Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: INDERT s/ Mensura Judicial. (Ac. y Sent. N° 1163)

Asunción, agosto 29 de 2016

¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?

La Dra. Bareiro de Módica dijo: 1) Los Sres. L. O. V. R. y S. A. R. R., por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogados, promovieron acción de inconstitucionalidad contra los arts. 104 y 108 del Título XI, Capítulo Único de la Ley N° 1863 del 4 de octubre de 2001, y la Res. P.N. N° 939/12 del 23 de abril de 2012 dictada por el INDERT. Los accionantes señalan que con la aplicación de las disposiciones impugnadas se genera una violación a sus derechos de propiedad sobre las Fincas N° 2104, 69, 478, 541 y 2142 del Distrito de Acahay. Se fundó la presente acción de inconstitucionalidad en la supuesta violación de los arts. 3, 34, 16, 47 y 109 de la CN (fs. 24/27).

5) Opino que no procede la acción de inconstitucionalidad planteada. De la lectura del escrito de promoción de la presente acción, se colige que si bien la parte accionante ha impugnado los arts. 104 y 108 de la Ley N° 1863/2001, no se advierte ninguna violación de orden constitucional que merezca ser atendida por esta vía. Por otro lado tampoco se observa afectación a los recurrentes, ni mucho menos agravio concreto y actual, correspondiendo de igual forma su rechazo. En el caso de autos, resulta evidente que la parte accionante no ha justificado los supuestos agravios con lo que pretende fundamentar esta acción. Ante la falta de cumplimiento de los requisitos formales para la procedencia de la presente acción, corresponde su rechazo.

6) El objeto de las disposiciones normativas atacadas es regularizar la titularidad del dominio sobre los excedentes que fueron encontrados, con el objeto de declararlos como tierras fiscales de propiedad del órgano de aplicación, lo cual es realizado dentro del ámbito de sus atribuciones, lo cual no resulta conculcatorio de la Constitución Nacional.

6.1) Otra de las cuestiones que ha sido señalada por la parte accionante, es la que guarda relación con el efecto retroactivo de las leyes. Sobre el punto, uno de los principios más elementales que rige la aplicación de la ley es su irretroactividad, que significa que ésta no debe tener efectos hacia atrás en el tiempo; sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación. Es decir, las normas legales rigen a partir de su vigencia sin poder aplicarse a situaciones pasadas, sobre todo por razones de seguridad jurídica. El fundamento del principio de irretroactividad de la ley, consagrado en la Constitución Nacional -art. 14-, es una medida técnica escogida para dar seguridad al ordenamiento jurídico.

El Dr. Blanco manifestó: El Ministro Prof. Dr. Blanco, se adhiere al sentido, que adoptara la distinguida colega preopinante, Dra. Gladys Bareiro de Módica, respecto de la Acción de Inconstitucionalidad planteada, sin embargo difiere respecto de las razones y efectos de la decisión adoptada, en base a las siguientes argumentaciones que a continuación se exponen.

Que, en primer término corresponde individualizar la norma legal, cuestionada de inconstitucional, así como el acto administrativo que se genera en consecuencia, y que son el objeto de pretensión de la accionante. Así el art. 104 de la Ley 1863/02 del Estatuto Agrario, establece cuanto sigue: “Detentación de tierras fiscales. Denuncia por terceros. La detentación de tierras del dominio fiscal por particulares, podrá ser denunciada por terceros ante el Organismo de Aplicación. Este promoverá el correspondiente juicio de mensura judicial a fin de acreditar si el propietario detenta o no una superficie mayor a la que resulta de sus títulos. Si dentro del plazo perentorio de diez días de ser notificados de la providencia que ordena la agregación del informe del perito mensor, ni el detentador ni los colindantes que invocasen y acreditasen sumariamente ante el Juez de la Mensura, la titularidad del dominio sobre el excedente encontrado, éste, en su oportunidad, declarará que se trata de tierra fiscal, propiedad del Organismo de Aplicación. Si por el contrario, no quedase acreditada la existencia de excedente del dominio fiscal, los costos y costas de la mensura judicial serán costeados por el denunciante. En caso que dentro del plazo mencionado precedentemente, el detentador o alguno de los colindantes pretendiese e invocase formalmente en escrito fundado, la titularidad del dominio sobre el excedente hallado, el Juez dispondrá que, dentro del perentorio plazo de treinta días hábiles, el Organismo de Aplicación promueva la correspondiente acción real para reivindicar la propiedad del excedente que considera fiscal. Las diligencias cumplidas en el juicio de mensura podrán ser válidamente invocadas en el juicio de reivindicación”.

Por otro lado y en el mismo contexto, se cuestiona de inconstitucional el art. 108 de la Ley referida anteriormente, el cual transcripto establece: “Mensura de oficio. El Organismo de Aplicación podrá promover de oficio, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Turno de la Circunscripción Judicial que por territorialidad corresponda, el juicio de mensura de cualquier inmueble en el que se presuma la existencia de excedente fiscal, en cuyo caso se procederá conforme a lo dispuesto en la presente ley. En todo juicio de mensura promovido por terceros, si el perito mensor, o el Juez, en su caso, advirtiesen la existencia de excedentes fiscales, están obligados a notificar de ello al Organismo de Aplicación, a la brevedad posible”.

El art. 260 de la Carta Magna, establece cuanto sigue: “De los deberes y de las atribuciones de la Sala Constitucional. Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional: I) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarías a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso...”. Asimismo, el art. 137 de la Ley Suprema, dispone en la parte pertinente; cuanto sigue: “De la supremacía de la Constitución... Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución.

Pues bien, ante la presencia de premisas constitucionales claras, podemos inferir que una determinada Ley es inconstitucional cuando viola normas o principios consagrados en la Constitucional Nacional. En el caso de autos el impugnante, se agravia en razón a que la norma legal viola el derecho Constitucional de la propiedad privada.

Entrando al ejercicio hermenéutico de las circunstancias fácticas alagadas por el impugnante, así como respecto de las normas legales involucradas en las mismas, este Ministro considera que la institución del derecho sobre el cual recae el efecto de los arts. 104 y 108 de la Ley 1863/02 del Estatuto Agrario, pretendida de inconstitucional, es la mensura. Respecto de ello el art. 668 del CC dispone: “Alcance. La mensura no afectará los derechos que los propietarios pudieren tener al dominio o a la posesión del inmueble. Si el oponente está en posesión del terreno y alega ser propietario, el solicitante de la mensura deberá deducir la correspondiente acción petitoria o posesoria; si quien está en posesión es el mensurante, será el oponente quien deberá accionar, reclamando el dominio o la posesión”. En el ejercicio de los derechos y a fin de obtener una respuesta jurisdiccional relacionada a la cuestión pretendida, la característica fundamental es la seguridad jurídica, cuya consecuencia natural es la inmutabilidad de la sentencia definitiva, y en ese sentido la eficacia de la cosa juzgada permanece inalterable, a no ser que la sentencia sea inconstitucional por violar ella misma la Constitución o por haberse fundado la misma, en una ley inconstitucional.

Otra circunstancia legal, que refuerza el criterio esgrimido por este Ministro lo constituye la propia enunciación normativa contenida en el Estatuto Agrario, Ley N° 1863/01, en relación al proceso de mensura iniciado por el INDERT, el cual en la parte pertinente del art. 104, expresa: “...En caso que dentro del plazo mencionado precedentemente, el detentador o alguno de los colindantes pretendiese e invocase formalmente en escrito fundado, la titularidad del dominio sobre el excedente hallado, el Juez dispondrá que, dentro del perentorio plazo de treinta días hábiles, el organismo de aplicación promueva la correspondiente acción real para reivindicar la propiedad del excedente que considera fiscal. Las diligencias cumplidas en el juicio de mensura podrán ser válidamente invocadas en el juicio de reivindicación...”. Con ello el Estatuto Agrario, ratifica la prescripción normativa contenida en el Código Civil, en el sentido de que el planteamiento del Juicio de mensura, y la resolución que recayeran en el mismo, no causa estado, es decir, tan solo constituyen datos relevantes, a fin de ser utilizados o hacerlos valer en un juicio posterior (reivindicación), lo que da apertura al ejercicio de otros derechos recursivos, que procesalmente corresponda en derecho.

La impugnación por vía de la Inconstitucionalidad es fundamental y exclusivamente extraordinaria, excepcional, instituida Constitucionalmente para salvaguardar la conculcación de normas y principios de máximo rango, y no para la verificación de razonamientos lógicos ajustados a intereses particulares, que en el caso de autos aún no ha generado estado como consecuencia de una decisión jurisdiccional firme, resultando insulso la verificación de cuestiones de fondo respecto de la Inconstitucionalidad planteada.

La Dra. Peña Candia manifestó: Adherirse al voto del Ministro, Dr. Blanco, por los mismos fundamentos.

Por los méritos del Acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: No hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida. Imponer las costas a la parte actora y perdidosa. Anotar, registrar y notificar.- Gladys Bareiro de Módica.- Sindulfo Blanco.- Miryam Peña Candia.- Sec.: Arnaldo Levera.-