LEY 6258/2019

Art. 121.- Suspéndase por el presente Ejercicio Fiscal la aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 246 de la Ley “DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA” del 22 de junio de 1909.

Art. 122.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), respectivamente, otorgará por Resolución basada en las normas legales de la materia, las jubilaciones y sus mejoras al personal de la Administración Pública sujeto al régimen de la Caja Fiscal de Jubilaciones y Pensiones del Estado, así como los haberes de retiro del personal de las Fuerzas Armadas de la Nación, de los miembros de la Policía Nacional, las pensiones a los herederos de los mismos y del sector no contributivo.

Art. 123.- La pensión establecida por Ley para los herederos de efectivos policiales y militares, fallecidos en acto de servicio, en caso de concurrencia de herederos, será distribuida en partes alícuotas y devengarán a partir del fallecimiento del causante. En caso de que, habiendo fallecido un heredero que haya percibido la pensión y se presente otro a solicitar el beneficio, la pensión deberá liquidarse en partes alícuotas, a partir de la Resolución que otorga el beneficio.

Asimismo, en caso de que un beneficiario estuviere en planilla de pago y se presente otro coheredero, la pensión deberá liquidarse en partes alícuotas a partir de la inclusión de estos en la planilla correspondiente.

Art. 124.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), dispondrá por resolución el pago de los haberes atrasados en concepto de jubilaciones, pensiones y haberes de retiro a los beneficiarios y sus herederos.

El cumplimiento de esta norma estará sujeto a la disponibilidad de créditos presupuestarios en el Objeto del Gasto correspondiente. Los beneficios económicos al heredero se liquidarán a partir de la resolución dictada por el Ministerio de Hacienda por la cual se otorga el beneficio, de conformidad con el Artículo 3° de la Ley N° 4317/11, “QUE FIJA BENEFICIOS ECONÓMICOS A FAVOR DE LOS VETERANOS Y LISIADOS DE LA GUERRA DEL CHACO”, salvo los casos en que el Acuerdo y Sentencia exprese taxativamente la fecha a partir de la cual corresponde la liquidación de los beneficios económicos.

Art. 125.- Autorizase al Poder Ejecutivo a pagar una gratificación especial anual a los jubilados y herederos del sector contributivo, a excombatientes y Veteranos de la Guerra del Chaco del sector no contributivo, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

Art. 126.- Los haberes atrasados de jubilados y pensionados, devoluciones de aportes, gastos de sepelio y otros beneficios no efectivizados a los jubilados y pensionados contribuyentes y no contribuyentes que cuentan con resoluciones administrativas de años anteriores o reconocidos en el presente año, podrán obligarse y abonarse durante el presente Ejercicio Fiscal con los créditos previstos en el Grupo 800 “Transferencias”.

Art. 127.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, procederá a disponer la jubilación obligatoria y automática de todos los funcionarios de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que hayan cumplido con los requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes.

Art. 128.- Fijase en 40% (cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente en el momento de la promulgación de esta Ley la asignación mínima de los haberes jubilatorios y de pensiones que correspondan a los jubilados en general y sus herederos.

Art. 129.- Para otorgar pensión a los herederos de los Veteranos y Lisiados de la Guerra del Chaco en carácter de discapacitados será requisito fundamental que la condición de discapacidad de los mismos debe darse antes del fallecimiento del causante. La discapacidad que concede el derecho a la pensión debe ser del 100% (ciento por ciento) para el ejercicio de toda actividad laboral.

Art. 130.- Para otorgar pensión por Invalidez a los funcionarios, a herederos de jubilados y fallecidos en servicio del Sector Contributivo, será fundamental que la condición de discapacidad se dé en el ejercicio del cargo y antes del fallecimiento del causante. La discapacidad que concede el beneficio debe ser del 100% (ciento por ciento) para el ejercicio de toda actividad. En los casos que habiendo fallecido un heredero que haya percibido el beneficio en su oportunidad y se presentare otro coheredero a solicitar la pensión, se aplicará lo establecido en el Artículo 659 de la Ley N° 1183/85 “CÓDIGO CIVIL”.

Art. 131.- En los casos en que, habiendo fallecido un heredero que haya percibido la pensión en su oportunidad, o que cuente con acto administrativo que concede tal beneficio y no haya sido incluido en la planilla fiscal de pagos, se presentaren otros a solicitar tal beneficio, acreditando el derecho que invocan, se liquidará la pensión en partes alícuotas a partir de la Resolución del Ministerio de Hacienda que otorga el beneficio.

Asimismo, en caso de que el primer heredero pensionado aún estuviere en planilla, al tiempo de la solicitud de pensión de otros coherederos, se liquidará la misma a partir de la inclusión en planilla de estos últimos, en partes alícuotas correspondientes.

Art. 132.- Fijase el monto equivalente a 30 (treinta) jornales mínimos, vigente en el momento de la promulgación de esta Ley, en concepto de pensión mensual a los Veteranos y Lisiados de la Guerra del Chaco y sus herederos.

Art. 133.- El derecho a la pensión correspondiente a herederos de Veteranos y Lisiados de la Guerra del Chaco se extinguirá

a) para el/la viudo/a desde que contrajese nuevas nupcias,

b) para los/las hijos/as menores, desde que llegase a la mayoría de edad.

Art. 134.- Fijase el monto equivalente a 50 (cincuenta) jornales mínimos, vigente en el momento de la promulgación de esta Ley en concepto de subsidio y asistencia social mensual única y exclusivamente para los Veteranos y Lisiados de la Guerra del Chaco.

Art. 135.- En el caso del fallecimiento de un Veterano o Lisiado de la Guerra del Chaco pensionado, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), dispondrá por resolución el pago de una sola vez, a la viuda o hijos declarados herederos según sentencia legal el importe equivalente a 6 (seis) meses de pensión, vigentes al momento de la fecha de fallecimiento del beneficiario.

Art. 136.- En el caso del fallecimiento de un Veterano o Lisiado de la Guerra del Chaco, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), dispondrá por resolución el pago de una indemnización por única vez, equivalente a 10 (diez) mensualidades de la pensión que le hubiera correspondido, vigente al momento de la fecha de fallecimiento del beneficiario a las viudas menores de 40 (cuarenta) años de edad a la fecha del fallecimiento del causante.

Art. 137.- Dentro del marco legal establecido en la Ley N° 4252/2010 “QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 3°, 9° Y 10 DE LA LEY N° 2345/03 ‘DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO’”, autorizase al Ministerio de Hacienda la colocación de los recursos excedentes del Fondo de Jubilaciones de los Programas Contributivos Civiles, en inversiones para la adquisición Bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD); inversiones en instrumentos emitidos por Organismos Multilaterales con calificación AAA o garantizados por Organismos Multilaterales con calificación AAA; Certificados de Depósitos a plazo o a la Vista en bancos nacionales con calificación mínima AA. Las colocaciones, en todos los casos, deberán reunir los criterios de “seguridad, liquidez y rentabilidad”.

El Ministerio de Hacienda establecerá en la reglamentación las normas y procedimientos presupuestarios y contables para la adquisición y percepción de intereses de los recursos que pasarán a integrar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del sector contributivo.

Art. 138.- La Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), requerirá y arbitrará por los medios que considere necesarios; al Ministerio de Justicia, mediante la Dirección General del Registro del Estado Civil, la provisión obligatoria de la información de fallecimientos y matrimonios registrados en los libros correspondientes, en forma mensual dentro de los 10 (diez) días de iniciado el mes siguiente y en formato digital. Quedan equiparados a esta función de proveer información de fallecidos, los municipios de toda la República del Paraguay, así como otros Organismos y Entidades del Estado (OEE).

Asimismo, podrá solicitar a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) información de los registros administrativos obrantes en su poder para los cruces de datos, a los fines del otorgamiento y mantenimiento del beneficio de los pensionados del sector no contributivo, las que deberán ser proveídas dentro de los primeros 10 (diez) días del mes siguiente al que fue solicitado y en formato digital.

Art. 139.- Fijase el monto equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del salario mínimo legal vigente, en el momento de la promulgación de esta Ley, en concepto de pensión a los beneficiarios de la Ley Nº3728/09, “ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSIÓN ALIMENTARIA PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA”.

Art. 140.- El órgano oficial de difusión de las contrataciones que realiza el Estado paraguayo es el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP). A través del mismo, deberán ser difundidos todos los procedimientos relacionados a las contrataciones que caen bajo el ámbito de aplicación de la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, efectuadas por los Organismos y Entidades del Estado (OEE), Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y las Municipalidades. La difusión a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP); de las contrataciones que no se rigen por las disposiciones de la Ley N° 2051/03 “De CONTRATACIONES PÚBLICAS”, dependerá de la Autoridad pertinente de la Convocante.

En cuanto fuere pertinente, deberán ejecutarse de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” y sus reglamentaciones y modificaciones, independientemente de la Fuente de Financiamiento (FF 10, 20, 30), las contrataciones que incluyan la utilización de los Grupos de Gastos del Clasificador Presupuestario:

a) 200 – Servicios No Personales,

b) 300 – Bienes de Consumo e Insumos,

c) 400 – Bienes de Cambio,

d) 500 – Inversión Física, y,

e) 800 – Transferencias, en lo que respecta a los programas, subprogramas y proyectos para alimentación escolar y los procesos simplificados de la agricultura familiar.

Exceptuase de la presente disposición, al Subgrupo de Objetos del Gasto 210 “Servicios Básicos” y a los Objetos de Gastos 291 “Capacitación de Personal del Estado”, 293 “Capacitación Especializada”, 294 “Capacitación Institucional a la Comunidad”, 299 “Capacitación y Adiestramiento Varios” y de los Objetos de Gastos 232 “Viáticos y Movilidad”, 233 “Gastos de Traslado”, 239 “Pasajes y Viáticos Varios” y 594 “Indemnizaciones por inmuebles”.

Art. 141.- Los adjudicatarios de los procedimientos de contratación realizados por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y las Municipalidades, que afecten los Grupos del Objeto del Gasto mencionados en el Artículo anterior antes de la comunicación de la primera etapa de adjudicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

Para participar en los procedimientos de contratación por la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica (SBE), las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras y los consorcios, deberán estar previamente inscriptas y activas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la reglamentación que a los efectos disponga la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En los procedimientos de Convenio Marco y como condición para suscribir el convenio con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), los Oferentes calificados deberán inscribirse al Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

Los oferentes extranjeros deben constituir domicilio dentro del territorio nacional y declararlo en su oferta, el que será válido a los efectos de las notificaciones o comunicaciones que se realicen en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la Ley Nº 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” o de los procedimientos administrativos derivados de los mismos.

El Identificador de Acreedor Presupuestario (IDAP) a ser utilizado para registraciones contables en el Sistema de Contabilidad (SICO) y las retenciones impositivas, en las materias reguladas por la Ley de Contrataciones Públicas, será otorgado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en los casos y bajo el procedimiento que ésta disponga.

Art. 142.- El Acuerdo Nacional y el Acuerdo Internacional son modalidades de contratación complementarias que caen bajo el ámbito de la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, conforme a las disposiciones de su Artículo 17. Estas modalidades podrán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. (DNCP).

Art. 143.- Los procedimientos y plazos de publicidad de contrataciones que utilicen la modalidad complementaria de Subasta a la Baja Electrónica (SBE) se rigen por las reglamentaciones vigentes, independientemente a los establecidos para los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la Ley Nº 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” y sus modificaciones.

Art. 144.- La provisión de combustible y productos derivados del petróleo (lubricantes y otros) a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado deberá efectuarse a través de convenios suscritos entre éstas y Petróleos Paraguayos (PETROPAR) cuando éste las comercialice; salvo que Petróleos Paraguayos (PETROPAR) informe que no cuenta con posibilidad material de realizar la provisión, en cuyo caso, los Organismos y Entidades del Estado (OEE) realizarán un procedimiento de contratación al efecto.

Para este fin, Petróleos Paraguayos (PETROPAR) utilizará el mecanismo de su Tarjeta Petropar, para uso en sus estaciones de servicios propias, en emblemas PETROPAR -gestionados por privados - y en alianzas con empresas distribuidoras del sector privado.

Exceptuase de la presente disposición al Poder Legislativo y al Poder Judicial, los cuales podrán optar por las modalidades establecidas en la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, sin necesidad de autorización previa del Equipo Económico Nacional, para la adquisición de combustibles y productos derivados del petróleo.

Art. 145.- En los contratos de adquisición de combustibles para uso de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado que no sean efectuados en el marco de convenios con Petróleos Paraguayos (PETROPAR), la cotización, evaluación, comparación y adjudicación deberá hacerse utilizando la unidad de medida en litros. La provisión de los combustibles se realizará por medio de mecanismos o dispositivos de control magnéticos o electrónicos en valores por litros y no por dinero. En éstos contratos no se podrá prever pago de anticipo.

El pago en concepto de la provisión de combustibles se realizará únicamente por las cantidades efectivamente expendidas por el proveedor, a satisfacción de la Contratante.

Exceptuase de la presente disposición al Poder Legislativo y al Poder Judicial.

Art. 146.- Autorizase a los Organismos y Entidades del Estado (OEE), Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades, en los procedimientos que tengan por objeto la contratación de servicios profesionales o pasajes aéreos, a admitir y adjudicar ofertas cuyos precios sean más beneficiosos para la Institución.

Art. 147.- En los procesos de contratación para la adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales, sólo podrán participar agencias de viajes que se encuentren registradas en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) y en la Secretaría Nacional de Turismo.

Art. 148.- Autorizase a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a establecer normas y procedimientos especiales para la implementación de las contrataciones consolidadas, en la adquisición de bienes y servicios genéricos o comunes.

Art. 149.- Todos los procesos de contrataciones públicas para la locación de inmuebles en los que el Estado paraguayo fuera locatario y pago de expensas cuando fuere propietario, deben sujetarse a las reglas previstas en la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, sus reglamentos y a los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La causal de inhabilidad prevista en el inciso f) del Artículo 40 de la Ley Nº 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, no será aplicable en los casos de locaciones de inmuebles.

Art. 150.- Cuando la expropiación, en los términos del Artículo 43 de la Ley Nº 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, no fuere aplicable, las contrataciones para adquisición de inmuebles deberán realizarse por alguno de los procedimientos ordinarios de contratación, salvo que por razones fundadas no pudieran realizarse por las formalidades de la Licitación, en cuyo caso deberán regirse por el reglamento establecido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Como requisito necesario para la procedencia de adquisición del inmueble, la Convocante debe exponer los motivos por los cuales no procede la expropiación.

Los procedimientos por vía de la excepción de adquisición de inmuebles deben publicarse en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) por lo menos 10 (diez) días corridos antes de la fecha de recepción y apertura de ofertas. En los casos de adquisición de inmuebles la Convocante no podrá realizar pago alguno antes de la suscripción de la escritura de transferencia ante Escribano Público, conforme a la reglamentación establecida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Art. 151.- La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), expedirá los códigos de contratación a solicitud de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades, en los casos que corresponda, conforme al reglamento de la presente Ley.

En el caso de la Modalidad de Convenio Marco, la aceptación de las órdenes de compra a través de la Plataforma Electrónica del Convenio Marco generará el Código de Contratación correspondiente, de conformidad a las disposiciones reglamentarias emitidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Art. 152.- La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), generará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los Códigos de Contratación (CC) cuyas denominaciones, aplicación y alcance se establecerán en el Decreto reglamentario de la presente Ley.

Si a la fecha de comunicación del contrato a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el adjudicatario no actualizó su información en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a la documentación presentada ante la convocante, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no emitirá el Código de Contratación (CC) solicitado, hasta tanto el proveedor o contratista adjudicado realice la actualización correspondiente.

Una vez emitidos los Códigos de Contratación (CC) estarán a disposición de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los cuales podrán ser impresos desde el propio portal por cada uno de ellos y este documento tendrá la validez administrativa suficiente para los efectos pertinentes.

Los mencionados códigos serán emitidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con posterioridad a la presentación de toda la documentación requerida. Para este efecto, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrá solicitar la documentación que considere pertinente. El Ministerio de Hacienda conjuntamente con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) implementará las medidas requeridas, a fin de realizar los ajustes necesarios dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

El Código de Contratación (CC) será requisito indispensable para registrar las obligaciones y efectuar los pagos correspondientes, independientemente de que se encuentren o no conectados al SIAF.

Art. 153.- En la etapa de evaluación de ofertas de los llamados a contratación, los Organismos y Entidades del Estado (OEE), Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y las Municipalidades deberán tomar en consideración los precios referenciales, de conformidad a lo establecido en la reglamentación, dictada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

No se admitirán ofertas totales o unitarias con valor cero o sin cotización en la planilla de precios ofertados.

Art. 154.- Con el objeto de maximizar la eficiencia de los procesos de adquisiciones públicas, las Empresas Públicas y Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado, deberán determinar por acto administrativo los bienes, obras, servicios y/o consultorías que consideren estratégicos e informar a más tardar el 29 de abril de 2019, a la Dirección General de Empresas Públicas del Ministerio de Hacienda (MH).

Por estratégicos se entenderán aquellos bienes, obras, servicios y/o consultorías esenciales para garantizar la continuidad de la producción de bienes o prestación de servicios de la Empresa Pública o Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria del Estado, debido a las características especiales o críticas del bien, servicio u obra a adquirir.

En las contrataciones que se realicen para satisfacer las necesidades definidas como estratégicas, la moneda de cotización y pago será definida por la convocante en las bases de la convocatoria, a cuyo efecto no aplicará la restricción prevista en el inciso e) del Artículo 20 de la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.

La Dirección General de Empresas Públicas del Ministerio de Hacienda, será la encargada de coordinar las acciones tendientes al cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Art. 155.- En las contrataciones que realicen las Empresas Públicas y Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado, así como en las licitaciones realizadas mediante la modalidad de Licitación con Financiamiento del Proveedor o Contratista, la moneda de cotización y pago será definida por la Convocante en las bases de la convocatoria, a cuyo efecto no aplicará la restricción prevista en el inciso e) del Artículo 20 de la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.

Art. 156.- Los bienes, obras y/o servicios a ser adquiridos y/o prestados mediante procesos de Contrataciones Públicas, regidos por la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, deberán adecuarse al Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuesto y a las Categorías y el Catálogo de Bienes y Servicios implementados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La asignación del Sub Grupo de Objeto del Gasto a la categoría correspondiente desde la creación del Programa Anual de Contrataciones (PAC) incluyendo el cumplimiento del contrato, es atribución única de la Convocante.

Art. 157.- En las contrataciones de bienes, obras, servicios y/o consultorías, el anticipo previsto en las bases de la convocatoria no podrá ser superior al 20% (veinte por ciento) del valor del contrato. La Convocante deberá justificar, antes de la publicación del llamado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los motivos de la aplicación de dicho anticipo.

Art. 158.- Los pagos efectuados a los proveedores así como los depósitos de las contribuciones sobre los contratos suscritos, previsto en el Artículo 41 de la Ley Nº 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, deberán ser registrados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) para su difusión, conforme a las reglamentaciones vigentes.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no dará trámite a los procesos establecidos en la Ley Nº 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” y sus modificaciones vigentes, en caso de que los Organismos y Entidades del Estado no se encuentren al día con el depósito de la retención establecida en el Artículo 41 de dicha Ley y conforme a la reglamentación que se emita al respecto.

Art. 159.- Los contratos de obras para la construcción de nuevas viviendas sociales y edificios públicos en general, deberán ser ejecutados con insumos y materiales de fabricación nacional, preferentemente los producidos en el departamento o distrito donde se llevan a cabo las obras, salvo los casos de desabastecimiento, escasez, o carencia interna. En el reglamento, se establecerán los mecanismos para demostrar el carácter nacional o local de los insumos y materiales.

Art. 160.- Será requisito para el inicio de cualquier proceso de contratación, independientemente de la Fuente de Financiamiento utilizada (FF 10, 20, 30) contar indefectiblemente con el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), emitido por las Unidades de Administración y Finanzas (UAF’s) y Subunidades de Administración y Finanzas (SUAF’s), con la asignación específica de la/s línea/s presupuestaria/s aprobadas en el Presupuesto Institucional del Ejercicio Fiscal correspondiente. Asimismo, será requisito contar con la citada certificación para los casos de ampliaciones y reajustes de contratos.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) deberá ser suscrito por el principal responsable de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF’s) y/o, Subunidad de Administración y Finanzas (SUAF’s) y de la Unidad de Presupuesto en el que conste la disponibilidad respectiva en la asignación específica del Sub Grupo de Objeto del Gasto aprobado en el Plan Financiero Institucional. Los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) de las Entidades que no registran en línea en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), además deberán contar con la firma del responsable del órgano de control interno. Los mismos serán emitidos conforme a los procedimientos establecidos en la reglamentación de la presente Ley.

Los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) en los procesos de Contratación con carácter plurianual se regirán por lo dispuesto en el Decreto reglamentario de la presente Ley.

Art. 161.- Los Organismos y Entidades del Estado (OEE), Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y las Municipalidades que no cuenten con disponibilidad presupuestaria, debido a que la partida presupuestaria se encuentra en proceso de aprobación, reprogramación o solicitud de ampliación, para el inicio de un proceso de contratación, podrán iniciar una contratación ad-referéndum.

Para la publicación de las convocatorias, las convocantes deberán contar con la autorización expresa del Ministerio de Hacienda, la Junta Municipal o el Directorio según el caso, indicando que la partida presupuestaria se encuentra en proceso de aprobación y deberán señalar esta condición en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) y en el Pliego de Bases y Condiciones o Carta de Invitación, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 14 in fine de la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.

La suscripción de los contratos u órdenes de compra, estará sujeta a la obtención de la efectiva disponibilidad presupuestaria.

En estos casos, se suspenden los plazos de suscripción de contrato del Artículo 36 de la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.

Art. 162.- El incumplimiento de las leyes laborales, previsionales, tributarias o ambientales, por parte de los proveedores o contratistas declarado mediante resolución administrativa firme de la autoridad competente en la materia, durante la ejecución de los contratos suscritos en el marco de la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, será causal de rescisión del contrato por causa imputable al proveedor o contratista, a los efectos de aplicar el procedimiento del Artículo 59 de la mencionada Ley y posteriormente efectuar la comunicación correspondiente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes.

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 75 de la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, las autoridades de aplicación de las leyes laborales, previsionales, tributarias y ambientales deberán comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y mantener actualizada la nómina de las personas o entidades sancionadas por dichos incumplimiento.

Art. 163.- Los procesos de contrataciones para la adquisición de bienes y servicios de los programas, subprogramas o proyectos de “Alimentación Escolar”, la “Canasta Básica de Útiles Escolares” y otros programas similares, independientemente a la Fuente de Financiamiento (FF) u Organismo Financiador (OF), a ser distribuidos en el año 2020, deberán estar publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) en su etapa de convocatoria a más tardar el 1 de setiembre del Ejercicio Fiscal 2019.

Art. 164.- Los procesos de contratación que se efectúen para la adquisición de bienes y servicios conforme al reglamento de la presente Ley, de los programas, subprogramas o proyectos de “Alimentación Escolar” y/o “Canasta Básica de Útiles Escolares”, deben realizarse con carácter plurianual y deberán adjudicarse durante el presente Ejercicio Fiscal. Para el efecto, los Organismos y Entidades del Estado (OEE), deberán prever en el presente Ejercicio Fiscal, el monto correspondiente para la eventual entrega de anticipo al adjudicatario, cuyo porcentaje debe garantizar que a la fecha de inicio del año escolar del período 2020, pueda asegurarse la provisión de los bienes objeto del contrato.

Art. 165.- Conforme al objeto de la licitación, aun cuando comprendieren servicios, los alimentos a ser adquiridos para su distribución a niños y niñas en edad escolar en las Instituciones Públicas y Privadas Subvencionadas en el marco de los programas, subprogramas o proyectos de “Alimentación Escolar”, deben ser de “Origen Nacional”, certificado por la autoridad competente.

En estos casos no se aplicará el margen de preferencia dispuesto por la Ley Nº4558/11 “QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.

Art. 166.- En los procedimientos para la adquisición de alimentos realizados en el marco de la Ley Nº4698/12 “DE GARANTÍA NUTRICIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA”, se aplicará el margen de preferencia para productos de origen nacional conforme a las reglas establecidas en la Ley Nº 4558/11, “QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” y reglamentaciones.

Art. 167.- En los procesos que tengan por objeto la contratación de consultorías en el marco de la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” y sus modificatorias, los Oferentes deberán garantizar su oferta por Póliza de Seguro o Garantía Bancaria, salvo en los casos de Contratación Directa, en los cuales se instrumentará por Declaración Jurada. En caso de retirarla o alterarla durante el plazo de validez requerido en las bases de la contratación, podrá iniciarse el procedimiento de aplicación de sanciones a los oferentes, proveedores y contratistas del Título Séptimo de la citada Ley.

El seguro de responsabilidad profesional en los términos del Artículo 53 de la Ley Nº 2051/03 “De Contrataciones PÚBLICAS”, se otorgará por el equivalente entre el 5% (cinco por ciento) al 10% (diez por ciento) del monto del contrato de consultoría y podrá ser expedido en alguna de las formas establecidas en los incisos a) y b) del Artículo 81 del Decreto N° 21.909/03.

Art. 168.- La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) establecerá criterios de compras sustentables que podrán ser incluidos en las bases de las convocatorias en adquisiciones de bienes, contratación de servicios y obras por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades. Se entiende por compra pública sustentable a la compra que considera un triple enfoque: aspectos económicos, ambientales y sociales.

Art. 169.- Apruébense los siguientes Anexos que integran la presente Ley del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019:

a) Presupuestos Institucionales de Ingresos, Gastos y Financiamiento de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

b) Anexo del Personal, con el respectivo detalles de las categorías, cargos y remuneraciones del personal de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

Los Anexos a la Ley aprobados por los incisos a) y b) del presente artículo, serán impresos en 2 (dos) copias originales, una de las cuales será depositada en la Cámara de Senadores y otra en la Presidencia de la República. La Cámara de Senadores deberá remitir en la brevedad una copia autenticada a la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República.

Capítulo XIII

Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado

Art. 170.- Las Empresas Públicas y las Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado, podrán realizar descuentos totales o parciales de intereses por mora o quitas de las deudas por prestación de bienes y servicios que posean los Organismos y Entidades del Estado (OEE) con las mismas. La metodología, registración presupuestaria y contable, será reglamentada por el Ministerio de Hacienda.

Art. 171.- Las Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado deberán informar al Ministerio de Hacienda sus respectivos presupuestos aprobados por la asamblea de accionistas, a más tardar a los 15 (quince) días posteriores a dicha aprobación.

Art. 172.- Las Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado deberán presentar al Ministerio de Hacienda:

a) la información financiera, patrimonial, ejecución presupuestaria y depósitos bancarios en forma mensual, en carácter de declaración jurada, a más tardar a los 15 (quince) días después de haber cerrado el mes inmediato anterior. La presentación de los informes se realizará de manera digital conforme a la reglamentación emitida.

b) toda modificación presupuestaria, a más tardar a los 15 (quince) días posteriores a la aprobación.

Art. 173.- Las Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado deberán presentar al Congreso de la Nación y al Ministerio de Hacienda a más tardar el 29 de marzo de 2019, el Anexo de Personal con sus respectivas categorías y salario total que percibe.

Art. 174.- Las Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado, no podrán realizar modificaciones al Anexo de Personal que impliquen incrementos presupuestarios en el presente Ejercicio Fiscal, sin autorización expresa del Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP).

Art. 175.- Las Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado deberán presentar al Ministerio de Hacienda, a más tardar el 15 de marzo de 2019, la información financiera, patrimonial y de ejecución presupuestaria, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018 para su consolidación en los estados financieros y patrimoniales del sector público.

Art. 176.- Las disposiciones establecidas en este Capítulo serán cumplidas sin perjuicio de los requerimientos establecidos por la Ley Nº 5058/13 “QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS (CNEP)”.

Art. 177.- En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Capítulo, el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), a través de la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) dependiente del Ministerio de Hacienda, ordenará a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no dar trámites a los procesos de Contrataciones Públicas establecidos en la Ley Nº 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” y sus modificaciones vigentes y determinará las acciones legales correspondientes.

Art. 178.- El Ministerio de Hacienda procederá a informar las medidas adoptadas sobre el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Capítulo en forma trimestral a la Comisión de Control y Cuentas de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Auditoría General del Poder Ejecutivo y a la Procuraduría General de la República.

Art. 179.- Autorizase al Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP) a disponer la contratación de auditorías y/o consultorías externas para las Empresas Públicas y Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado.

Art. 180.- Las Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado, no podrán adquirir equipos de transporte sin autorización expresa del Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP).

Art. 181.- Las Municipalidades deberán presentar al Ministerio de Hacienda, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2019 su Balance General, Estado de Resultados, Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Origen del Ingreso y Gastos por Objeto del Gasto, Conciliación Bancaria y su Información Patrimonial correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, para su consolidación en los Estados Financieros y Patrimoniales del Sector Público.

La presentación del último cuatrimestre 2018, será coincidente y estará incluido en los Informes Anuales de Cierre.

El Ministerio de Hacienda no transferirá recurso alguno del Ejercicio Fiscal 2019, sin la constancia del informe anual.

Art. 182.- Las Municipalidades deberán presentar su Balance General, Estado de Resultados, Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Origen del Ingreso y Gastos por Objeto del Gasto, Conciliación Bancaria y su Información Patrimonial en forma cuatrimestral, de manera consolidada y a nivel de detalle de los programas financiados con los fondos recibidos en concepto de Royalties y los gastos realizados con recursos provenientes de la Ley N° 3984/10, “QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE LOS DENOMINADOS ‘ROYALTIES’ Y ‘COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO’ A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES”, sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; y los de la Ley N°4758/12, “QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN”, sus reglamentaciones y modificaciones vigentes; así como de los demás recursos transferidos por la Tesorería General, a la Contraloría General de la República y, previa recepción y visado, deberán ser remitidas al Ministerio de Hacienda. La presentación de los informes podrá realizarse de manera digital conforme a la reglamentación emitida.

En caso de incumplimiento, el Ministerio de Hacienda no transferirá recurso alguno, en tanto dure el incumplimiento.

Art. 183.- Los Gobiernos Departamentales y Municipalidades informarán cuatrimestralmente al Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de Departamentos y Municipios (UDM), sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de los programas y/o proyectos en ejecución, especificando actividades desarrolladas y el monto de los recursos aplicados de conformidad a las normas establecidas en el Artículo 27 de la Ley Nº 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”, en la Ley N°4372/11, “QUE DISPONE LA COMPENSACIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC) POR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, A LA GOBERNACIÓN Y A LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN”, en el Artículo 2º, inciso b), de la Ley Nº 4891/13 “QUE MODIFICA Y AMPLÍA LA LEY Nº 3984/10, “QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS ROYALTIES Y COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES”, en la Ley N° 4758/12, “QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN”, modificada por la Ley N° 5581/16 y en la Ley N° 5404/15, “DE COMPENSACIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CANINDEYÚ EN REPARACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE LOS SALTOS DEL GUAIRÁ, EN EL MARCO DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPENSACIONES DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPÚ” y sus modificatorias.

El Ministerio de Hacienda a través de la Unidad de Departamentos y Municipios (UDM) informará al Congreso de la Nación sobre estos resultados cuatrimestralmente a más tardar 30 (treinta) días hábiles posteriores al término del mismo. Los informes serán remitidos en texto impreso, con soporte magnético y en versión Excel.

El Ministerio de Hacienda podrá celebrar acuerdos con los Gobiernos Departamentales y Municipales para el seguimiento y desarrollo de evaluaciones de los programas prioritarios del Gobierno de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que serán establecidas en la reglamentación.

En caso de que las instituciones no den cumplimiento a lo establecido en el presente Artículo, el Tesoro Público no transferirá recurso alguno hasta tanto dure el incumplimiento.

Art. 184.- Los Gobiernos Departamentales y Municipales deberán coordinar con las Entidades de la Administración Central los planes de inversiones a ser ejecutados con el objetivo de lograr un mayor impacto de la gestión del Estado.

Art. 185.- Autorizase a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y a los Gobiernos Municipales a realizar acciones o inversiones conjuntas dentro de las excepciones previstas en el Artículo 2° de la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” y la reglamentación de la presente Ley, mediante convenios interinstitucionales celebrados y debidamente formalizados en escritura pública, para llevar adelante la ejecución de servicios públicos y de bien público a la comunidad, como asimismo, realizar inversiones en construcciones, mejoras, equipamientos u otras obras públicas en inmuebles de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y las Municipalidades o viceversa, que podrán ser financiadas por cada una de las Entidades partes del convenio, de acuerdo con los créditos presupuestarios previstos o disponibles en el programa, subprograma o proyecto del respectivo Presupuesto 2019 de la institución participante.

Las locaciones y adquisiciones de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que deban ser ejecutadas por un tercero particular se adjudicarán conforme a lo previsto en la Ley de Contrataciones Públicas. El Ministerio de Hacienda establecerá las dinámicas contables y patrimoniales de los registros transitorios y definitivos por las adquisiciones e inversiones, altas, bajas y transferencias de bienes, servicios u obras de una Entidad a otra.

Art. 186.- El ingreso del monto total de los desembolsos de los recursos en concepto de Royalties, Compensaciones en Razón del Territorio Inundado y Cesión de Energía, provenientes de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá serán liquidados y distribuidos, previa deducción de lo previsto en la Ley Nº5404/15, “DE COMPENSACIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CANINDEYÚ EN REPARACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE LOS SALTOS DEL GUAIRÁ, EN EL MARCO DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPENSACIONES DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPÚ” y la Ley N° 6145/18 “QUE ESTABLECE CONCEDER UN APORTE ESPECIAL A LOS MUNICIPIOS DE JESÚS, TRINIDAD Y SAN COSME Y DAMIÁN DEL DEPARTAMENTO ITAPÚA, POR SER SEDES DISTRITALES DE LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LAS MISIONES JESUÍTICAS”, en los porcentajes establecidos en:

a) Ley Nº 3984/10 “QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS “ROYALTIES” Y “COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO” A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES”, modificada por la Ley N° 5831/17 “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 3984/10, “QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS ‘ROYALTIES’ Y ‘COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO’ A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES” MODIFICADO POR LA LEY N°4841/12 y sus reglamentaciones vigentes.

b) Ley N° 4758/12 “QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN”, sus modificaciones y reglamentaciones vigentes. (Artículos 3° inciso c) y 4°).

c) Ley N° 5404/15, “DE COMPENSACIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CANINDEYÚ EN REPARACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE LOS SALTOS DEL GUAIRÁ, EN EL MARCO DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPENSACIONES DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPÚ” y sus modificatorias.

d) Ley N° 6145/18 “QUE ESTABLECE CONCEDER UN APORTE ESPECIAL A LOS MUNICIPIOS DE JESÚS, TRINIDAD Y SAN COSME Y DAMIÁN DEL DEPARTAMENTO ITAPÚA, POR SER SEDES DISTRITALES DE LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LAS MISIONES JESUÍTICAS”.

No serán consideradas en la base de cálculo para la distribución de los recursos, las leyes y disposiciones anteriores a la vigencia de la Ley Nº 3984/10, “QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS ‘ROYALTIES’ Y ‘COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO’ A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES” y sus reglamentaciones vigentes.

La transferencia de los recursos será realizada una vez cumplido con lo establecido en los Artículos 2° y 3° de la Ley N° 4891/13 “QUE MODIFICA Y AMPLÍA LA LEY N° 3984/10 ‘QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS ‘ROYALTIES’ Y ‘COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO’ A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES” y con los demás requisitos exigidos dentro del presente Ejercicio Fiscal.

Art. 187.- Los desembolsos en conceptos de pagos a cuenta por Compensación por Cesión de Energía recibidos de la Entidad Yacyretá, serán transferidos al Ministerio de Hacienda y distribuidos sin más trámites, en los porcentajes establecidos en el Artículo 1º de la Ley Nº 3984/10 “QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS ‘ROYALTÍES’ Y ‘COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO’ A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES.

Art. 188.- Para proceder a las transferencias en concepto de Municipios de Menores Recursos, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 643/95 “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY Nº 426 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1994 ‘QUE ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL’”, se deberá dar cumplimiento a las normas y procedimientos que serán especificados en la reglamentación de la presente Ley.

Art. 189.- Los nuevos municipios creados por Ley durante el período de ejecución de esta Ley serán incorporados en el Presupuesto General de la Nación del siguiente Ejercicio Fiscal; y los recursos destinados a estos municipios en conceptos de Royalties y Compensaciones, Canon por Juegos de Azar y otros recursos asignados a las Municipalidades por Ley, serán transferidos una vez que las mismas hayan elegido a sus autoridades, Intendencia y miembros de la Junta Municipal, las que deberán ser debidamente comunicadas al Ministerio de Hacienda.

Art. 190.- El Ministerio de Hacienda podrá realizar modificaciones presupuestarias para la previsión de créditos presupuestarios afectados para los Gobiernos Departamentales y Municipales por efecto de las variaciones del tipo de cambio o de mayores desembolsos recibidos, en el concepto correspondiente, de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá, para previsión de créditos presupuestarios necesarios para las transferencias de recursos asignados por Ley para los citados niveles de gobierno, como así también lo correspondiente a los recursos provenientes de los canon por Juegos de Azar y del 15% (quince por ciento) de lo recaudado en concepto de impuesto inmobiliario de todos los Municipios de la República por incremento en las recaudaciones.

Art. 191.- Durante el Ejercicio Fiscal 2019, con carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley Nº 3984/10 “QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS ‘ROYALTIES’ Y ‘COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO’ A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES”, sus reglamentaciones y modificaciones vigentes, los recursos provenientes en concepto de Royalties y Compensaciones provenientes de Itaipú y Yacyretá, podrán ser destinados al financiamiento de los programas y proyectos de “Alimentación Escolar” de los Gobiernos Departamentales de las Escuelas Públicas, afectadas exclusivamente al Objeto del Gasto 848 “Transferencias para Alimentación Escolar” y al Objeto del Gasto 965 “Transferencias”, exclusivamente para el pago de las deudas, certificadas por la Auditoría Interna Institucional, en concepto de Alimentación Escolar.

La Contraloría General de la República remitirá al Congreso de la Nación (Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Senadores y Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados) el informe semestral sobre la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y Proyectos de Almuerzo Escolar en las Escuelas Públicas.

Art. 192.- Para proceder a las transferencias en concepto de compensación del Estado por las Leyes N° 5404/15 “DE COMPENSACIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CANINDEYÚ EN REPARACIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE LOS SALTOS DEL GUAIRÁ, EN EL MARCO DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPENSACIONES DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPÚ” y Ley N° 6145/18 “QUE ESTABLECE CONCEDER UN APORTE ESPECIAL A LOS MUNICIPIOS DE JESÚS, TRINIDAD Y SAN COSME Y DAMIÁN DEL DEPARTAMENTO ITAPÚA, POR SER SEDES DISTRITALES DE LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LAS MISIONES JESUÍTICAS”, las municipalidades afectadas deberán dar cumplimiento a las normas y procedimientos que serán especificados en la reglamentación de la presente Ley.

Art. 193.- Las Gobernaciones y Municipalidades serán responsables de la distribución y utilización de los recursos transferidos por el Tesoro Público, conforme a lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Art. 194.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 34 inciso I) de la Ley N° 426/94 “QUE ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL”, el Ministerio de Hacienda transferirá los recursos en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a Gobernaciones sobre la base de lo aprobado por la Ley Anual de Presupuesto y sobre el monto mensual del plan financiero.

Los recursos provenientes del Canon por Juegos de Azar destinados a Gobernaciones y Municipalidades serán transferidos conforme a la liquidación y distribución realizada por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) y al Plan Financiero aprobado, priorizando los gastos corrientes conforme a los respectivos programas presupuestarios.

Los Recursos del Tesoro serán transferidos conforme a la disponibilidad financiera, según Plan de Caja.

Art. 195.- Los Gobiernos Municipales deberán dar cumplimiento al Artículo 37 de la Ley N° 426/94 “QUE ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL”.

Los Gobiernos Municipales remitirán al Ministerio de Hacienda, en forma cuatrimestral, un informe con carácter de declaración jurada sobre:

a) los ingresos en concepto de impuesto inmobiliario y los depósitos del 15% (quince por ciento) del impuesto inmobiliario destinados a Municipios de menores recursos realizados;

b) el depósito del 15% (quince por ciento) del impuesto inmobiliario destinado a los Gobiernos Departamentales en las cuentas habilitadas por los mismos;

c) el depósito del 1% (uno por ciento) del 70% (setenta por ciento) de los recursos percibidos, en concepto de impuesto inmobiliario, destinado al Servicio Nacional de Catastro por pago de servicio de liquidación del impuesto inmobiliario, de conformidad con la Ley N° 5513/15; “QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 60, 62, 66, 70 Y 74 DE LA LEY Nº 125/91 ‘QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO’; Y LOS ARTÍCULOS 155 Y 179 DE LA LEY Nº 3966/10 ‘ORGÁNICA MUNICIPAL”;

d) las transferencias a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal de los importes señalados en el inciso a) al g), del Artículo 10 y del Artículo 74, de la Ley N° 122/93 “QUE UNIFICA Y ACTUALIZA LAS LEYES N° 740/78, 958/82 Y 1226/86, RELATIVAS AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL”; y,

e) la Deuda de Gobiernos Municipales, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 10.062/07.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Artículo, el Ministerio de Hacienda no transferirá recurso alguno en tanto dure el incumplimiento.

La Unidad de Departamentos y Municipios (UDM) del Ministerio de Hacienda deberá presentar cuatrimestralmente la Ejecución Presupuestaria sobre el Impuesto Inmobiliario al Congreso Nacional.

Art. 196.- A los efectos de la transferencia del 15% (quince por ciento) del impuesto inmobiliario destinado a Municipios de menores recursos por parte del Ministerio de Hacienda, los Municipios beneficiarios deberán presentar indefectiblemente los recaudos correspondientes a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2019. En caso de incumplimiento por parte de los Gobiernos Municipales, el Ministerio de Hacienda no transferirá dichos recursos hasta tanto sea cumplido este requisito.

Art. 197.- Los Gobiernos Departamentales y Municipales, que reciben transferencias en cualquier concepto, para su ejecución efectiva, deberán realizar las contrataciones de conformidad a lo establecido en la Ley N° 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, siempre que las mismas estén enmarcadas en los Grupos de Objetos del Gasto afectados a las Contrataciones Públicas.

Art. 198.- Autorizase al Ministerio de Hacienda dentro del marco de la Ley N° 3007/06 “QUE MODIFICA Y AMPLÍA LA LEY N° 1032/96 ‘QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD’”, establecer las normas y procedimientos de registros presupuestarios, contables, patrimoniales y de tesorería para la ejecución del presupuesto vigente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Gobiernos Departamentales y otras Entidades afectadas, por las operaciones de ingresos institucionales, donaciones u otro recurso propio, recaudados sobre la base de la citada Ley, en los hospitales, centros y puestos de salud, destinados a sufragar gastos de funcionamiento u operativo de los centros asistenciales de salud, administradas conforme a los acuerdos suscritos con los Consejos Regionales y Locales de Salud.

A sus efectos, se establecerán dentro del Presupuesto 2019 de los Organismos y Entidades afectadas (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Gobiernos Departamentales u otras entidades) los procedimientos de regularización presupuestaria, contable y patrimonial, con el producido de los ingresos y egresos con la modalidad de “transferencias no consolidables”, de tal forma que las operaciones de ingresos y egresos de los Consejos Regionales y/o Locales de Salud, reflejen la ejecución de los ingresos y gastos de los créditos presupuestarios previstos en el Objeto del Gasto 834 “Otras Transferencias al Sector Público y Organismos Regionales” y de las citadas Entidades afectadas.

Art. 199.- Los Consejos Regionales y Locales de Salud deberán presentar rendición de cuenta documentada, periódicamente por la administración de los recursos y gastos conforme a las normas y procedimientos dispuestos en sus reglamentos debidamente aprobados. A tal efecto, deberán preparar, custodiar y tener a disposición de los órganos de control los documentos originales respaldatorios de los registros contables por las operaciones derivadas de los ingresos y egresos. Las rendiciones de cuentas de los gastos e inversiones deberán estar documentadas, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas y avaladas por profesional del ramo.

Asimismo, deberán presentar a las Unidades y/o Subunidades de Administración y Finanzas (UAF’s y/o SUAF’s), de Organismos y Entidades del Estado (OEE) afectados, “informes de rendición de cuentas” para consolidar los registros de ejecución de los ingresos y egresos, con carácter de declaración jurada, conforme a los períodos, formularios y procedimientos que serán establecidos en la reglamentación de la presente Ley.

La Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social será la encargada de analizar la razonabilidad y sustentabilidad de los gastos, para lo cual podrán solicitar las documentaciones necesarias que respalden las operaciones.

Art. 200.- Las Instituciones Educacionales del Ministerio de Educación y Ciencias de los niveles de Educación Escolar Básica, Educación Media y Técnica, Formación, Capacitación y Especialización Docente (colegios, institutos, escuelas y/o entidades educacionales), deberán presentar a las Unidades y/o Subunidades de Administración y Finanzas (UAF’s y/o SUAF’s) del Ministerio de Educación y Ciencias, a más tardar dentro de los 15 (quince) días corridos al cierre de cada trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 el informe de rendición de cuentas con el detalle de los ingresos recaudados y de los gastos de funcionamiento y adquisiciones realizadas, con carácter de declaración jurada, de acuerdo con el formulario establecido por la reglamentación de esta Ley.

Los recursos deberán ser depositados en la cuenta habilitada para el efecto por la Dirección General del Tesoro Público y los gastos realizados por las diferentes instituciones educacionales serán afectados en la ejecución presupuestaria en el Objeto del Gasto 834 “Otras Transferencias al Sector Público y Organismos Regionales” y 894 “Otras transferencias al Sector Público” previsto en el Ministerio de Educación y Ciencias.

Art. 201.- Las Unidades y/o Subunidades de Administración y Finanzas (UAF’s y/o SUAF’s) de los Ministerios de Educación y Ciencias y de Salud Pública y Bienestar Social, deberán proceder a la regularización de los registros patrimoniales y el inventario de los bienes adquiridos con cargo a los citados Objetos del Gasto 834 “Otras Transferencias al Sector Público y Organismos Regionales” y 894 “Otras transferencias al Sector Público”.

Los aportes destinados a gastos relacionados a Programas de Alfabetización inicial y Bi Alfabetización afectados al Objeto del Gasto 847 “Aportes a Programas de Educación Pública”, deberán ejecutarse de conformidad a los procedimientos presupuestarios y contables, que serán establecidos en la reglamentación de la presente Ley.

Art. 202.- Durante el Ejercicio Fiscal 2019, los Organismos y Entidades del Estado (OEE) deberán desarrollar e implementar un Plan de Racionalización del Gasto, que establezca medidas de austeridad, economicidad y disciplina en el consumo de agua, electricidad, viáticos, suministros y combustibles, el uso de telefonía fija y celular, así como para la adquisición y uso racional de vehículos automotores.

Art. 203.- Los pasajes aéreos internacionales para el traslado de los funcionarios y el personal que prestan servicios en los Organismos y Entidades del Estado (OEE), deberán adquirirse en clase económica, con excepción de los Presidentes y Vicepresidente de los Poderes del Estado que podrán viajar en clase Ejecutiva.

Asimismo, se exceptúa de esta disposición a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, a los Congresistas, máximas autoridades de los Organismos y Entidades del Estado y embajadores afectados al Servicio Exterior exclusivamente para los casos de viajes que superen las 8 (ocho) horas de vuelo hasta el destino, excluyendo las escalas y en cuyos casos podrán adquirirse en Clase Económica Plus.

Art. 204.- A efectos de reorientar la aplicación de los créditos presupuestarios disponibles a inversiones físicas, los Organismos y Entidades del Estado (OEE) podrán incluir en sus planes anuales de adquisiciones, previo análisis de costo-beneficio, la compra de algunos inmuebles que ocupan bajo contrato de arrendamiento.

Art. 205.- Las remuneraciones extraordinarias y adicionales solo serán abonadas sobre la base de servicios necesarios, debidamente fundamentados y justificados a ser realizados fuera del horario ordinario. Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) deberán regular la aplicación de este Artículo.

Art. 206.- La Auditoría Interna institucional deberá incluir en su programa de trabajo, la revisión del cumplimiento de las políticas y planes de racionalización de gastos establecidos en la presente Ley.

Art. 207.- Durante el Ejercicio Fiscal 2019, los Organismos y Entidades del Estado (OEE), no podrán adquirir equipos de transporte sin expresa autorización del Equipo Económico Nacional, conforme a un tope establecido para las mismas. Quedan exceptuados la adquisición de equipos de transporte terrestre no automotores, ambulancias y otros vehículos utilizados para los servicios de salud, de seguridad nacional, fuerzas públicas, y los requeridos para situaciones de emergencia nacional y los destinados a los programas sociales de combate a la pobreza, cualquiera fuera la Fuente de Financiamiento (FF).

Los Poderes Legislativos y Judicial podrán realizar las adquisiciones en el marco de la Ley Nº 2051/03 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria y con las necesidades institucionales, con autorización expresa de su máxima autoridad, conforme a su independencia funcional, sin requerir autorización del Equipo Económico Nacional teniendo en cuenta las disposiciones de los Artículos 79 y 101 de la Constitución Nacional.

En la adquisición de equipos de transporte livianos los Organismos y Entidades del Estado (OEE), deberán optar por vehículos del tipo Flex, híbridos o eléctricos hasta un 30% (treinta por ciento) del parque automotor a ser adquirido.

Art. 208.- En la adquisición de equipos de transporte livianos los Organismos y Entidades del Estado (OEE), deberán optar por vehículos del tipo Flex, híbridos o eléctricos como mínimo en un 30% (treinta por ciento) del parque automotor a ser adquirido.

Art. 209.- Autorizase la disposición y aplicación de condiciones y procedimientos para la selección y provisión del servicio de seguro médico colectivo en el Sector Público.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) reglamentará, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, la aplicación de esta disposición.

A partir del Ejercicio Fiscal 2019, los Organismos y Entidades del Estado (OEE), que tengan nuevos contratos de seguro médico sanatorial y odontológico privado, a través de empresas y/o entidades privadas o corporaciones nacionales, no podrán abonar en forma mensual más de G. 1.000.000 (Guaraníes un millón), o G. 12.000.000 (Guaraníes doce millones) anuales por cada funcionario.

Prohíbase durante el Ejercicio Fiscal 2019, el pago de Reaseguro del Servicio Médico y del Seguro por Exceso de Gastos Médicos para funcionarios de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

No podrán suscribirse nuevos contratos hasta tanto sea emitida la reglamentación citada.

Se autoriza a los Organismos y Entidades del Estado (OEE), que cuenten con servicio de seguro médico privado a extender los contratos hasta tanto se dicte la citada reglamentación.

El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial contratarán de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, y conforme a sus requerimientos, el servicio de seguro médico de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones aprobado por la máxima autoridad Institucional.

Art. 210.- Dispóngase que los seguros sobre bienes muebles e inmuebles, solo podrán ser contratados sobre activos registrados y en funcionamiento. Exceptuase a los bienes en alquiler se regirán por la letra de sus contratos. El Ministerio de Hacienda reglamentará la aplicación de esta disposición.

Art. 211.- Las contrataciones de Pólizas de Seguro de Vida para funcionarios podrán realizarse única y exclusivamente para los integrantes de las Fuerzas Públicas, los Agentes Fiscales y los Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

Art. 212.- Prohíbase la provisión de almuerzo o plato terminado para los funcionarios administrativos de los Organismos y Entidades del Estado. La utilización de los servicios descritos en el Objeto del Gasto 284, “Servicios de Catering”, será reglamentada por el Ministerio de Hacienda. No podrán suscribirse nuevos contratos hasta tanto sea emitida la reglamentación citada.

Art. 213.- Dispóngase la utilización obligatoria de mecanismos o dispositivos de control magnéticos o electrónicos en la provisión y consumo de combustible de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

Exceptuase de la presente disposición al Poder Legislativo y al Poder Judicial.

Art. 214.- La creación o habilitación, así como el cierre, de las Unidades de Administración y Finanzas (UAF’s) y Subunidades de Administración y Finanzas (SUAF’s), serán autorizadas por disposición del Ministerio de Hacienda, de conformidad a las disposiciones establecidas en los Artículos 71 y 72 de la Ley Nº 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”.

Art. 215.- Facultase al Ministerio de Hacienda, a través de sus respectivas Unidades de Administración y Finanzas (UAF’s) creadas para ese fin, a administrar, ejecutar presupuestariamente y procesar el pago del Servicio de la Deuda Pública, de las jubilaciones y pensiones, las transferencias a los Gobiernos Departamentales y Municipales y la atención de compromisos u obligaciones de pago, de acuerdo con los créditos presupuestarios previstos en los programas, subprogramas y proyectos de la Entidad 12-06 Ministerio de Hacienda, de conformidad a las disposiciones de las Leyes N° 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO” Y 109/91 “QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL DECRETO-LEY Nº 15 DE FECHA 8 DE MARZO DE 1990 “QUE ESTABLECE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA”, sus modificaciones vigentes y reglamentaciones.

El Ministerio de Hacienda establecerá Unidades de Administración y Finanzas (UAF’s) y/o Subunidades de Administración y Finanzas (SUAF’s) especializadas para el Servicio de la Deuda Pública y de las otras obligaciones del Estado, con la estructura básica requerida para su funcionamiento.

Asimismo podrá disponer, por Resolución, la devolución en dinero de tributos y multas indebidamente abonados, de acuerdo con los procedimientos pertinentes, como también, el pago de aportes jubilatorios, sueldos y remuneraciones personales, pensiones, haberes de retiro y jubilatorios no percibidos por los beneficiarios, sentencias judiciales, de acuerdo con las disponibilidades de créditos presupuestarios en el rubro correspondiente. Cuando los montos sobrepasen la suma de G. 400.000.000 (Guaraníes cuatrocientos millones), estos pagos se autorizarán mediante Decreto del Poder Ejecutivo, originados en el Ministerio de Hacienda.

En los casos de las devoluciones de tributos reclamadas al Estado por las entidades comprendidas en el Artículo 83 numeral 4 de la Ley N° 125/91, modificado por la Ley Nº 2421/04 y los previstos en el Decreto N° 850/13, en concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA-COMPRA) presentes y futuros, provenientes de solicitudes derivadas de acciones de inconstitucionalidad contra dicha norma o productos de sentencias judiciales firmes debidamente notificadas, que cuenten con los dictámenes favorables de las instituciones responsables, el Ministerio de Hacienda abonará en dinero y a cuenta del Objeto del Gasto 915 “Gastos Judiciales” o 921 “Devolución de Impuestos, tasas y contribuciones”, según corresponda, hasta un total general de G. 1.000.000.000 (Guaraníes un mil millones) y tratándose del pago de intereses, recargos o multas hasta un total general de G. 300.000.000 (Guaraníes trescientos millones).

Art. 216.- El Ministerio de Hacienda y los Organismos y Entidades del Estado (OEE) podrán abonar anualmente a prorrata y por orden de antigüedad los gastos judiciales declarados, a favor de las personas físicas y jurídicas ordenados por Sentencias o Resoluciones Judiciales contra el Estado u Organismos y Entidades del Estado (OEE), con los créditos presupuestarios previstos en los Objetos del Gasto 199 “Otros Gastos del Personal” o 915 “Gastos Judiciales”, previstos para el efecto en el Presupuesto General de la Nación durante el Ejercicio Fiscal 2019.

En el caso de órdenes de depósito judicial las mismas serán cumplidas a prorrata, en orden de antigüedad y de manera posterior al pago de las sentencias firmes y ejecutoriadas mencionadas en el párrafo anterior.

Art. 217.- Durante el Ejercicio Fiscal 2019, el Ministerio de Educación y Ciencias no podrá incorporar a profesores Ad - Honorem en el Sistema Educativo Nacional.

Art. 218.- Suspéndase, durante el Ejercicio Fiscal 2019, la vigencia de toda disposición legal que otorgue exoneraciones de tributos sobre combustibles y lubricantes, con excepción de aquellos que se refieran al Cuerpo Diplomático y Consular.

Art. 219.- Exonerase durante el Ejercicio Fiscal 2019, a los Organismos de la Administración Central y a los Gobiernos Departamentales del pago de todo tributo fiscal o municipal, de cualquier naturaleza, que incida sobre la inscripción de los bienes registrables de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), así como las que recaigan sobre cualquier trámite o actuaciones de los mismos en la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP).

Art. 220.- Exonerase del pago del peaje correspondiente a todas las ambulancias y unidades de emergencia médica pública y privada, en servicio, vehículos oficiales de las Fuerzas Públicas y a los Cuerpos de Bomberos.

Art. 221.- El Presidente del Congreso de la Nación oficiará como Ordenador de Gastos y administrará los rubros del presupuesto asignado al Congreso Nacional.

Art. 222.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley y sus reglamentos por parte de los funcionarios responsables de la gestión administrativa, presupuestaria, contable y patrimonial de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), constituirán infracciones, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley Nº 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”.

Art. 223.- Los gastos e inversiones realizados por las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá, destinados a los Organismos y Entidades del Estado (OEE), para su utilización deberán ser incluidos dentro del Presupuesto General de la Nación. Regirán para éstos las prohibiciones establecidas en la Ley N° 1297/98 “QUE PROHÍBE LAS PROPAGANDAS EN ESPACIOS PAGADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”.

Art. 224.- Los ordenadores de gastos de aquellas Entidades que cuenten con créditos presupuestarios en el Subgrupo de Objetos del Gasto 970 “Gastos Reservados”, deberán presentar anualmente a la Comisión Bicameral de estudio de la Ejecución Presupuestaria del Honorable Congreso Nacional, el informe de rendición de cuentas sobre la utilización de los mismos, establecido en el Artículo 282 de la Constitución Nacional y concordante con el Artículo 70 de la Ley Nº 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”, modificado por la Ley Nº 2515/04 “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY Nº 1535/99 ‘DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO’”. La asignación de créditos en dicho Subgrupo solo podrá efectuarse por Ley.

Art. 225.- Autorizase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente Ley, en concordancia con las disposiciones establecidas en la Ley N° 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”, su Decreto Reglamentario N° 8127/00 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 1535/99 ‘DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO’ Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF” y la Ley N° 2051/03 ‘DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’” y sus modificaciones vigentes.

Art. 226.- Autorizase al Poder Ejecutivo a corregir los errores materiales, que se produzcan en la trascripción de la presente Ley.

Art. 227.- Autorizase al Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación, a acreditar en la cuenta corriente del Sistema Marangatú de los contribuyentes el monto de los tributos pagados indebidamente, hasta un total general de G. 350.000.000.000 (Guaraníes trescientos cincuenta mil millones).

Asimismo, en los atrasos en el acreditamiento en los casos de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del exportador y repetición de pagos indebidos o en exceso de tributos, los intereses o recargos se podrán acreditar hasta un total general de G. 10.000.000.000 (Guaraníes diez mil millones).

El monto a acreditar en la cuenta corriente de cada acreedor en concepto de tributos o accesorios legales no podrá superar el 30% (treinta por ciento) del total autorizado precedentemente para cada concepto, durante el Ejercicio Fiscal.

En caso de que durante el Ejercicio Fiscal se haya alcanzado el total de los montos autorizados, el área responsable de realizar los acreditamientos deberá registrar correlativamente las Resoluciones que los dispongan, para su inclusión en el Presupuesto General de la Nación del siguiente Ejercicio Fiscal y no generarán accesorios legales.

Los procedimientos de registración contable serán reglamentados por el Ministerio de Hacienda

Art. 228.- El Control Interno de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), se implementará con base en el Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), de conformidad con lo que establezca el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la presente Ley.

Art. 229.- Autorizase la implementación gradual de lo establecido en el Artículo 76 de la Ley N° 4995/13 “DE EDUCACIÓN SUPERIOR”.

Art. 230.- Para el Ejercicio Fiscal 2019 no se asignarán los recursos establecidos en el Inciso d) del Artículo 19 de la Ley N° 4989/13 “QUE CREA EL MARCO DE APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO Y CREA LA SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (SENATICs)”.

Art. 231.- Apruébese la estimación del Gasto Tributario para el Ejercicio Fiscal 2019 en la suma total de G. 3.473.796.704.917 (Guaraníes tres billones cuatrocientos setenta y tres mil setecientos noventa y seis millones setecientos cuatro mil novecientos diecisiete), conforme a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley N° 5061/13 “QUE MODIFICA DISPOSICIONES DE LA LEY N° 125 DEL 9 DE ENERO DE 1992, “QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO” Y DISPONE OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO”.

Art. 232.- Las actividades económicas y financieras de todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE), incluidas las Municipalidades y las Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado, están sujetas a control y fiscalización de la Contraloría General de la República, de conformidad con los Artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional.

Art. 233.- Facultase al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social a utilizar los fondos de imprevistos dentro del marco legal del Artículo 7° de la Ley N° 98/92 “QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MODIFICA LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO - LEY N° 1860/50 APROBADO POR LA LEY N° 375/56 Y LAS LEYES COMPLEMENTARIAS N° 537 DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 1958, 430 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 1973 Y 1286 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 1987” hasta el monto de G. 300.000.000.000 (Guaraníes trescientos mil millones)para financiar exclusivamente el Objeto del Gasto 849 “Otras Transferencias corrientes”, relativo a los reposos de maternidad, enfermedad o accidente laboral y el Subgrupo 530 “Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General” para la compra de equipamiento para hospitales siempre que estos representen un Activo a ser integrado al Patrimonio de la Institución, ambos correspondientes al Programa 2, “Servicios Sociales de Calidad”.

Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a realizar las adecuaciones presupuestarias para la implementación efectiva de esta normativa.

Art. 234.- Establécese que los recursos institucionales de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), podrán ser depositados en cuentas habilitadas en el Banco Nacional de Fomento (BNF), a excepción de los recursos depositados en el Banco Central del Paraguay (BCP), los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS) y de aquellos que no se encuentren en libre disponibilidad, los cuales deberán cumplir con el presente artículo de manera gradual, una vez finalizados los respectivos acuerdos contractuales vigentes entre los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y los bancos de plaza.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, establecerá las normas y procedimientos para la aplicación de lo establecido en el presente artículo.

Art. 235.- Dispónese que los pagos de remuneraciones al personal de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que reciben transferencias de la Tesorería General como así también los haberes jubilatorios y de pensiones, los haberes de retiros y las pensiones de herederos de jubilados serán realizados exclusivamente a través del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Art. 236.- Dispónese la continuidad de la implementación gradual del Salario Básico Profesional docente, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 1725/01 “QUE ESTABLECE EL ESTATUTO DEL EDUCADOR”.

El otorgamiento de las mejoras salariales en el Ejercicio Fiscal 2019 serán otorgadas a los docentes con categorías L y Z del Anexo de Personal del Ministerio de Educación y Ciencias, quienes deberán cumplir con los siguientes:

a) Evaluación de desempeño.

b) Realización de capacitaciones.

c) Cumplir funciones en aula y estar censado en el Registro Único del Docente; o funciones misionales conforme a lo establecido en el Capítulo III DE LAS FUNCIONES EDUCATIVAS de la Ley N° 1725/01 “QUE ESTABLECE EL ESTATUTO DEL EDUCADOR”.

El cumplimiento de estos requisitos deberá ser debidamente certificado por el Ministerio de Educación y Ciencias e informado al Ministerio de Hacienda.

A tal efecto, autorizase al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a realizar modificaciones en el Anexo del Personal del Ministerio de Educación y Ciencias, las que en ningún caso abarcarán meses vencidos.

Art. 237.- En casos de que los plazos legales establecidos en la Ley N° 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”, en la presente Ley, sus reglamentaciones vigentes, fenezcan en un día inhábil, a los efectos procesales, culminarán el primer día hábil siguiente.