Acción de Inconstitucional en el juicio: Rodas, Lorenzo y otro s/ Perturbación de la Paz Publica en Villarrica. (Ac. y Sent. N° 38)

Pues bien, en este primer presupuesto tenemos que el agente fiscal interviniente es responsable de su actuación y deberá soportar las costas de un juicio que fuera producto del mal desempeño de sus funciones. Cabe aclarar que al respecto del “mal ejercicio de sus funciones” debe estarse a lo dispuesto por la Ley 1084/97 y considerar que el mal desempeño resulta de un juicio previo, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por lo que una vez firme una sentencia de condena al respecto, deviene procedente hacerse cargo de las costas de un proceso maltrecho y del que el mismo resultare culpable, b) Por otro lado: La determinación legal, en cuanto a la responsabilidad general del Estado, respecto a imposición de costas dispuesta en los arts. 265 y 266 del CPP, constituyen ciertamente una innovación, es indiscutible la justicia de esta decisión adoptada por el legislador, por cuanto si una persona tuvo que sufrir todas las vicisitudes e incertidumbres que un proceso penal representa, habiendo resultado con posterioridad inocente y desvinculado de las acusaciones vertidas en su contra, corresponde pues la previsión de dispositivos de compensación, trasladando la carga del pago de los gastos de juicio al Estado, en virtud de detentar el aparato oficial de persecución penal a través del Ministerio Público.

Finalmente considero demás decirlo que la eficiencia o eficacia de la Política “Criminal de un Estado” es evidentemente responsabilidad de dicho Estado, como un todo, organizado a través de sus reparticiones, instituciones u organismos responsables en la aplicación de las mismas.

En este sentido el Ministerio Público es una institución de carácter oficial, en razón de que es una magistratura requirente de carácter estatal; en consecuencia, el Estado debe absorber las costas originadas por una deficiente persecución penal. En este sentido la Ley N° 1562 “Orgánica del Ministerio Público”, en su art. 101 “Costas e indemnización”, prescribe: “Las costas e indemnizaciones que resulten de la actuación del Ministerio Público serán pagadas por el Estado, conforme lo previsto en la Constitución, en la Ley y en los decretos reglamentarios”.

La norma procesal en el apartado de las “Costas” refiere a la cuestión mencionada en sus arts. 265. Absolución. Cuando se haya demostrado fehacientemente la inocencia del imputado en una sentencia absolutoria, las costas serán soportadas por el Estado; art. 266. Sobreseimiento Definitivo y Extinción de la Acción Penal. Para los casos de sobreseimiento definitivo y declaración de extinción de la acción penal regirá, analógicamente, el artículo anterior, salvo cuando la decisión se funde en la extinción de la acción por causa sobreviniente a la persecución ya iniciada, en cuyo caso el Tribunal fijará los porcentajes que correspondan a los imputados y al Estado.

En conclusión: El Estado como tal es responsable de los gastos ocasionados por un proceso penal a un ciudadano en razón de haber sido sometido infructuosamente al mismo.

4.- Por las consideraciones expuestas precedentemente considero que la presente Acción de Inconstitucionalidad, debe ser rechazada. Es mi voto.

La Dra. Bareiro de Módica manifestó: En la presente acción se atacan la imposición de Costas al Estado, y la falta de fundamentación de ella en las sentencias atacadas.

En el proceso penal la imposición de costas tiene parámetros y delimitaciones distintas, pues en primer lugar, la persecución penal es realizada por un órgano estatal, el Ministerio Público, que tiene el principio de obligatoriedad en su ejercicio, por imperio constitucional. Desde ahí que ya se dan consideraciones particulares del proceso penal.

Los dos principios esenciales de la imposición de costas en el proceso penal refieren en primer lugar, persiste en el ámbito penal “las costas la paga la parte vencida”, pues éstas son impuestas a los condenados (art. 264 del CPP).

Pero también se ha realizado una innovación el prever la imposición de costas al Estado en casos de Absolución por inocencia del imputado, comprobada “fehacientemente”. (art. 265 del CPP).

Esta innovación surge del proceso constitucional de “indemnización justa y adecuada”, que dispone que: “Art. 39 CN: Toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado. La Ley reglamentará ese derecho” y derechos procesales, art. 17 inc. 11: “La indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial”.

Ello es porque el Estado, a través de sus órganos puede someterle a proceso a una persona inocente, y ocasionarle con ello perjuicios que en justicia no merece solventar. El Estado debe resarcirlo, al menos en los gastos en que ha incurrido al someterse al proceso.

Exponen Vázquez Rossi y Centurión que: “Resulta indiscutible la justicia de esta decisión adoptada por el legislador, en donde si una persona tuvo que sufrir todas las vicisitudes e incertidumbre que un proceso penal representa, habiendo resultado con posterioridad inocente y desvinculado en forma incuestionable de las acusaciones vertidas en su contra, corresponde la previsión de dispositivos de compensación, trasladando la carga del pago de los gastos del juicio en el Estado, en virtud de detentar el aparato oficial de persecución penal que está representado por el Ministerio Público Fiscal”.

Ahora bien, cuando el proceso termina por alguna de las salidas alternativas, por otro motivo que no sean alguno de los señalados, la imposición de costas conlleva un análisis más complejo; pues queda claro que esta excepción de la imposición de las costas al Estado se refiere exclusivamente a la comprobación incuestionable de inocencia del sometido. Tal como lo declara el artículo, “comprobación fehaciente”; no así cuando se dan las salidas alternativas al proceso, o en casos de “duda”, falta de méritos, o alguna otra concesión legal.

El art. 266 del CPP, dispone que: “Para los casos de sobreseimiento definitivo y declaración de la extinción de la acción penal regirá analógicamente, el artículo anterior, o salvo cuando la decisión se funde en la extinción de la acción por causa sobreviniente a la persecución ya iniciada, en cuyo caso el Tribunal fijará los porcentajes que corresponden a los imputados y al Estado”.

La primera parte del artículo trascripto, la remisión al artículo de absolución refiere a dos especificaciones a saber, primero, la comprobación fehaciente de la inocencia de conformidad al art. 359 inc. 1 del CPP; y segundo, sólo en esos casos la imposición de costas al Estado.

Comentan Vázquez Rossi y Centurión que: “En los supuestos en que medien un sobreseimiento definitivo y declaración de extinción de la acción penal, y tal decisión haya recaído tras una demostración fehaciente de la inocencia del imputado en una sentencia absolutoria, las costas serán soportadas por el Estado”.

En la exposición de motivos del Código Procesal Penal, se ha delimitado que: “Mención aparte merece la innovación de que en aquellos casos en lo que el imputado ha sido absuelto o sobreseído definitivamente en virtud de su inocencia comprobada (no en caso de duda por ejemplo) el Estado pague las costas. Aquí hay razones de elemental justicia, si una persona ha debido sufrir un proceso siendo inocente, debe ser resarcido, al menos, en los gastos que dicho proceso le ha ocasionado...” (ap. 151. Exposición de motivos del Proyecto del Código Procesal Penal).

El artículo procesal en cuestión, 266 del CPP señalado, determina dos situaciones claras, la imposición de costas al Estado cuando de la comprobación irrefutable de inocencia se dispone el sobreseimiento definitivo o la extinción de la acción. Y la excepción de ello cuando se decreta la extinción de la acción por causa sobreviniente, es decir alguna salida alternativa al proceso, o concesión legal que desemboque en el sobreseimiento o la extinción de la causa, en cuyo caso se determinarán porcentajes de imposición de las costas.

Llanes Ocampos también resalta que: “Es importante destacar que el sobreseimiento definitivo que se obtenga a trasvés de algunas de estas salidas anticipadas y consensuadas, no permite la reclamación posterior de indemnización al Estado. Ello obedece a que el imputado ha sido beneficiado por el sobreseimiento o extinción de la acción, por una concesión legal. Lo cual no es lo mismo que demostrar categóricamente que el Estado ha incurrido en un error o negligencia al procesar y encarcelar al inocente y no al verdadero culpable”.

Estas circunstancias son excepciones dentro de las reglas señaladas, y es por ello que necesitan no solo la aplicación sino una fundamentación clara y concisa al momento de ser aplicadas, la simple deducción de la situación al artículo no es suficiente, pues debe determinarse la razón de la salida del proceso, el porqué de la extinción, necesita un trabajo lógico y razonado, basado en las normas y principios señalados. Tal como lo obliga la Constitución, art. 256 de la CN.

Ahora bien, trasladando todas estas preliminares al caso concreto. Tenemos que las sentencias atacadas imponen las costas al Estado como consecuencia de la Extinción de la causa de conformidad al art. 25, inc. 4 del CPP: “Motivos de extinción de la acción: la acción se extinguirá: 4) por efectos del trascurso del plazo establecido en el art. 139 de éste Código...”. Y el art. 139 del CPP, dispone: “Perentoriedad de la etapa preparatoria. Cuando el Ministerio Público no haya acusado ni presentado otro requerimiento en la fecha fijada por el Juez, tampoco haya pedido prórroga o ella no corresponda, el Juez intimará al Fiscal General del Estado para que requiera lo que considerare pertinente en el plazo de diez días...”.

Con la particularidad que en el presente caso ni siquiera se ha imputado a los Sres. Lorenzo Rodas y Hernán Cardozo, señalados en la denuncia.

Esta más que claro que esta forma de extinción de la acción penal no es por comprobación “fehaciente de la inocencia del incoado”, pues ni siquiera se ha formado un proceso como tan en contra de los denunciados, no existe siquiera acta de imputación contra los mismos, sólo se los ha llamado a declarar sobre la denuncia, y ha trascurrido el tiempo previsto para la etapa investigativa, sin que el Fiscal considere pertinente realizar otras diligencias, solicitando la extinción de la acción.

Si bien el Agente Fiscal debió solicitar la desestimación de la denuncia, ello no implica que el Estado deba hacerse cargo de las costas de la causa.

Además debemos destacar que en la presente causa existe falta de fundamentación en las imposiciones hechas, los “razonamientos” utilizados por los magistrados, además de separarse de las normativas vigentes, denotan una ausencia total de razonamiento jurídico, o lógico siquiera.

Tornando esta parte de lo resuelto en ambas sentencias, en arbitrario.

Si bien la imposición de las costas es una potestad jurisdiccional, ella no puede escapar a la obligatoria fundamentación y basamento en la Ley, y en la justa razón dentro de una sentencia. No puede apartarse de los dictamientos normativos vigentes.

Lo explica Cafferata Nores que: “La arbitrariedad resulta de no respetar los estándares a los que el Juez se encuentra vinculado ya sean éstos estrictamente normativos, o que surjan de los principios que informan las normas...” y reseña a Dworkin, textualmente en que los jueces: “deben concebir el cuerpo de la Ley que administran como una totalidad y no como un conjunto de decisiones discretas que puedan tomar o enmendar una por una, sin nada más que un interés estratégico en el resto” (José I. Cafferata Nores. “Eficacia del sistema penal y garantías procesales”. Editorial Mediterránea, Córdoba, República Argentina, Año 2002, p. 118/119).

De esta manera las Sentencias atacadas desvirtuaron el principio de legalidad, al no aplicar el derecho en la manera que este lo impone, vulnerando garantías de igualdad procesal, y debido proceso, entre otros, todos plasmados en la Constitución Nacional y en Pactos internacionales.

En las circunstancias apuntadas, las resoluciones adoptadas están totalmente huérfanas de la extrema sensatez analítica que le era debida al juzgador y que trasciende negativamente en la legitimidad del fallo.

Recapitulando, los fundamentos se perfilan como notoriamente desconectados de los cánones procedimentales de rigor y carentes del debido sustento normativo, contrariando el deber, dimanante de un sistema republicano, de arribar a conclusiones que se encuentran fundadas en la Constitución y la Ley, tal como lo requiere el art. 256 -segundo párrafo- de la CN, en concordancia con el art. 125 del CPP, que lo reglamenta.

La simpleza de la argumentación utilizada por los Juzgadores, y el apartamiento a la normativa señalada ut supra, sobre la imposición de las costas, tornan nula la decisión, pues, a criterio de esta Magistratura sus reglas son claras, el imponerlas al Estado es una excepción, y por ello debe estar fundada en la Ley, producto de un razonamiento lógico que derive de la situación especial que amerite el resarcimiento o compensación por parte del Estado en el proceso penal.

Considero que corresponde que la acción prospere, declarando la inconstitucionalidad del ap. 2 del AI N° 726 de fecha 7 de noviembre de 2003, dictado por el Juez Penal de Garantías, y del ap. 2 del AI N° 389 de fecha 28 de octubre de 2004, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Civil, Comercial, y Laboral, ambos de Villarrica, Circunscripción Judicial de Guairá y Caazapá. Es mi voto.

El Dr. Núñez Rodríguez manifestó: Adherirse al voto del Ministro preopinante, Dr. Fretes por los mismos fundamentos.

Por los méritos del Acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: No hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida. Anotar, registrar y notificar.- Antonio Fretes.- Gladys E. Bareiro de Módica.- Víctor M. Núñez Rodríguez.- Sec.: Héctor Fabián Escobar Díaz.-