto a la cuestión suscitada en el presente recurso de casación, señalo cuanto sigue: Adhiere a los fundamentos expuestos por la Distinguida Ministra Primer Opinante, en lo concerniente a la primera cuestión, vale decir, a los fundamentos por los que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por la Abog. M. J. V., Agente Fiscal interviniente en la causa.

Respecto a la segunda cuestión propuesta, me permito formular una postura diferente, apoyando en la Dogmática en la que se funda el Código Penal vigente y, esencialmente, en el método de análisis de la estructura del hecho punible doloso, como el que se atribuye al encausado, C. J. G. M.

El sistema penal que nos rige, informa que el tratamiento del error podría darse en relación a los elementos objetivos del tipo penal, por un lado -error de tipo- previsto en el art. 18 del CP y, por el otro, el error del autor sobre la licitud de sus accionar -error de prohibición- cuyo tratamiento se halla previsto en el art. 22 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, debe advertirse que las consecuencias jurídicas que de ellas derivan, resultan bastante disímiles; permitiendo la primera, la negación del dolo de hecho y, consecuentemente, la inexistencia del tipo de un hecho punible, al menos doloso.

Entretanto, el segundó, supone la irreprochabilidad de la conducta -si se acreditara un error insuperable- o una era atenuación de la pena.

He aquí la importancia del asunto y la necesidad de clarificar lo más posible la situación procesal que se presenta.

Ahora bien, la Recurrente esgrime en su escrito, que el Tribunal de Mérito como el Tribunal de Apelaciones, han incurrido en un erróneo tratamiento jurídico de la circunstancia invocada por el supuesto autor del hecho; desconocimiento de la edad de quien aparece como víctima. En efecto, según se advierte, los Juzgadores, trataron el asunto como un error de prohibición vencible o evitable y, con tal determinación dispusieron un marco penal atenuado para la imposición de la pena en contra del acusado.

A juzgar por la manera que fue abordado el asunto y, siendo., que la calidad de “niño” de la víctima, constituye un elemento objetivo del tipo penal en juego, la fundamentación de los Juzgadores, parecía apuntar a la presencia de un error en la circunstancia del tipo penal, cuya consecuencia jurídica para el caso de ser efectivamente acreditado, sería la exclusión del dolo. Constamos que para ello, el Tribunal de Mérito se ha fundado en la declaración del encausado quien señaló que “yo no sabía la edad de ella”. Contrariamente, no existe en la sentencia, referencia alguna que señale que el acusado, desconozca la antijuridicidad de su comportamiento. La confusión, generada por el contenido de lo resuelto, impide considerar a las resoluciones impugnadas, como pronunciamientos válidos, desde el punto de vista de la dogmática penal, razón por la cual, considero que se hallan infundadas, deben ser anuladas y, la cuestión deberá volver a tratarse ante otro Tribunal de Méritos, a fin de otorgar la calificación jurídica que corresponda, según las probanzas rendidas enjuicio. Es mi voto.

El Dr. Benítez Riera manifestó: Con respecto a la admisibilidad del recurso, me adhiero a los fundamentos de la Ministra Preopinante, Dra. Alicia Pucheta de Correa. Ahora bien, con respecto a la procedencia del mismo, me adhiero a la solución planteada por el Ministro Dr. Sindulfo Blanco, permitiéndome hacer algunas disquisiciones complementarias con respecto a esta cuestión.

El Tribunal de Sentencias expresó que el condenado C. J. G. M. ha incurrido en un error de prohibición, ya que no conocía la edad de la víctima, atenuando su pena por considerarse este un error salvable, tal como lo dice la doctrina sobre el tema y así también lo ha entendido el Tribunal de Apelaciones, confirmando el Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Sentencias.

Sobre este planteamiento, me gustaría hacer una comparación entre el error de prohibición, contemplado en el art. 22 del CP, y el error de tipo, expresado en el art. 18 del mismo cuerpo legal. Sobre el error de prohibición, dice el art. 22: “No es reprochable el que al realizar el hecho desconozca su antijuridicidad, cuando el error le era inevitable. Pudiendo el autor evitar el error, la pena será atenuada con arreglo al art. 67”. Así también lo señala el Dr. Casañas Levi en su obra “Manual de Derecho Penal - Parte General”: “El denominado error de prohibición tiene que ver con el conocimiento equivocado de la antijuridicidad de la conducta propia”. En simples palabras, el autor del hecho cree que su comportamiento no está prohibido o está permitido. El autor sabe lo que hace y busca el resultado de lo que está haciendo, pero en el desconocimiento de la antijuridicidad del hecho que está realizando.

Entonces, al existir un error en la fundamentación por parte del Tribunal de Apelación y también del Tribunal de Sentencias en sus respectivos fallos, dando como consecuencia soluciones inválidas y erróneas, no podemos afirmar que las mismas estén correctamente fundadas, es más, las mismas se hallan infundadas, por lo que corresponde anular ambas resoluciones y ordenar el reenvío a un nuevo Tribunal de Sentencias para la realización de un nuevo juicio oral a fin que se otorgar la calificación jurídica que corresponde al hecho. Es mi voto.

Por los méritos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Resuelve: Declarar la admisibilidad del Recurso Extraordinario de Casación planteado por la agente fiscal de la causa. Hacer lugar al Recurso Extraordinario de Casación planteado contra el Ac. y Sent. N° 32 de fecha 10 de setiembre de 2013, dictado por el Tribunal de Apelación de Misiones, anulando dicha resolución como así también la SD N° 24 de 13 de setiembre de 2012, dictada por el Tribunal de Sentencias, reenviando esta causa a un nuevo Tribunal de Méritos. Imponer las costas en el orden causado. Anotar, registrar y notificar.- Alicia Pucheta de Correa.- Sindulfo Blanco.- Luis María Benítez Riera.- Sec.: Karinna Penoni de Bellassai.-