Acción de Inconstitucionalidad c. Art. 7 de la Resolución 50/92 del 24/06/1992 de Sub.-secretaria de Estado de Tributación. (Ac y Sent. N° 890)

1.- Alega el accionante que: "...La inconstitucionalidad de esta resolución radica en que la misma no se limita a reglamentar la forma de liquidación y el pago del Impuesto Selectivo al Consumo, sino que crea una nueva carga tributaria al establecer que, -además del porcentaje o tasas establecidas para dicho Impuesto Selectivo al Consumo-, el contribuyente debe solventar los costos de las precintas justificativas de dicho pago, duplicando de esta manera las obligaciones impuestas al contribuyente. Esta resolución, vulnera por lo tanto el principio de legalidad consagrado en los arts. 44 y 179 de la CN"; razón por la cual solicita la declaración de inconstitucionalidad de la misma y su correspondiente inaplicabilidad para su mandante.

2.- En el art. 7 de la Res. N° 50/92 dictada por la Sub-Secretaría de Estado de Tributación, se dispone: "Características y Valor. Los instrumentos o precintas de control proveídos por la Administración, tendrán un precio de venta que será establecido por aquella, el cual tendrá como finalidad cubrir el costo de emisión de las mismas. El referido monto ingresará al rubro de rentas generales".

3.- La acción debe prosperar.

Hecho el estudio de la acción planteada, debo decir que comparto los criterios esgrimidos por el accionante y expuestos por el Ministerio Público, en el sentido de considerar que efectivamente el Sub Secretario de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda, se ha extralimitado en sus funciones al dictar la Res. N° 50/92, subrogando facultades propias del Poder Legislativo y violando los principios constitucionales establecidos en los arts. 179 (legalidad tributaria) y 137 (prelación del orden jurídico constitucional).

En efecto, el art. 179 es clarísimo y no admite lugar a dudas al señalar que: "Todo tributo cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la Ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Es también privativo de la Ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario". De lo cual podemos colegir que la determinación de la materia imponible y de los sujetos obligados es materia exclusiva de la Ley y la dependencia del Poder Ejecutivo con la resolución impugnada ha quebrantado el marco constitucional sobre materia impositiva al cargar con obligaciones que la Ley tributaria no establece, en concordancia con lo establecido por el art. 44 de la CN que garantiza: "Nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la Ley...".

Apoyando esta postura el Prof. Carlos Mersán expresó al respecto en su libro "Derecho Tributario": "Existe acuerdo en señalar que el poder administrador no puede crear la obligación tributaria, pero se considera de su competencia la organización administrativa de la recaudación, el régimen de los formularios, la forma de llenarlos y la adopción de medidas que hagan efectivo el cobro, pero no puede crear tarifas de la imposición, nuevos "obligados" o "materias imponibles" (Mersán, Carlos A., "Derecho Tributario", Ed. Liticolor, 6ª Edición, Asunción, 1992, p. 62).