Torres Kirmser, José Raúl. (Ac. y Sent. N° 37) s/acción de declaración de certeza constitucional

Asunción, febrero 23 de 2009.

¿Es procedente la acción planteada por el Dr. José Raúl Torres Kirmser? ¿Ha alcanzado el actor la inamovilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional?

El Dr. Núñez Rodríguez dijo: Por la vía de la acción declarativa de certeza constitucional, el Dr. José Raúl Torres Kirmser pretende que se declare su inamovilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, que actualmente desempeña en el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

A los efectos de determinar la procedencia de la pretensión del recurrente, estructuraré el presente voto sobre los siguientes ejes centrales: I) Admisibilidad en nuestro ordenamiento de la acción declarativa de certeza constitucional; II) Estudio del caso concreto.

I) El CPC, en su art. 99, dispone: "El interés del que propone la acción podrá limitarse a la declaración de la existencia o no existencia de una relación jurídica, o a la declaración de autenticidad o falsedad de un documento". Dicha norma se encuentra dentro de las disposiciones generales relativas al proceso, legisladas en el Libro I del Código Procesal Civil, Título IV-, correspondiente al ejercicio de la acción en general. Es decir, la sistemática del Código Procesal indica a las claras que la norma en cuestión es de alcance general, referida a cualquier tipo de acción, en el sentido de enunciar como suficiente la existencia de una duda que amerite la declaración de certeza para configurar el interés que justifique el recurso a la máxima instancia judicial.

Nos encontramos, pues, ante una acción meramente declarativa en sentido clásica. La admisibilidad de esta figura no puede ser puesta en dudas, atentos a la disposición del art. 99 del CPC, recientemente citada. La doctrina enseña, en tal tenor de ideas, que "la pretensión declarativa es aquella que tiende a obtener un pronunciamiento que elimine la falta de certeza sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico" (Palacio, Lino Enrique y Alvarado Velloso, Adolfo. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1ª ed., 1993, Tomo 7, p. 171), caracterizándose la misma en que el interés se delimita en la meta disipación de la incertidumbre, suficiente para satisfacer el interés de quien propone la acción. En estos casos, "la jurisdicción se resuelve en la verificación de los datos de derecho y de hecho relevantes en orden a una relación jurídica, esto es, de los preceptos y de los hechos de los cuales depende su existencia o inexistencia; según los resultados de esa verificación, el Juez declara que la situación existe o bien que no existe". (Carnelutti, Francesco. Instituciones del Proceso Civil. Buenos Aires, EJEA, 1ª ed., 1959, Tomo I, p. 68).

Siendo este el espíritu que informa al art. 99 del CPC, en cuya virtud las acciones declarativas de certeza son admitidas en el seno de nuestro ordenamiento, resta por ver la admisibilidad de este tipo de acciones en sede de interpretación constitucional; esto es, si la duda derivada de la aplicación de normas constitucionales, que configuran derechos o deberes concretamente apreciables y en el marco de un caso concreto, puede ser disipada mediante el ejercicio de una acción declarativa de certeza; la cual en este caso llevará el adjetivo de "constitucional", por la índole de los derechos sobre los que versa la interpretación, que derivan directamente de la máxima norma en el orden de jerarquía.

La respuesta afirmativa se impone. Ya la primera apreciación empírica no puede llevar a otro resultado, puesto que la eliminación de dudas o incertidumbres jurídicas en el caso concreto es una función de alta relevancia social, que es aplicable, indiferentemente, en todos los ámbitos del quehacer jurídico: derecho público o privado, constitucional o civil, etc. La eliminación de dudas, incluso, es más relevante tratándose de actuaciones de derecho público, donde los operadores del mismo tienen un interés más que legítimo, en caso de incertidumbres sobre la aplicación o interpretación de normas en un caso concreto y determinado, para conocer cuál es su actuar correcto. La opinión contraria impondría la incoherencia de tener primero que actuar para luego saber, frente a hechos ya consumados, si lo actuado fue o no correcto. A este respecto no se puede dejar de transcribir el ilustrativo ejemplo que brinda el maestro Bidart Campos: "Supongamos extravagantemente que una Ley prohíbe salir del país hacia determinado estado, sin razonabilidad alguna. Quien pretende salir puede sin duda solicitar su pasaporte y, al ser indudablemente denegado en aplicación de la Ley, acudir luego a la justicia. Pero, ¿es necesario para habilitar la vía judicial ese intento previo (y frustrado) de obtener el pasaporte, cuando de antemano se sabe con seguridad que no será otorgado? ¿No es un formalismo ritual vano, paralizante, y de inútil demora? ¿Por qué no abrir la acción judicial directamente y permitir que con ella se ataque de inconstitucional la norma y, declarada judicialmente que lo es, se autorice la salida del país? (Bdart Campos, Germán J. La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional. Buenos Aires, EDIAR, 1ª ed., 1987, p. 185). Nuestro ordenamiento jurídico, a través de la norma general del art. 99 del CPC, permite eliminar tal duda antes de actuar, mediante una interpretación que proporcione una pauta de conducta y legalidad para el caso concreto.

Esta Corte, por medio de su Sala Constitucional, ha sostenido en diversos fallos que la misma no constituye un órgano consultivo; vale decir que ante la Sala Constitucional no es posible plantear para su interpretación una consulta sobre si un determinado instrumento normativo es inconstitucional o no. Pero es evidente que en el caso en estudio no se trata de una consulta sobre la constitucionalidad o no de un acto normativo, sino que lo que se pretende es que la Corte Suprema de justicia declare con certeza constitucional la existencia de un derecho del cual el actor es acreedor por imperio de una norma constitucional, cuya interpretación se solicita por medio de la presente acción.

La doctrina admite, de modo conteste, la pertinencia de una declaración de certeza constitucional para el caso concreto, como medio idóneo para excitar la competencia del órgano jurisdiccional. "Basta para que haya proceso, que la parte justiciable necesite, de acuerdo al derecho vigente, que el Tribunal emita un pronunciamiento que encuadre y decida un caso real y concreto dentro de ese derecho vigente, sea ello para dirimir pretensiones controvertidas, sea para resolver situaciones o relaciones inciertas o dudosas, sea para otorgar eficacia a determinados estados o relaciones jurídicas" (Bidart Campos, Germán J. La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional. Buenos Aires, EDIAR, 1ª ed., 1987, p. 184). Y ello es así, porque si se cierra la vía de la acción declarativa, "y no hay forma posible de que fuera de ella se alcance a componer de otra manera una causa judiciable de otra índole y por otra vía, debemos decir enfáticamente que la inexistencia o el cierre de la acción declarativa de inconstitucionalidad frustra el derecho a la jurisdicción por privación absoluta de justicia. Y eso es inconstitucional, porque la ausencia de vía procesal para ventilar la pretensión se identifica con la imposibilidad de acceso a la administración de justicia" (Bidart Campos, Germán J., Ibídem, p. 186).

Consignando autorizada opinión doctrinaria en apoyo de la voz pionera del Prof. Bidart Campos, se ha dicho cuanto sigue: "Sagües no encuentra impedimentos valederos para admitir la acción declarativa de inconstitucionalidad en el derecho argentino, dados ciertos presupuestos procesales (interés legítimo en su promotor, existencia de una norma vigente y aplicable cuya ejecución puede causarle agravio), y en tanto los efectos de la declaración se limitan al caso concreto (...) La eliminación del estado de incertidumbre jurídica por medio de la acción declarativa de inconstitucionalidad brinda al ciudadano una noción clave y definitoria de la medida de sus derechos y obligaciones" (Serra Rad, María Mercedes. Procesos y Recursos Constitucionales. Buenos Aires, Depalma, 1ª ed., 1992, p. 110).

Esto -reiteramos- sin importar que nos estemos refiriendo al ámbito del derecho privado o del derecho público. "La acción meramente declarativa de certeza no busca, directa ni necesariamente, una declaración de constitucionalidad sino de certidumbre, pero que en la medida en que para lograr esa certidumbre, hace falta una revisión de constitucionalidad, la incluye e incorpora al proceso, y la exige en la sentencia. En esto, pues, coincide con todo proceso y con toda sentencia, porque es la necesidad de aplicar una norma al caso sub judice la que incita al control constitucional de esa norma. De este modo, al no ser el proceso declarativo de certeza una vía destinada a conseguir, directamente, una sentencia de mero control constitucional, sino una sentencia que declare con seguridad y certeza -y con la vinculatoriedad de la cosa juzgada- la existencia o inexistencia de un derecho (...) El control formará parte del proceso no como objeto principal o único, sino adherido a la pretensión de certeza que versará sobre una relación jurídica dudosa" (Bidart Campos, Germán J. La acción declarativa de certeza y el control de constitucionalidad, LL 154-518).

En el marco jurisprudencial, es harto conocido el enjundioso dictamen del entonces Procurador General de la Nación argentina, Eduardo H. Marquardt, altamente elogiado por los profesores del vecino país. El mismo se transcribe en LL 154-515 y ss., con la nota de Bidart Campos que acabamos de señalar, y advierte que "la admisibilidad de la acción declarativa no se subordina a la naturaleza del derecho discutido. Así resulta de la legislación, jurisprudencia y doctrina de los países anglosajones, en los cuales la tutela de los derechos públicos subjetivos está confiada a los tribunales ordinarios, al igual de lo que ocurre en la Argentina, y también en otras naciones ajenas a la tradición jurídica anglosajona (...) De lo expuesto surge que no parece acertado el criterio según el cual el art. 322 del CPC y C -equivalente al art. 99 de nuestro CPC- tiende a tutelar solo las relaciones de derecho privado y no comprende los actos realizados por órganos públicos en ejercicio de su poder de policía". LL 154-520.

Yendo al plano nacional, como bien lo destacó el accionante, se ha admitido la acción declarativa de certeza constitucional, en los autos "Tribunal Superior de Justicia Electoral s/ Elecciones Generales para el Poder Ejecutivo", en los que la Corte Suprema de Justicia, por SD N° 191 de fecha 27 de abril de fecha 27 de 1999, realizó una interpretación constitucional para la declaración, con alcance de certeza constitucional, de la conducta a seguir en caso de dudas frente a un caso concreto; en la especie, la determinación de la persona que debía ejercer la Presidencia de la República hasta completar el período y la convocatoria de elecciones para el cargo de Vicepresidente de la República.

En ocasión del estudio del caso planteado, esta Corte había sostenido que "la mera consagración del principio de supremacía constitucional deviene inoficiosa si no va acompañada del procedimiento que lo vuelva efectivo, de suerte que la norma o el acto inconstitucionales no tengan aplicación y no produzcan efectos. Tan importante como el principio de supremacía constitucional, es el de arbitrar los medios o los procedimientos para llevar a la práctica el control de dicha supremacía".

Expresa en otra parte el mencionado fallo: "Diversos sistemas jurídicos admiten el control preventivo de constitucionalidad... Este tipo de acción se conoce como acción declarativa de certeza, y precisa necesariamente para su admisibilidad, la existencia de una duda o incertidumbre referida a la aplicación de una norma constitucional en un caso concreto y determinado, descartándose los casos eventuales o especulativos".

Señala, además: "Doctrina y jurisprudencia comparadas abonan esta tesis: La declaración de certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente especulativa y responda a un caso que busque precaver los efectos de un acto en ciernes con el fin de evitar una lesión al régimen constitucional, constituye causa sujeta a interpretación de la Corte Suprema de Justicia".

Lo expuesto, pues, permite concluir por la afirmativa de la cuestión marcada bajo el num. 1), ya que, de conformidad a las normas legales señaladas, y a los fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales nacionales y extranjeros, no hay duda de que es admisible una acción meramente declarativa para disipar la incertidumbre derivada de la aplicación de normas constitucionales para determinar la conducta a seguir en un caso concreto; función y finalidad última de la acción declarativa, conforme lo dejamos expuesto.

La inamovilidad es un derecho que la Constitución Nacional garantiza al Magistrado judicial en el ejercicio de sus funciones. La Ley Suprema consagra el instituto de la inamovilidad en dos disposiciones normativas, art. 252 y 261 de la CN. La primera de ellas -De la Inamovilidad de los Magistrados- se refiere a los miembros de Tribunales y Juzgados de toda la República que hubiesen sido designados por períodos de cinco años y confirmados por dos períodos siguientes al de su elección, a partir de la cual adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia- y el art. 261 -De la Remoción y Cesación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia- que consagra la inamovilidad de un Ministro de la Corte Suprema de Justicia desde su designación hasta el cumplimiento de la edad de setenta y cinco años. En reiterados fallos esta Corte ha sostenido que un Ministro de la Corte Suprema de Justicia es inamovible en su cargo desde su designación hasta el límite de edad ya citado. Pero también ha dictado normas de carácter administrativo por las que se ha declarado la inamovilidad de varios magistrados por la doble confirmación en sus respectivos cargos. En el caso que nos ocupa, tratándose el actor de un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, pudo haber invocado el art. 261 de la CN pero, habiendo dado cumplimiento a los requisitos previstos en el art. 252 y 8° de las disposiciones finales y transitorias de la misma CN que igualmente consagra su inamovilidad como magistrado judicial, solicita que esta Corte declare con certeza constitucional que el mismo ha alcanzado su inamovilidad en el ejercicio de la magistratura judicial.

Con carácter previo a la dilucidación de la duda planteada, analizaremos la proponibilidad de la acción meramente declarativa en el caso concreto. La jurisprudencia ha dejado dicho que para que prospere una acción de este tipo se requiere: a) que haya incertidumbre respecto de las relaciones de derecho; b) que tal incertidumbre apareje un daño actual al accionante; c) que la sentencia de declaración baste para eliminar la incertidumbre o para prevenir el daño, dependiendo su naturaleza de la relación jurídica sobre la cual versa, además de no existir otro medio legal para poner fin a la falta de certeza. (JA 1991-I-448), y Palacio, Lino Enrique y Alvarado Velloso, Adolfo. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1ª ed., 1993, Tomo 7, p. 174).

Resulta palmario que el recurrente ha acreditado las condiciones que demuestran la viabilidad de su pedido. En efecto, mediante las instrumentales de fs. 1 al 40 de autos, demostró el efectivo ejercicio de la función jurisdiccional por el plazo de 35 años, y su actual condición de Ministro de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la duda o incertidumbre, si bien subjetivamente ella no existe para el propio accionante, según manifiesta en su escrito, desde el punto de vista objetivo y frente al Estado y la sociedad esta situación aún no está esclarecida a su respecto; con lo que subsiste, sin duda, una relación de derecho actual idónea para motivar la incertidumbre. Esta, vista en relación al caso concreto, plantea el problema de que la normativa constitucional no delimita claramente la situación de Magistrados en el ejercicio de la función jurisdicción en diversos cargos a lo largo del tiempo a los efectos de la inamovilidad, atentos al tenor de los arts. 252 in fine y 261 de la CN; esto dicho, sin que escape a nadie que la cuestión referida a la inamovilidad de Ministros de la Corte Suprema de Justicia ha sido objeto de amplias y divergentes interpretaciones. De este modo, acreditada la situación de duda objetiva y configurada el perjuicio concreto derivado de la situación actual del accionante, no caben objeciones de que, al no existir otro medio legal, es la acción meramente declarativa la que permite tutelar el interés legítimo que tiene el actor en disipar frente a la sociedad una duda constitucional que lo afecta actual y efectivamente. Interés este que es delimitado en sus propias palabras, exponiéndose así el daño concreto derivado de la incertidumbre: "Actualmente concurren posturas que pretenden, basadas sobre todo en una incertidumbre derivada de la interpretación de las diversas normas aplicables al caso, que concurse nuevamente para el cargo de Ministro de la Corte, o que recurra al procedimiento de confirmación previsto por el art. 19 de la Ley 609/95" (fs. 50 del escrito de promoción de la acción).

De todas maneras, a mayor abundamiento, la doctrina se ha planteado, abstractamente, casi la misma situación que hoy el Dr. Torres Kirmser alega en concreto, como ejemplo de la procedencia de la acción meramente declarativa: "Imaginemos ahora que una Ley desconoce la estabilidad adquirida por docentes que se desempeñan en virtud de designación emanada de un concurso, y prescribe que deberán concursar nuevamente para adquirir nuevo título. ¿No puede demandarse directamente la inconstitucionalidad de la Ley por parte de un profesor que, ya concursado y nombrado, ve allanada su estabilidad, y sabe que obligatoriamente tendrá que optar por concursar nuevamente, o cesar en su función? ¿Qué óbice constitución existe? Ninguno (...). En resumen, creemos que procede articular el control de constitucionalidad en la causa que se promueve mediante una acción declarativa de certeza" (Bidart Campos, Germán J. La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional. Buenos Aires, EDIAR, 1ª ed., 1987, p. 187).

La CN, en su art. 252, establece: "Los Magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede y al grado, durante el término para el cual fueron nombrados. No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento previo y expreso. Son designados por períodos de cinco años, a contar de su nombramiento. Los magistrados que hubiesen sido confirmaos por dos períodos siguientes al de su elección, adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia".

La aproximación meramente gramatical al artículo en cuestión indica que la inamovilidad se refiere al Magistrado, es decir, al ejercicio de la función jurisdiccional; por lo que el traslado o ascenso que contenga su consentimiento previo y expreso no puede afectar la inamovilidad adquirida. Esta interpretación, desde luego, se compenetra armónicamente con los conceptos doctrinarios referidos a la inamovilidad. Ya la doctrina anterior a la entrada en vigor de la Constitución Nacional de 1992 encumbrada la inamovilidad como garantía de la independencia judicial, ya que este poder necesita una neutralidad política que lo mantenga alejado de las influencias partidarias (Prieto, Justo J. Constitución y régimen político en el Paraguay. Asunción, El Lector, 1ª ed., 1987, p. 338), proponiéndose incluso la determinación expresa de que "a excepción de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia, quienes gozan de inamovilidad permanente desde el momento de asumir el cargo, los demás Magistrados que ingresan a la judicatura la adquieren de pleno derecho luego de transcurrido el primer período de designación, si antes no fuesen cuestionados por la corte Suprema de Justicia" (Riera Hunter, Marcos. La independencia del Poder Judicial. Asunción, La Ley Paraguaya, 1ª ed., 1991, p. 194). Tales opiniones no han cambiado con el advenimiento de la nueva Constitución: "Las funciones políticas e instituciones del Poder Judicial, sin embargo, nunca podrían ser cumplidas a cabalidad si el órgano judiciario careciese de la nota principalísima de la independencia. La independencia del Poder Judicial es el presupuesto del cumplimiento eficaz de su función específica y natural, al tiempo que es la condictio sine qua non de la democracia y del Estado de Derecho" (Riera Hunter, Marcos. Independencia y autarquía presupuestaria del Poder Judicial. En: Homenaje a la Constitución. Asunción, edición de la Corte Suprema de Justicia, 1997, p. 233).

Consagrando tal disposición expresamente la carrera judicial, obvio resulta que dicha elección sería contradictoria con la no consideración de los eventuales nombramientos en otro órgano de ejercicio de la función jurisdiccional, luego de completado el período establecido por el art. 252 de la CN. Desde luego que la presente conclusión tampoco se aparta de lo dispuesto por autorizada doctrina, que enseña: "Un derecho fundamental del agente público es el 'derecho a la carrera', que, desde luego, comprende el de estar constantemente bien 'encasillado' o ubicado en el escalafón, el de 'ascender' -que incluso puede comprender el de ser 'ttrasladado'-, para llegar, finalmente, a la jubilación en condiciones satisfactorias (...). De lo dicho despréndese que el 'derecho a la carrera' consiste en la posibilidad de progresar dentro de las clases, grupos y categorías" (Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Buenos aires, Abeledo Perrot, 4ª ed., 1994, Tomo III-B, p. 304).

En consecuencia, el instituto de la carrera judicial, que como vimos se halla expresamente recogido por la Constitución Nacional, implica el fomento de la promoción y ascensos dentro del ejercicio de la función jurisdiccional. Palmariamente contradictorio sería, entonces, conceder el derecho al ascenso y consagrar la carera judicial sin extender a los efectos de ella -confirmaciones en cargos diversos- la computabilidad a los efectos de la inamovilidad como Magistrado.

De lo expuesto surge, inequívocamente, que las designaciones en otro cargo jurisdiccional, sin solución de continuidad, constituyen otras tantas confirmaciones computables a los efectos de la inamovilidad.

Estos argumentos son suficientes para esclarecer el derecho del peticionante, son congruentes con los hechos por él reseñados y se conforman al expreso pedido por él formulado; aún así, no está de más reiterar que la inamovilidad de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia tiene un régimen especial, establecido en el art. 261 de la CN, conforme jurisprudencia ya uniforme de esta Corte Suprema de Justicia, y según la cual el antedicho art. 261 establece para los Ministros de Corte, diferenciados nominativa y normativamente de los demás magistrados en la Carta Magna, una inamovilidad en el cargo ya desde el nombramiento.

El Sr. Fiscal General del Estado, en su Dictamen N° 1870 agregado a fs. 53 a 7 de autos, se expidió favorablemente a la petición del recurrente. Como primer punto, analizó la vía procesal y arguyó que esta acción puramente declarativa está contemplada para su ejercicio directo ante los Juzgados y Tribunales Ordinarios de la República. Pero al tratarse de un planteamiento de relevancia constitucional, la única instancia competente para entender y emitir pronunciamientos sobre la misma, es la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual encuentra disipada toda duda respecto a la idoneidad de la vía procesal intentada por la parte actora en el presente caso.

Como segunda cuestión, analizó el fondo de la petición y adujo que en nuestro sistema constitucional la inamovilidad, y en lo referente al caso de autos, protege a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, en el ejercicio del cargo; de donde resulta que un Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, amparado en dicha garantía consagrada por el art. 261 de la Carta de Fundamentos, no podrá ser removido o destituido arbitrariamente, sino por las causales -comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones- definidas en la Ley (art. 253 de la CN) y por el procedimiento establecido en la misma -juicio político, art. 261 de la CN. Agregó que la remoción de los miembros de la Corte solo puede hacerse por medio del juicio político y por una de las siguientes causales: a) Mal desempeño en sus funciones... b) Comisión de Delitos... Estos presupuestos no se hallan configurados en el caso del accionante, razón por la cual, dicha vía no se encuentra habilitada para su ejercicio efectivo, por parte del órgano facultado para dicho efecto, es decir, el Poder Legislativo, a través de sus representantes, los parlamentarios.

Señaló también que la Fiscalía General del Estado ha sostenido en posturas anteriores que la inamovilidad de los magistrados es muy importante para el Poder Judicial y para la seguridad jurídica del Estado, para el sistema de Justicia y para el Estado de Derecho, porque le da independencia al Poder Judicial: "Porque la inamovilidad significa que los Magistrados no están sujetos ni al calendario político del Ejecutivo, ni al Partido Político que haya ganado las elecciones, ni a las buenas ideas del siguiente Gobernador, ni a la mayoría Legislativa que pueda quitar y poner a los Magistrados a su preferencia. La inamovilidad es la permanencia, la estabilidad en el empleo del Magistrado, precisamente para que no suceda eso...".

Tras el análisis realizado y de acuerdo a las constancias probatorias, concluyó afirmando que la Fiscalía General del Estado considera oportuna y eficiente la Acción de Declaración de Certeza Constitucional, promovida por el Dr. José Raúl Torres Kirmser, en su carácter de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, aconsejando declarar, con alcance de certeza constitucional y exclusivamente con relación al presente caso concreto, que el accionante ha alcanzado la inamovilidad de conformidad con el art. 252 in fine, en concordancia con el art. 8° de las Disposiciones Finales y Transitorias de la Constitución Nacional de la República del Paraguay.

En base a todo lo expuesto, es criterio de este Preopinante, que corresponde hacer lugar a la presente acción, declarando con alcance de certeza constitucional que el Dr. José Raúl Torres Kirmser, actual Ministro de la Corte Suprema de Justicia, ha alcanzado la inamovilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, en el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, hasta el límite de edad previsto en el art. 261 de la CN. Es mi voto.

El Dr. Fretes manifestó: El Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Prof. Dr. José Raúl Torres Kirmser, promovió acción de declaración de certeza constitucional con el objeto de dilucidar el derecho, derivado directamente de normas constitucionales, que le asiste en una situación jurídica concreta.

Argumentó el recurrente que tiene más de 44 años de carrera judicial, habiendo pasado por casi todos los cargos del Poder Judicial. Señaló que ejerce la Magistratura desde hace 35 años y que cuando entró en vigor la Constitución de 1992 se encontraba en el ejercicio de la función jurisdiccional, en calidad de Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, según Dec. N° 1417 del 13 de diciembre de 1988. Manifestó que con las confirmaciones posteriores de los años 1995 (Dec. N° 17 del 19 de octubre de 1995); 2002 (Dec. N° 754 del 24 de septiembre de 2002) y 2004 (Dec. N° 1980 del 15 de marzo de 2004) adquirió la inamovilidad prevista en el art. 252 de la Carta Magna en concordancia con el art. 8° de sus Disposiciones Finales y Transitorias.

Expresó, finalmente, que ante la incertidumbre creada por personas de distintos sectores de la sociedad y que afecta a su persona, requiere de esta Sala se declare, con alcance de certeza constitucional y exclusivamente con relación al presente caso concreto, que el suscripto ha alcanzado la inamovilidad en el ejercicio de la Magistratura, de conformidad con el art. 252 in fine de la CN, en concordancia con el art. 8° de sus Disposiciones Finales y Transitorias.

Analizadas las constancias de autos, especialmente las documentales arrimadas, surge que el accionante, al momento de ser nombrado integrante del Máximo Tribunal de la República, ya había adquirido la inamovilidad prevista por el art. 252 de la CN, en concordancia con lo que estatuye el art. 8° de las Disposiciones Finales y Transitorias, teniendo en cuenta que el Dr. Torres Kirmser fue confirmado por segunda vez en el año 2002.

La Dra. Pucheta de Correa manifestó: El accionante plantea acción de declaración de certeza constitucional a los efectos de establecer, en el caso concreto, si ha alcanzado la inamovilidad en el ejercicio de la magistratura, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 252 y 8° de las Disposiciones Finales y Transitorias de la Constitución Nacional, en atención a sus antecedentes personales y carrera judicial. La acción versa, pues, sobre la inamovilidad del magistrado accionante.

La inamovilidad de los magistrados judiciales se halla específicamente reglamentada en los invocados arts. 252 y 8° de las Disposiciones Finales y Transitorias de la Constitución Nacional. En lo esencial, ambos artículos establecen que los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos períodos siguientes al de su elección, adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia, fijado en los 75 años. El primero de los artículos citados (art. 252) se halla previsto para los magistrados incorporados a la función judicial con posterioridad a la vigencia de la Constitución, mientras que el segundo (art. 8° de las Disposiciones Finales y Transitorias) se halla previsto para los magistrados incorporados a la función judicial con anterioridad a la vigencia de la Constitución. En este segundo caso, que sería el del accionante, de acuerdo con sus antecedentes, la Constitución requiere dos confirmaciones mediante los mecanismos establecidos en la Constitución para adquirir la inamovilidad, es decir, los magistrados judiciales obtienen la inamovilidad en el cargo a partir de la segunda confirmación.

Efectuado el análisis de los antecedentes del accionante resulta que el mismo exhibe una carrera judicial como magistrado de 35 años (7 años como Juez de Primera Instancia, 24 años como Miembro del Tribunal de Apelación y 4 años como Ministro de la Corte Suprema de Justicia). Más concretamente, al entrar en vigencia la Constitución, se desempeñaba como Miembro de Tribunal de Apelación, cargo en el cual fue confirmado de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución en 1995 y 2002, hasta su ascenso como Ministro de la Corte Suprema de Justicia en 2004. De manera que, según tales antecedentes y las reglas consideradas, el accionante goza de inamovilidad a partir de su segunda confirmación, producida en el año 2002.

Debo señalar, finalmente, que al Poder Judicial le ha sido asignada la condición de custodio de la Constitución, atribuyéndosele, además, la delicada función de interpretación (art. 247). Consiguientemente, siendo la Corte Suprema de Justicia el Tribunal de más alto nivel en la estructura del Poder Judicial, le corresponde determinar el sentido y alcance de las disposiciones constitucionales a los efectos de su aplicación y cumplimiento. En otras palabras, la Corte Suprema de Justicia constituye el órgano judicial de más alta instancia a los fines de la interpretación constitucional. Siendo ello así, corresponde se expida en el caso bajo examen determinado si el accionante ha alcanzado la inamovilidad en la magistratura que actualmente desempeña, de acuerdo con las reglas constitucionales mencionadas. Y, en tal sentido, estimo, de acuerdo con las consideraciones precedentes, que corresponde declarar que el accionante, Dr. José Raúl Torres Kirmser, reúne los requisitos para acogerse a los beneficios de la inamovilidad previstos en el art. 252 de la CN y 8° de sus Disposiciones Finales y Transitorias. Es mi voto.

Por los méritos del acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: Hacer lugar a la acción promovida por el Sr. Ministro Dr. José Raúl Torres Kirmser, declarando con alcance de certeza constitucional que el mismo ha alcanzado la inamovilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional que actualmente desempeña, de conformidad con las consideraciones y conclusiones del exordio de esta resolución, hasta el límite de edad previsto en el art. 261 de la CN. Anotar, registrar y notificar.- Víctor Manuel Núñez Rodríguez.- Antonio fretes.- Alicia Pucheta de Correa.- Sec.: Héctor Fabián Escobar Díaz.-