Acción de Inconstitucionalidad en el juicio: CHEMICORP S.A. c. SOLVAY QUÍMICA S.A. s/ Indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual. (Ac. y Sent. N° 1332)

Asunción, octubre 17 de 2013

¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?

El Dr. Fretes dijo: El Abog. S. I. C., en nombre y representación de la firma CHEMICORP S.A. promovió acción de inconstitucionalidad contra el AI N° 698 del 27 de agosto de 2012, y su aclaratoria AI N° 817 del 17 de setiembre del mismo año, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, en los autos mencionados más arriba.

Por el primero de los interlocutorios citados el Tribunal hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y en consecuencia, revocó el AI N° 1873 de fecha 24 de noviembre de 2010 dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarto Turno, e hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada. Impuso las costas a la parte actora en ambas instancias y rechazó el pedido de declarar litigante de mala fe a la parte actora y demandada. Por el segundo, el Tribunal no hizo lugar al recurso de aclaratoria formulado por el Abog. S. I. C.

Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno de la Capital, resolvió: “Desestimar la excepción de incompetencia de jurisdicción opuesta por la firma accionada Solvay Química S.A., por los fundamentos expuestos en el considerando de esta resolución. Imponer las costas en el orden causado. Disponer la reiniciación del plazo interrumpido, como consecuencia de la oposición de la aludida excepción, una vez firme esta resolución. Notificar por cédula, salvo que las partes consientan hacerlo personalmente”.

El recurrente impugna las resoluciones dictadas, tachándolas de arbitrarias. Afirma que las mismas son violatorias del derecho a la defensa enjuicio, art. 16, a la igualdad en el acceso a la justicia, art. 47, a la obligatoriedad de fundar las sentencias en la Constitución y en la Ley. Argumenta que el fallo atacado es arbitrario por falta de derivación razonada del derecho vigente, por fundamentación aparente e inhábil, además de caer en autocontradicción, al señalar que en este tipo de contrato (agencia, distribución y representación “esa relación es de carácter vertical, donde una de las empresas generalmente aquella productora del bien, impone sus condiciones a la otra”), pero finalmente acepta la defensa opuesta.

Podemos concluir, por tanto, que la resolución impugnada es violatoria del deber de fundar las resoluciones judiciales en la Constitución y la ley, conforme lo consagra el art. 256 de la Carta Magna, por lo que hace necesaria la procedencia de la acción, ya que es el medio otorgado por la Constitución a la Corte Suprema de Justicia para mantener la vigencia del Estado de Derecho.

Vota por la acogida favorable de la presente acción de inconstitucionalidad, debiendo declararse nulas las resoluciones impugnadas, el A I N° 698 del 27 de agosto de 2012, y su aclaratoria AI N° 817 del 17 de setiembre del mismo año, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital. En cuanto a las costas, las mismas corresponden que se impongan a la perdidosa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 192 del CPC.

El Dr. Núñez Rodríguez manifestó: Adherirse al voto del Ministro preopinante en cuanto hace lugar a la presente acción de inconstitucionalidad promovida contra el AI N° 698 de fecha 27 de agosto de 2012 y su aclaratoria, el AI N° 817 del 17 de setiembre de 2012, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de esta Capital, por los mismos fundamentos, y me permito agregar cuanto sigue:

Abordando la temática sometida a estudio, es sabido que la cuestión de competencia puede ser planteada por vía de la inhibitoria o de la declinatoria, y en esta última hipótesis supone la articulación de la excepción previa de incompetencia (arts. 9, 1ª parte y 224 inc. a) del Código de Rito). Esta defensa está destinada a evitar ab initio un proceso nulo, por lo que toda demanda debe ser incoada y tramitada por juez competente; es por ello que en nuestro diseño procedimental la misma integra el catálogo de excepciones admisibles como artículo de previo y especial pronunciamiento.

Ahora bien, en la casuística se presentó una situación muy particular, puesto que se promovió una demanda de nulidad de cláusulas contractuales e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, específicamente, por rescisión unilateral e injustificada de un contrato de agencia comercial entre dos firmas domiciliadas en países distintos: por un lado, la demandante es la firma CHEMICORP S.A. (con domicilio en Paraguay) y por el otro, la demandada es la firma SOLVAY QUIMICA S.A. (con domicilio en Argentina), y cuyos productos -soda cáustica- serían comercializados en nuestro país. La impugnación recayó sobre las cláusulas 16 y 22 del aludido contrato, con el argumento de ser contrarias a una ley de orden público, la Ley N° 194/93 “De Agencia Distribución y Representación”. Por la cláusula 22 se establecía como Ley aplicable la Ley Argentina como jurisdicción competente la de los tribunales de Buenos Aires. Es decir Justamente se pretendía anular la cláusula de prórroga de jurisdicción.

En esta especial coyuntura, resulta que para resolver la cuestión de la competencia del Tribunal, si correspondería a los tribunales paraguayos o a los de Argentina entender en esta contienda, se hacía necesario entrar a tallar sobre la cuestión de fondo, sobre la pretensión de nulidad; vale decir, que no podía el juzgado resolver sobre su competencia sin antes decidir acerca de la validez o no de la cláusula impugnada, que hacía al objeto mismo de la pretensión y que por lo tanto, debía necesariamente ser materia de estudio y decisión al momento de la sentencia de mérito.

Por las razones precedentemente esbozadas, al haberse apartado el ad quem de la solución normativa prevista para el caso, y resuelto así de forma arbitraria, su decisión amerita ser descalificada como acto judicial; correspondiendo en consecuencia, hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad y declarar la nulidad de los fallos impugnados, con el alcance establecido en el art. 560 del CPC. Costas a la perdidosa. Es mi voto.

El Dr. Blanco manifestó: Adherirse a los votos de los Ministros, Dres. Fretes y Núñez Rodríguez, por los mismos fundamentos.

Por los méritos del Acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: Hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la nulidad del AI N° 698 del 27 de agosto de 2012, y su aclaratoria, el AI N° 817 del 17 de setiembre de 2012, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital. Imponer las costas a la perdidosa. Remitir estos autos al Tribunal que le sigue en orden de turno para su nuevo juzgamiento, de conformidad al art. 560 del CPC. Anotar, registrar y notificar.- Antonio Fretes.- Víctor Núñez Rodríguez.- Sindulfo Blanco.- Sec.: Arnaldo Levera.-