Villalba Doria, Víctor y Anway c. Iberia L.A.E. (Ac. y Sent. N° 123) s/ Cumplimiento de contrato, cobro de guaraníes e indemnización de daños y perjuicios

2ª Instancia.- Asunción, diciembre 19 de 2008.

1ª) ¿Es nula la sentencia recurrida?

2ª) En caso contrario, ¿se encuentra ajustada a derecho?

1ª cuestión: El Dr. García Ayala dijo: Los fundamentos del recurso de nulidad expuestos por los recurrentes en los escritos de fs. 219/223 y 229/241, están muy relacionados con la valoración y análisis de las probanzas obrantes en autos, cuestión esta que debe ser estudiada en el recurso de apelación y no en el de nulidad, ya que son cuestiones que hacen al criterio del juzgado (errores in iudicando) y no vicios del procedimiento o de formalidades (errores in procedendo), por lo que estimo que este recurso debe ser desestimado. Es mi voto.

Los Dres. Melgarejo Coronel y Castiglioni manifestaron: Adherirse al voto en igual sentido y por los mismos fundamentos.

2ª cuestión: El Dr. García Ayala dijo: El representante convencional de la parte actora, Abog. O. L. T., fundamentó sus agravios en el escrito de fs. 219/23, en el que expresa: "Mi parte demandó el pago del valor de sus mercaderías extraviadas por la demandada (Euros 25.538,569 y la indemnización de los daños que ello le ocasionó (Euros 20.000), pretendiendo el cobro de 45.538,56 Euros, o lo que en más o en menos resultaba de las probanzas de autos".

"...La Jueza hizo un perfecto y razonado estudio del obrar antijurídico y culposo de la demandada y las circunstancias fácticas probadas en la causa sobre el factor de la imputación por el cual la parte demandada debe responder y a pesar de ello, no hizo lugar al monto pretendido en concepto de daño (fs. 212)".

Sigue expresando: "...Estando probada, en autos, el daño, la negligencia y mala fe de la imputada por la pérdida de las mercaderías y no existiendo motivo para disminuir el monto pretendido, correspondía que la Jueza a quo hiciera lugar a la pretensión de mi parte, porque debe tenerse presente que frente al sujeto que yerra se encuentra el interés no menos legitimo del otro contratante o del tercero lesionado, merecedor de un amplio amparo".

La otra parte de su escrito de memorial sostiene: "...El agravio de mi parte surge haciendo la comparación de lo pedido y lo concedido. La trascripción de lo sentenciado mas arriba, supone un rotundo éxito jurídico respecto de la postura de mi parte, en el sentido que ha existido un error grosero o inexcusable de la demandada, no sólo con la pérdida de las mercaderías, sino en toda su conducta posterior a ese acto y aun en la conducta procesal desplegada en la causa".

Más adelante agrega: "...En efecto, al momento de alegar se ratificó la posición sostenida en la demanda ponderándose el monto resarcitorio que, a mi juicio debía ser condenada la parte demandada. Muy prudencialmente, en la demanda, se fijó el importe indemnizatorio a favor de mi parte por daño patrimonial, de un modo provisorio y sujeto a lo que en más o en menos el Tribunal determine de acuerdo a las pruebas a producirse en la causa, a la valoración que se haga de la misma y a su convicción, en Euros veinte mil (20.000), y la juzgadora sentenció un monto resarcitorio en concepto de daño patrimonial reduciéndolo drásticamente a diez mil (10.000) con la relación a lo pretendido en la demanda sin dar fundamentos suficientes para justificar tal reducción".

Más adelante manifiesta: "...De autos surge claramente que IBERIA S.A. no ha actuado con dolo, es decir, con intención de realizar un daño, ni con culpa grave asimilable al dolo. Además, este hecho no fue probado por la parte actora".

Luego agrega: "... VV.EE la propia parte actora reconoce que su postura fue la de demostrar la supuesta culpa y el error en el actuar de mi mandante, teóricamente así lo hizo y el Juez lo considero. Al ser su pretensión esta, no ha pretendido nunca que mi mandante sea aclarado responsable por haber actuado en forma dolosa, ni ha realizado pruebas que demuestren el dolo exigido por el art. 25 del CV para excluir a IBERIA LAE, del límite de responsabilidad previsto en el mismo".

A continuación sostiene: "...En otro orden de ideas, vemos que el actor solicitó el pago de la suma de Euros 25.538,56 en concepto del valor de la mercadería y a la vez, la suma de Euros 20.000 por el resarcimiento de daños y perjuicios, siendo otorgado por la Jueza la suma de Euros 25.538,56 y a la vez, Euros 10.000 en concepto de daños y perjuicios".

Formula otras consideraciones, y luego manifiesta: "...Igualmente, se ha aplicado (erróneamente) las disposiciones del CCP sobre responsabilidad, trayendo a colación el art. 939 del CPC que dispone: "El daño derivado de la pérdida o avería se calcula según el precio corriente de las cosas transportadas en el lugar y en el tiempo de la entrega al destinatario".

"...Sin embargo, el a quo tomo el valor previsto en una factura agregada unilateralmente por la actora, supuestamente correspondiente al contenido de los bultos transportados (cuyo contenido es desconocido por el transportista) como valor de las mismas, violando todos los preceptos legales y el propio art. 939 traído a colación, pues este refiere que el precio se determina por el lugar y tiempo de entrega, es decir, debe ser valuado en Paraguay. Esta valuación no fue realizada".

Luego agrega: "...Como VV.EE, podrán observar, la propia parte actora reconoce que IBERIA comunicó tal situación al expedidor (Intercoex S.A.), por tanto, no existe fundamento para que el a quo desconozca tal hecho y exija una notificación formal al destinatario (Anway), quien no es parte del Contrato de Transporte, sino un tercero, que además nunca (previa a esta demanda) se presentó ante mi mandante a reclamar la entrega de la mercadería. Pues (conforme lo alegado en la demanda) si bien pretendieron vía telegrama colacionado exigir a mi mandante la entrega, este telegrama no fue diligenciado al domicilio real de IBERIA LAE en Paraguay sino al Aeropuerto Silvio Pettirosi, según surge del informe de COPACO que además hizo constar que el mismo no pudo ser entregado. Sobre el tema y su importancia nos expediremos mas adelante".

Más adelante bajo el título caducidad del derecho de la parte actora, agrega: "...La parte actora alega haber reclamado el cumplimiento del contrato mediante el telegrama colacionado supuestamente recibido por mi mandante, en fecha 14 de marzo de 2002, es decir, más de un mes después de cumplido el plazo de 120 días que tenia, para realizar la protesta por escrito".

"La protesta escrita exigida nunca fue realizada, pues mi mandante jamás recibió el supuesto telegrama colacionado".

En otra parte de su memorial, bajo el título causal de exoneración acreditada agrega: "...La causal de exoneración alegada por nuestro mandante fue la imposibilidad de concluir con el contrato de transporte, ante la retención de las mercaderías emitidas por Intercoex S.A. al beneficiario Anway, por parte de la Aduana Americana (en Miami)".

"...El a quo, si bien aceptó la prueba realizada por nuestra parte vía exhorto agregado a fs. 172/182 de autos, no la considero importante, pues a su entender este hecho no eximio de responsabilidad a IBERIA, sino que la única forma de eximirse de responsabilidad era mediante la notificación por escrito de IBERIA al beneficiario (Anway).

Más adelante expresa: "...Consecuentemente, admitida la prueba diligenciada vía exhorto, que acredita la retención de la mercadería; admitido que el expedidor (Intercoex S.A) tuvo conocimiento de dicho hecho en forma inmediata; reconocido que actualmente la normativa sobre responsabilidad del transportista consagran expresamente la exoneración de responsabilidad por acto de autoridad pública, asimilando la jurisprudencia internacional relativa a este tema, se debió concluir que IBERIA LAE ha demostrado fehacientemente su exoneración de responsabilidad, y por tanto, no tiene porque ser condenada a pagar indemnización alguna al demandante".

Seguidamente transcribe el art. 939 del CPC, formula otras consideraciones y concluye solicitando al Tribunal dictar resolución haciendo lugar a los recursos interpuestos y revocando en consecuencia la sentencia apelada.

A su turno el representante convencional de la parte actora Abog. O. L. T., contesta los agravios de la representante de la firma demandada, refutando los argumentos sostenidos por la misma, en los siguientes términos: "...En primer lugar, no se advierte ningún argumento jurídico sólido para atacar un pronunciamiento. Las afirmaciones del recurrente son más efectistas que efectivas. Si se toman en cuenta todas las constancias de la causa, lo afirmado por la accionada carece de valor para sustentar sus pretensiones y la prueba es que, de las constancias de autos surge que efectivamente mi mandante Víctor Villalba es propietario de las mercaderías perdidas por culpa de IBERIA LAE, conforme se encuentra categóricamente documentado con las facturas agregadas en autos, las cuales demuestran, sin lugar a dudas, que la demandada debía comunicar lo que estaba ocurriendo con las mercaderías a Víctor Villalba y no a Intercoex S.A., lo cual, sinceramente, creo que sepultan su (...) de la demandada en esta causa".

Más adelante expresa: "Lo pretendido por la demandada, se encuentra en contra de lo establecido nuestro ordenamiento legal, desde el momento que pretende sujetar a un plazo de derecho de mi mandante de valerse de las disposiciones legales y de la utilización de procedimientos judiciales, cuando el art. 666 inc. a) del CC establece la prescripción del contrato de transporte, que es de un año. Por ello, corresponde no procesar el agravio y confirmar la sentencia con costas".

En otra parte de su escrito sostiene: "...Se encuentra debidamente, probado en autos, que las mercaderías de mi mandante no tenían porque terminar en el Aeropuerto de Miami, que la demandada hizo con ella lo que quiso y que nunca solicitó las instrucciones al remitente ni mucho menos realizado actos para la custodia de las mercaderías retenidas, lo cual hace que sea la única responsable del daño a las mercaderías".

Sostiene que la obligación primaria del transportador es la de comunicar a remitente sobre la situación de las mercaderías, extremo no demostrado ni tratado de desvirtuar en autos y que la imposibilidad de la entrega de la cosa al destinatario o la negativa de recibirla, debe hacerse saber en forma inmediata al destinatario; lo que conlleva como consecuencia jurídica su necesaria responsabilidad de responder por todos los eventuales daños y perjuicios ocasionados a la actora por el incumplimiento del contrato, lo cual fue reconocido por la demandada quien afirmó que el derecho del destinatario nace pasados siete días desde la fecha en que la mercadería debió llegar y no lo hizo, lo cual se encuentra acreditado en autos, en donde consta que las mercaderías nunca llegaron a destino.

Del estudio de las constancias de autos, se puede concluir que la parte demandada trato de demostrar que la culpa no debía imputársele a ésta y la actora; por el contrario, trató de demostrar que la culpa debe atribuírsele al actor. Es así, que la juzgadora analiza en su fallo, detalladamente, las probanzas rendidas en autos, arribando a la conclusión asentada en su sentencia.

En este sentido, recordemos que la prueba constituye el centro principalísimo del proceso civil del cual el juzgador extrae los elementos esenciales para formar su convicción al decidir el litigio. El maestro Alsina en su obra: "Tratado teórico-practico de Derecho Procesal Civil", p. 171, nos enseña: "...En su aceptación lógica, probar es demostrar la verdad de una proposición, pero en su significado corriente expresa una operación mental de comparación. Desde este punto de vista, la prueba judicial es la confrontación de la versión de cada parte, con los medios producidos para abonarla. La misión del juez es, por eso análoga a la del historiador, en cuanto ambos a averiguar cómo ocurrieron las cosas en el pasado, utilizando los mismos medios, o sea los rastros o huellas que los hechos dejaron".

En cuanto al monto establecido por la jueza en la sentencia recurrida en concepto de indemnización, la mima tomo como base el valor de las mercaderías perdidas en poder de la demandada, las cuales ascienden a la suma de EU. 25.538,56, según documentos agregados a fs. 4/6 de autos, a la que debe agregarse la suma de EU. 10.000 en concepto de daños y perjuicios; dando un total de EU. 35.538,56. Para arribar a dicha suma el a quo tuvo en consideración el daño ocasionado a la actora por la desidia y negligencia de la incoada, al no comunicar a la propietaria de las mercaderías la retención de las mismas. En estas condiciones estimo que el mismo está ajustado a derecho, teniendo en consideración los daños y perjuicios ocasionados a la actora, por lo que comparto plenamente lo establecido por el a quo en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

Conforme a las constancias de autos comparto el criterio de la jueza quien atribuyo la culpa a entidad demandada, y en consecuencia corresponde que la misma indemnice por el daño causado, en la suma fijada.

Que, ante todo lo mencionado anteriormente, las constancias probatorias obrantes en estos autos disposiciones legales aplicables al caso, llego a la conclusión de que la sentencia recurrida se encuentra plenamente ajustada a derecho, por lo que la misma debe ser confirmada en todas sus (...) imposición de las costas a la parte demandada, de conformidad a los arts. 192 y 203, inc. a) del CPC. Es mi voto.

Los Dres. Melgarejo Coronel y Castiglioni manifestaron: Adherirse al voto en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Por el mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, cuarta sala. Resuelve: Desestimar los recursos de nulidad interpuestos por los representantes convencionales ambas partes litigantes. Confirmar la SD N° 142 de fecha 12 de marzo de 2007, dictada por la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. Imponer las costas a la parte demandada. Anotar, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.- Basilicio García Ayala.- Eusebio Melgarejo Coronel.- Carmelo A. Castiglioni.- Sec.: Letizia Pereira.-