DECRETO 6579/2022

Visto: La Nota MSPyBS S.G. N° 045 del 17 de enero de 2022 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Los artículos 4°, 33, 68, 128 y 238. 1. de la Constitución de la República del Paraguay. Los artículos 3, 13, 25, 26 y 27 de la Ley N° 836/1980, por la que se aprueba el Código Sanitario. El Decreto N° 3442 del 9 de marzo de 2020 “Por el cual se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (Covid-19) al territorio nacional”; El Decreto N° 3456 dccl 16 de marzo de 2020 “Por el cual se declara Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional parar el control del cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en la implementación de las acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (Covid-19)”; El Decreto N° 6563 del 4 de enero de 2022, “Por el cual se establecen ni cuidas específicas en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en el territorio nacional por la Pandemia del Coronavirus (Covid-19), a partir del 5 de enero hasta el 18 de enero de 2022”; y Considerando: Que el artículo 4º de la Constitución de la República del Paraguay declara que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Como consecuencia de esta primera afirmación, garantiza la protección de la vida desde la concepción, y consagra el derecho de toda persona a que su integridad física sea protegida por el Estado, al cual correlativamente se le impone el deber de hacer efectivo el más básico de todos los derechos de sus ciudadanos y del ser humano. Que conforme al artículo 33 de la Constitución, la conducta de los ciudadanos constituye un ámbito de inmunidad exento de intromisiones de la autoridad pública, con una única excepción: cuando aquella afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros. Desde luego, las conductas potencialmente peligrosas que el presente decreto no permite, lo son precisamente por su posible incidencia en los más esenciales derechos que puedan tener los terceros aludidos en el precepto constitucional: la vida y la salud. Los habitantes de la República del Paraguay esperan que ccl poder público adopte medidas con la mayor celeridad posible, tendientes a obstaculizar la difusión del COVID-19, puesto que estamos ante bienes jurídicos que muy fácilmente se pueden poner en peligro ante estas circunstancias y la inmovilidad estatal podría considerarse un abandono de los ciudadanos a su destino, y una denegación práctica de los derechos que le reconocen los artículos hasta ahora citados de la Constitución. Que el artículo 128 de la Constitución establece: “En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. Todos los habitantes deben colaborar en bien del país, prestando los servicios y desempeñando las funciones definidas como carga pública, que determinen esta Constitución y la ley”. Que además, se debe argumentar un aspecto más formal, como lo es la elección de este concreto mecanismo jurídico para regular por su intermedio las medidas instrumentadas para asegurar el grado más alto posible de contención de la pandemia. Al respecto, hemos de prestar atención a dos grupos de razones. Las primeras son las de índole esencialmente fácticas, derivadas directamente del estado de necesidad generado por la repentina aparición de problemas y desafíos extraordinarios que trajo aparejados la pandemia; mientras que las segundas se centrarán en la habilitación legal que el Código Sanitario presta a este decreto.

Que comenzando con el análisis de los hechos, es necesario volver a remarcar las cambiantes circunstancias a las que ha dado lugar a escala global y nacional la Pandemia del Covid-19. Ante la situación de emergencia sin precedentes creada por la misma, es de vital importancia que el Estado, en interés de la comunidad, adopte con celeridad las medidas necesarias para dar cumplimiento a su obligación constitucional anteriormente referida de proteger la vida y la salud de las personas con o derechos fundamentales inherentes a la condición humana. Que desde un punto de vista epidemiológico, adoptar medidas empleando procedimientos inevitablemente dilatorios podría ser fatal en lo que respecta a la contención de la propagación del Covid-19, pues resta eficacia a las propias medidas, por lo tanto, la elección v el buen uso de los medios jurídicos que se tienen a disposición en el marco de nuestro Estado de Derecho se torna un elemento Central en una situación de emergencia sanitaria. Ello no obsta que, a medida que la contención aumente, se perfeccionen y acopien otras herramientas jurídicas que incorporen de manera permanente, las lecciones que de la tragedia del Covid-19, haya de aprender nuestro país, como ha comenzado a ocurrir igualmente en otras partes del mundo. Que en tal sentido, el instrumento jurídico que se utiliza aquí hace gala de la adecuabilidad, adaptabilidad y versatilidad suficientes para ajustarse con precisión a las circunstancias cambiantes, mutables y extraordinarias con las que se tienen que lidiar a raíz de la propagación del Covid-19, que demanda tratamiento y atención urgente e indispensable. Ahora bien, en todo momento los medios empleados deben ser estrictamente necesarios y proporcionados al fin perseguido, conforme con la Constitución y adecuado a los estándares internacionales en la materia. Que el artículo 13 del Código Sanitario, establece: “En casos de epidemias o catástrofes, el Poder Ejecutivo está facultado a declarar en estado de emergencia sanitaria la totalidad o parte afectada del territorio nacional, determinando su carácter y estableciendo las medidas procedentes, pudiendo exigir acciones específicas extraordinarias a las instituciones públicas y privadas, así como a la población en general”. Está claro que el supuesto regulado por el artículo 13 del Código Sanitario atiende n una situación manifiestamente excepcional, y como tal de difícil regulación detallada y pormenorizada, sino a través de los reglamentos que surgieren como consecuencia de la producción de los hechos allí mencionados. Que las demás disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título I del Libro 1 del Código Sanitario (“De las enfermedades transmisibles”) también deben ser tenidas en cuenta, pues establecen que el Ministerio arbitrará las medidas para disminuir o eliminar los riesgos de enfermedades transmisibles, mediante acciones preventivas, curativas y rehabilitadoras, que tiendan a combatir las fuentes de infección en coordinación con las demás instituciones del sector (artículo 25), mandato que claramente impone al Estado paraguayo el deber de proceder a efectuar una ponderación en virtud de la cual salvaguarde el derecho a la vida y a la salud de un peligro inminente, por el tiempo que el país necesite para salir de esta situación de la mejor manera posible.

Que el artículo 26 del Código Sanitario, complementa lo anterior autorizando que las personas que padecen de enfermedades transmisibles y los portadores y contactos con callas sean sometidos a aislamiento, observación o vigilancia personal por el tiempo y en la forma que determine el Ministerio que podrá ordenar todas las medidas necesarias que tiendan a la protección de la salud pública. El artículo 27 añade que el Ministerio podrá declarar obligatorio el uso de métodos o productos preventivos, sobre todo cuando se trate de evitar la extensión epidémica de una enfermedad transmisible. El artículo 32 habilita al Ministerio para que disponga lo inspección médica de cualquier persona sospechosa de padecer enfermedad transmisible de notificación obligatoria, para su diagnóstico, tratamiento y la adopción de medidas preventivas tendientes a evitar la propagación del mal. El artículo 38 finalmente, prevé que “el control de las enfermedades transmisibles se realice conforme a los tratados, convenios, acuerdos internacionales vigentes, el presente Código y su reglamentación”. Reglamentación que, para el presente caso de la crisis sanitaria desatada por la Pandemia del Covid-19, constituyen el presente decreto y los que lo antecedieron. Que el Código Sanitario en su artículo 3° dispone. “El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que en adelante ser denominará el Ministerio, es la más alta dependencia del Estado competente en materia de salud y aspectos fundamentales del bienestar social”. Que la Dirección General de Vigilancia de la Salud expidió su análisis técnico sobre la situación epidemiológica actual a nivel nacional, conforme Nota DGVS N° 52/2022, en los siguientes términos: “Tanto los reportes de datos como las proyecciones recientes indican que Paraguay atraviesa el momento más crítico en cuanto a ritmo de transmisibilidad de SARS-CoV-2 reportado hasta ahora. Esta observación se condice con lo reportado en otros países de la región y el mundo. El contexto epidemiológico en cuestión se da luego del ingreso de la variante omicron en el país, con un relajamiento de las recomendaciones sanitarias, en un contexto de avance reciente en la vacunación. Debido a lo antes mencionado es necesario reforzar las medidas y preparar el sistema ante un potencial aumento de las hospitalizaciones y defunciones. Al menos hasta evidenciar una situación de riesgo menor. La situación de Paraguay en el 2022 es de una clara expansión de la pandemia por Covid-19. En la semana 51/2021 se registraban 651 casos confirmados, duplicándose en la semana 52 con 3113 y con la misma tendencia de duplicación en la SE 1/2022 con 7430 (235 %) de aumento en relación a la semana previa. Sin embargo, este ritmo es superado ampliamente al cierre de la SE 2/2022(cerró el sábado 15/01/2022) con 21.430 casos confirmados, lo que representa un aumento de 192% respecto a la SE 1 y superando al pico registrado en la SE 22/2021. Estos números pueden repercutir en la semana entrante en necesidad de hospitalización en forma sostenida y coincidente con proyecciones que marcan un pico de necesidad de camas en la primera semana de febrero. En relación a la necesidad de camas comparada con lo registrado en el peor momento del 2021, es de menor necesidad en camas generales, no así en UCI en que puede ser mayor a lo registrado en ese momento. El histórico muestra el 9 de junio de 2021 con 4113 hospitalizados, de los cuales 627 en UTI. En lo que respecta a hospitalizados se observa un aumento de 80 % de ocupación de camas por pacientes con Covid-19, en el transcurso de 11 días, pasando de 139 hospitalizados el 1/1/2022 a 253 hospitalizados totales el 11/1/2022, con 57 internados en UCI. En relación a los fallecidos el promedio en 4 semanas, hasta la SE 1, es de 31 fallecidos por semana, con un máximo registrado en 1 día de 14 óbitos, cifra que puede aumentar según proyecciones en segunda semana de febrero, a un promedio de 39 muertes diarias”.

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se expidió favorablemente según Dictamen A.J. N° 61 del 17 de enero de 2022. Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales: EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Decreta:

Artículo 1°.- Extiéndase el periodo establecido en el artículo 1° del Decreto N° 6563/2022, hasta el 1 de febrero de 2022, y en consecuencia, se mantienen vigentes las medidas específicas dispuestas a través del mencionado decreto, en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en el territorio nacional por la Pandemia del Coronavirus (Covid-19).

Art. 2°.- El presente decreto será refrendado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.