Acción de inconstitucionalidad c. Art. 60 de la Ley N° 1626/2000 De la Función Pública. (Ac. y Sent. N° 623).

El Dr. Fretes dijo: Los Abogs. R. M. D. y M. D. V., por sus propios derechos, promueven acción de inconstitucionalidad contra el art. 60 incs. l) y m) de la Ley N° 1626/2000 De la Función Pública.

Manifiestan los accionantes que son funcionarios del Fondo Ganadero acreditado dicha condición a fs. 6 al 10 de autos.

Los recurrentes alegan que, como profesionales abogados, las citadas normas legales lesionan notoriamente sus derechos legítimos al prohibirle prácticamente el ejercicio profesional considerando así como una injusta limitación a sus libertades y al principio de igualdad. Fundan la presente acción en los arts. 46, 47, 86, 87, 88, 102 y 137 de la CN.

El art. 60 de la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", establece: "...Queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de lo que se establezca en los reglamentos respectivos:...l) Efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo su representación, m) Dirigir, asesorar, patrocinar, representar, o prestar servicios remunerados o no a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones de la Administración en el orden estatal, departamental o municipal, o que fueran proveedores o contratistas de las mismas".

En primer lugar considero oportuno señalar que la incompatibilidad impuesta al ejercicio de la función de los recurrentes, es una exigencia derivada de la importancia y dedicación que el cargo público exige. Rohr señala que es necesaria una ética especial que presione el comportamiento de los funcionarios públicos, ya que administran al pueblo en su nombre (Rohr, J. A. Ethics for Bureacrats, Indiana, 1978). La prohibición es una garantía para el cumplimiento imparcial, transparente y confiable de la función; y a la vez, una valla ante posibles conflictos de intereses. En el caso de autos, a los recurrentes no se les prohíbe trabajar. Pueden trabajar en muchísimas actividades lícitas (art. 14 CT), pero la Ley pude impedir la ejecución de aquellos en los que están comprometidos los intereses generales de la nación o derechos de terceros preestablecidos por la Ley.

Considero plenamente justificada la incompatibilidad mencionada con cualquier trabajo que pueda menoscabar el estricto cumplimiento de las obligaciones de un funcionario público, teniendo en cuenta las importantes funciones a su cargo que deben ser cumplidas con responsabilidad e imparcialidad. Incluso, está plenamente justificado desde una perspectiva de justicia social en el reparto del empleo público.

El problema, en realidad, podría ser otro: la exigüidad de la compensación económica en la función pública, que compele al servidor público a buscar otros ingresos con los que pueda satisfacer las exigencias de la vida, en el particular entorno que le corresponde vivir. Pero, obviamente, este no es tema puesto a decisión.

Así, y en concordancia con el art. 102 de la CN que legítima constitucionalmente a la Ley 1626/00 en la parte que dispone: "De los derechos laborales de los funcionarios y de los empleados públicos. Los funcionarios y los empleados públicos gozan de los derechos establecidos en esta Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas carreras, dentro de los límites establecidos por la Ley...", considero que la presente acción debe ser rechazada por no afectar a ningún mandato constitucional. Es mi voto.