Pérez Toranzo, Cinthia Paola y otro s/ Secuestro. (Ac. y Sent. N° 762)

Asunción, octubre 13 de 2009.

1ª) ¿Es admisible para su estudio el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto?

2ª) En su caso, ¿resulta procedente?

1ª cuestión: La Dra. Pucheta de Correa dijo: El recurrente interpone Recurso Extraordinario de Casación contra el fallo más arriba individualizado, que modifica la resolución dictada en primera instancia.

Por providencia de fecha 10 de marzo de 2008 el Juzgado de Ejecución dispuso no hacer lugar por extemporáneo al compurgamiento de la pena solicitada por la condenada en autos y estarse a lo resuelto por el AI Nro. 276 del 28 de febrero de 2008.

En primer término corresponde efectuar el Análisis de Admisibilidad del pedido de casación: En cuanto a la impugnabilidad objetiva: La recurrente plantea su recurso de casación en fecha 20 de junio de 2008, estando dicha presentación planteada en tiempo, ya que la notificación a la misma fue realizada por cédula en fecha 5 de junio del mismo año, por lo que se halla dentro del plazo establecido por el art. 468 del CPP. La recurrente impugna el AI Nro. 126 de fecha 3 de junio de 2008 emanada de Tribunal de Apelación; esta resolución extingue la pena, por lo que el objeto de la Casación contenido en el art. 477 del CPP se halla cumplido. Y la recurrente invoco¿ como motivo que amerita la procedencia del recurso la causal prevista en el num. 2 del art. 478 del Código Ritual (fallos contradictorios).

Los Dres. Blanco y Núñez Rodríguez manifestaron: Adherirse al voto de la Ministra preopinante, por los mismos fundamentos.

2ª cuestión: La Dra. Pucheta de Correa dijo: A fin de exponer de una manera más ordenada el análisis del objeto de recurso, es conveniente realizar un detalle de los actos y resoluciones recaídos en autos.

Así, comenzamos diciendo que la condenada Cinthia Paola Pérez obtuvo sentencia de primera instancia, por medio de la SD Nro. 146 de fecha 14 de junio de 2005, en donde se le impuso la pena privativa de libertad de diez años; esta sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelación por el Ac. y Sent. Nro. 59 de fecha 21 de octubre de 2005. Posteriormente la Corte Suprema de Justicia dicto¿ el Ac. y Sent. Nro. 1476 de fecha 12 de diciembre de 2006, en donde, con mi voto en disidencia, la Corte Suprema resolvió reducir la pena de la condenada a cuatro años y seis meses de cárcel.

Luego de todo esto, se dicta el AI Nro. 1740 de fecha 21 de diciembre de 2006, en donde el Juzgado de Ejecución establece que la condenada tendrá por compurgada su pena privativa de libertad en fecha 13 de febrero de 2008, y puede solicitar su libertad condicional en fecha 13 de febrero de 2006. Posteriormente acaece el AI Nro. 276 de fecha 28 de febrero de 2007, en donde el mismo juzgado resuelve dar la libertad condicional a la condenada, estableciendo el período de prueba de dos años, y la correspondiente serie de medidas pertinentes.

Conforme a los antecedentes mencionados precedentemente, el problema que concierne a esta Instancia se refiere a si la pena debe extinguirse ya al alcanzar el cómputo primigenio hecho por el juez de ejecución, que es el que le correspondería a la condenada como pena principal que es, anulando así entonces todas las medidas accesorias, o debe extenderse este plazo al que designa el mismo juez al imponer un período de pruebas en virtud a un beneficio dado solicitud de parte.

La cuestión adquiere relevancia ya que la solicitud de la condenada sobre su libertad condicional, tuvo eco positivo mediante la Res. Nro. 276 de fecha 28 de febrero de 2007, lo que hace inferir claramente que luego de un año la pena principal ya hubiera estado extinta o cumplida.

Por ello, es incorrecto el fallo objeto de estudio porque no interesa en este momento cuánto tiempo de pena queda por cumplirse, puesto que la Ley obliga a que mínimo el tiempo de prueba sea de dos años; y así tampoco el carácter de pena principal que posee la pena privativa de libertad no guarda vinculación con esta materia, ya que son dos aspectos diferentes que se establecen legalmente, y no se puede decir en este caso que si se acaba la pena principal se deba acabar también el periodo de prueba, ya que justamente se establece el período de prueba para que pueda extinguirse la pena principal, estando la condenada en libertad durante ese tiempo, y esto debe ser considerado como la situación jurídica actual de la misma.

Para finalizar, conviene recordar el art. 44 num. 4 del CP, que establece que el período de prueba, y por ende la pena, se extinguirá cuando se cumpla el lapso de dos años impuesto en esta caso especifico, lapso que será computado desde la resolución que otorga la libertad condicional cuando está este firme.

Es por esto que debe hacerse lugar a la casación interpuesta en contra del AI Nro 126 de fecha 3 de junio de 2008, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal tercera Sala de Capital.

Las costas se impondrán en el orden causado, utilizando la excepción que dice el art. 261 del CPP. Es mi voto.

El Dr. Blanco manifestó: En primer lugar, adherirse al voto de la Excelentísima Ministra primer opinante, respecto a la primera cuestión planteada, relacionada a la declaración de admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la Agente Fiscal, Abog. C. B. Ahora bien, con respecto a la procedencia del recurso, expresa no compartir los fundamentos expuestos por la Ministra Preopinante y, en consecuencia, formula su voto en los siguientes términos:

Que el motivo legal invocado por la recursista se ampara en el inc. 2) del art. 478 del CPP. La recurrente alega que el AI Nro. 126, de fecha 3 de junio de 2008, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, es contradictorio con el AI Nro. 365, de fecha 24 de noviembre de 2006, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala. Señala que en estos autos, la cuestión principal que fue objeto del recurso de apelación, es la duración del período de pruebas en la Libertad Condicional. A su entender, en el fallo precedente se ha sostenido que la duración mínima del periodo de pruebas, es de dos años; plazo que se determina en forma imperativa por el art. 44, inc. 4) del CP; no obstante, los miembros del Tribunal de Apelación, Tercera Sala, han acortado este plazo en forma arbitraria y finalmente resolvieron tener por compurgada la pena que fue impuesta a Cinthia Pérez Toranzo. Solicita se anule el auto recurrido y se confirme la providencia de fecha 10 de mayo de 2008, por el cual el Juzgado Penal de Ejecución dispuso no hacer lugar al pedido de extinción de la pena por extemporáneo.

La potestad de hacer ejecutar lo juzgado, requiere como condición previa, la existencia de una sentencia definitiva, que haya resuelto el derecho de las partes, pasada en autoridad de cosa juzgada y, por tanto, pasible de cumplimiento o de ejecución, producto del ejercicio de la función jurisdiccional, la cual queda plasmada en los términos de la resolución judicial, la que más allá de constituir el instrumento de exteriorización de dicha función, emerge en una garantía para la sociedad en general y para los justiciables en particular. Estos últimos, a través del fallo, conocerán la voluntad jurisdiccional y de esta forma podrán cumplirla, en los términos y limites que ella dispone. En efecto, la norma particularizada obliga únicamente a quienes intervinieron en el proceso y sólo en los límites de lo resuelto. Cualquier otra imposición accesoria, no contemplada en su cuerpo, resultaría violatoria al principio de seguridad jurídica, corolario de la garantía de cosa juzgada.

Constituye objeto de controversia ante esta Sala, el plazo de duración del período de pruebas en la libertad condicional y, en tal sentido, antes de otorgar una respuesta definitiva a la cuestión debe estudiarse el instituto en particular, con énfasis en desentrañar si la libertad condicional, debe considerarse una fase final del cumplimiento o ejecución de la pena privativa de libertad, la que se cumplirá -extra prisión- por el resto de la sanción penal, en un régimen de libertad restringida o controlada; o bien, si el instituto no forma parte de la pena. Adviértase que la aceptación de uno u otro extremo, afectara¿ ostensiblemente en el instituto en estudio, alcanzando sus efectos a la duración del período de pruebas, en razón de que si aceptamos la primera tesis, el período de pruebas podrá únicamente ser impuesta por el saldo, por el resto de la pena, en tanto que si se acepta la tesis contraria, el periodo de pruebas, podría extenderse más allá de aquel periodo.

Para responder a este cuestionamiento, debemos remitirnos a lo previsto en el art. 51 del CP, que establece la norma general a ser tenida en cuenta para la concesión del instituto. El citado artículo, dispone: "Libertad Condicional. 1ro. El Tribunal suspenderá a prueba la ejecución del resto de una pena privativa de libertad, cuando: 1. Hayan sido purgadas las dos terceras partes de la condena; 2. Se pueda esperar que el condenado, aun sin compurgamiento del resto de la pena, no vuelva a realizar hechos punibles; y 3. El condenado lo consienta".

A la luz de lo hasta aquí expuesto, deviene como consecuencia necesaria, que la suspensión del cumplimiento de la pena, concedida por la libertad condicional importa un beneficio que se otorga al condenado, una vez cumplidos ciertos presupuestos objetivos y subjetivos, a fin de que el mismo, pueda cumplir "el resto de la pena" en libertad, verificándose con ello su inserción progresiva a la vida en sociedad. El periodo de pruebas que se le impone, tiene por finalidad mantener al procesado bajo un régimen de vigilancia, para colaborar en su readaptación, con el objeto de que el beneficiario no vuelva a realizar otros hechos punibles.

Si bien el art. 51 del CP, hace una remisión a las disposiciones del art. 44 inc. 4), del mismo cuerpo legal, el que consagra la duración del período de prueba, en el marco de la suspensión de la ejecución de la condena, estableciendo un mínimo y un máximo de dos a cinco años, respectivamente, la situación que se plantea en el marco de la libertad condicional, resulta notoriamente distinta; pues, en ésta última, lo que se suspende a prueba, es la ejecución de una pena en cumplimiento, y no una pena que se halla totalmente en suspenso y, por tanto, sólo puede recaer sobre el resto de la pena privativa de libertad, que en el caso en estudio es de un año y seis meses. Extenderla en el tiempo mediante la imposición de reglas de conducta u obligaciones más allá de este tiempo, conllevaría restringir la libertad de la condenada, incluso más allá de lo que fue impuesto por la propia sentencia de mérito, lo cual, no puede ser tolerado sin afectar los límites de la función jurisdiccional, consagrado en el art. 31 del CPP, y los principios de legalidad, reprochabilidad y seguridad jurídica.

Por lo tanto, debe convenirse que la línea exegética proyectada sobre la materia por la Agente Fiscal interviniente en estos autos, no refleja con exactitud o precisión la verdadera significación y alcance del precepto de manera que concuerde con el ordenamiento jurídico en su totalidad y que favorezca su armonía para así lograr una correcta inteligencia de todo el cuerpo normativo del orden penal en el que se halla enclavada la materia, haciendo primar su verdadero sentido.

Corresponde finalmente, que la decisión recaída en esta sala sea comunicada a todos los Juzgados Penales de Ejecución de la República y, a tales efectos, se comisione a la Secretaría Judicial Nro. 3 para su cumplimiento.

Por tanto, en función a lo dispuesto por los arts. 1, 2, 31, 44 y ss 51 del CP, en concordancia con el art. 10 del CPP, voto por la confirmación del AI Nro126, del 3 de junio de 2008, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, tercera sala, por hallarse ajustado a derecho y por no advertirse contradicción alguna con otro u otros fallos dictados en el mismo ámbito.

El Dr. Núñez Rodríguez manifestó: Adherirse al voto del Ministro Blanco por los mismos fundamentos.

Por los méritos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Resuelve: Declarar la admisibilidad del Recurso Extraordinario de Casación, planteado por la agente fiscal de esta causa. No hacer lugar al Recurso Extraordinario de Casación planteado contra el AI Nro. 126 de fecha 3 de junio de 2008, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal tercera sala de la Capital, confirmando esta resolución. Imponer las Costas en el orden causado. Anotar, registrar y notificar.- Alicia Pucheta de Correa.- Sindulfo Blanco.- Víctor Manuel Núñez.- Sec.: Karinna Penoni de Bellassai.-