DECRETO 1467/2024

Art. 121.- Informes de la Administración Contratante. La Administración Contratante deberá informar a la DGIP del MEF, con una periodicidad semestral, el estado de cumplimiento de los contratos a su cargo. Asimismo, deberá informar a dicha Dirección cualquier alteración sustancial o incumplimiento dentro de los 5 (cinco) días hábiles de verificada dicha alteración o incumplimiento.

Sin perjuicio de los informes a los que refiere el párrafo precedente, la DGIP podrá solicitar a la Administración Contratante, en cualquier momento y cuando lo considere pertinente, toda información o documentación relativa al cumplimiento de los contratos, así como recomendar la contratación de auditorías externas específicas, que contribuyan a garantizar el correcto seguimiento de los contratos.

Art. 122.- Informes de gestión. La Unidad de PPP deberá elaborar un informe anual de gestión, el cual deberá contener como mínimo:

a) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de PPP.

b) Los resultados efectivamente obtenidos en base a los resultados esperados de cada contrato.

c) Los mecanismos y acciones de transparencia implementados.

d) Otros aspectos relevantes.

El informe completo deberá ser puesto a disposición del público en forma gratuita en su sitio oficial de internet, además deberá entregar una copia del mismo al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a la Contraloría General de la República, conforme lo establece el artículo 15 de la ley.

Art. 123.- Transparencia y publicidad de la información sobre la gestión de los contratos. Además de la información indicada en el artículo 15 de la ley, deberá ponerse a disposición del público a través del sitio web de la DNCP, toda la información contenida en el Registro Público de PPP, así como los informes de gestión que realicen la Unidad de PPP y la Administración Contratante, como también los informes de auditorías y de evaluación que realicen otras instituciones.

La Unidad de PPP coordinará con la DNCP la habilitación de sistemas que faciliten la canalización de las opiniones de la ciudadanía sobre la gestión de los contratos y sobre la labor que desempeñan las instituciones intervinientes.

Art. 124.- Otras formas de control público. Los controles referidos no afectarán, limitarán ni restringirán las demás formas y modalidades de fiscalización, supervisión y vigilancia administrativas que, según su ámbito de competencias correspondan a la Contraloría General de la República, el Consejo de Empresas Públicas o a otras autoridades conforme a su ámbito legal de competencia.

Art. 125.- Alcance. El presente título reglamenta los Fideicomisos o Encargos Fiduciarios en los cuales los organismos y entidades del Estado actúan como Fideicomitentes para el desarrollo de proyectos de participación público-privada.

Art. 126.- Fiduciarios. Conforme al artículo 19 de la Ley N° 921/1996, “De Negocios Fiduciarios”, únicamente los bancos, las empresas financieras y las empresas fiduciarias especialmente autorizadas por el Banco Central del Paraguay, podrán actuar en calidad de Fiduciarios.

En ningún caso el Fiduciario podrá reunir la calidad de Fideicomitente o de Beneficiario en un negocio fiduciario.

Art. 127.- Deber del Fiduciario. Las obligaciones contraídas por el Fiduciario tienen el carácter de medio y no de resultados. En tal virtud, es deber del Fiduciario desplegar todo su esfuerzo, conocimiento y diligencia para la consecución de la finalidad señalada en el acto constitutivo del negocio fiduciario.

Art. 128.- Fideicomitentes Públicos. Serán fideicomitentes públicos los Organismos y Entidades del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 2°, numeral 2), literal e), de la Ley N° 5102/2013, “De Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y ampliación y mejoramiento de los Bienes y Servicios a cargo del Estado”.

Art. 129.- Constitución. La estructuración y constitución de los negocios fiduciarios en los cuales los organismos y entidades del Estado actúen como Fideicomitentes para el desarrollo de proyectos de PPP se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 45, 46, 47 y concordantes de la Ley N° 5102/2013, por la Ley N° 921/96, “De Negocios Fiduciarios” y su reglamentación, por este Reglamento y por las que dictare el Banco Central del Paraguay.

Para la constitución de fondos comunes de inversión y fideicomisos de titularización en el marco de la Ley 5102/2013, no se requerirá la autorización previa de la Superintendencia de Bancos, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6° y 47, numeral 6) de la Ley N° 5102/2013.

El Fiduciario, una vez constituido y formalizado el negocio Fiduciario, remitirá a la Superintendencia de Bancos, dentro del plazo de treinta (30) días corridos, computados desde la suscripción del acto constitutivo del Fideicomiso, toda la documentación relativa al perfeccionamiento del negocio Fiduciario, de acuerdo a la reglamentación establecida por el Banco Central del Paraguay a tal efecto. La documentación deberá acreditar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ley N° 5102/2013, la Ley N° 921/96, su reglamentación y las disposiciones que rigen el Mercado de Valores, en su caso.

El incumplimiento del Fiduciario de lo previsto en el presente artículo lo hará pasible de las sanciones previstas en la Ley N° 489/95, “Orgánica del Banco Central del Paraguay”.

Art. 130.- Contratos de negocios fiduciarios. Además de las exigencias estipuladas en la Ley N° 5102/2013, los contratos de negocios Fiduciarios deberán contener como mínimo los requerimientos establecidos en la Ley N° 921/96 y su reglamentación, especialmente en cuanto a la finalidad, derechos, obligaciones, prohibiciones, responsabilidades, renuncia de las partes contratantes, extinción, liquidación del contrato, solución de controversias, así como los demás datos adicionales contenidos en la normativa fiduciaria del Banco Central del Paraguay.

Asimismo, los Fiduciarios, además de las obligaciones consagradas en la Ley y las expresamente pactadas en los contratos fiduciarios, deberán observar los deberes profesionales inherentes a los negocios fiduciarios, los cuales se fundamentan en el principio de la buena fe objetiva.

Art. 131.- Supervisión. Sin perjuicio de las atribuciones de regulación y control que correspondan a otros organismos del Estado, el Banco Central del Paraguay, a través de la Superintendencia de Bancos, en el marco de sus funciones, supervisará las operaciones y la gestión de los fiduciarios en cumplimiento del contrato de fideicomiso, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley N° 5102/2013, las facultades otorgadas por los artículos 11 y 21 de la Ley N° 921/96, “De Negocios Fiduciarios” y la Ley N° 861/96, «General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito».

Art. 132.- Supervisión y Fiscalización de la Contraloría. La Contraloría General de la República, ejercerá las funciones de control del cumplimiento de las normas por parte de los Organismos y Entidades del Estado, cuando estos actúen como Fideicomitentes públicos, conforme a las facultades otorgadas en la Ley N° 276/94, «Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República» y el artículo 45 de la Ley N° 5102/2013.

Art. 133.- Informes. Los Fiduciarios deberán informar al MEF y al Banco Central del Paraguay con la periodicidad, contenido y alcance que éste determine reglamentariamente respecto a los negocios fiduciarios constituidos de acuerdo a la Ley N° 5102/2013, adjuntando la documentación correspondiente y, deberán además remitir los Estados Financieros básicos de los negocios fiduciarios, dentro de los 10 (diez) días corridos siguientes al fin de cada mes.

Igualmente, el Banco Central del Paraguay, en el marco de sus facultades, podrá requerir la información que estime pertinente al Fiduciario y al Fideicomitente, respecto a las operaciones que realicen los fiduciarios en cumplimiento al contrato de negocio fiduciario.

Art. 134.- Bienes o derechos objeto del Fideicomiso. Los bienes y/o derechos de dominio público, salvo que sean desafectados, no podrán ser objeto de fideicomisos. No obstante, ellos podrán ser objeto de contratos de encargos fiduciarios, por no conllevar la transferencia de la propiedad de los bienes fideicomitidos.

La afectación de los bienes a ser fideicomitidos previstos en el artículo 46 de la Ley se realizará bajo las reglas de la Ley N° 921/96, «De Negocios Fiduciarios» y su reglamentación, de conformidad a lo establecido en el Artículo 47, Numeral 4), de la Ley.

Para todos los efectos legales, los bienes y/o derechos transferidos al patrimonio autónomo del fideicomiso, quedarán afectados única y exclusivamente al cumplimiento de la finalidad señalada por el Fideicomitente en el contrato fiduciario.

Conforme a la autonomía de los bienes fideicomitidos, los mismos no pertenecen a la prenda común de los acreedores del Fiduciario ni a la masa de bienes de su liquidación. Dichos bienes únicamente garantizan las obligaciones contraídas por el Fiduciario para el cumplimiento de la finalidad señalada por el Fideicomitente en el acto constitutivo, por consiguiente, en desarrollo de su actividad de gestión, el Fiduciario deberá expresar siempre la calidad en la cual actúa.

Art. 135.- Selección Pública del Fiduciario. En los procesos públicos de selección del Fiduciario, en los cuales los organismos y entidades del Estado actúen como Fideicomitentes, se aplicarán los principios de competencia e igualdad previstos en el Artículo 2°, Numeral 1), Inciso e), de la Ley N° 5102/2013, así como las normas incluidas en el presente capítulo, en todo aquello que resulte aplicable.

En los procesos públicos de selección, podrán presentarse para celebrar y ejecutar en calidad de Fiduciarios las operaciones y negocios fiduciarios, todas las entidades y empresas fiduciarias, debidamente autorizadas por el Banco Central del Paraguay, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 921/96, «De Negocios Fiduciarios» y su reglamentación.

La Administración Contratante deberá comunicar a la DGIP del MEF, a efectos de su publicidad, las convocatorias, así como las decisiones de adjudicación adoptadas al concluir el mecanismo de selección competitivo pertinente y las adendas que pudiesen corresponder. Las comunicaciones deberán realizarse hasta 5 (cinco) días hábiles anteriores a las fechas de las aperturas de las precalificaciones, convocatorias, aprobaciones de pliegos y/o resoluciones de adjudicación.

Al momento de seleccionar al Fiduciario, la Administración Contratante deberá considerar todos aquellos criterios que le permitan optar por el Fiduciario con la mayor aptitud para aplicar la diligencia debida, atendiendo a la magnitud y complejidad del negocio fiduciario. Deberán tenerse en cuenta, entre otros, los criterios de experiencia del Fiduciario, capacidad de sus recursos administrativos, humanos, técnicos y tecnológicos, así como otros criterios que puedan coadyuvar con la correcta administración y/o aplicación de los bienes fideicomitidos. En ningún caso, se podrá considerar como único parámetro de selección del Fiduciario la presentación del menor precio.

Las convocatorias, pliegos de bases y condiciones y adjudicaciones de los llamados a licitación o mecanismo de selección competitivo pertinente, deberán ser publicados en las páginas web de la Administración Contratante. Además, deberán publicarse en el sitio electrónico oficial establecido en este Reglamento, de conformidad a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley N° 5102/2013.

Art. 136.- Recursos destinados a los negocios fiduciarios. Los recursos destinados a los negocios fiduciarios deberán ser depositados en la cuenta del negocio fiduciario habilitada para el efecto. Ésta deberá estar separada de las cuentas propias del Fiduciario de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 921/96, «De Negocios Fiduciarios».

Las sumas de dinero depositadas deberán ser aplicadas exclusivamente al cumplimiento de la finalidad del negocio fiduciario constituido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47, numeral 5), de la Ley N° 5102/2013.

Art. 137.- Registración contable del Fiduciario. La contabilidad del Fiduciario deberá sujetarse a lo previsto en los Artículos 34 y 35 de la Ley N° 921/96, «De Negocios Fiduciarios». De conformidad y con el alcance previsto en dichos artículos, el Fiduciario deberá elaborar, por cada negocio fiduciario celebrado, los siguientes estados financieros básicos: Estado de situación o balance del negocio fiduciario; y, Estado de pérdidas y ganancias o cuadro de resultados.

La contabilidad del Fiduciario deberá sujetarse además a las reglas generales dictadas por la Superintendencia de Bancos en uso de sus atribuciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la Ley N° 921/96 “De Negocios Fiduciarios”.

Art. 138.- Del tratamiento impositivo y presupuestario. Los negocios fiduciarios constituidos por los Organismos y Entidades del Estado para el desarrollo de proyectos de PPP, o aquellos en los que participan a dicho fin, tendrán el mismo tratamiento fiscal previsto en las Leyes N°s. 921/96, «De Negocios Fiduciarios», y la Ley N° 6380/2020 “De modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional”, así como en su modificaciones y reglamentación. Estos negocios fiduciarios podrán ser considerados de utilidad pública y revestirán carácter prioritario para el Gobierno Nacional.

Las Administraciones Contratantes deberán adoptar las previsiones presupuestarias conducentes a la constitución de los fideicomisos de los que fueran parte, en coordinación con el MEF,

Art. 139.- Competencia para tramitar iniciativas privadas. La Unidad de PPP estará facultada a recibir, instruir y sustanciar iniciativas privadas para el desarrollo de proyectos de participación público-privada, siempre que se trate de proyectos que cumplan con lo establecido en el Artículo 48 de la Ley N° 5102/2013.

Las disposiciones de este Título serán aplicadas en concordancia con lo establecido en el Capítulo III, «Estructuración y Estudios Previos», del Título II, artículos 33 al 40 de este Reglamento.

Art. 140.- Contenido del Proyecto. Todo proyecto de participación público-privada promovido por iniciativa privada deberá ser presentado ante la Unidad de PPP conforme a la metodología del SNIP y a lo establecido en los artículos 35 y 36 del presente reglamento, según corresponda.

Asimismo, la presentación deberá estar acompañada de toda la información necesaria para evaluar el proyecto a nivel de pre factibilidad, conteniendo como mínimo los siguientes datos:

a) Documentos que acrediten la capacidad legal, técnica y financiera del proponente y todos los antecedentes que acrediten su existencia y vigencia legal y facultades de sus mandatarios y poderdantes.

b) Nombre de la Administración Contratante involucrada en el proceso.

c) Propuesta del proponente privado que identifique, por una parte, la necesidad insatisfecha, el problema a solucionar o la potencialidad que se pretende desarrollar con el proyecto, y por otra parte, las características de la posible solución que podría representar el proyecto, así como sus principales beneficios y costos y los indicadores de evaluación iniciales, tanto socioeconómicos como privados, que permitan recomendar una decisión sobre el proyecto.

d) Análisis de mercado, técnico, de riesgos, jurídico, de competencia, de organización, económico y financiero, costo- beneficio, cuando correspondan.

e) Estimación de los requerimientos de apoyo del Estado si los hubiera en los períodos de ejercicio fiscal durante los cuales se desarrollará el Contrato, así como las obligaciones que contraerá el Estado en virtud del Contrato, de acuerdo a lo contemplado en la ley.

f) Impactos sociales y estudios ambientales del proyecto, identificando a la población directamente afectada, realizando un análisis social de la población asentada en el área de influencia del proyecto de PPP y su posible participación en el proyecto, estableciendo las mitigaciones de los daños que se pudieran provocar por el desarrollo del Proyecto, cuando corresponda.

g) Indicadores de rentabilidad económica y social del proyecto.

h) Estudio preliminar de Valor por Dinero, cualitativo y cuantitativo, que deberá justificar la conveniencia de utilizar la modalidad de PPP como alternativa a las demás modalidades de contratación pública y/o de gestión, según corresponda.

La metodología y el alcance específico de los estudios de pre-factibilidad deberán coordinarse con la UPPP de la DGIP del MEF.

A los efectos de la priorización prevista en el penúltimo párrafo del Artículo 48 de la Ley, sólo se considerará como iniciativa privada presentada en primer término aquella solicitud que acompañe la información referida en el presente artículo.

Art. 141.- Presentación y evaluación del estudio de pre-factibilidad. La presentación del estudio de pre-factibilidad se entregará, en un original y dos copias, incluidas las planillas electrónicas de cálculo desbloqueadas, editables y formuladas, en la mesa de entrada de la Unidad de PPP, donde se registrarán la fecha y hora de entrega.

Cada uno de los citados antecedentes deberá estar debidamente respaldado y fundamentado, indicando las fuentes de información utilizadas.

El MEF revisará el proyecto en sus aspectos formales en el plazo de diez (10) días contados desde la presentación; se entenderá por aspectos formales, los contenidos mínimos citados en el artículo precedente.

En caso de que se comprobare que los antecedentes se encuentran incompletos o se requiera información complementaria, el proponente deberá entregar tales recaudos e instrumentos en un plazo de cinco (5) días, contados desde la recepción de la notificación de lo solicitado. En el caso de que estos nuevos antecedentes no sean presentados dentro de plazo, se tendrá por no efectuada la presentación.

Una vez verificado que la presentación reúne los recaudos establecidos en el presente Reglamento, la Unidad de PPP deberá incluir los datos de identificación del proyecto en el Registro Público de Proyectos de PPP y remitir copia del mismo a la respectiva Administración Contratante, pata evaluarlo en coordinación con ella en el plazo de dos (2) días.

Al momento de evaluar la conveniencia de la aceptación del proyecto se deberá atender, entre otros factores, aquellos que incorporen prácticas innovadoras en el sector económico al cual corresponde el proyecto y respecto de la ejecución o provisión pública tradicional de la obra o servicio. Se considerarán preferentemente las iniciativas privadas que se desarrollen sobre bienes del dominio privado del Estado.

Se deberá considerar también que, tanto la evaluación social como el Análisis de Valor por Dinero del proyecto indiquen la conveniencia de desarrollarlo como PPP, en vez de desarrollarlo por la opción de la contratación pública tradicional.

En caso de considerarlo conveniente, el MEF deberá dictaminar en consonancia, tomando en consideración la perspectiva económica y fiscal del proyecto. El MEF deberá además verificar que la suma de aportes pecuniarios y renuncia a ingresos futuros de la Administración Contratante no exceda el diez por ciento (10%) de la Inversión Inicial.

El proceso de revisión a cargo de la Administración Contratante y del MEF se deberá llevar a cabo dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días establecido en el artículo 49 de la Ley N° 5102/2013.

Este plazo se computará desde el día siguiente a la remisión de la copia de la presentación de la iniciativa privada a la Administración Contratante por parte de la Unidad de PPP hasta la emisión de ambos dictámenes.

Dicho plazo será prorrogable por dictamen fundado de la Unidad de PPP, en el cual deberá constar además el plazo de prórroga.

La Administración Contratante, en coordinación con la DGIP, y teniendo en cuenta los antecedentes disponibles, procederá a emitir una declaración formal de interés de la propuesta de iniciativa privada o, en caso contrario, rechazarla dentro del plazo mencionado precedentemente.

Los costos de los estudios de pre-factibilidad de los proyectos serán a cargo y riesgo exclusivo de los proponentes.

Art. 142.- Presentación y evaluación del estudio de Factibilidad. El proponente de la iniciativa privada seleccionada deberá presentar los estudios de factibilidad a la Unidad de PPP. El plazo para presentar el estudio de factibilidad será fijado por la Administración Contratante en coordinación con la Unidad de PPP. Dicho plazo podrá ser prorrogado por dictamen fundado de la Unidad de PPP.

El estudio de factibilidad que presente el proponente privado deberá elaborarse conforme a la metodología y alcance que establezca la Unidad de PPP. Como mínimo, deberá contener los mismos documentos que los exigidos para los proyectos de iniciativa pública.

De conformidad al artículo 49, numeral 4) de la Ley, la Unidad de PPP dispondrá de un plazo de ciento veinte (120) días para analizar el estudio y pronunciarse sobre la iniciativa, o bien solicitar modificaciones. El análisis será efectuado en coordinación con la Administración Contratante.

Además, dentro de dicho plazo y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10, inciso b), de la Ley, se deberá contar con el dictamen del MEF, para lo cual la Unidad de PPP facilitará los antecedentes pertinentes en tiempo y forma oportunos.

El plazo se computará desde que el proponente privado haya presentado el estudio de factibilidad a la Unidad de PPP con los recaudos requeridos por ésta. El mismo será prorrogable por dictamen fundado de la Unidad de PPP, en el cual deberá constar además el plazo de prórroga.

En caso que el dictamen sea favorable, se remitirá al Poder Ejecutivo para su consideración y eventual aprobación.

Art. 143.- Derechos de reembolso de gastos del proponente. Para los efectos de determinar los gastos que se reembolsarán, el proponente de la iniciativa privada seleccionada deberá presentar un presupuesto que contenga el monto de los gastos que estima incurrirá en la realización del estudio de factibilidad.

La Administración Contratante, en conjunto con la Unidad de PPP, revisará y valorará los presupuestos presentados, a criterio de mercado, y determinará fundadamente, en el plazo máximo de 20 (veinte) días desde la presentación de los presupuestos referidos, el monto de gastos a ser reembolsados por el oferente adjudicado en el caso de que el que presentó la iniciativa privada no resulte elegido. La forma, modo y plazo del reembolso serán establecidos en las bases de la licitación.

Art. 144.- Bonificación en la evaluación de propuestas. La bonificación a ser otorgada a los proponentes se regirá por la siguiente escala:

a) Proyectos cuya inversión estimada se encuentren comprendidos entre el equivalente de doce mil quinientos (12.500) y ciento veinticinco mil (125.000) salarios mínimos mensuales, para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República: tendrán una bonificación del tres por ciento (3%).

b) Proyectos cuya inversión estimada se encuentren comprendidos entre el equivalente de ciento veinticinco mil uno (125.001) y quinientos mil (500.000) salarios mínimos mensuales, para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República: Bonificación del seis por ciento (6%).

c) Proyectos cuya inversión estimada supere el equivalente de 500.000 (quinientos mil) salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República: Bonificación del diez por ciento (10%).

El procedimiento de licitación se realizará conforme a las normas establecidas en el Capítulo TV del Título TI del presente Reglamento, una vez elaborado el pliego por la Administración Contratante y aprobado por el MEP.

Art. 145.- Reglamentación ulterior. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), previo dictamen del MEF (MEF), tendrá la facultad de reglamentar aquellos aspectos no previstos expresamente en el Reglamento.

Art. 146.- Alcance de los Proyectos de PPP. En ningún caso, los contratos de participación público-privada podrán implicar delegar en el Participante Privado las responsabilidades del Estado en:

a) Las funciones de policía y control del tráfico y del transporte terrestre, fluvial y aéreo;

b) La dirección y prestación de los servicios de educación y salud en los establecimientos públicos; y

c) La dirección y prestación de servicios de custodia y seguridad de las penitenciarias.

Art. 147.- Utilización de medios electrónicos. La sustanciación de actuaciones en vía administrativa, así como los actos administrativos que se dicten en aplicación del presente régimen, podrán realizarse por medios informáticos y telemáticos, de conformidad a las normas legales y reglamentarias de gobierno electrónico de carácter general que se dicten en el país.

Las distintas instituciones intervinientes podrán utilizar los medios electrónicos disponibles para la agilización y facilitación en la realización de las funciones técnicas propias asignadas que considere adecuado, debiendo otorgar a los datos las mismas condiciones de seguridad de la obtención hasta su utilización.

Art. 148.- Derogaciones. Deróganse todas las disposiciones establecidas en el Decreto N° 4183/2020. Deróganse asimismo todas las disposiciones que rijan las materias reglamentadas por el Reglamento y que resulten contrarias al mismo.

Art. 149.- Adecuaciones. Autorizase al MEF (MEF) a realizar las adecuaciones necesarias en sus procedimientos y estructura orgánica para la consecución de los fines establecidos en el artículo 10 de la Ley N° 5102/2013 y en el Reglamento.

Art. 150.- Refréndese por el Ministro de Economía y Finanzas y por la Ministra de Obras Públicas y Comunicaciones.

Art. 151.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.