Acción de Inconstitucionalidad Roswell Company S.A. y Kansol S.A. c. El art. 3 de la Ley N° 5194 del 11/06/2014. (Ac. y Sent. N° 384)

Asunción, junio 2 de 2015

¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?

La Dra. Bareiro de Módica dijo: 1) El Abog. L. A. G. R. D. (Mat. N° 5091), en representación de las firmas Roswell Company S.A. y Kansol S.A., promovió acción de inconstitucionalidad contra el art. 3 de la Ley N° 5194 del 11 de junio de 2014.

2) La disposición legal impugnada por la vía de la inconstitucionalidad consagra: “Procédase a indemnizar al propietario de los inmuebles expropiados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la CN, en base al avalúo realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del 25 de octubre de 2012. El pago de indemnización será efectivizado por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)”.

3) La parte accionante sostiene en su presentación que la norma transgrede las siguientes disposiciones constitucionales: Arts. 46, 47, 109, 127, 132, 137, 202 nums. 1) y 2), 238 nums. 2) y 3), entre otras. A criterio de las firmas impugnantes el avalúo realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es arbitrario e ilegítimo, “... desconociendo adrede el contenido de las disposiciones de la Carta Magna, no solo al despojar a sus mandantes de inmuebles explotados racionalmente sino además, realizar todo tipo de maquinaciones tendientes a lograr efectivamente la confiscación, sin compensación...” (fs. 58/69).

5.2) Como segundo punto resulta conveniente expedirse con relación al instituto de la expropiación. La facultad de expropiación es privativa del órgano legislativo, y la declaración de la “utilidad pública” o del “interés social”, sólo podría ser cuestionada en sede judicial cuando la arbitrariedad fuera clara y evidente. En este sentido, la Corte sostuvo en el Ac. y Sent. N° 408 de fecha 26 de julio de 2001: “En oportunidades anteriores, la Corte Suprema ya sentó el criterio de que la facultad de expropiación es privativa del órgano legislativo y la declaración de la ‘utilidad pública’ o del ‘interés social’ solo podrían ser cuestionadas en sede judicial cuando la arbitrariedad fuera clara y evidente. Tal es así que en el Ac. y Sent. N° 337, del 23 de agosto de 1996, se ha dicho lo siguiente: En cuanto a la ‘causa de utilidad pública o de interés social’, la misma debe ser ‘determinada en cada caso por la ley’ (art. 109) y como el dictamiento de ésta es facultad del Congreso, resulta que corresponde a las cámaras legislativas decidir si existe o no ‘causa de utilidad pública o interés social’ que justifique proceder a la adopción de una medida que limita el derecho de propiedad. La decisión que adopte el Congreso se habrá de basar en hechos concretos que generen esa ‘causa de utilidad pública o interés social’ de que habla la Ley Suprema, y que lleva a los legisladores al convencimiento de que debe precederse a la expropiación. El Congreso tiene la atribución de apreciar si en una situación dada, la ‘causa de utilidad pública o interés social’ realmente existe y es de tal envergadura que justifique la adopción de la medida excepcional de que hablamos”.

5.3) Por otro lado, con relación a la productividad o no del inmueble expropiado, debe señalarse que igualmente corresponde al Congreso realizar tal calificación. Con relación al punto, un fallo de esta Corte ha señalado cuanto sigue: “no es necesario que una propiedad sea improductiva para que pueda ser expropiada. La distinción que se hace en cuanto a la productividad o improductividad del fundo expropiado, es al solo efecto de determinar si el pago de la ‘justa indemnización’, debe ser previo o no. Al respecto, la Constitución establece una excepción en cuanto a los ‘latifundios improductivos destinados a la reforma agraria’, caso en el cual el pago de la indemnización no debe ser necesariamente previo” (Ac. y Sent. N° 210, del 24 de octubre de 1997).

6) Como corolario de todo lo señalado hasta aquí, la ley de expropiación, que es objeto de estudio en la presente acción, tiene por objeto reconocer las reivindicaciones de larga data de comunidades indígenas, cuyos derechos han quedado persistentemente de alguna forma resignados. Negar los derechos a los pueblos originarios supondría una injusticia, al prolongar -aún más- su reconocimiento, los cuales fueron negados históricamente, provocando ello un perjuicio enorme a sus intereses. Por otro lado, resulta conveniente señalar que los reclamos de las comunidades originarias han sido puestos a consideración de instancias internacionales, en este caso particular se ha expedido en el año 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que resolvió que “el Estado paraguayo debía restituir sus tierras a los SAWHOYAMAXA, pertenecientes a la etnia ENXET, en un plazo de tres años y a concretar programas de desarrollo en forma de resarcimiento”. La resolución en cuestión condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos a la propiedad, a las garantías judiciales, a la protección judicial, además del derecho a la vida y el derecho a la personalidad jurídica de este grupo de originarios. En consecuencia, corresponde que el Estado paraguayo, a través de sus órganos constitucionalmente establecidos, sea el garante de la vigencia plena de los derechos humanos reconocidos para todos y, en este caso específico, el Poder Legislativo ha dictado una ley de expropiación, con el fundamento de “interés social”, actuando dentro de sus deberes y facultades constitucionalmente establecidas en lo que respecta a la formación y sanción de la misma.

7) Por las consideraciones vertidas, concluyo que al no observarse en la presente acción violación alguna de disposiciones de rango constitucional y en coincidencia con el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, corresponde el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad. Es mi voto.

El Dr. Fretes manifestó: Se presenta ante esta Corte el Sr. L. A. G. R. D., en representación de las firmas Roswell Company S.A. y Kansol S.A., a plantear acción de inconstitucionalidad contra el art. 3 de la Ley N° 5194/2014. “Que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para su posterior adjudicación a la Comunidad Indígena SAWHOYAMAXA del Pueblo ENXET, la Finca N° 16.786, Padrón N° 12.935, con una superficie de 9105 hectáreas con 2978 metros cuadrados y la Finca N° 16.784, Padrón N° 12.936, con una extensión de 5299 hectáreas con 4720 metros cuadrados, ambas del Distrito de Villa Hayes (Pozo Colorado) del Departamento Presidente Hayes, Chaco, pertenecientes a las firmas Kansol S.A. y Roswell y Cía.”.

La interpretación señalada en el párrafo precedente, es coincidente con el objetivo de preservar la validez de la disposición en cuestión. En cuanto a la labor hermenéutica, Enrique Zuleta Puceiro, sugiere como directivas, que al momento de interpretar una norma, es recomendable: a) No atribuir un significado a una regla legal que sea contradictoria con las demás normas del sistema, b) No atribuir un significado que sea incoherente con otra regla del sistema, c) Atribuir un significado a una regla legal que sea lo más coherente posible con otras reglas del sistema, d) Fundadas en el presupuesto de la jerarquía: en relación con los principios del sistema jurídico. (Zuleta Puceiro, Enrique. Interpretación de la Ley. Casos y Materiales para su estudio. Editorial La Ley. Bs. As., 2003, p. 88).

Teniendo en cuenta esos postulados, debemos interpretar el art. 109 de la Carta Magna, a la luz de lo que también dispone el art. 64, de la CN de la República del Paraguay, que reza: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo. Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.

La consagración de la propiedad comunitaria en el texto constitucional, como señala González Garabelli, constituye “un significativo avance para la defensa de las culturas de los pueblos indígenas pues tal forma de propiedad constituye la tradicional y única que permite sobrevivir a estas comunidades. Además el texto constitucional establece la prohibición que resulta esencial, pues la práctica ha demostrado que los traslados de sus lugares tradicionales de asentamiento, generalmente originan la dispersión de la comunidad afectada, como paso previo a su desaparición (...). La inobservancia constitucional no es atribuible a una imposibilidad material insuperable, sino al olvido de los poderes del Estado responsables de adoptar las medidas apropiadas para el cumplimiento de esta disposición. En tal sentido resulta sorprendente la ausencia de planes que tengan la debida seriedad, encaminados, por un lado a preservar las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos indígenas, y por otro, la facilidad con que, a través de diferentes mecanismos se impide que a estos pueblos se le entreguen las tierras a que tienen derecho. Y ello, aun existiendo muchas veces los recursos económicos para el efecto...” (González Garabelli, Carlos Alberto. El Estado Social de. Derecho en la Constitución de 1992 y sus antecedentes constitucionales. Comentario a la Constitución, tomo 3, p. 48. Corte Suprema de Justicia, Asunción, 2007).

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, soy del parecer que como intérpretes de la Constitución, ante el caso sometido a estudio, no cabe más que atribuir a la norma impugnada un significado que, entre todas las alternativas posibles y culturalmente aceptables, consagre lo justo concreto. En otras palabras, una medida humana, no inicua y razonable de justicia, apartada del rigor de la ley en la medida en que las circunstancias del caso lo permiten. En la presente acción, considero que la norma cuestionada no vulnera el texto constitucional, sino que por el contrario, alude al mismo. Además la misma no obsta a que pueda llevarse a cabo la indemnización convencionalmente o por sentencia judicial.

Por tanto, considerando las razones que anteceden, y en coincidencia con el dictamen fiscal, considero que no corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad interpuesta. Es mi voto.

El Dr. Benítez Riera manifestó: Adherirse al voto de la Ministra preopinante, Dra. Bareiro de Módica, por los mismos fundamentos.

Por los méritos del Acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: No hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida. Anotar, registrar y notificar.- Gladys Bareiro de Módica.- Antonio Fretes.- Luis María Benítez Riera.- Sec.: Arnaldo Levera.-