Paiva Escobar, Juan Pío Helvidio c. Art. 564 del Código Procesal Civil y art. 17 de la Ley Nº 609/95 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia" s/ Acción de inconstitucionalidad. (Ac. y Sent. Nº 16)

Asunción, febrero 14 de 2011.

¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?

El Dr. Fretes dijo: Los Abogs. L. E. E. F. y R. N. P. en representación del Sr. Juan Pío Helvidio Paiva Escobar plantean acción de inconstitucionalidad contra el art. 564 del CPC y el art. 17 de la Ley N° 609/95 "Que Organiza la Corte Suprema de Justicia", alegando la violación del Preámbulo y del art. 47 inc. 1° de la Constitución.

Las disposiciones impugnadas disponen cuanto sigue: "Art. 564 CPC Inimpugnabilidad de las Resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. No serán atacables por la vía de la acción de inconstitucionalidad las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia".

Art. 17, Ley N° 609/95: "Irrecurribilidad de las Resoluciones. Las resoluciones de las salas o del pleno de la Corte solamente son susceptibles del recurso de aclaratoria y, tratándose de providencia de mero trámite o resolución de regulación de honorarios originados en dicha instancia, del recurso de reposición. No se admite impugnación de ningun género, incluso las fundadas en la inconstitucionalidad".

Básicamente, los accionantes alegan que la Constitución de 1992 confiere a la Sala Constitucional atribuciones de control de constitucionalidad de las resoluciones, hecho que no obsta a que los fallos de las otras Salas de la Máxima Instancia sean analizadas en tal marco. En atención a ello menciona que las disposiciones impugnadas impiden el estudio señalado respeto de aquellas vulnerando de esta manera el Principio de Igualdad consagrado en nuestra Ley Fundamental. Agrega como fundamentos de hecho circunstancias en las que considera que hubo injerencia por parte de miembros de otros poderes en la causa penal que se sigue a sus representados y que a su parecer influyeron en el dictamiento del AI N° 1235 de fecha 31 de julio de 2009 emitido por la Sala Penal de esta Corte. La que a su vez consideran inconstitucional por lo que, a los efectos de la impugnación de aquél, solicitan se declare la inconstitucionalidad de los artículos antes transcriptos que vedan todo tipo de recurso o acción contra las sentencias de la máxima instancia.

Así, atendiendo a que nuestra Ley Fundamental realiza en realidad distribución de cargas sobre los miembros que componen la Corte, podemos afirmar acaso que alguno de los ministros tiene preeminencia sobre cualquier otro de sus pares?. Tiene atribuciones jurisdiccionales especiales que le confieran la potestad de anular los fallos dictados por quienes con él o ellos, integran un cuerpo colegiado en un plano de igualdad?. Ciertamente que no. Y no podría pensarse de otra manera sin significar con ello una superioridad de una sala sobre las otras y por ende, de unos ministros sobre otros, ya que en la eventualidad del dictamiento de un fallo vg. arbitrario, se ejercería un poder sancionador sobre el actuar jurídico de quienes dictasen la sentencia inconstitucional al anular su actuación, sin entrar a analizar la irregularidad que implicaría el juzgamiento de un ministro por su par en lo que hace a su labor jurisdiccional.

Ahora bien, con respecto a la especialísima función que coligen los accionantes respecto de las cuestiones constitucionales y que recae en la Sala Constitucional en virtud a lo que expresa el art. 260 de la Ley Fundamental, vemos que tal disposición resulta innegable por un lado, más en igual grado de certeza el mismo cuerpo dispositivo hace extensiva aquella misión a todos los ministros acorde se desprende del art. 259: "De los deberes y de las atribuciones. Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: ...5) conocer y resolver sobre inconstitucional"; el cual aparentemente ha sido obviado por los accionantes al momento del planteamiento de su pretensión.

Lo precedentemente transcripto viene a reforzar el concepto unitario de la Corte Suprema de Justicia y más específicamente, como se ve, en lo que hace al control constitucional en general, por lo que resultaría inconsistente e ilógico afirmar la superioridad de control constitucional por parte de unos ministros cuando se establece que todos se encuentran compelidos a tal menester -lo que sí se reconoce es la especialización en una sala a los efectos de la tramitación de las causas obviamente debido a la relevancia de lo planteado en ella-; y salvo que los accionantes pretendan considerar inconstitucional a un mandato constitucional, la cuestión no puede decantar en otro resultado que el de reafirmar la igualdad de atribuciones, derechos, obligaciones y jurisdicción sobre todos y cada uno de los ministros de la Corte y por ende, de las salas que la componen. En otras palabras, todos los ministros, como cabeza del Poder Judicial, se encuentran encargados y a la vez constreñidos a un dictamiento constitucional, solo que algunos de ellos se abocarán exclusivamente a tal función, todo ello en aplicación de lo que expresa el art. 247 de la Constitución: "El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir.

En este punto, ante lo dispuesto por el párrafo segundo de lo ut supra transcripto, lo cual se constituye en una naciente de las estructuras procesales creadas por la Ley, tenemos una organización judicial a seguirse a los efectos de la resolución de las controversias suscitadas entre los ciudadanos, la cual tiene un inicio y un fin. Así, si en un hipotético caso le fuera concedida la oportunidad a los accionantes de recurrir contra la Corte y no obtuviera de ello un fallo favorable, ante quien recurriría luego?, como pretendería finalizar el trayecto procesal si pudiera ignorar las etapas reglamentadas por la Ley y tuviera en todas ellas un resultado adverso?. Es decir, cuál sería su última instancia?. No arrojan tales interrogantes otra idea que la indefinición. Es por ello que la Ley establece estadios procesales o instancias en las que forzosamente el conflicto debe solucionarse y a cuyo resultado deben atenerse las partes, les parezca justo o no, siendo este extremo uno de los pilares del Estado de Derecho, la sumisión de los particulares a las leyes vigentes, lo que a su vez forzosamente implica el respeto a las normas procesales. Así entonces, cuando la Ley procedimental establece que el conflicto "se acaba" -resuelto en el sentido que sea- por no existir más instancias a las que recurrir, el ciudadano debe atenerse a tal disposición y no a su antojo o particular visión de lo que es justo o no dentro del proceso persiguiendo la vulgar e innoble finalidad de llevar todo "hasta las últimas consecuencias" o aun peor, pretender insistir tozudamente hasta que la justicia acceda a su pretensión, obviando ella así todo un engranaje legal armónicamente establecido para la resolución de conflictos de manera civilizada y coherente y desconociendo a la vez que aquello en puridad, no sería justicia.

Se vislumbra así de los términos de lo peticionado por los accionantes que bajo la vestidura de un supuesto agravio, que no es más que disconformidad con lo resuelto en todas las instancias legales de un proceso, pretenden de esta máxima instancia nada más y nada menos que una autorización para contrariar una disposición legal en la cual ésta se vería directamente afectada sin entrar a mencionar los alcances de la alteración al orden legal que ello implicaría. En otras palabras, solicitan al Poder del Estado encargado de interpretar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, un permiso para no hacerlo y en detrimento de éste.

En otro orden de ideas, al analizar las implicancias de la vigencia del articulado impugnado ante la hipótesis manifestada como fundamento por los accionantes, esto es, el dictamiento por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de una sentencia inconstitucional, cabe traer a colación lo expresado por el tratadista argentino Néstor Pedro Sagués en su obra Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario, p. 435 "Sentencias de la Corte Suprema", que en análisis de un caso similar al planteado en donde una de las partes solicita el control constitucional de una sentencia emanada de la máxima instancia, petición denegada por la misma, expone: "La solución del alto Tribunal es acertada, no sólo por razones formales, sino porque al ser la Corte la intérprete final de la Constitución nacional, mal se podría utilizar el recurso extraordinario, destinado a afirmar la supremacía de la Constitución, para corregir sus propios fallos. Volvemos a lo señalado en anterior oportunidad: las sentencias finales de un Tribunal realmente supremo, son inconmovibles y quedan "constitucionalizadas" por lo que la doctrina kelseniana llama "norma de habilitación", que en forma expresa o tácita incluye toda Constitución. Normativamente, pues, no cabe imaginar recursos contra ese Tribunal supremo cuando sentencia en forma final (salvo el de aclaratoria, que en verdad no impugna el fallo), al menos hasta que se instrumente un medio impugnativo ante algún Tribunal internacional, que asumiría entonces (en los temas bajo su jurisdicción) la condición de órgano judicial supremo".

La Doctrina Jurídica de la "norma de habilitación" sirve para solucionar los problemas que surgen en relación a la positividad de las normas jurídicas y los conflictos de significaciones opuestas entre normas jerárquicamente distintas. En este último aspecto sostiene que la relación fundamental entre las significaciones consiste en que la significación de grado inferior (sentencia) no puede rebasar los límites que le impone la de grado superior (Constitución), ya que de lo contrario carecería de validez. De esta regla general propia de toda supremacía constitucional, resulta el límite impuesto a toda significación inferior por el grado superior, en tal medida que cabe decir que "el grado inferior se halla contenido en el que le está supraordinado". Como se soluciona el problema en el caso de una eventual extralimitación de grados como la denunciada por los accionantes?. La respuesta está en la sanción por la que se quita validez jurídica formal a la norma o sentencia producto de esa extralimitación, dado que ese grado inferior que ha sobrepasado los límites del grado superior es un hecho dependiente o nuevo hecho de positividad que ha ido más allá o en contra mismo de su fundamento en la fuente o hecho jurídico fundamental. Ha traspasado los límites de significación impuestos por la norma suprema o Constitución.

En los aspectos específicamente procedimentales como el planteado, el fundamento en la "norma de habilitación", se encuentra en que la decisión de un Tribunal supremo de cualquier Estado, al ser la última voz jurídica en ese país es siempre valida esté o no acorde con la normatividad vigente, incluso la constitucional. El ordenamiento jurídico "convalida" o "habilita" lo así resuelto por el Tribunal Supremo que en nuestro caso es la Corte Suprema de Justicia como última instancia definitiva y definitoria de las disputas sociales judicializadas. Tenemos entonces toda una doctrina jurídica que sustenta las limitaciones establecidas en los arts. 564 del CPC y el art. 17 de la Ley N° 609/95, las cuales encuentran su lógica aplicación e intrínseca delimitación procesal en cuestiones de estabilidad judicial.

Con relación a las disposiciones que los accionantes considera violentadas, vemos que los mismos mencionan al Preámbulo de la Constitución en primer lugar aunque sin especificar en qué manera las disposiciones que impugna atenían contra aquél, sobre tal situación, esta Sala se ha pronunciado en no pocas ocasiones señalando la necesidad de una conexión entre la normativa atacada y el agravio que alega sufrir quien acciona, vínculo que se perfecciona y surte los efectos que establece el CPC una vez canalizado aquél por la disposición constitucional cuya conculcación se denuncia, esto equivale a decir que a fin de demostrar la inconstitucionalidad de un texto legal deben converger los tres elementos mencionados en el planteamiento de la cuestión -texto legal impugnado, Constitución y agravio-; los cuales deben encontrarse interrelacionados coherentemente a fin de alcanzar un efecto de harta relevancia para el plexo normativo nacional como ser la orden de inaplicabilidad de un texto legal. Si uno de aquellos se encontrare ausente o lo que es lo mismo, no concatenare con los demás, la hipótesis se encontrará incompleta por lo que la argumentación que las envolviera debería ser obviada por adolecer de incompletitud. Este es el escenario que se presenta en cuanto a la supuesta violación del Preámbulo constitucional que alegan los accionantes, siendo que los mismos no han demostrado en qué forma lo mencionado podría acontecer en su caso.

Aparentemente aquí los accionantes en base a una interpretación bastante peculiar únicamente toman en cuenta los elementos "obstáculo", "acceso" e "igualdad" para sostener su teoría, desviando la vista del contexto del artículo en sí el cual resulta de difícil vinculación con la problemática que plantea y ello en base a una simple conclusión: no puede haber violación al principio de igualdad al acceso a la justicia, por un lado porque la propia Ley establece cuales son los límites del reclamo ante la justicia y por otro, consecuencia de ello, es que ese límite está impuesto para todos precisamente en un plano de igualdad, no se establece por medio de las disposiciones impugnadas que en tal o cual condición se aplicará, o no, lo dispuesto por ellas, rigen tanto para las personas de Derecho Privado como de Derecho Público, tanto para personas físicas como para las de existencia ideal, para todo tipo de derechos y planteamientos. Una barrera inexpugnable que no tiene miramientos ni para el Estado mismo ya que hace -como se mencionó- al sostenimiento del Estado de Derecho y al ordenamiento jurídico mismo de uno de los poderes de aquél. Así entonces, ante la imposibilidad absoluta de una suerte de aplicación parcial respecto de la irrecurribilidad de las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia no puede hablarse de violación a la igualdad en el acceso a la justicia, ya que aquello implica que todos acceden de igual manera, en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones, por lo que en las condiciones señaladas el argumento esgrimido por los accionantes respecto del principio constitucional antes citado carece de viabilidad por ausencia de logicidad.

En atención a todo lo precedentemente expuesto, en consideración a las disposiciones legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que la presente acción no puede prosperar. Es mi voto.

Los Dres. Coronel Benítez y Báez Maiola manifestaron: Adherirse al voto del Ministro preopinante, Dr. Fretes, por los mismos fundamentos.

Por los méritos del Acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: No hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida. Anotar, registrar y notificar.- Antonio Fretes.- Arsenio Coronel Benítez.- Gerardo Báez Maiola.- Sec.: Héctor Fabián Escobar Díaz.-