Acción de Inconstitucionalidad: Arce Rivas, Juana Arminda c. Ley N° 1857/02, en sus arts. 34 y 109; Ley N° 1626/00, en su art. 61 y Dec. N° 16.244/02. (Ac. y Sent. N° 2184)

Ante tales extremos, en la actualidad el caso sometido a consideración de esta Sala, no surge como controversial sino meramente abstracto y la eventual declaración de inconstitucionalidad de la norma no tendría más efecto que el solo beneficio de la Ley. Concluyendo que a la vista de esta Sala, al momento de fallar sobre la demanda no existiría ya un interés jurídicamente tutelado en peligro de sufrir una vulneración, ni mucho menos principios ni garantías de rango constitucional conculcados ya que por un lado, la Ley base para el ejercicio fiscal 2002 ha sido íntegramente ejecutada en el campo temporal, y por otro extremo, a la fecha rige en materia presupuestaria una nueva disposición, la cual no forma parte del presente proceso. En base a esto la impugnación de la Ley presupuestaria deviene claramente improcedente.

En el análisis del art. 61 de la Ley de la Función Pública coincidimos con el parecer del Ministerio Público en el sentido de que la misma no le resulta aplicable a la accionante ya que la misma no se encuentra comprendida en sus disposiciones, vale decir, no se halla desempeñando dos cargos públicos en un mismo momento, sino que pretende dejar sin efecto una disposición que pretende retener sus haberes jubilatorios. En este caso igualmente la demanda resulta inoficiosa.

Finalmente en lo que hace a la impugnación del Decreto reglamentario, vemos que el mismo consta de 130 artículos y no habiéndose expresado la actora respecto de ninguno de ellos en lo que hace al agravio que eventualmente pudieran causarle, corresponde obviar su estudio.

En atención a lo precedentemente expuesto, a las disposiciones legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que la presente acción no puede prosperar correspondiendo en consecuencia su rechazo. Es mi voto.

La Dra. Bareiro de Módica manifestó: La Sra. Juana Arminda Arce Rivas, en su carácter de docente jubilada de la Administración Pública conforme a la Res. N° 1221 de fecha 10 de agosto de 1995 del Ministerio de Hacienda cuya copia autenticada acompaña, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, presenta Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley N° 1857 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2002” en su art. 109; Ley N° 1626/00 en su art. 61 y Dec. N° 16.244/02.

Manifiesta la accionante que las leyes y el decreto impugnado proceden a descontar o confiscar su jubilación, y que de aplicárseles le producirán un daño extraordinario e irreparable en sus derechos patrimoniales, lo cual atenta contra los arts. 46, 47, 103, 119 y 137 de la Carta Magna.

1) Ley N° 1857/02 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2002”.

Art. 109: De las jubilaciones y pensiones: Facultase al Ministerio de Hacienda a disponer las siguientes medidas de depuración de planillas de beneficiarios de la Caja Fiscal y Pensiones:

a) Suspender el pago de haberes jubilatorios y de retiro de beneficiarios que perciban alguna remuneración legalmente incompatible como personal activo del Estado, hasta tanto el afectado realice la opción correspondiente dentro del plazo de 30 días.

2) Ley N° 1626/00 “De la Función Pública”.

Art. 61: Ningún funcionario público podrá percibir dos o más remuneraciones de organismos o entidades del Estado. El que desempeñe interinamente más de un cargo tendrá derecho a percibir el sueldo mayor.

3) Dec. N° 16.244 del 25 de enero de 2002: por el que faculta al Ministerio de Hacienda a “suspender” el pago de sus haberes jubilatorios o de pensión en cumplimiento de la Ley de Presupuesto ya mencionada precedentemente.

Así las cosas, corresponde señalar en primer lugar que la Ley N° 1857/02 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2002” a la fecha ha perdido virtualidad jurídica, pues la misma era de vigencia anual conforme a la Constitución Nacional. Misma suerte corre el Dec. N° 16.244/02 reglamentario de la Ley N° 1857/02 citada. En consecuencia, un pronunciamiento sobre estas disposiciones resulta absolutamente inoficioso.

Con respecto al art. 61 de la Ley N° 1626/00, la accionante no puede sentirse agraviada porque esta disposición legal afecta solamente a los jubilados como es el caso de la accionante.

Por lo brevemente expuesto, opino que corresponde rechazar la presente acción de inconstitucionalidad. Es mi voto.

El Dr. Núñez Rodríguez manifestó: Adherirse al voto del Ministro preopinante, Dr. Fretes, por los mismos fundamentos.

Por los méritos del Acuerdo que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Resuelve: Rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada, por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución. Ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dispuesta por AI N° 976 del 3 de julio de 2002, dictado en estos autos. Anotar, registrar y notificar.- Antonio Fretes.- Gladys E. Bareiro de Módica.- Víctor M. Núñez Rodríguez.- Sec.: Héctor Fabián Escobar Díaz.-