ORDENANZA 213/2026

CODIGO CIVIL - LEY 1183/1985 art. 715

Visto: El dictamen de las Comisiones de Legislación y de Salud, Higiene y Salubridad, con relación al Mensaje N° 375/2025 S.G., por el cual la Intendencia Municipal responde a la Resolución JM/N° 5.419/24, referente a los Mensajes Nros. 595/2024 S.G. y 687/2024 S.G., que guardan relación con la propuesta de modificación de la Ordenanza N° 38/96 “Defensa al Consumidor”; y, Considerando: 1. ANTECEDENTE: Que, el 9 de mayo de 2025 tuvo entrada el Mensaje N° 375/2025 S.G. En la Sesión Ordinaria del 13 de mayo del mismo año, el Pleno dio entrada al mensaje, siendo remitido a las Comisiones de Legislación y de Salud, Higiene y Salubridad, en fecha 20/05/25. 2. CONTENIDO DEL MENSAJE N° 375/2025 S.G., DE FECHA 09/05/25: “Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su intermedio a los Miembros de la Junta Municipal, con relación a la Resolución JM/N° 5.419/24, de fecha 20 de diciembre de 2024, a través de la cual se devuelve a la Intendencia Municipal el Mensaje N° 595/2024 S.G., de fecha 25/07/24, y el Mensaje N° 687/24 S.G., de fecha 13/08/24, teniendo en cuenta que las Comisiones Asesoras dictaminantes cuenta con dos proyectos afines, que guardan relación con la modificación de la Ordenanza 38/96 “Defensa del Consumidor”, para estudio de la dirección pertinente, para su posterior remisión a la Junta Municipal para estudio y aprobación. Se acompaña el Informe de fecha 24 de marzo de 2025, del Departamento de Protección al Consumidor dependiente de la Dirección de Defensa al Consumidor y el Dictamen N° 3.273, de fecha 29 de abril de 2025, de la Unidad Ciudadana, del Departamento de Asuntos Urbanísticos, dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos”. 3. CONTENIDO DEL INFORME DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y USUARIO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE DEFENSA AL CONSUMIDOR, DE FECHA 24/03/25: “Por la presente cumplo en remitir mi proyecto de modificación y ampliación para la Ordenanza Vigente 38/96, que he entregado a la oficina de Defensa al Consumidor en 6 de junio del 2024, para su presentación y procedimientos correspondientes. El mismo había sufrido modificaciones en las posteriores impresiones que se realizaron sin mi participación y visto bueno, por lo que he hallado errores que podrán ser subsanados con el presente. Destacar además a tener en cuenta en el momento de la revisión y evaluación por parte de esta dirección que: 1. La Ordenanza Vigente 38/96 no contempla para esa dependencia el control de Fiscalización en los comercios, por lo que aún no cuenta con un marco jurídico respaldatorio para ese procedimiento. Sin embargo, por resolución de esta asesoría jurídica, actualmente se encuentra habilitadas dos funcionarias de esa dependencia realizando estas funciones. Por lo que considero importante el aporte de mi proyecto. 2. La Ordenanza vigente 38/96 no contempla el sistema de resolución de conflictos a través de la modalidad de mediaciones, como lo realizan actualmente en esa dependencia, por lo que tampoco poseen un marco regulatorio, para ese procedimiento, que la Municipalidad de Asunción realiza, por el término de 10 años, desde la creación del departamento de medicaciones (año 2015). La ordenanza actual regula la creación de un Tribunal Arbitral para la resolución de conflictos, que no se ajusta al servicio que debe brindarse a la ciudadanía por ser un ente administrativo. Que la conciliación por MEDIACIÓN, es un acto pre jurídico, que evita ingresar al campo procesal, y a una controversia; por principios de economía procesal. 3. En el campo jurídico es indispensable saber que un Tribunal arbitral debe estar pactado en las cláusulas contractuales previas entre las partes, para posibles disputas, concernientes al campo empresarial y comercial, sugeridas especialmente por la INCOTERMS, para favorecer la celeridad, en absoluto no se adecua, para que; un ciudadano pueda dirimir diferencias con algún comercio, o empresa de servicios.

LEY 1879/2002

CODIGO CIVIL - LEY 1183/1985 art. 715

CAPÍTULO II ACUERDO DE ARBITRAJE Artículo 10 Forma del acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo es escrito cuando este consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas o telegramas colaciones, en los que conste dicho acuerdo; o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo y sus términos, sea afirmada por una parte sin ser negada por otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. De acuerdo al Art. 715 del Código Civil Paraguayo y al Art. 10 y 11 de la Ley de Arbitraje de Paraguay, los acuerdos de arbitraje válidos obligan a las partes y deben ser respetados. En cuanto a los requisitos de validez, el acuerdo de arbitraje en el Proyecto de Código: (I) Que sea otorgado por escrito; (II) Que tenga efecto vinculante; (III) Que se refiera a una relación jurídica determinada; y (IV) Que dicha relación jurídica sea susceptible de ser sometida a arbitraje. 4. Además este proyecto como novedad, todas las modificaciones necesarias para la regulación desde el municipio, en defensa de los consumidores en cuanto a las sanciones administrativas relacionadas al comercio digital, ofertas en plataformas, servicio de transporte por plataformas, publicidad engañosa, comercialización online en páginas de redes sociales gratuitas, deliverys y plataformas de procesamiento de pedidos y ventas, así como las regulaciones de las ofertas en puntos de ventas y locales físicos. Carta de productos, menú de servicios en moneda local, la sugerencia de optar además con la inclusión de elaborar cartas de servicios y menús en braille. Adjunto el proyecto de modificación y ampliación de Ordenanza 38/96 en 15 páginas foliadas”. 4. CONTENIDO DEL DICTAMEN N° 3.273/25, DE LA UNIDAD CIUDADANA, DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS URBANÍSTICOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE FECHA 29/04/25: “Visto, la Nota presentada en fecha 24 de marzo de 2025, por la Abog. Patricia Guadalupe Romero Rojas, proponente del Proyecto de Ordenanza de Prevención de Estafas en compras a través de Redes Sociales, al respecto esta Asesoría Jurídica manifiesta cuanto sigue: Que, previamente se debe mencionar que, esta Asesoría Jurídica se ha expedido a través del Dictamen N° 5.193 de fecha 09 de agosto de 2024, conforme a la Minuta Verbal del Concejal Javier Pintos remitido por la Junta Municipal a través del Dictamen JM/N° 3.998/23, con ingreso a esta dependencia en fecha 30/08/2023. Que, posteriormente, por Nota S/N° presentada en fecha 24/03/2025, por la Abog. Patricia Romero Rojas, medio por el cual manifestando cuanto sigue: “... Por la presente cumplo en remitir mi proyecto de modificación y ampliación para la Ordenanza vigente 38/96, que he entregado a la oficina de Defensoría al Consumidor el 6 de junio del 2024, para su presentación y procedimientos correspondientes, el mismo había sufrido modificaciones en las posteriores impresiones que se realizaron sin mi participación y visto bueno, por lo que he hallado errores que podrán ser subsanados con el presente, destacar además a tener en cuenta en el momento de la revisión y evaluación por parte de esta dirección que, la Ordenanza vigente 38/96 no contempla para esa dependencia el control de fiscalización en los comercios, por lo que aún no cuenta con un marco jurídico respaldatorio para ese procedimiento. Sin embargo, por resolución de esta asesoría jurídica, actualmente se encuentran habilitadas dos funcionarias de esa dependencia realizando estas funciones por lo que considero importante el aporte de mi proyecto”.

Referencias · 3 notas

LEY 1879/2002

Art. 2

Art.

2°.- Se considerará proveedor a toda persona física o jurídica, pública o

privada, nacional o extranjera, que desarrolle actividades de producción,

montaje, creación, construcción, transformación, importación, exportación,

distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Art.

2°.- Se considerará oferente a toda persona física o jurídica, del sector

privado, nacional o extranjero, que desarrolle actividades de producción,

fabricación, importación, distribución, comercialización, venta o

arrendamiento de bienes o de prestación de servicios a consumidores o

usuarios, respectivamente, por los que cobre un precio o tarifa.

a) No

están comprendidos en esta ordenanza, los servicios de profesionales

liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula

otorgada por la autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se

haga de su ofrecimiento.

b) No

están comprendidas en esta ordenanza las relaciones profesionales, entre

empleado y empleador.

Art. 3

Art.

3°.- Se denomina «servicio», en esta ordenanza, a las actividades remuneradas

que se prestan habitualmente en el mercado. Quedan excluidos de esta

definición los servicios laborales que se prestan en relación de dependencia

y en las profesionales liberales.

Art.

3°.- Esta ordenanza tomará como referencia de aplicación las definiciones de

la Ley N° 1334/1998, y su modificatoria Ley N° 6366/2019, para su mejor

comprensión, siendo las siguientes definiciones:

3.1

CONSUMIDOR Y USUARIO: A toda persona física, nacional o extranjera que

adquiera, utilice o disfrute como destinatario final, para la satisfacción de

una necesidad personal, familiar o doméstica y cuando no esté ligada

intrínsecamente a una actividad económica - comercial, de bienes o servicios

de cualquier naturaleza.

3.2.

PRODUCTOS: A todas las cosas que se consumen con su empleo o uso y las cosas

o artefactos de uso personal o familiar que no se extinguen por su uso.

3.3.

SERVICIOS: A cualquier actividad onerosa suministrada en el mercado,

inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito o de seguro, con

excepción de las que resultan de las relaciones laborales.

3.4.

ANUNCIANTE: Al proveedor de bienes, sean productos o servicios que ha

encargado la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo

de información referida a sus productos o servicios.

3.5.

ACTOS DE CONSUMO: Es todo tipo de acto, propio de las relaciones de consumo,

celebrado entre proveedores y consumidores o usuarios, referidos a la

producción, distribución, depósito, comercialización, venta o arrendamiento

de bienes, muebles o inmuebles o a la contratación de servicios.

3.6.

CONSUMO SUSTENTABLE: Es todo acto de consumo, destinado a satisfacer

necesidades humanas, realizado sin socavar, dañar o afectar

significativamente la calidad del medio ambiente y su capacidad para dar

satisfacción a las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

3.7.

CONTRATO DE ADHESIÓN: Es aquél cuyas cláusulas han sido establecidas

unilateralmente por el proveedor de bienes o servicios, sin que el

consumidor, para celebrarlo, pueda discutir, alterar o modificar

substancialmente su contenido.

3.8.

INTERESES COLECTIVOS: Son aquellos intereses supraindividuales, de naturaleza

indivisible de los que sean titulares un grupo, categoría o clase de

personas, ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación

jurídica, cuyo resguardo interesa a toda la colectividad, por afectar a una

pluralidad de sujetos que se encuentren en una misma situación.

3.9.

COSTO TOTAL DE CRÉDITO (CTC): Costo efectivo de un producto o servicio

similar sujeto a una financiación, cualquiera fuere su plazo, expresado en

términos porcentuales efectivos anuales. Su cálculo incluye la tasa de

interés nominal, comisiones, los gastos de servicios y todo otro cargo,

independientemente de su denominación, que fueren percibidos por el

proveedor, con excepción de impuestos.

3.10.

OPERACIONES A CRÉDITO: Son las operaciones financieras o de compras a crédito

para el consumo de bienes o servicios en un plazo determinado.

Observación:

se entenderá que la aplicación de la ordenanza es para todo ciudadano

residente en la ciudad de Asunción.

Referencias · 2 notas

Art. 4

Art.

4°.- La Municipalidad de Asunción reconoce al consumidor de bienes y al

usuario de servicios, en esta ciudad, los siguientes derechos principales:

4.1. A

ser protegido contra bienes o productos o servicios que sean riesgosos para

la vida, la salud o la seguridad;

Art.

4°.- La Municipalidad de Asunción reconoce al consumidor de bienes y al

usuario de servicios, en esta ciudad, los siguientes derechos principales:

4.1. A

ser protegido contra oferentes que presenten y comercialicen productos o

servicios riesgosos para la salud, seguridad y la vida.

4.2. A

ejercer su libertad de elegir entre las distintas ofertas de bienes o

productos o servicios y modalidades contractuales.

4.3. A

recibir educación sobre el consumo adecuado de bienes o productos y

servicios.

4.2. A

ejercer su libertad de elegir las distintas ofertas de productos o servicios

disponibles, y modalidades contractuales que beneficien la relación entre

oferente y ofertante.

4.3. A

recibir información, educación y difusión sobre el consumo adecuado de

productos y servicios disponibles en el mercado por parte del personal a

cargo de la prestación de servicio.

Municipalidad de Asunción a través del Departamento de Protección del

Consumidor capacitará al personal en atención directa al consumidor

entiéndase (Locales de gastronomía, locales de venta de telefonía,

electrónica y artículos para el hogar, supermercados, sanatorios y otros

centros de atención de salud) para el efecto otorgará una certificación

escrita cuya duración será de 1 año y de carácter obligatorio)

El no

contar con la mencionada certificación será pasible de sanciones equivalentes

a multas o suspensión temporal de las actividades del local.

4.4. A

recibir información suficiente y veraz, en idiomas nacionales, de parte del

ofertante, sobre la especie, origen, calidad, cantidad, composición, efectos,

riesgos, frecuencia o modo de empleo, dosis, mantenimiento, validez o

duración, precio, modalidades de pago, garantías, accesorios y recargos,

penalidades y demás datos indispensables para ejercer plenamente la libertad

reconocida en el inciso anterior.

4.4. A

recibir información suficiente y veraz, en idiomas nacionales, de parte del

ofertante, sobre la especie, origen, calidad, cantidad, composición, efectos,

riesgos, frecuencia o modo de empleo, dosis, mantenimiento, validez o

duración, precio, modalidades de pago, garantías, accesorios y recargos,

penalidades y demás datos indispensables para ejercer plenamente la libertad

reconocida en el inciso anterior. (Falta grave).

4.5. A

recibir el bien, producto o servicio que fue ofrecido, aunque la oferta haya

sido hecha a personas indeterminada;

4.5. A

recibir el producto o servicio que fue ofrecido, exactamente especificado y

descripto en la oferta comunicada por cualquier medio de difusión, sean redes

sociales, correos electrónicos, a través de teléfonos móviles, llamadas

telefónicas, prensa escrita, radial o televisiva.

4.6. A

ser protegido contra la publicidad engañosa, contra métodos comerciales,

coercitivos, contratos abusivos o confusos, falsas promesas de garantías,

premios o gratificaciones y contra cualquier otra modalidad empleada para

crear expectativas sin intención real de satisfacerlas.

Propuesta

ampliada

4.6. A

ser protegido contra la publicidad engañosa, contra métodos comerciales,

coercitivos, contratos abusivos o confusos, falsas promesas de garantías,

premios o gratificaciones y contra cualquier otra modalidad empleada para

crear expectativas sin intención real de satisfacerlas.

4.6.1.

Se entenderá por publicidad engañosa a toda difusión de información errónea,

ambigua, inexacta, capciosa, que no refleje correctamente la oferta, que no

permita una comprensión, lectura y asimilación por parte del consumidor o

usuario, y lo induzca equívocamente a realizar una compra, que no refleja la

oferta obtenida, una vez finalizada la transacción.

Art. 4

Por poseer letras

pequeñas, códigos incomprensibles, por no estar ubicados en el producto

adecuado, por no describir el producto, el descuento, la forma de pago, las

condiciones o cuotas y accesorios. (Falta grave)

4.6.2.

Se entenderán por contratos abusivos o leoninos, aquellos que restrinjan los

derechos del consumidor en alguna cláusula, aquellos que limiten la capacidad

de elección, cláusulas que contengan el monto pactado en la transacción con

una notoria desproporción de ventaja económica para el proveedor en relación

a lo ofertado, aquellos que contravengan la ley en el fuero ordinario,

aquellas que debieron brindar garantías y servicios post ventas, aquellas que

poseen vicios redhibitorios, aquellas que pacten intereses punitorios sobre

intereses moratorios que excedan los estipulados por el Banco Central del

Paraguay, aquellos que basándose en la ligereza, necesidad e inexperiencia

del consumidor y usuario celebre contratos a expensas del desconocimiento.

4.7. A

exigir a las autoridades la asunción de medidas preventivas para evitar, o

para asegurar la reparación de daños y perjuicios, particulares o colectivos

de, privado o

por derechos difusos.

4.7. A

exigir a las autoridades la disposición y ejecución de medidas preventivas

para reparar daños y perjuicios, contra particulares o colectivos,

preservando los derechos difusos.

4.8. A

asociarse para coordinar con la Municipalidad la mejor defensa de sus

derechos y formular propuestas para el mejoramiento de las normas y métodos

de protección.

SIN

MODIFICACIONES

CAPÍTULO III DE LAS CONDICIONES DE OFERTAS

Art. 5

Art.

5°.- Los bienes y servicios ofertados pública o privadamente no deberán

implicar riesgos para la salud o seguridad de consumidores y usuarios. En el

caso de que supongan riesgos inherentes o posibles, los mismos deberán ser

advertidos en forma expresa, visible, en idiomas nacionales, en anuncios

publicitarios, en carteles indicadores, en el envase, verbalmente o por otros

medios idóneos si ninguno de los mencionados sea posible.

Propuesta:

Modificación y Ampliación

Art.

5°.- Los productos y servicios ofertados pública o privadamente no deberán

implicar riesgos para la salud o seguridad de consumidores y usuarios. En el

caso de que supongan riesgos inherentes o pasibles de serlo, los mismos

deberán ser advertidos en forma expresa, visible, en el idioma nacional, o

con gráficos de advertencia. Los mismos también pueden difundirse en anuncios

publicitarios, en carteles indicadores, en el envase, empaque o embalaje, o

por otros medios idóneos que transmitan la advertencia, e informe al

consumidor o usuario.

5.1

Los productos ofrecidos deberán contar en un lugar visible el vencimiento y

la fecha de elaboración de los mismos. (falta grave).

5.2

Los productos ofertados que se encuentren próximos a su vencimiento e

igualmente sean ofertados 30 días antes del mismo, para comestibles y antes

de los 60 días para otros artículos de consumo masivo, sean productos de

belleza, medicamentos de venta libre, artículos de higiene e insumos

domiciliarios con vencimiento, como pinturas, detergentes, insecticidas y

aquellos que poseen caducidad próxima a los plazos mínimos citados, deberán

ser comunicados al consumidor por medios idóneos, ya sean en el cartel de la

estantería, góndola, anaqueles, a través de indicadores, marcadores de sitio,

y/o publicidad del mismo, expresando la fecha del próximo vencimiento y el

descuento ofrecido por el mismo.

5.3

Los productos vencidos, que aún se encuentren en exposición u oferta, en el

momento de ser fiscalizados deberán ser inmediatamente retirados e

inutilizados de la vía de comercialización y exposición al público. La

inutilización deberá ser inmediata, en presencia de los fiscalizadores y por

el medio que elija, el oferente. (Falta gravísima).

5.4

Todos los productos que representen un riesgo para la salud o la seguridad

del consumidor final, que no lo adviertan y comuniquen, en frascos, etiquetas

o empaques, y sean de libre comercialización, podrán ser retirados de

exhibición en el comercio, hasta que los mismos sean modificados en un plazo

de 15 días, a ser fiscalizados nuevamente. En el caso de reincidencia, o el

no cumplimiento del plazo para su modificación, constituirá motivo para su

retiro e inutilización. (Falta gravísima).

5.5

Serán considerados productos riesgosos para la salud, a ser fiscalizados,

todos aquellos exhibidos en el mercado local, de procedencia nacional o

extranjera que no estén sujetos al control ejercido por el ministerio de

salud pública y bienestar social y demás entes rectores.

Art. 6

Art.

6°.- Toda oferta obliga al oferente durante el tiempo de vigencia anunciado y

con las mismas condiciones. La revocación, para que sea eficaz, debe hacerse

pública por medios y destaque similares a los empleados para la oferta.

Propuesta

ampliación:

Art.

6°.- Toda oferta obliga al oferente durante el tiempo de vigencia anunciado y

con las mismas condiciones. La revocación de la misma, para que sea eficaz,

debe hacerse pública por medios y destaque similares a los utilizados para la

oferta. La comunicación de la oferta debe ser clara, visible, comprensible y

descriptiva. Ubicados cerca del producto o servicio descripto. (Falta grave).

6.1.

La oferta de productos de consumo masivo en tiendas de autoservicio,

supermercados, y toda tienda física de exposición y venta de los mismos, así

como las tiendas virtuales de plataformas informáticas con exposición visual,

y vendedores independientes que utilicen medios virtuales, informáticos en

redes sociales, o por medio telefónico; deberán expresar claramente el precio

y la vigencia de lo ofrecido, utilizando solo el precio en moneda local, en

tamaño legible y visible, con imágenes, descripción y condiciones de la oferta.

Evitando letras pequeñas, códigos del producto como referencia de los mismos,

evitando que induzcan a confusión entre oferta y producto.

6.2

Las ofertas de consumo masivo ofertados en plataformas informáticas a través

de aplicaciones virtuales, se considerarán como un comercio de existencia

física para el consumidor y usuario de la plataforma, respetando el precio de

lista, las gráficas de los productos; los mismos deberán corresponder a la

oferta descripta y al precio, no podrán variarse, ni modificarse

posteriormente a una compra realizada.

6.3 La

existencia y el stock publicado en las plataformas virtuales deberán ser

comunicados al consumidor antes de dar la confirmación de la compra, realizar

la entrega y el pago.

6.4

Cuando el pago fuese virtual por medios electrónicos, la devolución de lo

abonado por productos inexistentes ofertados y vendidos al consumidor,

deberán ser reintegrados electrónicamente de forma inmediata, por el mismo

medio efectivizado para el cobro. (Falta grave).

6.5

Los comercios oferentes en plataformas virtuales como canales de

comercialización y distribución hacia el consumidor final, están obligados a

presentar la misma calidad, de lo ofrecido en una tienda física de contacto

directo. Cuando la oferta virtual no corresponda con la adquirida por el

consumidor final, se considerará una falta de comunicación, y se entenderá,

por publicidad engañosa de la oferta, si antes de comercializarla, no se dio

comunicación y advertencia de la misma al consumidor. (Falta grave).

6.6

Serán considerados productos ofrecidos como servicios al consumidor final

todas aquellas plataformas informáticas que brinden servicios de encomiendas,

deliverys, traslado de personas, y compras virtuales, por diversos canales,

sean por casilleros postales, páginas web o sitios digitales, de aplicación

directa entre oferente y consumidor o usuario que generen una relación

jurídica comercial, se regirán por esta ordenanza en sus transacciones

comerciales, de ofertas públicas y privadas. En toda ocasión deberán respetar

el precio ofertado a la vista en plataformas y las pactadas con antelación a

la decisión de compra del servicio o producto a través de la misma, no

pudiéndose modificar el monto, si antes no estaba expresada esa posibilidad,

descripta claramente, de forma cuantificable y medible por el usuario o

consumidor y su correcta y clara comprensión en la posibilidad de la

variación, en el momento de pactar el precio final de lo adquirido.

Art. 7

Art.

7°.- Tanto en las ofertas dirigidas a la generalidad de las personas, que se

efectúan por los medios de comunicación masiva, como la que se efectúan personalmente,

en la vía pública, a domicilio, por vía postal, telefónica u otros similares,

el oferente debe expresar sin dejar lugar a confusión su nombre o razón

social, dirección, número telefónico y demás datos aptos para ser ubicado e

identificado.

Las

ofertas efectuadas sin esta información, mencionando casilleros postales o

meras direcciones; nombres o razones sociales falsos, inexistentes o no

inscriptos: iniciales o códigos de llamada confidencial; constituirán

infracciones graves, si de ellas se derivara engaño o perjuicio para el

consumidor o usuario. Si no, serán consideradas faltas leves.

Artículo

modificado

Art.

7°.- Tanto en las ofertas dirigidas a la generalidad de las personas, que se

efectúan por los medios de comunicación masivos, o personalmente, en la vía

pública, a domicilio, por vía postal, telefónica, informáticas y virtuales u

otros similares, el oferente siempre deberá comunicar, sin dejar lugar a confusión

su nombre o razón social, dirección, número telefónico y demás datos aptos

para ser ubicado e identificado. (Falta grave).

Las

ofertas efectuadas sin esta información o con falseamiento de datos; como

nombres, razones sociales falsos, inexistentes o no inscriptos: llamadas sin

identificación de remitente y si de ellas se derivara engaño o perjuicio para

el consumidor o usuario, serán consideradas infracciones.

Art. 10

Art.

10.- Los restaurantes, bares u otro negocio de gastronomía, deberán exhibir

su menú con las listas de precios en la entrada del negocio.

Art.

10.- Los restaurantes, bares u otros negocios de gastronomía, y las empresas

prestadoras de servicios; peluquerías, spas, salones de estéticas, barberías,

deberán exhibir la lista de precios, siendo la carta de servicios o

productos, un menú detallado con los precios vigentes en moneda local que

deberá estar presente visualmente y de fácil acceso al cliente, consumidor.

Las cartas de servicio o menú de la oferta, deberán ser por medios escritos e

impresos, o por medios digitales, web, QR; siempre que el acceso y difusión

sean posibles para el cliente, consumidor. (Falta grave).

promoverá la inclusión de métodos para clientes, consumidores y usuarios con

discapacidad, fomentando entre los oferentes, la incursión en métodos de

lectura braille, lenguaje de señas, y otros medios didácticos, para la

comunicación de precios y la oferta. No siendo una falta administrativa la

ausencia de los mismos.

CAPÍTULO

IV DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN SECCIÓN I - INFORMACIÓN AL

CONSUMIDOR

10.1

Sistema de información. La autoridad de aplicación implementará un sistema de

información, con la colaboración de las entidades de consumidores y

especialistas en el área que atienda, como mínimo los siguientes objetivos:

10.2

Información, ayuda y orientación a los usuarios y consumidores para el

efectivo ejercicio de los derechos que le acuerde la Ley.

10.3

Orientación de quejas y reclamos hacia los organismos competentes para su

solución.

11.1 Sistema

de Información. La autoridad de aplicación local, en el Municipio de

Asunción, a través de la Dirección de Defensa al Consumidor del Área Social,

en colaboración con entes afines en funciones de protección al consumidor y

usuario promoverán los siguientes objetivos:

11.2

Información, ayuda y orientación a los usuarios y consumidores para el

efectivo ejercicio de los derechos que le acuerde la ley y esta ordenanza.

11.3

Orientación de quejas y reclamos en el Departamento de Protección al

Consumidor y Usuarios, a través de los servicios ofrecidos, como la opción de

mediación para la resolución de los mismos entre oferentes y

consumidores/usuarios.

SECCIÓN II EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR

Art. 11

Art. 11.-

Objetivos. El área de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Asunción

atenderá especialmente a los siguientes objetivos de educación y formación de

los consumidores:

11.1

Promover la mayor libertad y racionalidad en el consumo de bienes y la

utilización de servicios.

11.2

Facilitar la comprensión y utilización de las informaciones sobre consumo.

11.3

Difundir el conocimiento de los deberes y derechos de los consumidores y

usuarios y las formas más adecuadas de ejercerlos.

11.4

Fomentar la prevención de riesgos derivados del consumo de productos o la

utilización de servicios.

11.5

Adecuar las pautas de consumo a una utilización racional de los recursos

naturales.

11.6

Iniciar y potenciar la formación de los educadores municipales en este campo.

SIN

MODIFICACIONES

Art. 12

Art.

12.- Objetivos. El área de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de

Asunción atenderá especialmente a los siguientes objetivos de educación y

formación de los consumidores:

12.1

Promover la mayor libertad y racionalidad en el consumo de bienes y la

utilización de servicios.

12.2

Facilitar la comprensión y utilización de las informaciones sobre consumo.

12.3

Difundir el conocimiento de los deberes y derechos de los consumidores y

usuarios y las formas más adecuadas de ejercerlos.

12.4

Fomentar la prevención de riesgos derivados del consumo de productos o la

utilización de servicios.

12.5

Adecuar las pautas de consumo a una utilización racional de los recursos

naturales.

12.6

Iniciar y potenciar la formación de los educadores municipales en este campo.

CAPÍTULO

V DE LAS ASOCIACIONES

Art.

12.- El área de Defensa del Consumidor promoverá la organización de

consumidores y usuarios para la educación e información destinada a la

defensa de sus derechos.

Sin

modificaciones

Art. 13

Art.

13.- El área de Defensa al Consumidor promoverá la organización de

consumidores y usuarios para la educación e información destinada a la

defensa de sus derechos.

Art.

13.- Inscripción. Para poder gozar de cualquier beneficio que le otorgue la

presente ordenanza y sus disposiciones reglamentarias, las asociaciones de

consumidores inscribirán en un registro que a tal fin se habilitará en el

área de Defensa del Consumidor. No podrán inscribirse las asociaciones de

consumidores y usuarios que:

13.1

Incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro.

13.2

Perciban ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas que

suministren bienes, servicios o productos a los consumidores o usuarios.

13.3

Realicen publicidad comercial o cualquiera que no sea meramente informativa,

de bienes, productos o servicios.

13.4

Se dediquen a actividades opuestas de la defensa de los intereses de

consumidores y usuarios, su educación e información.

SIN

MODIFICACIONES

Art. 14

Art.

14.- Inscripción. Para poder gozar de cualquier beneficio que le otorgue la

presente ordenanza y sus disposiciones reglamentarias, las asociaciones de

consumidores inscribirán en un registro que a tal fin se habilitará en el

área de Defensa al Consumidor. No podrán inscribirse las asociaciones de

consumidores y usuarios que:

14.1

Incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro.

14.2

Perciban ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas que

suministren bienes, servicios o productos a los consumidores o usuarios.

14.3

Realicen publicidad comercial o cualquiera que no sea meramente informativa,

de bienes, productos o servicios.

14.4

Se dediquen a actividades opuestas de la defensa de los intereses de

consumidores y usuarios, su educación e información.

Art.

14.- Consejo. El Ejecutivo Municipal creará un órgano de representación y

consulta de consumidores y usuarios, integrado por representantes de las

asociaciones respectivas, sin remuneración municipal. A tal efecto

determinará la composición y funciones del consejo de Defensa de los

Consumidores. La Intendencia podrá organizar a asociaciones de consumidores y

oferentes en consejos consultivos para la mejor comunicación recíproca y

regulación de sus respectivos intereses.

SIN

MODIFICACIONES

Art. 15

Art.

15.- Consejo. El Ejecutivo Municipal creará un órgano de representación y

consulta de consumidores y usuarios, integrado por representantes de las

asociaciones respectivas, sin remuneración municipal. A tal efecto

determinará la composición y funciones del consejo de Defensa de los

Consumidores. La Intendencia podrá organizar a asociaciones de consumidores y

oferentes en consejos consultivos para la mejor comunicación recíproca y

regulación de sus respectivos intereses.

Art.

15.- Sistema arbitral

15.1.

La Municipalidad de Asunción establecerá un sistema arbitral que, por medio

de un Tribunal Arbitral, atienda y resuelva las quejas o reclamos de

consumidores y usuarios. Será única condición la realización de previa

audiencia de los sectores interesados y de las Asociaciones de consumidores y

usuarios, siempre que no exista intoxicación, lesión o muerte, ni indicios

razonables de Comisión de delito. Este Sistema Arbitral, será instancia de

juzgamiento de las garantías protegidas por esta Ordenanza. Todo ello sin

perjuicio de la protección administrativa y judicial que en cada caso

corresponda.

15.2

El sometimiento de las partes al Tribunal Arbitral, será voluntario y surgirá

de su consentimiento expreso.

15.3

La Tribunal Arbitral estará compuesto por un presidente que representará al

área de Defensa al Consumidor, el que deberá poseer título de Abogado, y dos

miembros representantes de los consumidores y del sector empresarial

involucrado en el caso en análisis, respectivamente, que no necesitarán

poseer título de abogado. La actuación de los miembros será ad honorem y su

designación será efectuada por los gremios respectivos.

15.4 Las

resoluciones que dicte este Tribunal Arbitral en cada caso particular tendrán

carácter vinculatorio y ejecutivo para ambas partes. El incumplimiento de las

resoluciones arbitrales se considerará infracción. Asimismo podrá instaurar

oficinas de recepción de denuncias y tribunales arbitrales para dirimir

controversias, sin perjuicio de los demás medios legales a que las partes

tengan derecho. La aceptación de la competencia del Tribunal Arbitral creará

la obligación de cumplir su decisión. La violación de esta regla constituirá

falta gravísima.

Propuesta:

Eliminación del Sistema de Arbitral

Art. 16

Art.

16.- Sistema Resolución de Conflictos.

16.1

Mediación. Las mediaciones realizadas en las oficinas del Municipio brindarán

al consumidor final o usuario la posibilidad de mediar en la resolución de

conflictos originados por denuncias sobre productos o servicios no

satisfactorios, siendo el denunciante y el denunciado, las partes interesadas

de la mediación, oficiando de conciliador y moderador la oficina de Protección

al consumidor y usuario de la Dirección de Defensa al consumidor.

Municipalidad de Asunción establecerá un sistema de Resolución de Conflictos

que, por medio de una Mediación, atienda y resuelva las quejas o reclamos de

consumidores y usuarios. Será única condición la realización de previa

audiencia de los sectores interesados y de las Asociaciones de consumidores y

usuarios, siempre que no exista intoxicación, lesión o muerte, ni indicios

razonables de comisión de delito. Este Sistema de Resolución de Conflictos,

será instancia de juzgamiento de las garantías protegidas por esta ordenanza.

Todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y judicial que en

cada caso corresponda.

16.2

El sometimiento de las partes al Sistema de Resolución de Conflictos, o al

proceso administrativo de mediación, brindados por el Municipio de Asunción,

serán de carácter voluntario y surgirá de su consentimiento expreso entre las

partes.

16.3

La Mesa Mediadora de Conflictos estará compuesto por un Mediador que

representará al área de Defensa al Consumidor, el que no deberá

necesariamente poseer título de Abogado, y dos miembros representantes de los

consumidores y del sector empresarial involucrado en el caso en análisis,

respectivamente, que no necesitarán poseer título de abogado. La actuación de

los miembros será ad honorem y su designación será efectuada por los gremios

respectivos.

a) La

mediación se lleva a cabo por consentimiento de las partes. Cuando un

consumidor o usuario se encuentre vulnerado en sus derechos y no se haga

posible la presencia del oferente denunciado para una conciliación, se

instituirá:

b) La

derivación del acta de la fiscalización de oficio a dicho establecimiento

para el control del mismo. Se labrará un acta de intervención.

c) La

misma será remitida con el informe de la fiscalización, las pruebas del

denunciante; y se formará el expediente para la remisión al Juzgado de Faltas

Municipal para su juzgamiento.

d) El

Juzgado de Faltas Municipal deberá aplicar el juzgamiento según las faltas

establecidas en esta Ordenanza, para cada acción u omisión constadas en actas

de intervención, actas de acuerdos conciliatorios, y sus expedientes de

denuncias de consumidores y usuarios vulnerados en sus derechos.

16.4

La sesión de mediación, estará conformada por el mediador o conciliador que

podrá ser un funcionario técnico capacitado en mediaciones, o de profesión

abogado, las partes conformadas por el denunciado y el denunciante, un

funcionario habilitado como dactilógrafo para la redacción del acta de

acuerdo entre las partes, será optativa la presencia del técnico jurídico,

como testigo y/o promotor de los derechos protegidos y buenas prácticas

comerciales en el marco legislativo. (Falta gravísima)

Las

resoluciones que dicte este Sistema de Resolución de Conflictos, como los

acuerdos logrados en las sesiones de mediación, en cada caso particular

tendrán carácter vinculatorio y ejecutivo para ambas partes.

16.5

Asimismo, la Dirección de Defensa al Consumidor recibe en sus oficinas y

dependencias denuncias, con el fin de dirimir controversias, sin perjuicio de

los demás medios legales a que las partes tengan derecho. La aceptación de la

sesión de mediación y el acuerdo pactado en actas, o la resolución de un

tribunal arbitral creará la obligación de cumplir su decisión. (Falta

gravísima).

Art. 16

Propuesta

Ampliación incluyendo un nuevo capítulo

Capítulo

De las

Medidas de Control

CAPÍTULO

VII FALTAS, SANCIONES Y MEDIDAS

Art. 16.-

La violación de las disposiciones de esta ordenanza serán consideradas faltas

o contravenciones y sanciones con: Amonestación, multa, inhabilitación total

o parcial, definitiva o temporal, y decomiso. Con excepción de la

amonestación, las diferentes penas podrán ser aplicadas separada o

conjuntamente, en cada caso, de acuerdo a la siguiente escala:

16.1

Faltas leves: amonestación; multa de hasta el equivalente de uno a treinta

jornales mínimos vigentes para actividades diversas no especificadas en la

Capital;

16.2

Faltas graves: multa de hasta el equivalente de treinta a trescientos sesenta

y cinco jornales mínimos, inhabilitación temporal o definitiva; decomiso;

16.3

Faltas gravísimas: multa de hasta el equivalente de trescientos sesenta y cinco

a diez mil jornales mínimos, vigentes para actividades diversas no

especificadas en la capital.

Propuesta

Ampliación incluyendo un nuevo capítulo

Capítulo VI

Art. 17

De las

Medidas de Control

Art.

17.- Las medidas de control para el cumplimiento de la defensa de los

derechos del consumidor y usuario se llevarán a cabo por la Dirección de

Defensa al Consumidor, a través de sus dependencias operativas y

administrativas, las cuales serán de carácter operativo cuando realicen

intervenciones en los locales de todo comercio oferente en el territorio

comprendido al Municipio de Asunción, con el objetivo de:

17.1

Visitar periódicamente los establecimientos a fin de cumplir y hacer cumplir

la ordenanza vigente de protección de los derechos del consumidor y usuario.

Serán pasibles de fiscalización todos los locales y establecimientos

comerciales, que a título oneroso oferten productos o servicios.

17.2

El sistema operativo se caracteriza por la intervención de oficio y un acta

de resultado del mismo, en cuanto a competencia y atribuciones.

objeto de los mismos es controlar:

a) De

las calidades, cantidades, precios, disposición, etiquetado, descripción,

indicaciones, seguridad, peso adecuado, embalado, envases, contenedores,

caducidad, perención, vencimientos, usos, higiene, condiciones y disposición

de lo ofertado, mobiliario, manipulación de los mismos, depósitos y

almacenes, sistema de refrigeración, exposición y exhibición de lo ofertado

que garantice su calidad y garantía en la oferta.

Comunicación de lo ofertado, rótulos, stickers, slogan, publicidad,

indicaciones envases y cajas con idioma nacional, descripción de ingredientes

y composición en idioma nacional.

Advertencias a la salud y modalidad de consumo, cartelería informativa en

estantes, góndolas, vidrieras y exhibidores en general. Tanto de productos de

cosecha, elaboración, producción nacional, como de los mismos productos de

carácter internacional importados en el país para su comercialización y consumo

final, en todos los rubros pasibles de ser ofertados. Siendo excluyentes los

de competencia para el control del Ministerio de Salud Pública y Bienestar

Social, a excepción de los que por disposición expresa de ley se delega el

control de apoyo y fiscalización al Municipio de Asunción a través de la

dependencia operativa.

d) El

control del peso correcto de balanzas para comercialización de alimentos por

pesaje, en el mercado local, será responsabilidad de esta dependencia, bajo

la coordinación y la delegación del ente rector a cargo.

17.3

De las actas de intervención se derivan las tipificaciones de faltas

administrativas para sus respectivas sanciones por el Juzgado de Faltas.

17.4

De las actas administrativas, resultados del servicio de mediación, no

pertenecientes a las operativas, serán derivadas también al Juzgado de

Faltas, cuando estas no cumpliesen el acuerdo pactado o contraviniesen

manifiestamente, algún artículo de la presente, que falten a la buena fe,

condiciones de venta, condiciones sanitarias, garantías, servicios post

ventas, vicios redhibitorios, entre las partes, como proveedor y usuario o

consumidor.

CAPÍTULO VII FALTAS,

Art. 18

SANCIONES Y MEDIDAS

Art.

18.- La violación de las disposiciones de esta ordenanza serán consideradas

faltas y serán sancionadas con: Amonestación, multa, inhabilitación total o

parcial, definitiva o temporal, y decomiso. Con excepción de la amonestación,

las diferentes penas podrán ser aplicadas separada o conjuntamente, en cada

caso, de acuerdo a la siguiente escala:

18.1

Faltas leves: amonestación, multa de hasta el equivalente de uno a treinta

jornales mínimos vigentes para actividades diversas no especificadas en la

Capital.

18.2

Faltas graves: multa de hasta el equivalente de treinta a trescientos sesenta

y cinco jornales mínimos, inhabilitación temporal o definitiva; decomiso.

18.3

Faltas gravísimas: multa de hasta el equivalente de trescientos sesenta y cinco

a diez mil jornales mínimos, vigentes para actividades diversas no

especificadas en la capital.

Art.

17.- Se considerarán infracciones en materia de defensa de los consumidores y

usuarios:

17.1

El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o

prohibiciones en materia sanitaria. (Falta grave).

17.2

Las acciones u omisiones que produzcan riesgos para la salud de los

consumidores o usuarios, sean en forma intencional o por negligencia. (Falta

grave a gravísima).

17.3

La alteración, adulteración o fraude de bienes y servicios susceptibles de

consumo, por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento,

alteración en su composición o calidad; el incumplimiento de las condiciones

que correspondan a su naturaleza o garantía o al arreglo o reparación de

bienes durables, que impida reconocer la verdadera naturaleza del producto o

servicio. (Falta grave).

17.4

El incumplimiento de normas sobre ordenamiento del mercado interno,

mercaderías sin el peso justo, o cualquier otro tipo de actuación ilícita que

suponga un aumento injustificado de precios o márgenes de comercialización;

17.5

El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o

tipificación de productos, etiquetado, envasado, garantías y publicidad de

bienes y servicios. (Falta Grave).

17.6

El incumplimiento de las normas sobre seguridad, en cuanto afecten o puedan

dar lugar a un riesgo para el usuario o el consumidor. (Falta Grave)

17.7

El incumplimiento de las normas relativas a los productos importados; (Falta

grave).

17.8

La obstrucción o negativa a suministrar datos o facilitar las tareas de

información, vigilancia o inspección de las autoridades pertinentes;

17.9

Incumplimiento de los acuerdos conciliatorios.

17.10

En general, la falta de cumplimiento de los requisitos, obligaciones o

prohibiciones establecidas en esta ordenanza y disposiciones reglamentarias;

en los casos en que esta ordenanza no determine la calificación de las

contravenciones, estas serán calificadas por el Juzgado de Faltas Municipales

en consideración a la peligrosidad generada por el acto, a sus consecuencias,

a la concurrencia, reiteración o reincidencia.

Art. 19

Art.

19.- Se considerarán infracciones en materia de defensa de los consumidores y

usuarios:

19.1

El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o

prohibiciones en materia sanitaria. (Falta gravísima).

19.2

Las acciones u omisiones que produzcan riesgos para la salud de los

consumidores o usuarios, sean en forma intencional o por negligencia. (Falta

gravísima).

19.3

La alteración, adulteración o fraude de bienes y servicios susceptibles de

consumo, por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento,

alteración en su composición o calidad; el incumplimiento de las condiciones

que correspondan a su naturaleza o garantía o al arreglo o reparación de

bienes durables, que impida reconocer la verdadera naturaleza del producto o

servicio. (Falta grave).

19.4

El incumplimiento de normas sobre ordenamiento del mercado interno,

mercaderías sin el peso justo, la información, el precio, las garantías y

condiciones de venta, o cualquier otro tipo de actuación ilícita que suponga

una desventaja manifiesta para el consumidor o usuario. (Falta grave a

gravísima).

19.5

El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o tipificación

de productos, etiquetado, envasado, garantías y publicidad de bienes y

servicios. (Falta Grave).

19.6

El incumplimiento de las normas sobre seguridad, en cuanto afecten o puedan

dar lugar a un riesgo para el usuario o el consumidor. (Falta Gravísima)

19.7

El incumplimiento de las normas relativas a los productos importados;

etiquetas en idioma nacional, descripción, detalle, usos, cantidad y

composición. (Falta grave en reincidencia).

19.8

La obstrucción o negativa a suministrar datos o facilitar las tareas de

información, vigilancia o inspección de las autoridades pertinentes; la

prohibición será considerada falta gravísima. Se tendrá una tolerancia de 15

minutos para la autorización de ingreso al local a ser fiscalizado.

19.9

Incumplimiento de los acuerdos conciliatorios;

19.10

En general, la falta de cumplimiento de los requisitos, obligaciones o

prohibiciones establecidas en esta ordenanza y disposiciones reglamentarias; en

los casos en que esta ordenanza no determine la calificación de las contravenciones,

estas serán calificadas por el Juzgado de Faltas Municipales en consideración

a la peligrosidad generada por el acto, a sus consecuencias, a la

concurrencia, reiteración o reincidencia.

Art.

18.- Medidas preventivas. Se aplicará como medida preventiva la clausura o

cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con la

autorización o registros sanitarios correspondientes, o la suspensión de su

funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los

requisitos en materia de sanidad, higiene o seguridad. Para el mejor

cumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza, la Municipalidad podrá tomar

las siguientes medidas preventivas:

18.1

Desalojos o desocupaciones.

18.2

Inhabilitaciones de local.

18.3

Suspensión de actividades o de obras.

18.4

Secuestros. Inmovilizaciones, demoliciones, remociones, e inutilización de

cosas.

18.5

Suspensión de autorizaciones o retención de licencias.

Una

vez dispuestas y aplicadas estas medidas, deberán remitirse los antecedentes

al Juzgado de Faltas Municipales y, en su caso, al fuero ordinario.

Art. 20

Art.

20.- Medidas preventivas. Se aplicará como medida preventiva la clausura o

cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con la

autorización o registros sanitarios correspondientes, o la suspensión de su

funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los

requisitos en materia de sanidad, higiene o seguridad. Para el mejor

cumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza, la Municipalidad podrá tomar

las siguientes medidas preventivas:

20.1

Desalojos o desocupaciones.

20.2

Inhabilitaciones de local.

20.3

Suspensión de actividades o de obras.

20.4

Secuestros. Inmovilizaciones, demoliciones, remociones, e inutilización de

cosas.

20.5

Suspensión de autorizaciones o retención de licencias.

Una

vez dispuestas y aplicadas estas medidas, deberán remitirse los antecedentes

al Juzgado de Faltas Municipales y, en su caso, al fuero ordinario.

CAPÍTULO

VIII DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Art.

19.- Corresponderá al Ejecutivo Municipal reglamentar la presente ordenanza,

en el lapso de noventa días, con aprobación de la Junta Municipal.

Art. 24

Art.

24.- Comuníquese a la Intendencia Municipal.

6. CONTENIDO DE LA NOTA DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN, DE FECHA 21/08/2025:

“Tengo a bien dirigirme a Ud., en carácter de Presidente de la Comisión de Legislación, a fin de comunicarle que se encuentra en estudio de esta Comisión el “... Mensaje N° 375/2025 S.G., la Intendencia Municipal responde a la Resolución JM/N° 5.419/24, que guarda relación con el dictamen de las Comisiones de Legislación y de Salud, Higiene y Salubridad, por la que se devuelve a la Intendencia Municipal el Mensaje N° 595/2024 S.G, y el Mensaje N° 687/24 S.G., teniendo en cuenta que las Comisiones Asesoras dictaminantes cuentan con dos proyectos de ordenanza afines, que guardan relación con la modificación de la Ordenanza N° 38/96 “Defensa al Consumidor”, para estudio de la dirección pertinente, para su posterior remisión a la Junta Municipal para estudio y aprobación”.

Que, esta Comisión luego del análisis de la Ordenanza N° 38/96 “Defensa al Consumidor”, considera oportuno que la Intendencia Municipal, realice un estudio técnico y circunstanciado sobre la Propuesta de modificación de la Ordenanza presentada por la Lic. Patricia Lorena González, Jefa del Departamento de Mediación y Conciliación de la Municipalidad de Asunción.

Esperando contar con lo solicitado en la brevedad posible, me despido de Ud., no sin antes hacer propicia la oportunidad para renovarle las seguridades en mi más distinguida consideración”.

7. CONTENIDO DEL DICTAMEN N° 6.578, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE FECHA 11/11/2025:

“Visto, la Nota de fecha 21 de agosto del corriente, remitida por la Comisión Asesora de Legislación dependiente de la Junta Municipal de Asunción, con referencia a la Modificación de la Ord. N° 38/96, al respecto esta Asesoría Jurídica manifiesta cuanto sigue:

Que, previamente se debe mencionar que, esta Asesoría Jurídica se ha expedido a través del Dictamen N° 5.193 de fecha 09 de agosto de 2024, conforme a la Minuta Verbal del Concejal Javier Pintos remitido por la Junta Municipal a través del Dictamen JM/N° 3.998/23, con ingreso a esta dependencia en fecha 30/08/2023.

Que, posteriormente, en fecha 29 de abril de 2025, por Dictamen N° 3.273 se ha emitido parecer Jurídico conforme a lo peticionado por la Abog. Patricia Romero Rojas, por modificaciones introducidas a la mencionada Ordenanza.

Que, por NOTA de fecha 21 de agosto de 2025, remitida por el Concejal NASSER ESGAIB Presidente de la Comisión Asesora de Legislación dependiente de la Junta Municipal de Asunción, en el cual manifiesta cuanto sigue “...que se encuentra en estudio en esta Comisión el Mensaje N° 375/2025 S.G., la Intendencia Municipal en respuesta a la Resolución JM/N° 5.419/24, que guarda relación con el dictamen de las Comisiones de Legislación y de Salud, Higiene y Salubridad, por la que se devuelve a la Intendencia Municipal el Mensaje N° 595/2024 S.G., y el Mensaje N° 687/24 S.G., teniendo en cuenta que las Comisiones Asesoras dictaminantes cuentan con dos proyectos de ordenanza afines, que guardan relación con la modificación de la Ordenanza N° 38/96 “Defensa al Consumidor”, para estudio de la dirección pertinente, para su posterior remisión a la Junta Municipal para estudio y aprobación...”.

Que, en respuesta a lo solicitado, la Dirección de Defensa al Consumidor por Providencia de fecha 25 de setiembre manifiesta “...el Proyecto de Modificación de la Ordenanza 38/96 de Defensa al Consumidor, se ajusta a la necesidad real para su óptimo control y defensa de los derechos de los consumidores, abarcando las áreas de transacciones comerciales, la atención al cliente y la prestación de servicios, así como las audiencias de mediación. se ha tenido en cuenta todas las consideraciones realizadas por los funcionarios de este Departamento y las recomendaciones hechas...”.

Referencias · 1 nota

Art. 24

Por tanto, habiendo analizado el proyecto en forma pormenorizada conforme a los antecedentes agregados en autos, referente a la modificación de la Ordenanza N° 38/96, el cual concuerda con lo manifestado por la Dirección de Defensa al Consumidor, ante tales circunstancias, esta Asesoría Jurídica no opone reparos a lo planteado en el mismo, debiéndose al efecto, proceder a remitir a la Junta Municipal de Asunción para su correspondiente estudio y consideración. Salvo mejor parecer”.

8. PARECER DE LAS COMISIONES ASESORAS DICTAMINANTES:

Que, las Comisiones Asesoras dictaminantes han estudiado de manera pormenorizada el contenido del Mensaje N° 375/2025 S.G., de fecha 9 de mayo del 2025, remitido al Pleno de la Junta por la Intendencia Municipal.

Que, la Intendencia Municipal, en fecha 25 de julio de 2024, a través del Mensaje N° 595/2025 S.G., remitió la propuesta de modificación de la Ordenanza N° 38/96 “DEFENSA AL CONSUMIDOR”, firmado por la Abog. Patricia Guadalupe Romero Rojas, Técnico Jurídico del Departamento al Consumidor.

Que, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Intendencia Municipal, a través del Dictamen N° 3.273, de fecha 09/04/25, manifiesta cuanto sigue: “...Por tanto, habiendo analizado el escrito agregado en autos referente a modificación y ampliación de la Ordenanza N° 38/96, esta Asesoría Jurídica no pone reparos a lo planteado en el mismo, por lo que se deberá proceder a remitir a la Junta Municipal de Asunción para su correspondiente estudio y consideración...”.

Que, la Junta Municipal a través de la Resolución JM/N° 5.419/24, de fecha 20/12/24, resolvió cuanto sigue: “Art. 1°.- Devolver, a la Intendencia Municipal el Mensaje N° 595/24 S.G., de fecha 25/07/24 y el Mensaje N° 687/24, de fecha 13/08/24, teniendo en cuenta que las Comisiones dictaminantes cuentan con dos proyectos de ordenanzas afines, que guardan relación con la modificación de la Ordenanza N° 38/96 “DEFENSA AL CONSUMIDOR”, para estudio y aprobación”.

Que, en ese contexto, la Intendencia Municipal remite el Mensaje N° 375/2025 S.G., de fecha 09/05/25, a través del cual responde a la Resolución JM/N° 5.419/24.

Que, en fecha 21/08/25, la Comisión de Legislación remitió una nota interna a la Dirección de Asuntos Jurídicos, solicitando realice un estudio técnico y circunstanciado sobre la propuesta de modificación de la ordenanza presentada por la Lic. Patricia Lorena González, Jefa del Departamento de Mediación y Conciliación de la Municipalidad de Asunción.

Que, la Dirección de Asuntos Jurídicos, a través del Dictamen N° 6.578, de fecha 11/11/2025, manifiesta cuanto sigue: “… Por tanto habiendo analizado el proyecto en forma pormenorizada conforme a los antecedentes agregados en autos, referente a la modificación de la Ordenanza N° 38/96, el cual concuerda con lo manifestado por la Dirección de Defensa al Consumidor, ante tales circunstancias, esta Asesoría Jurídica no opone reparos a lo planteado en el mismo, debiéndose al efecto, proceder a remitir a la Junta Municipal de Asunción para su correspondiente estudio y consideración...”.

Que, en fecha 18 de diciembre de 2025, fueron convocados el Abg. Carlos Morel, Director de la Dirección de Defensa al Consumidor, y la Lic. Patricia Lorena González, Jefa del Departamento de Mediación y Conciliación de la Municipalidad de Asunción, para el tratamiento de la propuesta de modificación de la Ordenanza “DEFENSA AL CONSUMIDOR”.

Que, las Comisiones Asesoras de Legislación y de Salud, Higiene y Salubridad, luego de escuchar los fundamentos respecto a las propuestas de modificación de la Ordenanza N° 38/96, presentadas por la Dirección correspondiente, son del parecer que corresponde sancionar una nueva Ordenanza de “DEFENSA AL CONSUMIDOR”, y derogar la Ordenanza N° 38/96.

Por tanto;

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO

Ordena:

Referencias · 1 nota

Art. 3

Art. 3°.- Esta ordenanza tomará como referencia de aplicación las definiciones de la Ley N° 1.334/1998, y su modificatoria Ley N° 6.366/2019, para su mejor comprensión, siendo las siguientes definiciones:

3.1 CONSUMIDOR Y USUARIO: A toda persona física, nacional o extranjera que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final, para la satisfacción de una necesidad personal, familiar o doméstica y cuando no esté ligada intrínsecamente a una actividad económica - comercial, de bienes o servicios de cualquier naturaleza.

3.2. PRODUCTOS: A todas las cosas que se consumen con su empleo o uso y las cosas o artefactos de uso personal o familiar que no se extinguen por su uso.

3.3. SERVICIOS: A cualquier actividad onerosa suministrada en el mercado, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito o de seguro, con excepción de las que resultan de las relaciones laborales.

3.4. ANUNCIANTE: Al proveedor de bienes, sean productos o servicios que ha encargado la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus productos o servicios.

3.5. ACTOS DE CONSUMO: Es todo tipo de acto, propio de las relaciones de consumo, celebrado entre proveedores y consumidores o usuarios, referidos a la producción, distribución, depósito, comercialización, venta o arrendamiento de bienes, muebles o inmuebles o a la contratación de servicios.

3.6. CONSUMO SUSTENTABLE: Es todo acto de consumo, destinado a satisfacer necesidades humanas, realizado sin socavar, dañar o afectar significativamente la calidad del medio ambiente y su capacidad para dar satisfacción a las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

3.7. CONTRATO DE ADHESIÓN: Es aquél cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de bienes o servicios, sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda discutir, alterar o modificar substancialmente su contenido.

3.8. INTERESES COLECTIVOS: Son aquellos intereses supraindividuales, de naturaleza indivisible de los que sean titulares un grupo, categoría o clase de personas, ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica, cuyo resguardo interesa a toda la colectividad, por afectar a una pluralidad de sujetos que se encuentren en una misma situación.

3.9. COSTO TOTAL DE CRÉDITO (CTC): Costo efectivo de un producto o servicio similar sujeto a una financiación, cualquiera fuere su plazo, expresado en términos porcentuales efectivos anuales. Su cálculo incluye la tasa de interés nominal, comisiones, los gastos de servicios y todo otro cargo, independientemente de su denominación, que fueren percibidos por el proveedor, con excepción de impuestos.

3.10. OPERACIONES A CRÉDITO: Son las operaciones financieras o de compras a crédito para el consumo de bienes o servicios en un plazo determinado.

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Referencias · 2 notas