Florentín, Albert Armando s/ Homicidio Doloso. (Ac. y Sent. N° 428)

Asunción, junio 16 de 2015

1ª) ¿Es admisible para su estudio el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto?

2ª) En su caso, ¿resulta procedente?

1ª cuestión: La Dra. Pucheta de Correa dijo: La agente fiscal de la causa interpone Recurso Extraordinario de Casación contra el fallo más arriba individualizado, que revoca parcialmente la SD N° 31 de fecha 30 de agosto de 2013 y reduce la pena al procesado Albert Florentín.

Por Sentencia Definitiva arriba mencionada, el Tribunal de Sentencias dispuso tener por comprobado el hecho punible de Homicidio Doloso, la autoría del acusado y condenar al mismo a la pena privativa de libertad de once años.

En primer término corresponde efectuar el Análisis de Admisibilidad del pedido de casación: En cuanto a la impugnabilidad objetiva: La recurrente plantea su recurso de casación en fecha 19 de noviembre de 2013, estando dicha presentación planteada en tiempo, ya que la notificación a la recurrente fue realizada por cédula de notificación en fecha 5 de noviembre del mismo año, por lo que se halla dentro del plazo establecido por el art. 468 del CPP.

Los Dres. Blanco y Benítez Riera manifestaron: Adherirse al voto de la Ministra preopinante, por los mismos fundamentos.

2ª cuestión: La Dra. Pucheta de Correa dijo: En el presente caso se pasa a clarificar la cuestión a ser debatida. La recurrente pretende la casación del fallo traído a estudio debido a que la Cámara de Apelación, de manera indebida, redujo la condena del procesado de once a siete años.

En efecto, tal como del relato básico arriba dicho se desprende, en este juicio se condenó en primera instancia al procesado a la pena de once años, sentencia que una vez apelada fue revocada parcialmente en Cámara de Apelación disponiendo la reducción del quantum punitivo a siete años.

Entrando ya en materia de examen, corresponde analizar si los estudios realizados y la reducción hecha por la Cámara de Apelación está sujeta a lo autorizado por la Sana Crítica a efectos de la apelación especial, es decir, se debe investigar si la modificación de la pena hecha por los jueces de Cámara responde a un mal análisis hecho por el Tribunal inferior.

Ya la Corte Suprema de Justicia ha indicado en innumerables fallos, entre otros se menciona el Ac. y Sent. N° 1370 de fecha 29 de diciembre de 2006, dictado en la causa: “Ignacio Benítez Zolían s/ Secuestro”, que para los órganos de alzada lo único que cabe es examinar si el razonamiento utilizado por el inferior es correcto y no está contra Derecho o contra el Principio de la Sana Crítica, y no pueden volver a cotejar las cuestiones fácticas para asignar un resultado diferente al que ya dieron en primera instancia.

El Principio de Inmediación, que rige en nuestro proceso, tiene por efecto que aquello que fuera analizado y estudiado por un determinado juez, es decir los integrantes de un Tribunal de Méritos, solo puede ser analizado por ellos mismos, y no por otra magistratura superior; de allí nace la conocida expresión, derivada de ello, que indica que las pruebas rendidas y los hechos verificados son revestidos luego por una intangibilidad, que hace imposible para los posteriores jueces el volver a analizarlos y lógicamente, modificarlos.

Ahora bien, ya quedando claro la situación del fallo de alzada, debemos avocarnos a estudiar la situación general del proceso, que incluye al fallo primigenio y a la situación final del procesado.

Para esto, siempre se debe observar quién fue el recurrente ante la Corte, o en su caso, ante Tribunal de Apelación, ya que en situaciones como éstas, si solo fuesen recurridas por la defensa, detectado el error, la respuesta a la situación debería contemplar el Principio de la Reforma en Perjuicio.

En el caso de autos, dicho principio no tiene cabida en atención a que recurrió la acusación, quien si recurre, con o sin recurso de la defensa, ya impide la utilización de este principio.

Entonces, las soluciones que se han dado a este tipo de situaciones, una vez revocado el fallo de alzada, pueden disgregarse en las siguientes: confirmación del fallo de primera instancia; reenvío a un tribunal de sentencias a efectos de cuantificar la pena; reenvío a otra Cámara de Apelación a fin de estudiar otra vez el recurso de apelación interpuesto; y, solo en el caso de que haya recurrido la defensa exclusivamente, se agrega a estas soluciones la de confirmar igualmente el fallo de alzada.

Conviene así comenzar a reducir el campo de soluciones, legales a este tipo de situaciones jurídicas, a fin de aportar mayor orden a la tramitación del Derecho en los expedientes judiciales. Así, considero decantarse, en casos como el presente, por la solución de reenviar este proceso a un nuevo juicio sobre la pena, ya que si se reenvía a otra Cámara de Apelación, la misma sólo podrá encontrar el mismo vicio y responder de la manera que ahora se pretende, con lo que sólo se consigue alargar el proceso innecesariamente.

Confirmar la sentencia dictada en primera instancia, como producto de la Decisión Directa, es otra salida conveniente y que debe ser tenida en cuenta para situaciones similares al presente caso, dependiendo de los argumentos del Tribunal de Apelación, pero en juicio ahora estudiado, la misma no produciría beneficios en razón a que si, efectivamente, se encontró errores de razonamiento en el inferior, que modifiquen el quantum de la pena, entonces se le estaría privando al reo de una oportunidad para poder ser revisada la misma.

El Dr. Blanco manifestó: Coincidir con la decisión adoptada por la ilustre colega Dra. Alicia Beatriz Pucheta de Correa en cuanto a la decisión adoptada y me permito agregar cuanto sigue: De la lectura del escrito de interposición se extrae que la impugnante invoca como motivo de casación en el presente juicio, que el Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Alzada se encuentra manifiestamente infundado pues el ad quem se ha extralimitado en su competencia al modificar la pena impuesta por el Tribunal de juicio.

En ese sentido, sostiene que los temas relativos a la imposición, reducción, aumento o cualquier variación de las penas impuestas en el juicio oral y público no pueden ser realizados por los órganos jurisdiccionales revisores; sino que el Tribunal de Alzada debe limitarse a evaluar si se han cumplido cabalmente las reglas para el desarrollo del juicio oral y público, corroborar si se ha respetado el principio de la sana crítica en la valoración del material probatorio en el contradictorio, verificar si los hechos acreditados se encuadran correctamente en la ley aplicada por el a quo, e incluso verificar si en la imposición de la sanción se aplicaron correctamente las bases de medición de la pena, prevista en el art. 65 del CP.

Sigue manifestando que si bien los magistrados de alzada señalan una interpretación errónea del art. 65 del CP, pues supuestamente el Tribunal de juicio no tuvo en cuenta circunstancias establecidas en la normativa en cuestión para la medición de la pena, su tarea se circunscribe a puntualizar el equívoco, no así a revalorar dichas circunstancias, las cuales tienen base probatoria y, por ende, su meritación compete exclusivamente al Tribunal de Mérito por los principios de intangibilidad de los hechos y de la prueba; en todo caso, si el Tribunal de Apelaciones, consideraba que el a quo incurrió en una errónea interpretación del mencionado articulado -lo que en realidad no sucedió- lo que correspondía era la reposición del juicio al solo efecto de la imposición de la sanción penal conforme con dicha normativa, no la modificación en alzada de la pena impuesta en primera instancia.

Sobre la base de lo precedentemente expuesto afirma que el Tribunal de Apelaciones obvió su real tarea de control de legalidad, excediéndose en los límites de su competencia, determinando la pena a aplicarse al condenado. Esta reducción de la pena al encausado, a más de no corresponder como tarea del ad quem, tampoco se corresponde con la pretensión punitiva del Ministerio Público y deja al descubierto el error in procedendo en que incurre al alzada.

En ese sentido, es importante señalar que, en la Apelación Especial como en el Recurso Extraordinario de Casación la competencia de los órganos jurisdiccionales que entienden en los mismos, es sumamente limitada y restringida, en su estructura normativa como interpretativa, pero siempre que las circunstancias y los fundamentos legales afecten a cuestiones vinculadas a establecer la correcta aplicación de las normas, y si ellas han sido debidamente interpretadas y fundadas por el Juzgador en el proceso lógico deductivo, éstos admitirían la competencia del -órgano de alzada- a realizar el estudio de los argumentos de las decisiones y consecuentemente del fundamento de las sanciones o de las penas impuestas, todo esto sin que se implique una extralimitación de las funciones propias conferidas por el Código de formas, tanto en el Apelación Especial como en el Recurso Extraordinario de Casación.

Cumplida la presente aclaración, y vertidas las manifestaciones sobre la decisión adoptada, se adhiere a la decisión adoptada y considero suficientes las razones de manera a acoger favorablemente el Recurso impetrado. Es mi voto.

El Dr. Benítez Riera manifestó: Adherirse al voto de la Ministra preopinante por los mismos fundamentos.

Los méritos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Resuelve: Declarar la admisibilidad del Recurso Extraordinario de Casación planteado por la agente fiscal de la causa. Hacer lugar al Recurso Extraordinario de Casación planteado contra el Ac. y Sent. N° 56 de fecha 31 de octubre de 2013, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de Cordillera, y remitir estos autos a otro Tribunal de Sentencias, a efectos de realizar un juicio sobre la pena, dejando confirmada todos los demás aspectos de la SD N° 31 de fecha 30 de agosto de 2013. Anotar, registrar y notificar.- Alicia Pucheta de Correa.- Sindulfo Blanco.- Luis María Benítez Riera.- Sec.: Karinna Penoni de Bellassai.-