Vera García, Juan c. el art. 11 de la Ley N° 222/93 Orgánica de la Policía Nacional y Ley N° 525/94 (Ac. y Sent. N° 997)

En esta línea de argumento, el Poder Judicial está obligado a remover factores que propicien discriminaciones prohibidas por nuestra Constitución; por ello, cualquier interpretación que propicie la discriminación que significa que una persona con la antigüedad requerida al efecto, resulte menoscabada, discriminada frente a otras que con la misma antigüedad perciben un salario superior, no puede sino ser tachado de inconstitucional.

Resumiendo, voto por hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad, respecto al Art. 11, del Anexo 1, de la Ley N° 222/93, el cual debe ser declarado inconstitucional y por tanto, inaplicable, en acto normativo alguno fundado en el mismo, contra los derechos legítimos del Sr. Juan Vera García, en su carácter de Comisario Inspector en Sr. Es mi voto.

El Dr. Altamirano Aquino dijo: 1) Adherirse al voto del colega preopinante, y agrega:

2) La cuestión puesta a consideración y decisión de esta Corte, registra antecedentes jurisprudenciales en los cuales la Sala Constitucional señaló lo siguiente: Entiendo que la petición es justa por las siguientes razones: a) En primer lugar, porque los haberes de retiro o jubilación no son acordados en función al título del grado con el que ostentaba una persona – que pueden variar por diversas razones – sino como lo dice la Ley N° 222 en su artículo 70, repitiendo toda la normativa anterior a ella, "en proporción al tiempo de servicio prestado". Ergo, si anteriormente para llegar al grado de Inspector Mayor de la Policía de la Capital se requeriría de veinte años de servicio y luego tal grado ha sido suprimido no puede extraerse la consecuencia de que por ese hecho perdió su jubilación. Nótese que actualmente ya no existe tal grado, ni el de Comisario Mayor, introducido por Ley N° 877 ahora derogada. b) Este hecho objetivo, nos lleva a la consecuencia de que cuanto se debe ameritar no es la denominación actual y anterior que pueden o no coincidir, sino que debemos ceñirnos a la antigüedad en el servicio del afectado y asignarle la retribución que en función a ello, cualesquiera que fuere la denominación actual, le corresponde. Y esta no es una inferencia antojadiza, sino la consecuente aplicación del artículo 76 de la Ley 222 por virtud de la cual es imperativa la equiparación "a los sueldos de los del servicio activo". En otras palabras, si antes se requería de veinte años para llegar a un grado, y al mismo le correspondía determinada cantidad, conforme a la letra de la ley, por tal antigüedad deben asignarse haberes de retiro idénticos a los que al presente le correspondería por tal cantidad de años de servicio, independientemente de la denominación que hoy la ley atribuya. c) De lo expuesto fluye sin mayor esfuerzo, que si al presente se requieren 26 años de servicios para llegar a Comisario General Director y antes tiempo similar para llegar a Inspector General, aún cuando hoy ya no exista esta denominación, es obvio que le corresponde a este último el mismo haber de retiro que pudiera corresponderle al primero, desde que, según lo hemos señalado, media una equiparación automática entre los haberes del personal retirado y el que permanece en servicio activo. d) por consiguiente y ajustándose la petición a la situación descrita, resulta indudable la viabilidad de la acción intentada, tal cual lo ha venido sosteniendo, invariablemente esta Corte y lo aconseja el Fiscal General del Estado.

3) Es obvio, por tanto, que bajo ningún punto de vista puede admitirse la hipótesis de que por el hecho de cambiarse la nomenclatura de los cargos, cualquier persona resulte menoscabada en los justos derechos ganados, en acatamiento estricto de la ley, por los años de servicios prestados, tanto más que también la propia ley, está asegurando al personal pasivo igualdad de derechos con el personal activo, es más, la Constitución a este respecto establece: "No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien" (Art. 46).

Por tanto, habiéndose planteado en el caso que nos ocupa una situación idéntica a la resuelta en el Acuerdo y Sentencia N° 47 de fecha 21 de febrero de 1997, corresponde, por las mismas consideraciones expuestas en dicha resolución, y atento con el dictamen de la Fiscalía General del Estado, hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad y declarar inaplicable el artículo 11 de la Ley N° 222, "Orgánica de la Policía Nacional", al recurrente. Es mi voto.

El Dr. Fretes manifestó: Adherirse al voto del Ministro preopinante, Dr. Núñez Rodríguez, por los mismos fundamentos.

Por los méritos del acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resuelve: Hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 11, del Anexo 1, de la Ley N° 222/93, en relación con el accionante. Anotar, registrar y notificar.- Víctor Manuel Núñez Rodríguez.- José V. Altamirano Aquino.- Antonio Fretes.- Sec.: Héctor Fabián Escobar Díaz.-